Las grúas se ven desde lejos. Antes de llegar al barranco Mateo, cuando la AL-5107 todavía se contonea, las dos estructuras metálicas de unos 30 metros parecen una broma. El decorado de una superproducción. Las piezas sin recoger de una gran exposición sobre cacharraje inmobiliario. Al bajar la ladera se hace el silencio. Un mamotreto de acero y plástico y ladrillo se alza desde la playa de El Algarrobico. Por mucho que hayas leído sobre uno de los mayores atentados medioambientales en la historia reciente de Europa, las preguntas se te amontonan en la cabeza. ¿Cómo se dio lugar a esto? Pilar Marcos, de Greenpeace España, lo tiene claro: “Eran los años de la orgía inmobiliaria, en España hay muchos algarrobicos que se han consolidado de forma legal; las administraciones armaban artefactos legales y, nombrando, por ejemplo, los edificios bien de interés cultural, se pasaban por el forro la vulneración de la ley de costas”. Fuera del coche, sobre la arena, las olas matan el silencio. En el lateral del armatoste hay una pintada. HOTEL SÍ, reza. Unas escaleras más arriba, apoyado en un muro de hormigón, un pastor alemán ladra. Corre de un lado a otro. Las vallas de protección están oxidadas. El viento de noviembre juega con las plumas de las grúas. Se respira una calma tensa. El aire huele a desastre. 

“Hay muchas obscenidades en el litoral español que datan de la época de la burbuja inmobiliaria”, cuenta Marcos. “Aquí, esa obscenidad jugó paradójicamente a nuestro favor, porque este hotel era el primero de un total de siete que se iban a construir en el parque [Cabo de Gata]”. Salvemos Mojácar, Amigos del Parque y Greenpeace consiguieron que las obras del hotel se pararan en 2006. Las vulneraciones estuvieron claras desde el principio: un hotel de 21 plantas a escasos metros del mar violaba las leyes de costas y espacios nacionales protegidos. En 2010, la Junta de Andalucía reconoció en su plan de ordenación que el suelo no es urbanizable. Ocho años después, la conclusión es clara y concisa: el hotel nació muerto. Nunca se va a poder abrir, pero el aborto de hormigón sigue en pie.

“La realidad es que la dueña del suelo es la Junta de Andalucía, y es inaceptable que, como garante de la seguridad jurídica y ambiental de Andalucía, tenga un hotel de 21 plantas en un parque natural. Dicen que necesitan seguridad jurídica con respecto a la indemnización a la promotora [Azata del Sol], pero ese proceso se tiene que efectuar con el hotel abajo: que lo derriben y que la promotora demande; al final, parece que la Junta es David y Azata, Goliat”, remata Marcos. El pastor alemán rodea el lateral del hotel y se planta a tres vallas de mí. Sigue ladrando. Dos tipos pegan martillazos en el balcón del sexto piso. Lanzan trozos de tuberías y planchas de madera al vacío. Al verme, se esconden. 

En septiembre, el alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela (GICAR), propuso utilizar el hotel como residencia de ancianos. Las asociaciones medioambientales no lo vieron claro. Según ellos, las condiciones que exigiría este nuevo uso –acceso rodado, suministro de agua y luz– multiplicarían el impacto ambiental. “En Greenpeace elaboramos un informe con expertos y la conclusión era que la restauración es posible y factible casi en su totalidad”, explica Marcos, “y si se quiere explotar la industria del turismo, que se haga de forma sostenible, como en Menorca o Formentera, donde hay récords de afluencia de turistas y el desgaste no ha alcanzado los niveles de la Costa del Sol. Los datos hablan de un sector desgastado, frágil, que crea trabajo basura y temporalidad”.

De vuelta al coche, un border collie se me acerca. Su dueño, un cordobés de unos 50 años que llama al perro Hijo, cree que últimamente llueve más “por la cantidad de mierda que estamos tirando al cielo”. Dice que en este asunto, señala al hotel muerto con la cabeza, “todo está hecho mal desde el principio”. Cuando me ve apuntar, me pregunta de qué partido soy. A lo largo de esta campaña electoral, ninguno de los cuatro partidos mayoritarios ha pronunciado una palabra sobre el hotel ilegal de El Algarrobico. Le contesto que soy periodista. “Pues informe”, me suelta, señalándome con el índice de la mano derecha. “Las habitaciones estaban ya para meter la tarjeta, la gente de aquí pensaba en el trabajo, así que los que tendrían que rendir cuentas son los que salieron en la foto”. Llama a Hijo, se despide y vuelve a su furgoneta Hyundai gris metálico. “El rédito electoral cortoplacista de cualquier gobierno que construya algo así está claro; ahora, con la supuesta recuperación económica, se va a volver a apostar por la construcción en la costa. Se promete empleo rápido y no se descartan parques temáticos tipo Eurovegas. Parece que no hemos aprendido nada”, concluye Marcos.

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Archidona está a 300 kilómetros de Carboneras. Debido a otro conflicto sin resolver, la localidad malagueña se colocó en el foco mediático durante esta legislatura. El 20 de noviembre de 2017, el Ministerio de Interior anunció que los migrantes argelinos que acababan de llegar a Valencia y Murcia serían trasladados a Archidona. Allí, en una cárcel sin inaugurar, fueron encerradas 572 personas. “Fue una sorpresa –explica Arantxa Triguero, abogada y presidenta de Málaga Acoge–, porque la Ley de Extranjería no permite que se encierre en un centro penitenciario a personas que solo han cometido una infracción administrativa, en ningún caso un delito”. Diversas oenegés denunciaron las malas condiciones –maltrato por parte de los agentes de la UIP, escasez de comida y ropa de abrigo– en las que se encontraban los migrantes. “Nos entrevistábamos con ellos de dos en dos, un abogado y un intérprete; yo era intérprete de francés y recuerdo que temblaba con las cosas que contaban”, cuenta Rubén Quirante, portavoz de la Plataforma Ciudadana por el cierre del CIE de Archidona. Triguero dice que todo olía a improvisación: “Hablabas con los responsables y cada poco se les escapaba la palabra cárcel, llegábamos y nos decían, fuera la hora que fuera, que si podíamos volver al día siguiente, que ya era la hora de la cena”. Por si fuera poco, también se encontraron con menores. Triguero explica que era evidente que muchos no llegaban a los 18, y que el fiscal de Menores hizo caso omiso: “Se supone que este hombre debe velar por los intereses de los menores, y solo había que demostrar que aquellos chicos eran menores, así que nosotros pusimos una queja ante el Comité de Derechos de los Niños en la ONU y se acordó cautelarmente que los niños salieran”.

En la cárcel de Archidona ya no hay rastro de protestas. Después de que los migrantes fueran expulsados, el edificio se inauguró como centro penitenciario. En la puerta, el ambiente es el de la mayoría de las cárceles: sobrio, gris, incómodo. En el pueblo nadie habla del CIE. “Es agua pasada –cuenta el camarero del bar Garden mientras seca un vaso de cristal con una leyenda de Heineken–, sí que se habló en su momento, pero ahora ya se está usando como cárcel, que es para lo que fue construido el edificio”. En el kiosco de la calle Ejido, junto a la céntrica plaza Ochavada, dos ancianos dicen que no tienen demasiada idea del asunto. Coinciden en que “lo que no se puede hacer es meter a extranjeros que no han hecho nada en una cárcel”. Quirante explica que, desde su plataforma, trataron de involucrar a Archidona y demás pueblos de alrededor: “El discurso del Gobierno era de pánico total: ‘Han llegado más de 500 argelinos a una cárcel muy bonita de Málaga y la están destrozando. Mirad que salvajes’. Intentamos inculcar un relato que dice que ninguna persona es ilegal y que quien se juega la vida en el mar, lo hace por algo”.

Mohamed Bouderbala era uno de los migrantes. Entre la madrugada del 28 y el 29 de diciembre estuvo aislado 18 horas en una celda, acusado de ser uno de los cabecillas de una revuelta. “500 personas de la misma nacionalidad encerradas y maltratadas en un sitio, ¿cómo no se iban a amotinar? Mete a 500 españoles que no han cometido ningún delito en una cárcel, a ver qué pasa”, dice Triguero. Mohamed amaneció ahorcado. Al juez le bastó un informe preliminar de la autopsia para archivar el caso de forma exprés. “El caso se archivó y, para que te hagas una idea, la acusación popular todavía no había recibido alguno de los documentos”, cuenta Quirante. Para Triguero, la razón es evidente: “Se archivó a toda prisa para enterrar el tema debajo de la alfombra y que nadie hablara”. Después de denunciar irregularidades en el proceso –testigos deportados, ausencia de justificación por la que Bouderbala fue aislado–, los movimientos sociales han conseguido la reapertura del caso. Según Quirante es una buena noticia, pero insuficiente: “Según la Audiencia Provincial, solo deben ser juzgadas las circunstancias que pudieron conducir a un riesgo de suicidio, pero se niegan a reabrir el caso para investigar todo desde el momento en que los migrantes fueron encarcelados”.

La práctica totalidad de movimientos sociales coinciden: el cambio de Ejecutivo nacional apenas se ha notado. “Te encuentras con que la migración es un arma arrojadiza para lanzar cuando se está en la oposición y, cuando se llega al poder, todo sigue igual y se trata a los migrantes como ciudadanos de tercera”, cuenta Trigueros. “Aquí nadie ha rendido cuentas –explica Quirante–, Rajoy y Zoido se fueron de rositas y te queda la sensación de que esta gente es totalmente impune”. Trigueros va más allá: “Te dicen que esto no se preveía, ¿cómo que no? ¿Has mirado los datos? ¿No esperabas que vinieran? No hay quién se lo crea. Nos guste o no, la gente va a seguir viniendo y hay que hacer algo: los hotspots, las devoluciones en caliente, las concertinas y la criminalización de la solidaridad no son una respuesta digna”.