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Primero fue el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura cuando, en un lejano 2011, dictaminó que había que reponer al estado previo los terrenos la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas, situada en el cacereño municipio de El Gordo. Después, en 2014, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia, declaró ilegal la construcción y cerró la puerta a nuevos recursos. Parecía que era el punto y final pero el desenlace, diez años después, sigue pendiente.

En realidad el relato comenzó antes, en abril de 2007, cuando el entonces presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el vicepresidente, Ignacio Sánchez Amor, ahora diputado socialista en el Congreso, firmaron un decreto para declarar Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina Isla de Valdecañas, que se erigió en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). El complejo turístico sigue en pie y la sentencia, sin ejecutarse. La historia parece de esas de ‘elige tu propia aventura’. ¿No te gusta el resultado judicial? ¡Prueba otro camino! 

En 2011, la Asamblea extremeña cambió la ley del suelo tras el primer varapalo judicial. Con el segundo, en 2015, la Junta de Extremadura, entonces en manos del Partido Popular, dijo que el derribo decretado por los tribunales era demasiado caro (un informe del Ejecutivo hablaba de 34 millones de euros) y que lo mejor sería mantener la urbanización tal y como estaba. Por ello, instó al tribunal extremeño a que realizara una evaluación pericial independiente. Y en eso anda ahora la historia. Desde hace dos años, la Estación Biológica de Doñana, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), está realizando un informe para determinar si es mejor derribar el complejo o dejarlo como está.

El personal técnico del CSIC, que no ha dado declaraciones a este medio, más allá de un escueto “será el tribunal el encargado de hacer pública la información y los resultados cuando así lo estime oportuno”, ha establecido que tardará tres años en hacer el informe. Parece que hasta 2018 no habrá nuevo capítulo.

“La sensación es que el tribunal no tiene ganas de llevar a cabo la ejecución de la sentencia”, explica a CTXT la abogada que lleva años trabajando en el caso, Mª Ángeles López Lax. “Me parece un poco absurda la prueba pericial. Acuerde usted qué se derriba y veamos cómo se hace para que no haga daño; pero ejecute la sentencia. Porque si no, sería volver al juicio inicial, si se hizo bien o no con la ejecución de la obra, y eso ya está debatido”, añade.

En el entretanto, surge otro de las rutas de la historia: ¿Cómo se debe hacer el derribo?, ¿puede convertirse en una oportunidad? Ecologistas en Acción, organización que ha llevado junto con Adenex la denuncia en los tribunales, ha incluido en el proceso un informe titulado Desmantelar: el verdadero impacto. Procedimientos sostenibles de desmantelamiento, restauración ecológica y evaluación del impacto del ciclo de vida del proyecto Marina Isla de Valdecañas, realizado por tres colectivos: n’UNDO, Ecómetro y Creando Redes.

Reconstruir y recuperar

“La idea es plantear el desmantelamiento desde un punto de vista positivo. La gente, cuando oye hablar de desmantelamiento, piensa en algo negativo y en ir para atrás, en destruir. Pero con este proceso se están construyendo muchas cosas que son positivas y que se habían perdido”, explica Gonzalo Sánchez, uno de los autores del informe y miembro de n’UNDO, un colectivo que trabaja en la ‘rearquitectura’. Lejos de llegar, derribar e ir a la escombrera, la apuesta pasa por un desmantelamiento selectivo y una posterior reutilización o reciclado de materiales. Y por tener en cuenta a la ciudadanía, “que haya un rédito a la sociedad que está alrededor”.

Como explica el propio informe, al no ser necesario trabajadores altamente cualificados, “se consigue abaratar los costes de personal, se facilita la contratación de mano de obra local y se fomenta la implicación de la población en la recuperación de este espacio degradado”. Sánchez va más allá y habla de formar sobre cómo se desmantelan y gestionan los recursos materiales y que, “después de esa experiencia con este edificio, la gente pueda realizarla con otro tipo de proyectos similares”. Se ahorraría entre un 7 y un 14 por ciento en los costes propuestos por la Junta de Extremadura.

La población local también se tendría en cuenta para la recuperación ambiental del territorio, otra de las patas del informe, de la que se encarga Creando Redes. Uno de los integrantes de este colectivo de restauración ecológica, Adrián Mohmed, habla de “oportunidad” ya que, tanto en el ámbito europeo como en el estatal, se está trabajando en una estrategia de infraestructura verde, de conectividad y de restauración ecológica. Es decir, Valdecañas podría adelantarse. Ser pionera.

“Es una oportunidad de plantear alternativas a lo que se hace de manera convencional y una oportunidad de generar valores añadidos. Dar un uso público a un espacio que ahora es privativo para todos”, añade Mohmed. Unas alternativas que, insisten los autores del estudio, deberían ser decididas de manera participativa por todas las partes implicadas. “La idea es abrir los horizontes sobre nuevas maneras de intervenir y abrir la mentalidad de lo que se ha hecho hasta ahora y plantearlo desde el punto de vista positivo y constructivo”, insiste Gonzalo Sánchez. Junto a él, al otro lado de la pantalla del ordenador, Mohmed apunta que “podría servir para plantear lo mismo en otros lugares, porque, por desgracia, en nuestro país lo de Valdecañas no es una excepción”.

Jugando con el tiempo

El relato invita ahora a cambiar de libro, aunque la historia es la misma. Greenpeace acaba de lanzar una campaña en redes sociales, #TiraelAlgarrobico, en la que busca ideas para derribar el hotel El Algarrobico, situado en el Cabo de Gata, también declarado ilegal y también a la espera de derribo. “Lo que está pasando es que se deja que pase el tiempo. Estamos en un punto muerto en el que, como en otras partes de la costa, mamotretos se pueden quedar per secula per seculorum sin que nadie actúe”, explica a CTXT Pilar Marcos, portavoz de Greenpeace, organización que ha llevado a los tribunales este caso. 

En estos momentos, las Administraciones públicas están decidiendo cómo quitar del paisaje esa mole de hormigón, y un informe similar al de Valdecañas sobre desmantelamiento selectivo forma parte de la discusión. Aunque en este caso n’UNDO, organización que firma el estudio, va un poco más allá e incluso plantea “un proceso de investigación en el que empresas y universidades puedan experimentar con los distintos tipos de materiales de demolición”, explica Sánchez.

¿Qué supondría el derribo de El Algarrobico o el de Marina Isla de Valdecañas? “La desaparición del símbolo de una época, la de la burbuja inmobiliaria, donde se saltaban las leyes medioambientales para poner por encima las urbanísticas”, concreta Marcos.

¿Quién protege al medio ambiente?

Las preguntas parecen obvias: ¿Por qué no se cumple la ley y se ejecuta la sentencia? O, ¿protege la Justicia al medio ambiente?, ¿existe una legislación suficiente? Ana Barreira, directora del Instituto de Derecho y Defensa del Medio Ambiente (IDDMA), apunta dos cuestiones: son muy pocos los abogados y abogadas que trabajan en la defensa del medio ambiente, “que es un asunto de interés general”; y aunque existe legislación, no se aplica. Esta afirmación la comparte Mª Ángeles López Lax, quien ha escrito en la web de su bufete: “Antes, los revolucionarios lo que pretendían era cambiar las leyes, el sistema. Ahora, los revolucionarios y antisistema somos los que pretendemos que las leyes se cumplan y que el sistema funcione”. 

La abogada que lucha contra Marina Isla de Valdecañas señala otras claves: el estudio de los posibles efectos adversos sobre el medio ambiente lo hace el propio promotor del proyecto; hay mucha la falta de información, incluso por la propia Administración; y los trámites de información pública no sirven porque están pensados como un trámite legal, no como un ejercicio de participación ciudadana, e implican tiempo y dinero. 

Por otro lado, están las medidas cautelares, herramienta legal creada para evitar continuar dañando al medio al medio ambiente hasta que haya sentencia definitiva. “No puede ser que con las herramientas de las que disponemos, se nos impongan unas fianzas descomunales que impidan el acceso a la justicia”, explica López Lax. 41 millones de euros se pidieron a los demandantes para paralizar Marina Isla de Valdecañas. Una cantidad que, según esta abogada, incumple el Convenio de Aarhus (sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente), en vigor en España desde 2005, y que habla de que el acceso a la justicia debería ser gratuito y poco oneroso. “Cuando ponen esas fianzas es una denegación encubierta de la medida cautelar. Quedan bien y saben que una organización no va a ser capaz de presentar esa fianza ante el tribunal”, apunta Ana Barreira. 

La abogada López Lax recuerda que “hubo una queja ante el comité de seguimiento de la Conferencia de Aarhus y España se defendió diciendo que se estaban haciendo las cosas bien y que se iban a hacer cambios en la legislación para que las medidas cautelares, que en algún momento se habían adoptado sin fianza, tuviesen una legislación al respecto que aclarase las dudas en lugar de quedar al arbitrio de cada tribunal”. La última reforma del Partido Popular no ha resuelto el problema, añade. Lo que está claro es que tanto la sentencia de El Algarrobico, a pesar de lo mediático del caso, como de Marina Isla de Valdecañas siguen sin ejecutarse.

Entonces, la pregunta se repite: ¿quién protege al medio ambiente? La portavoz de Greenpeace recuerda que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas deben ser los garantes de lo que ocurre en su territorio, “pero no lo vigilan”. Son las organizaciones ecologistas y la ciudadanía las que hacen esa labor. “El Estado no actúa, las Comunidades no actúan, ni los alcaldes, ni los arquitectos municipales… años después involucrados en procesos de corrupción y en pleitos, cebados todos en gestión de agua o gestión de suelo. Los casos de corrupción se ciñen a la especulación con el territorio y al final han sido las organizaciones ecologistas las que han estado luchando detrás. Llevamos más de 22 procesos judiciales sólo con el hotel El Algarrobico”, añade Marcos.

En medio de estas reflexiones puede resultar paradójico la pregunta que se hizo en público hace unos años José María Gea, el empresario detrás de la urbanización de lujo de la provincia de Cáceres: “¿Hay que considerar la naturaleza una deidad intocable?”.

El final sigue sin escribirse y el tiempo pasa entre redacción de informes, supuestas negociaciones entre Administraciones y campañas de organizaciones ecologistas. “La dinámica, por la experiencia que tenemos en materia de medio ambiente, es que al final las cosas se van quedando como están. Pero hay una oportunidad para cambiar los enfoques, que no sólo se vaya a reparar un daño hecho en un momento, sino que estén dirigidos a generar impacto positivo, aprovechar esas oportunidades que pueden salir de errores pasados”, reflexiona Adrián Mohmed. ¿Será esta la ruta que cierre esta historia? Para conocerla, habrá que esperar.