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Las elecciones del pasado 28 de abril supusieron la reorganización política de un parlamento español que, lejos de determinar únicamente el partido en el Gobierno, fijó un modelo de más de dos partidos y medio, una estructura que nos hace olvidar el ya lejano bipartidismo en detrimento de una vía plural en la que son necesarios los acuerdos. Un modelo de Congreso en el cual se parlamente –esa palabra tan rara en nuestro país–; un sistema con una presidencia de la Cámara que ejerza una buena gobernanza vigilada por todas las partes.

Pese a que suele ser desconocida, la Mesa del Congreso existe. Desde el comienzo de la democracia posfranquista, este órgano parlamentario ha sido un actor anónimo para la mayoría de la ciudadanía debido a su apariencia burocrática marcada por el monopolio partidista del bloque PP-PSOE, asociado a sus gobiernos de turno. “La Mesa tenía una apariencia de órgano técnico que después de nuestra llegada y la disolución del bipartidismo se ha visto que tiene mucho más poder del que parecía”, explica Marcelo Expósito, exsecretario de la Mesa del Congreso y exdiputado de En Comú Podem. Hoy esto es aún más llamativo debido a la supuesta futura aplicación del reglamento de la Cámara para suspender o no de sus cargos de diputados a los miembros procesados Oriol Junqueras, de ERC; Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez, de Junts per Catalunya.

Tras la moción de censura y la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de la XII legislatura, el bloqueo de numerosas iniciativas parlamentarias desde la Mesa provocó una sequía legislativa en la Cámara Baja y el control de la agenda mediática empezó a mostrar el factor político de este cargo, determinando el poder que tiene la Cámara y cómo puede llegar a minar la actividad del Gobierno. Si en 2015 salieron adelante un total de 85 iniciativas legislativas, en 2018 su número se redujo a 35. Una situación que derivó en los apodados “viernes sociales” de Sánchez: el uso repetido de los reales decretos ley como modelo legislativo para saltarse el bloqueo y que, más tarde, llevó a las críticas de la bancada conservadora y al intento de paralización de algunos decretos por parte de la presidenta Ana Pastor.

La Mesa del Congreso está compuesta, según normativa del reglamento de dicha cámara, por “el Presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro Secretarios”. Nueve cargos elegidos en la sesión constitutiva del Congreso entre los diputados de la Cámara mediante un solo voto. En el caso de la presidencia se selecciona por mayoría absoluta, y en el supuesto de no darse esta se va a una segunda vuelta entre los dos diputados más votados. Mientras, el resto de los integrantes de la Mesa se eligen por orden de número de votos hasta completar los asientos, con una segunda vuelta en caso de empate. La situación requiere una serie de estrategias partidistas o por bloques, preparadas previamente a la selección de estos cargos.

En esta ocasión, el PSOE se ha asegurado del control eligiendo la presidencia de Meritxell Batet y repartiendo de forma igualitaria el resto de cargos entre los cuatro partidos más votados; una alineación de asientos presidida por tres del PSOE, dos del PP, dos de Ciudadanos y dos de Unidas Podemos.

La Mesa del Congreso es el máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja. Por allí pasan todas las decisiones que se van a debatir: admisión de tramitación de leyes, propuestas parlamentarias, debates en plenos y en comisiones, aforamientos, viajes parlamentarios, presupuestos, determinación de los grupos parlamentarios, reformas del reglamento…

Pese a que la potestad es del conjunto de la Mesa, el interés por hacerse con la presidencia de la Cámara se debe a que esta ejerce en nombre de la misma todos los poderes administrativos y facultades de policía, en el interior de sus respectivas sedes, y representativos, en el exterior de ella. Un cargo que representa la voz última y la imagen del pleno.

De esta forma, las funciones pasarían desde aspectos puramente protocolarias, como ocurrió durante la presidencia de Bono, en 2011, con la prohibición de entrar a la Cámara en bermudas o camiseta de tirantes, a funciones de rendición de cuentas tanto del legislativo como del ejecutivo. Un ejemplo lo vimos con el requerimiento que llevó la Mesa al Tribunal Constitucional durante el gobierno de Rajoy por su negativa al control parlamentario, justificándose con su estado de interinidad, y que el TC aceptó y determinó como “acto que vulneraba el reglamento de las Cortes”, ya que el factor de temporalidad no impide el cumplimiento de sus funciones.

Sin embargo, la Mesa tiene otras funciones de control sobre la actividad de las Cortes. Su capacidad abarca desde elaborar el proyecto de Presupuesto del Congreso a calificar los escritos y documentos de índole parlamentaria, decidiendo la tramitación de los escritos y documentos y programando las líneas generales de actuación de la Cámara y su calendario de actividad. O lo que es lo mismo, paralizar mediante trámites de forma, como hizo la presidenta Pastor con los decretos de Sánchez o la renovación del consejo de administración de RTVE, mediante la petición de informes jurídicos, justificando su “necesidad” para una aplicación ajustada al reglamento. Pero también el uso electoralista de medición de tiempos de los calendarios, como se hizo durante las mociones de censura, o la petición a la “prudencia a la hora de usar los decretos ley por su carácter de urgencia. Y aún más en periodo electoral. Respetando las reglas de juego”, según dijo Ana Pastor. Enmascarando así una petición a la Junta Electoral Central de revisión del uso de los reales decretos ley como herramienta partidista fraudulenta.

De una forma similar, un trámite comúnmente usado políticamente es el de las prórrogas. “Imagina que a Ciudadanos o al PP no les interesa votar en contra de determinada ley por el coste social”. dice Marcelo Expósito. “Pues lo tiene tan fácil como paralizarla durante dos años a base de prórrogas, ya que el reglamento se lo permite y la Mesa si tiene su apoyo se lo permite”. “Una situación que habíamos planteado que se reformase y que si hubiésemos tenido más tiempo posiblemente habría ido para adelante.” 

Pese a ello, en el caso de que un diputado discrepe de la decisión tomada por la Mesa cabe la posibilidad de que este pudiese solicitar una “consideración”. Un mero trámite, ya que la Mesa decidiría más tarde. 

Curiosamente y pese a la falta de reformas del reglamento durante los últimos años, el nuevo Congreso que salga podrá investigar y verificar las actividades que hayan desarrollado en el pasado los diputados electos y que les hayan proporcionado ingresos económicos. De oficio o por motivo de una denuncia, incluso anónima. Y sus sociedades patrimoniales y regalos. Una de las novedades del Código de Conducta aprobado en la última Mesa del Congreso a propuesta de la presidenta, Ana Pastor. Esta última medida aprobada con previsión de futuro que fue rechaza repetidamente en el pasado.