Tras un par de tentativas, mi avión conseguía aterrizar en el pequeño aeropuerto de Toncontín. En los intentos anteriores el piloto tuvo que remontar el vuelo por las ráfagas de viento que, según sus cálculos, iban a hacer que nos fuésemos contra el mar de luces que es Tegucigalpa en la noche. Esta situación, en la que el avión parecía que no quería aterrizar, fue preludio de lo que me encontré al recorrer las calles que me llevaban desde el aeropuerto hasta el barrio donde me hospedaba.

A través de los cristales tintados del coche veía las piedras que íbamos esquivando por la avenida de las fuerzas armadas. Las piedras y las señales dobladas eran el retrato de las cargas policiales que se habían dado unas horas antes por una manifestación en contra del Gobierno. “Ahí es donde se va a hacer el juicio de Berta”, me dijo mi amigo David sin quitar la vista de la carretera mientras señalaba a un edificio lejano y protegido por vallas amarillas que resultó ser la Sala Suprema.

El caso de Berta Cáceres es probablemente el suceso que más difusión y fama internacional ha cobrado en el mundo en materia de protección de defensoras y defensores de Derechos Humanos. Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y premio Goldman de Medio Ambiente,  dirigió a las comunidades lencas en las protestas en contra de la construcción de la represa “Agua Zarca”, por parte de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima-DESA. Esta compañía, con financiación extranjera, comenzó la construcción de las obras para la represa desplazando a las comunidades campesinas de un territorio que les pertenecía por derechos históricos, quebrantando así el derecho a consulta de los pueblos indígenas recogido en el Convenio 169 de la OIT.

Berta, junto a otros activistas del COPINH, recibió constantes amenazas y presiones para que abandonasen las protestas hasta que, finalmente, el 2 de marzo de 2016, fue asesinada por asaltantes armados en su residencia.

Su muerte supuso un duro golpe para las comunidades campesinas e indígenas de Honduras. Berta era una líder carismática, reconocida internacionalmente que, además, gozaba de medidas cautelares de protección emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso tuvo eco en todo el planeta y atrajo una gran atención institucional. Al fin y al cabo, Cáceres ostentaba una triple condición de colectivo vulnerado en Latinoamérica: mujer, indígena y defensora de Derechos Humanos.

Ocho personas fueron encausadas por la sala suprema en lo que se ha dado a conocer como el primer proceso de la “causa Berta Cáceres”. Tanto los familiares de Berta, como Víctor Fernández, abogado de sus hijas, como el resto del equipo legal han recibido amenazas durante el proceso.

Desde el golpe de Estado de 2009 y las polémicas elecciones de 2017, ser defensor o defensora de Derechos Humanos en Honduras supone arriesgar la vida cada día. Según el informe anual de 2017 de Human Rights Watch, entre 2014 y 2016 fueron asesinados 21 periodistas y entre 2012 y 2018 más de 150 abogados fallecieron violentamente por ejercer su profesión. La situación de riesgo se ve agravada por el hecho de que el 90% de estos ataques quedan impunes, según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y el Colegio de Abogados de Honduras (C.A.H.).

Después de más de dos años desde la muerte de Cáceres, las pruebas incautadas por los efectivos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, órgano especial financiado por Estados Unidos, permanecieron custodiadas en manos del ministerio público que, lejos de compartirlas con la acusación privada, enterró en cajas sin ni siquiera practicar un peritaje de la mismas. Hablamos de varios portátiles, dispositivos móviles y USB requisados durante los allanamientos a la empresa DESA en Tegucigalpa.

La representación legal de Berta Cáceres requirió más de 35 veces a la fiscalía estas pruebas y el tribunal ordenó hasta en cuatro ocasiones la entrega de las mismas, pero jamás se dieron. Ante esta situación, las hijas de Berta entendieron que no iba a tener lugar un juicio justo y denunciaron tanto a los representantes del ministerio público encargados del caso como al tribunal.

Pese a estar pendiente el recurso de amparo sobre la decisión de recusación del tribunal, éste decidió comenzar con el juicio. La acusación privada respondió no personándose en la primera audiencia.

La defensa de los acusados, aprovechando la situación, alegó que la acusación privada estaba entorpeciendo el proceso y las magistradas de la sala suprema decidieron declarar en abandono a la parte, excluyendo del proceso a las hijas de Cáceres. Esto en vista de los tratados internacionales supone una vulneración de su derecho como víctimas al debido proceso que se recoge en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos.

Sin la presencia de la Acusación Privada ni del COPINH en las audiencias, la fiscalía estaba relajada siendo ahora única conductora de la acusación y la defensa respiraba tranquila al quitarse de encima al abogado Victor Fernández y su equipo.

Desde este momento el juicio se volvió un simulacro en el que las personas que asistíamos a las audiencias nos sorprendíamos a cada rato. Venciendo el plazo máximo de dos años para la prisión preventiva de 4 de los 8 encausados el 2 de noviembre, el ritmo de las audiencias, a falta de practicar la totalidad de la prueba y exponer las conclusiones de cada parte, era exasperante. Retrasos injustificados, suspensiones de audiencias por “motivos institucionales”, el mal manejo de la pruebas por el ministerio público, lastraron el ritmo del proceso y evidenciaron cómo funciona el poder judicial hondureño en materia de protección de Defensores de Derechos Humanos.

Esperemos que en un futuro la justicia sepa ver más allá de las personas que aprietan el gatillo y persigan a la raíz del problema: la corrupción de las instituciones.

El tribunal y la fiscalía no han hecho otra cosa que facilitar el camino a la defensa hacia un recurso, dándoles los argumentos necesarios para que sus representados obtengan una futura absolución.  

En los últimos días hemos sabido el resultado del fallo del tribunal leído “in voce” el 29 de noviembre en la Sala Suprema.

Finalmente la sala ha decidido que recaiga sentencia condenatoria por el asesinato de Berta Cáceres para 7 de los 8 acusados. Adicionalmente a 4 de ellos, identificados como los que entraron en la casa, se les va a sumar la pena por tentativa de asesinato de Gustavo Castro, que también se encontraba allí en el momento de los hechos. La sala ha afirmado que determinará la pena concreta de cada uno de los acusados el día 10 de Enero de 2019, cuando notifiquen la sentencia por escrito.

Según algunas de las personas que estaban en la sala, el tribunal admitió en la lectura del fallo que el asesinato se había realizado con el pleno conocimiento y consentimiento de los altos directivos de DESA.

Esta sentencia, lejos de satisfacer el objetivo de la parte, ha decepcionado a las hijas de Berta que señala a la familia Atala, máxima accionista y dueña de la empresa DESA, como cerebro de la trama y cumbre de la pirámide jerárquica responsable de la muerte de su madre.

A día de hoy ningún miembro de la familia Atala ha sido detenido; sin embargo, el gerente de la empresa, David Castillo, ha sido el primer encausado por supuesta autoría intelectual, quedando su juicio pendiente de celebrarse.

La sensación general es que ha habido condenas pero no justicia. A día de hoy, se ha condenado a los autores materiales del asesinato pero falta la autoría intelectual entre los altos directivos de la empresa.

La estructura de impunidad que existe en Honduras hace a ciertas familias intocables, y ese es el principal problema contra el cual hay que actuar. Si los autores intelectuales del asesinato de Berta quedan impunes, después de toda la reacción que ha habido a nivel mundial,  no podemos hablar de que haya habido la justicia, y sin justicia para la familia Cáceres nunca se podrá hablar de un avance en la defensa de los derechos de los defensores en Latinoamérica.

Esperemos que en un futuro la justicia sepa ver más allá de las personas que aprietan el gatillo y persigan a la raíz del problema: la corrupción de las instituciones. En un país donde los aviones no quieren aterrizar y todo se ve muy oscuro desde el otro lado de las ventanas tintadas del coche, queda el atisbo de esperanza de una sociedad hondureña crítica con el sistema y que está realizando todos los esfuerzos posibles por revertir una situación que lleva a muchas personas a morir luchando por los derechos humanos.

Uno de los mejores ejemplos de esta sociedad civil es Laura Zúñiga, hija de Berta. Ella fue la que valientemente advirtió a las instituciones en la última audiencia diciendo que “la lucha por justicia para Berta Cáceres no va a terminar aquí. Hay más procesos judiciales que vamos a seguir, porque vamos a seguir apelando a estas instituciones para que respondan, como debe ser, a la justicia. No somos víctimas pasivas. Vamos a actuar porque Berta Cáceres se lo merece, porque el pueblo lenca se lo merece, porque nos siguen persiguiendo aún ahora, porque esta estructura criminal que atentó contra Berta Cáceres sigue activa y eso también vamos a denunciar”.

La batalla de esta familia por alcanzar justicia no termina aquí. Antes de morir, en uno de sus viajes fuera de Honduras, el ingeniero de DESA ya condenado Sergio Rodríguez le espetó a Berta que no volvería a cruzar la frontera de Honduras caminando porque los muertos no caminan. Cáceres no camina ya, pero su espíritu, heredado por sus hijas, marcha fuerte contra un sistema que sigue anteponiendo los intereses económicos de unos pocos a la vida de muchos. Lo importante ahora es hacer ver, desde todas partes del mundo, que este espíritu no camina sólo.

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Gonzalo Sáenz Quílez es abogado, graduado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es técnico de proyectos en la Fundación Abogacía Española. Forma parte de la misión de observación calificada del proceso por el asesinato de Berta Cáceres.