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UN JUICIO POLÍTICO. El juicio al procés –esto es, la penalización de la cosa y su culminación en juicio penal, que se dice rápido–, ha modulado la política –toda; la esp, la cat– desde 2015. Sus ecuaciones y posicionamientos dramatizados han dibujado bloques en Madrid y en BCN. Dificultó una moción de censura, impidió aprobar unos presupuestos, determinó unas elecciones anticipadas. La penalización/el juicio ha modulado un Gobierno tripartito en Andalucía y, por ende, la posibilidad de asociación de la ultraderecha y las derechas nacionalistas esp en diversas comunidades autónomas y municipios. Ha afectado a la política futura en Esp –la credibilidad de la Justicia y de, todo lo contrario, la monarquía, dependerán de los ingredientes de la sentencia y de su digestión–, y en Cat –por primera vez, el partido más votado en unas autonómicas fue un partido nacionalista esp–. Las decisiones del Tribunal y de las Cámaras con los acusados electos han supuesto un menoscabo a la separación de poderes. Y, en el caso de los eurodiputados, algo próximo a una excepción europea. Finalmente, ha modulado la naturaleza del mismísimo procés. La penalización, el juicio, ha evitado la catarsis social ante el fraude político. Por el mismo precio, ha posibilitado mayorías parlamentarias procesistas en el Parlament, y ha entorpecido y crispado la constitución de ayuntamientos en Cat. El procés, un movimiento propagandístico, vertical, vital, eléctrico, cuyos mensajes giraban en torno a una independencia rápida, democrática, inapelable, preparadísima, si bien inverificable, en 2017 pasa a ser lo mismo, pero con mensajes en torno a la libertad de los presos. Es previsible suponer que en 2019 su discurso, potente, exitoso, constante, no será ya la independencia o los presos, sino la sentencia. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo acabará este capítulo? ¿Cuál es la causa de este juicio?

CAUSA CAUSAE EST CAUSA CAUSATI. Creo que lo que ha pasado es esto. En 2012, en plena crisis democrática, social, económica y –muy importante– de representación, un Gobierno del Estado, acosado por todo ello, y acosado por el 15M y por un movimiento plebiscitario soberanista –alejado de cualquier partido en ese momento– decide solventar todas esas crisis a través de la solución de una. La representación. Se solventa con sobrerrepresentación, un nuevo sistema intuido por aquí abajo –algunos de sus ingredientes identitarios estaban ya latentes en el aznarismo–, pero jamás visto por aquí en su intensidad. El representante, en fin, ofrece a los representados una nueva relación. Íntima. Eléctrica. Se trata de la futbolización de la política, de una aventura diaria –en la que participan, por fuerza, los medios de comunicación–, sin resultados reales, pero con un terremoto de sentimientos compartidos cotidianos. Es un marco tan potente que, además, sitúa fuera de la democracia a quien no lo comparte. Es tan potente que, por uso de marcos, la cosa –con antecedentes únicamente reaccionarios– se come con patatas a la izquierda nacional cat. Sobrerrepresentante y microrrepresentado –al votante solo se le representa en un aspecto, pero de manera profunda– comparten un lenguaje y un imaginario que no necesita hechos ni contraste. Con esa nueva representación, un Govern autónomo reconstruye el Régimen en solitario y en un territorio. Sin ayuda del Gobierno central, que no entendió que la batalla no era tanto por un Estado propio como por el Estado, seriamente amenazado y deslegitimado. No entendió que desde Cat se le pedía tiempo y ayuda. El Gobierno central, así, colaboró poco. En 2014 –y eso fue lo único que dio– ofreció tolerar una consulta simbólica, sin validación democrática. Se saldó con penas leves de inhabilitación, y con penas económicas llamativas que –importante– no fueron promovidas por el Gobierno, sino por una organización cercana a la ultraderecha. En 2015-17 se aumentó más aún la sobrerrepresentación –algo muy costoso en términos sociales, de libertad de información, de crispación–, y se volvió a repetir, punto por punto, el ínterin 2012-14 con muy pocas novedades. En el horizonte de los protagonistas, en esta nueva edición estaba la inhabilitación y una multa descomunal. Poco más. De hecho, se exponían a poco más. Los miembros del Govern que no estaban dispuestos a ello, aún así, abandonaron el barco en julio de 2017. Para entonces, hacía pocos meses –según lo declarado por Santi Vila en el juicio– que, a pesar de los titulares de la prensa cat y esp –absolutamente beligerantes–, se había interrumpido el diálogo entre los dos Gobiernos. A pesar de esa interrupción, siempre hubo contactos y posibilidad de acuerdos, hasta una fecha tan tardía como poco antes del 27O. Falló, no el material a acordar –en ningún momento se negoció la independencia o un referéndum–, sino la confianza entre ambos Gobiernos, que ya participaban de culturas y referentes diferentes. En esta ocasión, en esta segunda emisión de electricidad y de una consulta, el Gobierno Central cambió de táctica. Optó por la vía penal. Si la causa de la causa es causa de lo causado, ¿que ha sido lo causado para llegar al TS como causa?

LO FORMAL. Poco. Los días 6-S y 7-S se aprobaron dos leyes de desobediencia. Una fue una ley de referéndum. Otra, una proto-constitución, incomprensible. Lo incomprensible: era postdemocrática, se unían los poderes bajo el Ejecutivo. ¿Es necesario, en un movimiento propagandístico, que pugna por los significantes vacíos, por no verbalizarse, verbalizarse tanto y de manera tan contraproducente? Ambas leyes fueron, en todo caso, neutralizadas por el TC. No se desobedeció, en ese sentido, al TC, si bien las leyes fueron defendidas a ultranza por los políticos en los medios y en la política, esa cosa que transcurre en los medios y, cada vez menos, en la realidad. Nunca fueron aplicadas, en todo caso. De hecho, fueron intrínsecamente negadas. Tras el auto del TC, no hubo gasto alguno en el referéndum. El 1-O se llegó a un referéndum sin referéndum. Bastó para ello una multa diaria del TC a los miembros de la Junta Electoral, que fueron cesados por el Govern, no sea que la pagaran. Se coqueteó con una DUI. Me temo que en tanto se creyó que una DUI era una declaración –una declaración a la prensa, quiero decir, sin trasfondo real–. Finalmente, se simuló emitirla el 27-O, bajo la forma de una resolución en la que se invitaba al Parlament a que, algún día y a alguna hora, se tomara una DUI en serio. En la emisión de la DUI pesó más la pugna por el marco indepe –ese Chicken Game que JxC y ERC aún juegan impidió que Puigde convocara unas elecciones que perdería– que la voluntad y la previsión de una DUI. Ese mismo día se aplicaba el 155, que algunos consellers suplicaban en ámbitos privados para antes. No hubo resistencia alguna. La colaboración con el Estado fue, en algunas ocasiones, más allá del deber. El resumen de todo ello es que un Govern emitió declaraciones periodísticas –y una de indepe–, sin valor real alguno. Que practicaron la desobediencia el 6-S y 7-S, si bien luego se ciñeron a la opinión del TC, y que el 1-O respetaron la decisión judicial de prohibir el referéndum, si bien delegaron la celebración de un referéndum a la ciudadanía, sin explicarles que ya no era un referéndum y exponiéndola con ello a una violencia policial inusitada. Sí, la clase política procesista, sobrerrepresentada, son unos impresentables. Pero adheridos a una tradición, en la que se insiere como política la declaración a micrófono no contrastada. Una tradición en la que puedes prometer un referéndum vinculante de entrada en la OTAN y, finalmente, ofrecer uno consultivo de salida. Una tradición en la que un presi de Gobierno puede mentir sobre la autoría de un atentado para afianzar el resultado en unas elecciones, exponiendo con ello la seguridad europea. La mentira, la deshonestidad, no es de por sí materia del Código Penal. ¿Por qué hemos llegado a ese extremo?

LO INFORMAL. Si el procesismo es un entramado propagandístico exitoso, pero emisor de políticas caóticas, el Estado no come muy lejos. La respuesta del Estado a todo esto fue autoritaria, desordenada, hasta que llegó al tramo penal, de por sí, ya lo veremos, caótico. Incluso en ese tramo penal, y antes, no se comportó como si la amenaza fuera seria. No emitió, por ejemplo, ningún Estado de sitio. Es posible no descartar que el Estado accediera a la vía penal, desproporcionada, por esa vivencia personal desproporcionada llamada humillación. El Estado, a través de sus policías, fue humillado en el juego absurdo de perseguir un referéndum que ya no lo era. Fue humillado buscando papeletas por toda Cat, encontrando alijos de papeletas que, inmediatamente, eran repuestos en otra imprenta. Su único éxito fue el hallazgo de la correspondencia electoral –algo, por otra parte, irrelevante en un no-referéndum–, en Unipost, la empresa, por otra parte, que se encarga siempre de enviar la correspondencia electoral. Fue humillado al no tener la capacidad de encontrar las urnas –no sólo no encontraron las más de 2.000 urnas del referéndum, sino tampoco otras más de 2.000, adquiridas por si encontraban las primeras–. Fue humillado antes del 1-O, a través de una orden del TSJC, en la que se impedía un referéndum en el que participarían dos millones de personas –algo sumamente difícil de impedir sin utilizar napalm–, pero que ya no era un referéndum por decisión del Govern. Fue humillado por los mandos policiales enviados a Cat, que fueron incapaces de planificar algo razonable para el 1-O. Fue humillado, internacionalmente, con la actuación policial del 1-O. Paralelamente se produjo otra humillación, quizás más determinante. La del rey. En agosto de 2017, el rey –me dicen– se sintió humillado por el trato recibido por la clase política y por la ciudadanía con motivo de la manifestación contra los atentados integristas. Esa humillación adoptó formas parecidas a la furia. La furia estaba latente, o crecidita, el día 2-O. Ese día Puigde había grabado una entrevista en la BBC. Se suponía que en ella hablaba de una DUI –finalmente, no fue así; fue la palabrería de siempre–. Tras un contacto con la BBC, la Casa Real empezó a escribir, unilateralmente, el discurso del 3-O, que posteriormente fue presentado a Rajoy para su refrendo. Rajoy, en ese momento, impresionado por los resultados no calculados de la violencia policial del 1-O, estaba por enfriar la cosa. No obstante, refrendó ese discurso calentito. Un discurso escrito antes desde la experiencia personal –el calentón, vamos– que desde la observación de la realidad –no había ganas, pero tampoco opciones para una indepe, salvo la violencia desmesurada del Estado–. En el discurso no se meditaba sobre la violencia vertida, sino que se anunciaba más. Se ha dicho que alguien en Zarzuela dijo ese día: “Hoy hemos perdido Cat, pero hemos ganado Esp”. Lo que no está tan claro. Sí, el Estado se puede permitir 40 años con un territorio falto de adhesión –eso ya ha pasado–. Pero no está claro que eso no salpique al resto del Estado si se opta por estilismos no democráticos. El rey –su discurso ha sido citado en campaña por Vox, C’s y PP– supone el fin de cualquier posible reforma del Estado. Y la penalización de cualquier intento. Sólo el tiempo dirá si es una reformulación de la democracia esp. En todo caso, fue el pistoletazo de salida de la reacción penal del Estado. El informe final de Fiscalía habla de ese discurso como momento fundacional de su trabajo y de su punto de vista. La vía penal, y no sólo eso, sino la petición de cargos y condenas desproporcionadas nacen con ese discurso. La monarquía ha hecho una apuesta de su siglo XIX y su primer tercio del XX.

DIFÍCIL PENALIZACIÓN. La Fiscalía ha apostado, desde el principio del juicio a su fin, por los cargos de rebelión, malversación y desobediencia. El primero es un cargo varias tallas más grandes de lo sucedido. De hecho, se diría que en un principio ese cargo era solo instrumental. Posibilitaba el juicio en el TS, así como el uso de la preventiva. Pero sigue siendo esta mañana a primera hora, glups, una apuesta firme. Esa apuesta ha modulado la causa. Hasta hacerla incomprensible. En primer lugar, se ha roto su unidad. La causa, así, transcurre en el TS, en la AN, en el TSJC, en el Juzgado 13 de BCN. Con grave peligro de indefensión para los acusados. En el TS, por ejemplo, la Fiscalía disponía de declaraciones realizadas ante la AN que las defensas desconocían. Por otra parte, se ha depurado a los acusados. El procesismo, vertical –hasta el punto que su destino lo decidió una sola persona, el 25S–, es también sumamente informal. Faltan, por ejemplo, personajes no electos y sin responsabilidades políticas, que conformaron un comité de toma de decisiones –o, como se vio, de no-toma-de-decisiones–, y cuya presencia en el banquillo hubiera afeado, aún más, un delito de rebelión, esto es, de golpe de Estado. También se han depurado los días en los que transcurre la causa. El 6-S y 7-S casi no han aparecido. El 27-O, tampoco. Casi todo ha transcurrido en los días 20-S y 1-O. Días, por otra parte, distintos y distantes, y no muy alejados de manifestaciones con marrón al uso.

KELSEN, QUE ALGO QUEDA. En el juicio ha quedado claro el despropósito del cargo de rebelión. Ha quedado muy poco fundamentado el de sedición, no ha quedado demostrado en absoluto el delito de malversación –ha quedado claro, en ese sentido, que la Gene, una institución de dilatada trayectoria centro-derechista, es un as en que no le pillen con un recibo chungo–, y ha quedado dispuesto en la mesa del Tribunal, de manera inquietante, el cargo de organización criminal, propuesto por Vox. Sobre rebelión: no queda claro el momento del alzamiento. Ni siquiera han quedado claros sus integrantes, ni la participación de armados. Sí, la Fiscalía, con más razón que un santo, ha aludido a turbulencias en la fuerza de la Pirámide de Kelsen. Pero a) Cat es una pirámide de Kelsen sumamente enclenque. Sus gobernantes no solo no quisieron dominar la población y el territorio, sino que no pudieron. No pudieron hacer nada que no fuera, estrictamente, decir, hablar. Por otra parte, enviar al garete la pirámide de Kelsen es algo propio de la crisis democrática europea. Es lo que pasó literalmente en Grecia. La Troika (la Comisión, el BCE y el FMI, tres ONGs legitimadas, pero no democráticas) hizo en años recientes a la pirámide de Kelsen lo que el invierno a los cerezos. La reforma constitucional exprés del 135, por ejemplo, fue acorde a derecho/kelseniana si bien con ella el Estado borró el sentido del bienestar que aparece bajo el palabro “social” en el primer artículo de la CE. Lo que no acaba de ser Kelsen way of life. Lo que nos debería hacer meditar, hermanos, no solo sobre golpes de Estado posmodernos, sino sobre un Kelsen posmoderno y sobre dónde se le localiza con mayor facilidad: si en los discursos propagandísticos de trileros o en las reformas constitucionales estructurales.

SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA MENTIRA. Se ha enjuiciado algo que no era un proceso de autodeterminación, pero tampoco un golpe de Estado. Se está juzgando algo gravísimo, que en Alemania se consideró una amenaza leve al orden constitucional, y que en absoluto encajaba con el palabro rebelión. Lo que sea que se juzgue tiene que ver con la mentira, por tanto. ¿Qué tratamiento ha tenido el Tribunal con la mentira? En general, el TS ha sido muy tolerante con ella en sus extremos. Es decir, la ha tolerado sin inmutarse cuando la emitían mindundis y grandes velocistas. No se ha ensañado, sino todo lo contrario, por ejemplo, con autónomos y pequeños empresarios que no fueron claros en el momento de describir el cobro de su trabajo. Tampoco lo fue con altos cargos electos. Rajoy, en ese sentido, emitió una declaración de la que se puede ponderar un gran distanciamiento con la realidad. Y no fue amonestado. Sus declaraciones, posteriormente, fueron contradichas con los hechos mostrados en el juicio. Y, todo apunta a ello, el Tribunal no hará nada al respecto. Lo mismo con Soraya SS, a quien una defensa pidió tratar como testigo renuente, sin respuesta del Tribunal. Los únicos perfiles tramitados a un juzgado de guardia por su declaración han sido cargos políticos cat. La mentira, o al menos una realidad rica en impresiones personales y detalles y exageraciones –pudieron hablar de odio, de miedo, y de ataques violentos perpetrados con Fairy, el milagro anti-poli– fue admitida en los testigos de la acusación, y fue más matizada, cortada y filtrada en los de la defensa. La mentira, en fin, se ponderó con su aproximación al centro geográfico de la Península. Las defensas, a su vez, optaron por una defensa técnica, nítida, que aprovechó el caos del Estado en aquellos días –y, me temo, en estos– y la exageración de los cargos y de su tratamiento. Ese fue el caso de Melero. El resto de defensas aprovecharon esa posibilidad, la delegaron en Melero y, periódicamente, satisficieron a sus clientes con pequeños momentos de léxico y sentimentalidad procesista. Es importante recordar que, salvo Cuixart, todos los acusados reconocieron que tras el procés no había un hecho político, sino declaraciones periodísticas. Por lo que las defensas, en ese sentido, también defendieron a los acusados de la percepción de todo ello en la sociedad cat. Sólo la sentencia fijará si acertaron unos abogados u otros. O ninguno. La defensa de Cuixart fue la que hizo más hincapié en derechos fundamentales. Con Cuixart, en fin, cabe la posibilidad de que se esté juzgando el derecho de asociación y de manifestación. Una sentencia al respecto puede ser fundacional de algo nuevo, o garantista. Puede ser, snif, la única gran verdad en todo esto. O prolongar la mentira.

SOBRE LA SENTENCIA. Se espera la sentencia para julio u otoño. Por mi parte, me he jugado un cenorrio a que será para julio. Las defensas oscilan entre el optimismo absoluto de Melero –desobediencia, poco más–, que es, por otra parte, la realidad pesimista que he descrito en estos años, y el pesimismo de otras defensas. Entre las defensas fluye la idea de que una condena superior a 4 años sería el equivalente a la pena de muerte del siglo XIX y XX. Un castigo ejemplarizante. El hecho de que no se haya concedido ya la libertad provisional a los acusados, el hecho incluso de que a Junqueras no se le permita aún ir a la JEC y al Parlamento Europeo a por lo suyo puede ser un indicio de severidad. O no. Una sentencia unánime, me dicen, sería por fuerza una sentencia más flexible y benigna que una con votos particulares, incapaces, por tanto, de firmar una sentencia con fuertes dosis arbitrarias. Con la sentencia, la Justicia elige entre aproximarse al punto de vista europeo, que negó las euroórdenes –algo que nunca se deniega– por su carácter exagerado y desproporcionado, o aproximarse al discurso del 3-O, que describió un golpe de Estado, no demostrado en el juicio. Por lo mismo, la sentencia puede decidir no sólo si hubo DUI, sino que toda aquella pasada autoritaria, que ha puesto a la sociedad cat a las puertas de la crispación y del fanatismo protocatólico, fue en verdad algo serio, meditado con posibilidades reales. Tendría guasa que un tribunal otorgara la mayoría de edad a un movimiento autorreferencial y propagandístico, sin más planes que la propaganda, para disculpar con ello los errores del Estado, para darle al Estado un enemigo de su tamaño. Para no desautorizar al discurso democráticamente extraño del jefe del Estado en el 3-O. Por otra parte, si Picasso violó los códigos de la realidad para crear belleza, un tribunal puede hacerlo para crear todo lo contrario, sentencias que no se parecen a la realidad al primer vistazo. O al segundo. O al tercero. Un tribunal, en fin, es un símbolo. Visten simbólicamente, con togas y puntillas, para demostrar que no son estrictamente humanos, que están en una esfera autónoma. Esa es la descripción y el ideal de la Justicia. Pero también, glups, de lo gremial. Lo veremos, en todo caso, con la sentencia.