CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar puede leer la revista en abierto. Si puedes permitirte aportar 50 euros anuales, pincha en agora.ctxt.es. Gracias.

Cada vez que se escucha en las noticias hablar de política migratoria las imágenes que aparecen son aquellas que hacen referencia a las llegadas vía marítima. Pero esto no le sucede sólo al ciudadano medio. La clase política en general ha asumido de manera irremediable que todo aquello que tiene que ver con el diseño de la política pública migratoria simplemente es el control de fronteras. 

desde los Estados miembros no sólo no se ha modificado tal política, sino que se ha ampliado utilizando todo tipo de tretas legales para evitar pasar por el control del Parlamento Europeo

Sin embargo, como muy bien conocen nuestros gestores políticos, el control fronterizo es solo una de las patas que componen el diseño de la política migratoria (o si preferimos de gestión de la movilidad humana), en donde también juegan un papel muy relevante cuestiones como la gestión de la migración económica (cualificada y no cualificada), las políticas de integración o el asilo y el refugio. Se trata, por tanto, de un conjunto de medidas con la misma o mayor importancia que aquella en la que están centrados los líderes políticos. La apertura de vías legales a los mercados de trabajo europeos no parece algo descabellada cuando escuchamos de manera permanente los peligros que el declive demográfico puede acarrear a nuestros sistemas del bienestar. O qué decir de la necesidad de abordar las políticas de integración y cohesión social desde una perspectiva de la diversidad incorporando en los marcos decisores a las autoridades locales y regionales. Pero evidentemente este tipo de políticas tendrán resultados en el medio o largo plazo y no son fácilmente “vendibles” a un electorado acostumbrado a la inmediatez del tweet y a la complejidad de sus 140 caracteres.

Si esto sucede en el ámbito de los Estados, la cosa no mejora en el marco europeo. Durante la última reunión de ministros de Justicia e Interior (Consejo JAI), el 7 de junio, se trataron varios temas bajo el título general de “El futuro de la política de migración y asilo de la UE”. Y, sin embargo, sólo se habló de una cosa, la seguridad. La aprobación del marco financiero multianual se centró en dotar las políticas migratorias, fronterizas y de seguridad, o lo que es lo mismo, para reforzar el control fronterizo y la externalización de la gestión de los flujos. Por su parte, también se acordó endurecer las medidas de la Directiva de Retorno aprobada en 2008, con la intención de incrementar el número de expulsiones de migrantes en situación irregular. Es interesante recordar en este punto que fue precisamente el ministro Borrell uno de los tres eurodiputados del PSOE que se opusieron a su aprobación en el Parlamento Europeo contra la dirección política del grupo; su posición entonces provocó su salida de la Cámara. 

Parece evidente que el principal objetivo de los ministros de Justicia e Interior era llegar a un acuerdo según el cual se acelerarán los procedimientos de expulsión, se prevendrán los movimientos secundarios y se incrementará la tasa de deportaciones. La intencionalidad política es clara. Los gobiernos europeos se encontraron ante la imposibilidad legal de poner en marcha devoluciones rápidas de migrantes en situación irregular. Por tanto, una reforma del marco legal facilitaría tales medidas. De esta reunión ha salido la reforma anunciada por Alemania en materia de expulsiones o el refuerzo del convenio entre Frontex y Europol en materia de lucha contra las mafias del tráfico de personas, de la que España será una de las protagonistas, ya que será la principal fuente de datos para las instituciones europeas.

Gracias a esta negociación los Estados de la UE dejaban en manos del Gobierno turco el porvenir de aquellos que buscaban protección frente a la barbarie

En cuanto a la justificación esgrimida por una gran parte de la clase política en relación con los procesos de externalización fronteriza que se aplican en la actualidad con países de la vecindad europea. Desde hace tiempo se viene denunciando por parte de las organizaciones de derechos humanos la vulneración permanente de los mismos como consecuencia de este proceso externalizador. Sin embargo, desde los Estados miembros, últimos responsables de las políticas migratorias, no sólo no se ha modificado tal política, sino que se ha ampliado utilizando todo tipo de tretas legales para evitar pasar por el control del Parlamento Europeo. Quizás el más obvio de todos ellos ha sido la Declaración, no Acuerdo, de Intenciones entre Turquía y los Estados miembros, no la UE firmado en 2016. Con esta Declaración se reactivaba un acuerdo bilateral de repatriación ya existente entre Grecia y Turquía, con el acuerdo tácito de la vulneración del principio de derecho internacional de no devolución (non-refoulement) y, además, se dotaba de una importante cantidad de dinero al Gobierno turco para que frenara en seco las salidas hacia el mar Egeo de las personas que huían del conflicto en Siria. Gracias a esta negociación los Estados de la UE dejaban en manos del Gobierno turco el porvenir de aquellos que buscaban protección frente a la barbarie. El objetivo de esta medida era demostrar ante la opinión pública que los Estados eran capaces de controlar los flujos migratorios masivos. Pues bien, lo han conseguido, a costa, eso sí, de incrementar los niveles de mortalidad en los cruces.

No se trata, pues, de reinventar el derecho ni de crear nuevas herramientas de gestión. Se trata de aplicar bien las que ya tenemos sin saltarnos el Derecho Internacional

Sorprende escuchar cómo nuestros políticos justifican sin ruborizarse la vulneración del Derecho Internacional con el argumento de no quedaba otra alternativa y que era esto o flujos descontrolados. Este tipo de argumentación no hace sino reforzar los marcos discursivos de aquellos que alimentan las políticas del odio y el exclusivismo étnico o cultural. Quizás si efectivamente no hubiera en el marco europeo, representado por los Tratados, herramientas que permitieran otro tipo de políticas se podría dar un margen de confianza. Pero la cuestión es que sí que hay mecanismos que permitirían una gestión diferente del fenómeno migratorio. En el caso de la crisis humanitaria de 2015, quizás la concesión de visados humanitarios hubiera ayudado a disminuir el negocio de los traficantes de personas, pero también a reducir el número de víctimas mortales en el Mediterráneo.

No se trata, pues, de reinventar el derecho ni de crear nuevas herramientas de gestión. Se trata de aplicar bien las que ya tenemos sin saltarnos el Derecho Internacional. Además, es realmente urgente que recuperemos un concepto de política migratoria poliédrica y transversal que ponga en el foco a los ciudadanos y la salvaguarda de sus derechos frente a la aproximación que presenta a la migración como una amenaza para nuestras sociedades y contra la que, por tanto, tenemos que combatir. Es imprescindible dar un giro de timón y dejar de tratar la cuestión migratoria como un problema coyuntural y comenzar a trabajar con ella como fenómeno estructural. La política migratoria no es acabar con la migración sino aprender a gobernarla.

-----------------------

Ruth Ferrero-Turrión es profesora de Política Europea y Política Comparada de la UCM.