Sostengo que la afición que tenemos en España por idear reformas exprés de la Constitución sin participación ciudadana proviene de la falta de calor humano que acompañó el nacimiento de la Constitución en 1978. Ni los balcones se llenaron de banderas constitucionales, ni las urnas de papeletas para celebrar su llegada a un territorio casi virgen en experiencias democráticas. No es que la frialdad alcanzara las bajas temperaturas que registró el Referéndum de ratificación de la Constitución Europea cuando batimos el récord de abstención de la democracia española, pero el escaso entusiasmo fue una de las notas fundamentales que caracterizaron el primer contacto ciudadano con la Constitución que habían elaborado sus lejanísimos representantes.

Es como si se nos hubiera quedado impregnada la costumbre de los pactos entre las élites necesarias y los procesos sin deliberación ni participación para abordar su reforma. Una costumbre que curiosamente también comparte el PSOE, como si la Constitución siguiera siendo algo ajeno a los ciudadanos de izquierdas. Como si supieran que mejor no llamar a la participación porque los nuestros no se movilizarían si volvemos a ofrecerles un nuevo pacto en el que seguimos protegiendo la figura del rey, igual que en 1978.

El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratificó mediante referéndum la Constitución con una abstención del 33%. Un tercio de los electores con derecho a voto no se movilizó el día que se sometía a votación el desmantelamiento de un régimen autoritario, represivo y excluyente mediante el proyecto constituyente que fluía dentro y fuera de las primeras Cortes democráticas. A pesar de que tanto el gobierno como los grandes partidos movilizaron a todos sus partidarios haciendo campaña por el sí y que excepto en el País Vasco ningún partido importante o grupo de presión pidió expresamente la abstención, no se produjo ninguna explosión popular. La participación fue diez puntos porcentuales más baja que la de las elecciones generales de 1977.

El referéndum constitucional fue regulado en exclusiva por el Gobierno de Adolfo Suárez, mediante el Real Decreto Ley de la Presidencia del Gobierno 2120/1978 del 25 de agosto. El Gobierno quería una participación masiva que refrendara la Constitución por lo  que  alargó una  semana  más  la  campaña. Igual que se alteró el Decreto Ley electoral de 1977 para ajustar la duración de la campaña a los intereses del partido del presidente Adolfo Suárez, se mantuvieron disposiciones que favorecían de partida el mensaje gubernamental. Entre ellas, la asignación de los espacios televisivos en función de  los escaños. La exigencia de la condición de parlamentario para acceder de forma gratuita a los medios, dejaba fuera de este reparto a aquellos partidos cuya participación en la elaboración de la Constitución se prohibió por decreto, como los partidos republicanos de ámbito nacional. La ley estipulaba que desde el gobierno sólo se podía promover la participación. El gobierno de Suárez no escatimó recursos en resaltar lo importante que era para España la aprobación de la Constitución.

Esa implicación gubernamental pudo tener un efecto contraproducente en la participación. El referéndum se realizó en un contexto de crisis económica, con un nivel de desempleo desconocido hasta aquel año, una inflación de más de 30 puntos y unas políticas económicas derivadas de los Pactos de la Moncloa que incluían contención salarial y reducción del gasto público. En este escenario podría ser razonable esperar que los ciudadanos utilizaran el referéndum para castigar el gobierno por su mala gestión. El Gobierno, en contra de la opinión de los principales partidos políticos, participó activamente en la campaña electoral. Puesto que el gobierno era de centro derecha era previsible que los ciudadanos de izquierda se mostraran más críticos con él que el resto de los ciudadanos. En un trabajo publicado sobre los Referéndums en España junto a Joan Font, descubría este factor como uno de los que mejor explicaba la abstención política en el referéndum del 6 de Diciembre de 1978. Había otros dos variables que también influyeron en la llamativa desconexión ciudadana de aquel día. La valoración negativa tanto del proceso de elaboración como de su contenido.

Los pactos secretos entre la elite política sin debate público tuvieron una influencia negativa en la activación de la adhesión ciudadana. El desacuerdo con el hermético método de elaboración constitucional aumentaba la probabilidad de abstenerse en la consulta popular del 6 de diciembre. Algunos de los ponentes constitucionales han dejado por escrito que la Constitución no podía satisfacer completamente a nadie porque durante su elaboración todos los partidos habían cambiado de preferencias respecto a sus posiciones iniciales. Estos cambios de preferencias generan ambigüedad y confusión en los referéndums y los electores no acostumbran a sentirse igual de cómodos. Pero lo que dicen las encuestas de la época es que los que se sintieron más incómodos con los cambios de preferencias y el contenido final de la Constitución fueron los ciudadanos de izquierda que se abstuvieron más que los de centro o de derechas.

¿Por qué condicionó más el voto a los ciudadanos de izquierda su desacuerdo con el contenido constitucional? Es claro que para muchos ciudadanos de izquierda el rechazo a la Constitución implicaba situarse al lado de los nostálgicos del régimen franquista. En cambio, la abstención dejaba constancia de su actitud crítica sin poner en peligro la ratificación constitucional. Los partidos de izquierda habían utilizado esta estrategia ante el referéndum de la Reforma Política. Si bien las circunstancias eran completamente diferentes, la estrategia de los partidos de izquierda llamando a la abstención en el referéndum de 1976 por no confiar en la sinceridad de la reforma elaborada en las Cortes Franquistas fue imitada por bastantes ciudadanos de izquierda dos años después. Absteniéndose en el referéndum constitucional de 1978 mostraban su desencanto crítico tanto con el consenso opaco y el contenido de la Constitución, como con el primer gobierno de la democracia que no habría solucionado sus problemas. Su actitud crítica era coherente con una mayor preocupación por los asuntos públicos. Los ciudadanos de izquierda estaban mejor informados y conocían mejor el proyecto constitucional que el resto, lo que reforzaría el argumento de una crítica basada en la información.

Y la monarquía seguía causando rechazo. Los ciudadanos partidarios de la forma republicana de Estado tenían más probabilidades de abstenerse en el referéndum que aquellos que eran partidarios de la institucionalización de la monarquía. Castigarían con su abstención política la inclusión de una forma de Estado que rechazaban en las fechas en que fue redactada la Constitución. Esta abstención afectaría en mayor medida a los votantes de izquierda que se posicionaban mayoritariamente en contra de la institucionalización de la Monarquía en España. Un 73% de los ciudadanos que se autoubicaban en la izquierda del espacio ideológico no habían cambiado de preferencias a pesar de que los dos partidos mayoritarios, PSOE y PCP habían aprobado en las Cortes la nueva constitución que incluía la monarquía como forma de Estado. La monarquía había sido impuesta antes de la convocatoria de las Cortes Constituyentes para que un parlamento no deseado no pudiera poner en duda la supervivencia de la Corona. Esta renuncia previa de las elites de izquierda no fue seguida con el mismo entusiasmo por los votantes de la misma ideología.

Cuarenta años después, la monarquía sigue causando rechazo entre los ciudadanos de izquierdas y el PSOE continúa protegiendo al rey y alejando a los ciudadanos de la toma de decisiones sobre su Constitución y sus preferencias de reforma. El miedo a los ciudadanos continúa instalado tanto en el entramado institucional como en nuestro modelo de democracia.