El consumo de electricidad es una de las necesidades básicas para todas las personas, para todos los hogares. Nadie puede prescindir de ella para sobrevivir dignamente. Si repasamos la encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Industria, comprobamos que sólo la alimentación y la vivienda superan en gasto a la electricidad y el gas entre los consumos imprescindibles sometidos exclusivamente al mercado. Los ciudadanos particulares dedican más de 20.000 millones de euros al año, casi el 4 por ciento de todo lo que consumen (a ropa dedican una cantidad similar, pero en este capítulo sólo una parte, probablemente mínima, es imprescindible). A ello hay que añadir el gasto en electricidad de las empresas o de las instalaciones públicas, también imprescindible, y cuyo gasto en gas y electricidad supera el de los hogares. Pues bien, todo este negocio está en manos de cinco compañías en todo el país, y la gran mayoría de la factura eléctrica la cobran tres de ellas, que ingresaron 46.000 millones de euros en 2018 en España. Se trata pues de un oligopolio que determina el mercado de la electricidad.

En apariencia el sistema eléctrico es un mercado competitivo, en el que la electricidad producida se vende mediante subasta, se distribuye por todo el país y otras compañías la comercializan a los usuarios, hogares, empresas o instalaciones públicas. Pero esto es una pura pantomima. Cada una de las cinco compañías de electricidad tuvieron que dividir su negocio en generación, es decir la producción en centrales, distribución y comercialización. Ello pone en evidencia la farsa, porque las empresas generadoras de la energía que acuden a la subasta de electricidad son las mismas que luego pujan para fijar el precio y adquirirla. Hay otros que participan también en la subasta. Son inversores financieros que compran y luego revenden a las citadas cinco compañías. En suma, un truco, además extremadamente complicado, como el del trilero al que nunca se le adivina en qué cubilete está la bolita.  Agentes oficiales vigilan e inspeccionan para asegurar la limpieza de los que intervienen en él, en un tinglado falso por la naturaleza.

Este es el cuarto oscuro de donde sale la luz que pagan todos los hogares. Y el que hace posible que el precio medio del kilovatio hora que pagaron los hogares, sin incluir los impuestos, en 2017 fuese un 73 por ciento mayor que el que habían pagado en 2008. El precio del petróleo, que sirve de referencia para conocer el coste de la energía, subió en ese periodo el 61 por ciento, es decir, 12 puntos menos. Y el coste de la vida, la inflación, subió únicamente el 11 por ciento. Así, resulta que España no sólo tiene la electricidad más cara de la Unión Europea, junto con Polonia, sino que de 2008 hasta hoy es también donde más ha subido de precio, si se excluyen los impuestos, y el tercero en la escalada de la tarifa incluyendo estos. En la factura van otros conceptos: los impuestos. Los gobiernos de Zapatero y Rajoy subieron el IVA, lo que encareció la luz y los demás bienes y servicios. La factura que se paga a las compañías incluye también otras partidas: desde dinero para potenciar las energías renovables, hasta una compensación, todavía, por haber paralizado la construcción de nuevas centrales nucleares ¡en 1995! Todo gasto que no sea estrictamente producir, distribuir y comercializar la electricidad se carga al recibo.

Lo cierto es que en plena crisis y en medio de las dificultades para sobrellevarla, el consumo de electricidad desciende entre los españoles: un 8 por ciento menos en 2017 que en 2008. Además, pagaron más por ella: un 42 por ciento más en 2017 que en 2008. De acuerdo con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, 8 millones de personas padecen un gasto energético desproporcionado. Son 650.000 más que en 2008. 3,5 millones pagan con retraso su recibo de luz o gas. Son un 1,3 millones más. Y casi cuatro millones no pueden mantener su casa a temperatura adecuada. Se calcula que el corte de suministro por retrasos en el pago afectó en 2016 a 930.000 personas. Así lo recoge el Informe sobre Pobreza Energética elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales. El corte de electricidad o gas por decisión de las compañías afecta, sobre todo, claro está, a las familias con renta más baja. El 11 por ciento de los que menos ganan lo padece. Otro rasgo más de la desigualdad.

El contraste son los beneficios de los tres grandes grupos eléctricos: Iberdrola, Endesa y Naturgy (antes Gas Natural, Unión Fenosa). El año pasado ganaron cerca de 8.000 millones de euros. El presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, cobró por serlo 6.500.000 de euros, cifra, que supone 212 veces el sueldo medio en España. En general el sector eléctrico es considerado el más poderoso lobby en nuestro país. La muestra es la presencia de anteriores altos cargos es sus consejos de administración y la de consejeros que lo son de casi todas las ramas empresariales poderosas.

Este es el mercado de un bien imprescindible para la supervivencia digna de todos los ciudadanos. 

A última hora, como otras medidas sociales comprometidas, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó dos iniciativas esenciales para hacer frente al panorama descrito. La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que se propone combatir esta lacra generada por el mercado de forma más decidida que el decreto-ley aprobado en octubre sobre el sistema eléctrico.  Dicho plan es la transposición del acuerdo suscrito entre el Gobierno socialista y Podemos. En él se generaliza de forma automática el bono social a todos los consumidores vulnerables, entendidos estos como los de renta baja. Aclaremos que el bono social supone un descuento en el recibo de la luz y el gas que debe correr a cargo de las compañías. Se prohíbe a las empresas cortar la luz o el gas en situaciones climatológicas adversas.  Se alarga hasta ocho meses el plazo antes de cortar el suministro, que deberá ser comunicado a los servicios sociales para que se pronuncien. Pero se trata de un plan que tendrá que concretarse en ley, decretos u otras normas. De momento, a esperar el resultado de las elecciones.

La otra medida es la que facilita el autoconsumo eléctrico a través de paneles solares. Una vía que los gobiernos anteriores, bajo presión de las compañías, habían dificultado.

Desde luego hay tareas pendientes que se deberían exigir a los partidos que se presentan a las elecciones, si es que se quieren corregir el sistema para hacerlo más acorde con un bien imprescindible. También más transparente: no hay quien sepa de verdad lo que cuesta producir la electricidad en conjunto, ni cómo sale el precio de la tarifa eléctrica. Y más sostenible medioambientalmente: es un sector contaminante como pocos.

La primera medida debería ser convertir en norma toda la Estrategia contra la Pobreza Energética, en caso contrario, será papel mojado.

La segunda, realizar una auditoría de costes y hacerla pública, para saber lo que cuesta producir, distribuir y comercializar la electricidad. Ello debería conducir a la supresión de toda compensación a las compañías con el argumento de que venden el kilovatio a un precio menor del que les cuesta producirlo y transportarlo. Se ha llamado déficit de tarifa. Los consumidores deben por ello a las eléctricas 24.000 millones de euros que se van pagando poco a poco en cada recibo.

En tercer lugar, el sistema debería reformarse radicalmente. Confiar a una subasta la fijación del precio del kilovatio donde rige un oligopolio, que puja por un bien que el mismo oligopolio genera, es un puro engaño que no se arregla con mejoras técnicas, ni con inspectores. Sin embargo, su eliminación no parece viable, al menos por ahora, dado el berenjenal en el que está metido el mercado eléctrico. Mientras dure el engaño, deben corregirse las trampas más osadas del mismo.

La iniciativa de los ayuntamientos o cooperativas de constituirse en agentes eléctricos para actuar en el mercado comprando kilovatios, y ofrecer así precios más bajos es muy elogiable, puede resultar combativa, se puede lograr en ocasiones, pero es sólo poner una tirita sobre una herida que mana sangre a borbotones. En todo caso, habría que eliminar los resquicios legales a los que se agarran las compañías para litigar e impedir que se haga.

Cuarto. Debería cambiarse el sistema actual de la tarifa, que establece un coste fijo muy elevado y cobrar de manera más progresiva por el consumo. Los primeros kilovatios deben costar poco y subir el precio según se gaste más. Es bueno para conseguir un mayor ahorro energético. 

Quinto. Debe apostarse por las energías renovables, sobre todo la solar, que tendría que contar con dinero público y de las empresas para su desarrollo. Al mismo tiempo, deben ir cerrándose las nucleares según concluya su vida útil. Así lo hizo Alemania, ejemplo en el que sólo se mira para lo que interesa. 

Y para acabar, un tema menor, pero que afecta gravemente a los consumidores menos informados. Deberían prohibirse los cambios de contrato mediante visitas a domicilio. Un timo que se ha generalizado. Se dan casos de clientes que sin saberlo llegan a suscribir contratos con varias compañías.