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En Galicia muchos recuerdan aquel movimiento sísmico-judicial con epicentro en Lugo que sacudió a toda la comunidad, particularmente a su clase política, y tuvo réplicas en Madrid y en Cataluña. Pero son los periodistas locales quienes tienen presente aquella mañana de octubre de 2009 como el Día D en el que empezó todo y se agitó lo que nunca se había movido. “Nos empezaron a llegar multitud de avisos de que se estaba desarrollando un operativo enorme de la Guardia Civil por todo Lugo. Una unidad entera de Asuntos Internos llegada de Madrid y 60 o 70 agentes de otras partes de Galicia. Y que incluso estaban registrando el cuartel y las casas de algunos guardias que vivían allí. Yo ni siquiera trabajaba en la sección de sucesos, era jefe de la de Galicia y no había hecho juzgados en mi vida, pero me enviaron a esa guerra”. El reclutado era Miguel Olarte, (La Rioja, 1969), entonces y ahora redactor de El Progreso y no sabía que aquella información de urgencia le iba a cambiar la vida. Y que aquel operativo fue, efectivamente, el inicio de toda una guerra con distintos frentes y se llevó tan en secreto como el mismísimo desembarco en Normandía. “La jueza citó a los responsables de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y al subdelegado del Gobierno aquella misma mañana en un restaurante de las afueras para avisarles de que se iba a producir todo aquel lío. Los tres acabaron imputados”.

La investigación la había comenzado la titular del juzgado de instrucción número 1, Pilar de Lara, en diciembre del año anterior  y no sé si el nombre con el que la bautizaron, Carioca, se debía al origen brasileño de buena parte de las víctimas, o porque así es como se llama en gallego a la pescadilla. El caso es que aquella instrucción se convirtió en el sumario del eterno retorno. Acabó generando 48 piezas separadas, y un volumen de folios insostenible en términos medioambientales. “La causa del Prestige tenía casi 300.000 páginas y 150 tomos, la de la Carioca 1.200.000 y 310 tomos. Llegó a haber casi un centenar de imputados y cerca de 400 testigos y los letrados iban a los juzgados con un disco duro externo para recoger la información”, recuerda Olarte. La Carioca, sin dejar de morderse la cola, generó, de forma más o menos directa, una docena de sumarios, como los casos Campeón o Pokémon, éste también instruido por De Lara. Entre los imputados, un ministro, un hijo de Jordi Pujol, varios exconselleiros y una que actualmente lo es, guardias civiles, policías, siete alcaldes (el de Ourense, el de Lugo y el de Santiago con todos los ediles de su grupo) y una miríada de concejales.

Todo comenzó en unos burdeles. Unos de esos tantos lugares de luces rojas que flanquean las carreteras y las cercanías de los polígonos industriales. El cabo primero de la Guardia Civil Armando Lorenzo Torre, miembro del Equipo de Personas y Emume (mujeres y menores), se presentó en uno como jefe de extranjería para hacer una redada. Él y un compañero fotografiaron a todas las mujeres, pero el teórico responsable de extranjería se fijó en una. Tanto que empezó a acosarla por teléfono y llegó a presentarse en su casa esgrimiendo su pistola como argumento de persuasión para conseguir favores sexuales. Pese a las advertencias de la encargada del prostíbulo, que la avisó de que la deportarían, presentó una denuncia. Efectivamente, la deportaron, pero aquella acusación, en diciembre de 2008, fue el detonante. Investigando, la titular del juzgado de instrucción número 1 llegó a la conclusión de que el cabo Armando Lorenzo Torre actuaba prácticamente como el responsable de recursos humanos de los prostíbulos del entorno de Lugo, tanto en lo concerniente a traslados como a reincorporaciones: llegó a presentarse en una casa de acogida –cuya ubicación desconocían hasta los voluntarios de Cáritas que las atendían– en la que se habían refugiado dos chicas que querían abandonar la prostitución para convencerlas de las ventajas de reanudar la actividad, o más bien, de los inconvenientes que les supondría dejarla. Según el sumario, Armando Lorenzo estaba en nómina en siete prostíbulos y se encargaba de dificultar la actividad de los de la competencia.

Entre los imputados, un ministro, un hijo de Jordi Pujol, varios exconselleiros y una que actualmente lo es, guardias civiles, policías, siete alcaldes 

Pilar de Lara también concluyó rápidamente que el cabo Armando no era la única oveja negra, y que la Benemérita no era el único cuerpo en el que las había. En unos terrenos cercanos al polígono industrial de O Ceao que había comprado Javier Reguera, un ordenanza del Ayuntamiento de Lugo y a la vez gerente de la concesión de la ORA, se erigió el que llegaría a ser el club más famoso de Lugo, Queens. Quien supervisó desde la colocación de los imprescindibles neones exteriores hasta la del parqué fue otro empleado municipal y presumible copropietario, según la jueza: el inspector de la policía local Ramón Vázquez Río. Según los testimonios de alguna de las mujeres que trabajaban en el Queens, además de controlar el rendimiento del local –“aquí se jode poco”–, el policía local se encargaba también de darles el visto bueno para que se incorporasen, y era su primer cliente. Muchas veces de uniforme, como doble alarde: de autoridad y de protección. Con traslado en el coche patrulla si hacía falta. Pero por muchas horas y dedicación que pusiera en el negocio Ramón Vázquez, en Queens había un king claro: José Manuel García Adán.

Adán (hay apellidos que hacen innecesario el resto del DNI) tenía por entonces 39 años. “Se crió en un burdel, y fue el oficio que aprendió de la forma más dura. Ya su padre había matado y prendido fuego a su madre”, señala Olarte. “Cuando se calentaba, era temible. Una vez, cuando era camarero del Eros [un club que ardió decenas de veces, por razones no establecidas], entraron dos tipos, le vacilaron y después se fueron. Él cerró el club, se fue tras ellos, los localizó en otro sitio y apuñaló a uno. Además al que no era, porque se había cambiado la cazadora con otro. De todas formas, no importó. Cuando fueron a detenerle, el cuchillo no estaba, pero sí el inspector de la policía local Ramón Vázquez, diciéndole que no se preocupase”, señala Olarte.

Cuando llegó a ser el dueño de Queens (y de otro club cercano, La Colina) Adán alcanzó la cima del paradigma del proxeneta. Hubo pupilas suyas que se tatuaron su nombre y que se peleaban por considerarse la favorita. Y a la vez tenía con todas un trato inhumano y con unas condiciones “laborales” extremas incluso para el sector. Desde multas por abstinencia laboral (aunque fuese por menstruación o enfermedad) hasta por sobrepasar la media hora con un cliente. Miles de euros en billetes al aire “para quien me la chupe” un día y palizas fuera de sí al siguiente. De hecho, la investigación por la desaparición de una prostituta llamada Ana incluyó el análisis de las paredes de su despacho para detectar restos de sangre (los había) y excavaciones que resultaron infructuosas. Adán solía acribillar a balazos una furgoneta abandonada en el recinto del club, con alguna de las pistolas que poseía. Las balas se las facilitaba otro policía, según la instrucción judicial.

“Impacta mucho escuchar de la propia boca de las mujeres lo que les pasa, la manera en la que viven. Ninguna de las que pasaron por allí, cerca de 400, dijo que había venido engañada, sabían a lo que venían, pero no las condiciones en que las que tendrían que hacerlo y las deudas desmesuradas que les imponían”, dice Olarte. Condiciones, deudas y otras cosas. Una de las mujeres, menor de edad, quedó embarazada de un cliente, un empresario de la construcción. La chica se negaba a abortar y el cliente recurrió al policía local Vázquez Río y éste a Adán. El proxeneta tenía dos cosas para acabar con el problema: imponía el suficiente miedo a la menor –“es mi problema porque es mi cliente”, acalló las protestas de la chica– y tenía a mano a un ginecólogo. El empresario solucionó su problema con 600 euros.

“Por Queens, o por La Colina, pasaba todo el mundo. Cualquier negocio de urbanismo se celebraba allí”, dice Olarte. De hecho, de las escuchas de la Carioca, y de los afanes del ordenanza municipal-gerente-propietario inmobiliario Javier Reguera surgió la Operación Pokémon, que diezmó a buena parte de las corporaciones locales gallegas. Y la Operación Campeón, instruida por otra jueza, Estela San José, también surgió de las conversaciones de otro gran empresario frecuentador del Queens. Lo extraño es que, en una ciudad tan pequeña como Lugo, de algo menos de 100.000 habitantes, todo esto no trascendiera. O que sí se supiese, pero no pasara nada.

el equipo de fútbol de la Policía Nacional lo patrocinaba un puticlub… era la normalidad. Hasta que llegó una jueza –o dos– con ganas de ventilar

“Claro que se sabía. Había una especie de connivencia… de corrupción moral, la sensación de que todo valía, no pagas las copas ni los servicios sexuales, te perdonan las multas, se hacía la vista gorda, el equipo de fútbol de la Policía Nacional lo patrocinaba un puticlub… era la normalidad”, resume Miguel Olarte. Hasta que llegó una jueza –o dos, con Estela San José– con ganas de ventilar. Y durante dos, tres, cuatro años, todo estuvo patas arriba. “Se interrumpió el servicio de extranjería, porque tenían miedo de dar o no los permisos, la administración local se paralizó porque nadie se atrevía a firmar un papel, nadie hablaba por el móvil…”. También hubo repercusiones personales para los informadores, además de la primera víctima habitual, la vida familiar. “Aparezco en miles de folios de los sumarios, recibí amenazas, el entonces alcalde me denunció por revelación de secretos, Pilar de Lara por obstrucción a la justicia, tuve meses el coche sin sacar del garaje, porque sabía que tenía detrás a la policía local… estás trabajando en la mierda y es difícil que la mierda no te manche”.

También es difícil aquilatar muchas veces qué debe salir y qué no. “Informar exige mucho medir que nadie se beneficie de lo que cuentas. Y al revés, que no salga nadie perjudicado injustamente. En los interrogatorios les enseñaban a las mujeres prostituidas cien o doscientas fotos de todo el mundo y les preguntaban quién era cliente y qué gustos tenía. Salían cosas muy duras y detalles muy sórdidos, pero que no eran delito, y nosotros no caímos en el juego de sacarlos. También tengo que agradecer que cuando le ponía encima de la mesa del director unos papeles que perjudicaban a un empresario que era anunciante, o al alcalde, nunca me los echó para atrás”. El reportero de sucesos-y-juzgados-malgré-lui hace una pausa y respira: “… Y total, para nada”. ¿Para nada? “Sirvió para algo en su momento, para el que cometiese abusos los pagara, pero hay imputados que llevan cinco años sin saber por qué lo son…, ha sido un poco como matar las moscas a cañonazos. Al principio, todo lo que salía en los autos era ley, y se publicaba, después empezabas a ver que no todo era así, pero que quizás lo hacía por algo, aunque no tuviera sentido. Al final, la frustración viene porque la sociedad depositó su confianza en la justicia y luego ha visto que la justicia no lo ha hecho bien”.

Cuando se van a cumplir diez años de aquel sismo judicial, de la docena de sumarios que se abrieron entonces, con casi 500 investigados, los que se han cerrado lo han hecho con apenas dos docenas de condenados. La Justicia, con mayúsculas, o sea el Consejo General del Poder Judicial, lleva también diez años resistiéndose a crear en Galicia una fiscalía anticorrupción. A los cinco del inicio de todo, en noviembre de 2014, el fiscal jefe de Lugo, Juan José Begué, de 44 años, que llevaba la acusación de Carioca, Campeón y Pokémon, apareció muerto en su domicilio y se determinó suicidio. La titular del juzgado de instrucción 3, la del Caso Campeón, Estela San José pidió el traslado. En Lugo se convocó una manifestación de apoyo a las juezas. A Pilar de Lara, después de varios apercibimientos por dilatar las instrucción de sus sumarios, el CGPJ la sancionó el pasado mayo por “desatención en el ejercicio de las competencias judiciales” con siete meses de suspensión –a pesar de que el fiscal solo pedía tres– lo que conlleva el cambio de juzgado. Las únicas victorias que ha tenido hasta el momento son algunas condenas a guardias civiles que la habían insultado en las redes sociales.

En lo que atañe estrictamente a la Carioca, a lo largo de esta década, la mitad de aquellas piezas desgajadas del sumario principal se han ido extinguiendo, de muerte natural (como alguno de los imputados) o judicial (por sobreseimiento o prescripción). En diciembre pasado, las dos fiscalas que se ocupaban de la pieza principal exculparon a tres policías locales y al policía nacional que se sospechaba era el encargado de permitir la entrada por el aeropuerto de Barajas de las mujeres prostituidas. La fiscalía reconoce que si el inspector de la policía Ramón Vázquez Río cobraba de Adán el alquiler del Queens o gestionaba las obras de reforma lo hacía como administrador de la empresa inmobiliaria propietaria del local, y si disfrutaba de servicios sexuales gratis en el burdel era como cliente particular, no como policía. También concluye que eran simplemente clientes sus dos compañeros de cuerpo imputados, uno de ellos miembro de la brigada nocturna y otro, amigo de Adán, que iba por allí a vender productos de limpieza y joyas. (El mismo criterio de la fiscalía, que eran clientes y no se prevalían de su condición de agentes, determinó también el sobreseimiento de funcionarios de cuerpos de seguridad en otras piezas de la trama). Tampoco consideran que haya pruebas para procesar al policía nacional de Barajas por no poder acreditarse que era el que ocupaba la “entrada 16” a la que tenían que dirigirse las mujeres al llegar al control de pasaportes, pese a que en su taquilla le encontraron los nombres de varias de ellas.

El pasado mes de abril, Pilar de Lara dictó auto de procesamiento contra cinco personas: el cabo de la guardia civil Armando Lorenzo Torre, acusado de más de 70 delitos (agresión y abuso sexual, cohecho, extorsión, omisión del deber de perseguir delitos y colaboración con la prostitución) y a su jefe superior, a García Adán y dos proxenetas más. Al cabo le solicita una fianza de 333.333 euros y a los demás de 15.000. Casi todos sufrieron prisión provisional, pero a día de hoy, el único que está en la cárcel es Adán, y por otro delito. En 2014 lo condenaron a 20 años y medio de prisión por maltrato habitual, lesiones, agresiones sexuales continuadas y amenazas a su entonces mujer. “Cuando lo detuvo la Policía Nacional, Adán entró en el cuartel diciendo en alto: ‘Tranquilos todos, que Adán no habla’. Y fue cierto, es el único que no ha abierto la boca”, cuenta Miguel Olarte, que también recuerda el momento del juicio, en el exterior de los juzgados, “cuando nadie se esperaba que compareciese porque todo el mundo sabía que iba a ir a la cárcel. Apareció y le dije que me sorprendía verle. ‘Miguel, si me condenan por esto me condenan por lo único que no he hecho. Si no vengo, ¿qué pasa con mi hija?’ [la hija pequeña de él y de la agredida], me respondió. Y se dedicó a calmar a todos los que estaban por allí”.

Mientras la sociedad, los imputados, Miguel Olarte y el resto de los informadores esperan que la Audiencia Provincial se pronuncie y fije el inicio de la vista oral, hay otras mujeres que vienen bajo quién sabe qué promesas, y continúan funcionando lugares en los que se cumple la legalidad o quizá no –prostitución coactiva, atentado contra los derechos de los trabajadores, inmigración ilegal…–, y se han abierto otros. El Eros, un antro en el que trabajó Adán y cuyo dueño fue también exonerado en otra pieza, permanece en ruinas al borde de la NVI, después de haber sido incendiado varias veces. Cerca está el ahora abandonado Queens. Los escasos vecinos se quejan ahora de que la maleza que crece en las instalaciones puede ser un nido de alimañas. De las de cuatro patas.

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El próximo Testigo de cargo se publicará el 21 de agosto.