El pasado 7 de junio Ana Peláez (Zafra,1966) fue elegida en Nueva York como nuevo miembro del Comité de Derechos de las Mujeres de Naciones Unidas (CEDAW) para los próximos cuatro años. Con su incorporación a principios del próximo año, Peláez se convertirá en la primera persona discapacitada en formar parte del comité, un nombramiento que reconoce y pone encima de la mesa la relevancia de la perspectiva de género en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad.

Ciega de nacimiento, Peláez cursó sus primeros estudios en un colegio sevillano de la ONCE, en el que inició una intensa vinculación a la organización de la que actualmente es directora de Relaciones Internacionales. Una responsabilidad que le ha llevado a recorrer 110 países con el objetivo de conocer la situación de las más de 600 millones de mujeres y niñas con discapacidad en todo el mundo.

Una pequeña pausa entre viajes transoceánicos permite incorporar esta entrevista a una agenda muy apretada durante sus estancias en Madrid. Con el jardín del Liceo Francés de Madrid de fondo, durante algo más de una hora –la que dura la última clase del día para su hija– compartimos un café.

Por primera vez desde la creación de la CEDAW una persona discapacitada va a formar parte del comité. ¿Por qué es importante que esto suceda?

La importancia de mi elección tiene que ver con la defensa de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. Desde principios de este siglo hemos trabajado por ello y ese proceso nos ha hecho formarnos, tomar una fuerte conciencia y convencer al sistema de Naciones Unidas de que esto era necesario.

No es lógico que la ONU le pida a los Estados que sean congruentes con una serie de principios básicos de DD.HH, en este caso para las personas con discapacidad, y después, internamente, eso no se aplique al propio trabajo de las agencias especializadas, de órganos, de tratados o de otras convenciones de DD.HH. Teniendo en cuenta que hablamos de un sector que está formado por mujeres en un 60%, entendíamos que el ámbito de los derechos de las mujeres era fundamental para hacer valer el principio global de la diversidad humana.

¿Qué motivos explican que esta defensa de estos derechos de las personas con discapacidad se haya mantenido hasta ahora al margen de ámbitos como el de las políticas de género?

Se debe a que generalmente se ha considerado a las mujeres con discapacidad asexuadas. Hay tres roles o funciones básicas que de forma errónea se sigue asignando a las mujeres: el estándar físico de belleza, que a veces las mujeres con una determinada discapacidad no podemos llegar a tener; la función reproductiva, que la gente no acepta por el temor a la reproducción de la propia discapacidad; y por último el cuidado. Precisamente por no responder a estos roles sociales que erróneamente la sociedad sigue atribuyendo al género femenino, las mujeres con discapacidad no hemos sido consideradas mujeres, hemos sido consideradas simplemente discapacitadas. Creo que la mayor vulneración de derechos fundamentales es que le roben a una persona, incluso muchas veces sin saberlo, la identidad sexual.

Este es un logro que pone en valor lo que somos: somos mujeres. También tenemos una discapacidad, pero somos mujeres y niñas, y como tal queremos ser consideradas. Eso es algo que se ha negado sistemáticamente.

¿Qué otros espacios debe conquistar la lucha por los derechos de las personas discapacitadas?

El mensaje que lanza la CEDAW es muy importante para el sistema de DD.HH. Es un mensaje dirigido a hacer entender que la discapacidad es parte de la diversidad humana. El objetivo es penetrar en otros comités, como el de la infancia, el de la tortura, el de migrantes… la discapacidad está en todos los sitios. El 15% de la población mundial tiene una discapacidad y eso significa que realmente son poblaciones olvidadas, excluidas. Es algo que tiene mucho que ver con la agenda 2030, cuyo propio lema es no dejar a nadie atrás. Esto es la esencia de lo que buscamos: pensar en la gente que lo tiene peor en cada ámbito.

¿Cómo es la relación de las mujeres con discapacidad con el movimiento feminista?

Yo creo que hay muchos movimientos feministas, y que algunos son convergentes en puntos fundamentales, pero otros no lo son tanto. El feminismo cuenta con mujeres con discapacidad, y hay grandes feministas que tienen una discapacidad pero que nunca la han puesto en valor en sus discursos: que no la ocultan, pero que no la mencionan. Esto es algo que nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. Pero creo que en los últimos años sí se ha empezado realmente a reaccionar a este olvido histórico de las mujeres con discapacidad y que ya hay una apertura a incorporar la diversidad plena de las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad, en el enfoque de sus organizaciones.

Creo que el siguiente paso debe ser, además de incorporarnos a las organizaciones feministas, el de tener espacios propios. Lamento mucho que 600 millones de mujeres con discapacidad en el mundo, 50 en la UE y más de dos en España no tengan organizaciones específicas. Es algo fundamental para empoderarnos, para formarnos y hacer valer nuestros derechos fundamentales, y esos espacios no se dan. No se dan porque el movimiento de la discapacidad tradicionalmente ha creído que crear estos espacios supone desmembrar o poner en riesgo la unidad del movimiento. El movimiento feminista también ha pensado que el espacio que nos correspondía era el ámbito de la discapacidad y no el del feminismo, porque no se nos reconocía plenamente como mujeres.

¿Cree que ese enfoque de género ha existido en la labor de las instituciones en nuestro país a la hora de afrontar la discapacidad?

Poco a poco determinadas de las (para mí mal llamadas) acciones de discriminación positiva se han empezado a tener en cuenta, y se está empezando a incorporar de manera sistemática una variable de género dentro del ámbito de la discapacidad. Por ejemplo, en materia de empleo ahora ya podemos saber no solamente cuántas personas con discapacidad han encontrado empleo, están desempleadas, etc., sino también cuántas de ellas son mujeres y cuántos hombres. Esta variable tan simple solo la hemos incorporado hace cuatro años. Antes no se hacía porque no éramos hombres y mujeres, éramos personas con discapacidad, y se nos llenaba la boca con eso. No entendíamos que si ni siquiera teníamos esa variable era muy difícil convencer de que podíamos plantear acciones concretas, partidas presupuestarias o políticas específicas.

Nos está costando muchísimo incorporar la variable de sexo para que se conozca verdaderamente la incidencia que tienen esas políticas, para sensibilizar sobre lo que a veces parece que no se quiere ver. Entonces, ¿existen realmente este tipo de políticas? Creo que no. Existen compromisos, existen alusiones, pero yo nunca he visto un reflejo en el presupuesto, y si no veo presupuesto me parece que todo queda en papel mojado. Pero todo esto es fruto de esa invisibilidad que durante años hemos padecido y que ahora empieza a cambiar, simplemente porque se está incorporando la variable de género en las políticas de discapacidad y viceversa.

Realmente las principales acciones a favor de las mujeres con discapacidad durante todos estos años siempre han venido de la mano de organizaciones como ONCE y, fundamentalmente, el CERMI. Organizaciones que han desarrollado un trabajo que ha costado mucho que salga adelante dentro del propio movimiento de la discapacidad, un movimiento que también ha estado negando, y que en alguna ocasión todavía niega, el derecho a que existan espacios específicos de mujeres con discapacidad.  

Hablemos de algunos de esos ámbitos en los cuales esta variable de género adquiere especial incidencia. ¿A qué realidad se enfrentan las mujeres discapacitadas en su relación con el mundo laboral?

Según la última encuesta de discapacidad, el 76,2 % de las mujeres discapacitadas en edad de trabajar son inactivas laboralmente. Esto significa que ni se forman, ni están en proceso de búsqueda de empleo, ni están desempleadas, ni tienen un trabajo: nada de nada. Hace unas semanas lanzábamos en Extremadura un programa para la activación de estas mujeres inactivas laboralmente: allí esta tasa llega al 80%. Es uno de los condicionamientos que más acrecienta esta brecha de exclusión y de pobreza, porque la mayoría de esta gente vive con una pensión no contributiva de apenas 400 euros. Pensiones que además en muchos casos son gestionadas por sus entornos familiares, ya que muchas de ellas no han podido independizarse.

¿Qué particularidades presenta la violencia contra las mujeres con discapacidad?

Se trata una violencia estructural sobre la que no se actúa, porque además la definición que se aplica para la violencia de género no atiende realmente a la situación que viven las mujeres con discapacidad. Existe un hecho clave y es que muchas mujeres con discapacidad, en España más de 60.000, están incapacitadas legalmente. Es necesario y fundamental que se reconozca a estas mujeres la capacidad de acceder a la justicia. En segundo lugar hay que trabajar con estas mujeres para que sepan reconocer este tipo de violencias. Muchas mujeres no saben que lo que les está sucediendo son actos de violencia, se sienten una carga y piensan que se lo merecen. Ocurre lo mismo con la violencia sexual. Muchas mujeres y adolescentes que no han tenido nunca una educación sexual no saben interpretar realmente las conductas que se pueden perpetrar contra ellas como parte del abuso. Si no se trabaja en este sentido, es imposible que algo cambie. Esto también es algo que forma parte de la importancia de considerar el género en las políticas de discapacidad. 

¿De qué forma actúa esta violencia cuando se manifiesta a través la violación de sus derechos reproductivos? ¿Existen diferencias en este apartado entre las situaciones que estas mujeres viven en distintos territorios?   

Te puedo decir que he visitado ya 110 países en todo el mundo, y vulneraciones de derechos sexuales y reproductivos las he visto en todo el mundo por igual. El único país en el que se puede decir que sean significativamente diferentes es Suecia, donde se puso fin a la esterilización en 1973. En el resto de países, incluido el nuestro, se siguen haciendo cosas terribles. He visto, por ejemplo, situaciones de incesto en las que inmediatamente se practican esterilizaciones y abortos coercitivos, incapacitando además a las mujeres víctimas de esta violencia, de forma que así ya su padre o su hermano la pueden seguir violando sin ningún tipo de problema cada día. Esto lo he visto en el este, en el oeste, en el norte y en el sur. No hay diferencia.  

Hoy por hoy se sigue contemplando en el Código Penal la posibilidad de, por decisión judicial, esterilizar a una persona sin su consentimiento. Esto en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, a las que afecta particularmente, es totalmente inconsistente legalmente. Ya no solamente con la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, en la que se señala específicamente que los estados tienen que garantizar la fertilidad de los niños y niñas con discapacidad; sino también con el Convenio de Estambul donde se declara que la esterilización como un acto de violencia contra las mujeres con discapacidad.

Resulta llamativo el hecho de que exista un movimiento social contra la mutilación genital femenina –algo que me parece evidentemente muy necesario–, pero que nadie piense que parte de la mutilación genital femenina es la esterilización forzada que sufren muchas mujeres y niñas con discapacidad por el hecho de tener una discapacidad intelectual, psicosocial, sordoceguera, etc.