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Empezamos a acostumbrarnos al triste espectáculo de barcos de salvamento cargados de náufragos africanos y asiáticos deambulando durante semanas por el Mediterráneo en busca de un lugar donde desembarcar. Los últimos han sido el Open Arms y el Ocean Viking, pero antes vinieron el Aquarius, el Sea Watch y otros. Si esta situación se repite tanto es porque está claro que tenemos un problema humanitario mal resuelto. De eso no cabe duda. En lo que hay menos consenso social es en identificar cuál es ese problema y cómo debe abordarse.

La confusión sobre las causas de este recurrente esperpento, a costa de la vida y la salud de los náufragos, parece convenir a muchos. Sobre todo a los gobiernos europeos que intentan hacer recaer las culpas sobre las organizaciones humanitarias que los rescatan en el mar. La ultraderecha italiana y española las acusa directamente de colaborar con mafias de la inmigración y formar parte de un entramado criminal que en su opinión aspira a traer a nuestros países a millones de africanos. El Gobierno español, por su parte, no llega a tanto pero sí niega sistemáticamente a las naves humanitarias los permisos para dedicarse a esta actividad y, cuando lo hacen, les amenaza con multas millonarias.

Resulta imprescindible entender qué está pasando realmente. Es lícito preguntarse si es cierto que las ONG tienen que dedicarse a rescatar a estos náufragos y, si es así, bajo qué marco jurídico han de hacerlo. Igualmente lo es interrogarse sobre la responsabilidad de los Estados europeos en su conjunto e individualmente, tanto desde el punto de vista político y humanitario, como desde el jurídico.

Ahora la misión Tritón se limita a sobrevolar el mar y, cuando ve un naufragio, informa a las autoridades, pero no hay nadie que acuda al rescate

La respuesta a todas estas preguntas exige remontarse al comienzo de esta “crisis humanitaria” en el Mediterráneo central. La ruta que lleva a migrantes desde Libia a las costas de Sicilia se usa desde finales de los años noventa, al igual que sucede en el Estrecho. Sin embargo, a partir de 2014 sufre un fuerte incremento: en 2010, 4.000 personas utilizaron esta ruta, frente a los 170.000 de 2014. En esa primera época las barcas de refugiados raramente llegaban por sí solas a Italia. La guarda costera y otros cuerpos estatales italianos patrullaban las costas cercanas a Libia y fueron quienes recogieron a los náufragos. En esa época también hubo denuncias de devoluciones ilegales de migrantes en alta mar, de personas que habían manifestado su deseo de solicitar asilo. Esa práctica implicó incluso una condena a Italia por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En todo caso, es a partir de la guerra en Siria, y tras el acuerdo entre la UE y Turquía que puso fin a la oleada migratoria hacia Grecia, cuando los ojos de la opinión pública y los gobiernos europeos se vuelven hacia Italia y el Mediterráneo central. 

A finales de 2014 se decide dar una respuesta europea que dé el relevo a la italiana. Se pone en marcha la operación Tritón en la que participa España. Se envían a patrullar el Estrecho de Sicilia barcos militares de todos los países que rescatan a miles y miles de náufragos. Así, hasta hace muy poco no hacían falta barcos de rescate de ninguna ONG porque lo hacían los gobiernos europeos. Hasta hace un par de años, nuestros gobiernos entendían que rescatar a los náufragos era una obligación humanitaria. Y lo hacían. Nadie insinuó entonces que nuestros militares destinados en naves frente a Libia estuvieran concertados con las mafias de la inmigración.

Cuando el Ministerio de Fomento español prohíbe que el ‘Open Arms’ o el ‘Aita Mari’ zarpen al rescate de náufragos es porque nuestro Gobierno ha decidido colaborar en dejar que muchos migrantes mueran ahogados

¿Qué ha cambiado para que las autoridades no solo dejen de hacerlo sino que incluso persigan a quién intenta un rescate? Por parte de los migrantes y refugiados, nada. La desesperación por huir de una situación insoportable hasta el punto de jugarse la vida en ello sigue inalterada. Por parte de la Unión Europea, la misión Tritón continúa en vigor, lo que sugiere que la conciencia de que hay un deber humanitario de rescate sigue ahí. Lo que ha cambiado solo tiene una explicación: ha triunfado la idea de que hay que frenar el flujo de migrantes y de que el mejor modo de hacerlo es dejar que muchos de ellos mueran ahogados para desincentivar al resto. Este convencimiento no lo verbalizan porque no están dispuestos a reconocer en público el grado de inhumanidad y depravación al que han llegado. Pero lo expresan, sobre todo, mediante tres medidas: retirar los barcos militares de rescate, dar a Libia supuestas competencias de salvamento y bloquear los barcos de las ONG.

La primera medida para poner en práctica la política de “dejar que se ahoguen” fue retirar los barcos militares de rescate. De un día para otro, el año pasado, retiraron los buques y los sustituyeron por aviones de reconocimiento. Ahora la misión Tritón se limita a sobrevolar el mar y, cuando ve un naufragio, informa a las autoridades, pero no hay nadie que acuda al rescate. Al mismo tiempo, se creó una nueva zona de salvamento y rescate, responsabilidad del Gobierno libio. En virtud de un acuerdo internacional, y de manera inmediata, la zona marítima en la que cualquier emergencia estaba coordinada por el Gobierno italiano pasó a estar coordinada por Libia. Como este es un Estado fallido en descomposición extrema, cuando un barco llama a su servicio de rescate pidiendo ayuda, rara vez responde nadie el teléfono. Si lo hace, no hay auténticos guardacostas o servicios de rescate, a lo sumo un cuerpo paramilitar con tendencia mafiosa que registra o tirotea impunemente a cualquier barca con inmigrantes.

De esta manera, nuestros gobiernos han puesto en marcha todo lo necesario para dejar voluntariamente que se ahogue el mayor número de migrantes posible y desalentar a cualquier candidato que quiera echarse al mar. El único cabo suelto son los barcos de las ONG. Son los únicos que pueden impedir que mueran miles de personas. Por eso mismo, los gobiernos europeos intentan impedir que salgan al mar. Cuando el Ministerio de Fomento español prohíbe que el Open Arms o el Aita Mari zarpen al rescate de náufragos es porque nuestro Gobierno ha decidido colaborar en dejar que muchos migrantes mueran ahogados. Así de simple. Inventan trabas burocráticas y exigencias de calidad, pero el objetivo político de la UE es que no haya rescates: la muerte de personas.

Constatar esta realidad es terrible, pero son los tiempos que vivimos. Por convencimiento o por respeto a la decisión común europea nuestro Gobierno colabora con esta política. Cuando, pese a todo, alguno de estos barcos se salta las normas administrativas, se echa al mar y rescata gente, los planes de la UE sufren un traspiés. Una vez que los náufragos están en la cubierta de la nave de una ONG europea, la cosa cambia. No para el Gobierno ultraderechista italiano que, pese a todo, se desentiende de esas personas rescatadas y les niega el acceso a un puerto seguro,  pero sí para el nuestro, por fortuna. El socialista Pedro Sánchez no ha llegado aún al punto de saltarse las normas internacionales de salvamento y asilo. Está dispuesto a permitir que se ahoguen, pero si no lo hacen y son rescatados, intenta mostrar un mínimo de humanidad frente a sus electores.

Con esta perspectiva y estos datos resulta más fácil entender el reciente enfrentamiento entre la ONG Open Arms y el Gobierno de España. La ONG no tenía permiso para zarpar si se dedicaba a rescatar náufragos. No es que un barco necesite un permiso especial para rescatar a un náufrago con el que se cruce. Eso debe hacerlo obligatoriamente conforme a un buen número de convenciones internacionales. Pero, efectivamente, si quieres dedicar tu nave al rescate y transporte de personas, necesitas dotarla de unos servicios que son revisados por el Ministerio de Fomento… incluso si este no quiere autorizarlo porque quiere impedir que nadie salve la vida de esos náufragos. Así que si la nave de Open Arms zarpó para dedicarse al rescate de personas sin tener los permisos que autorizan esa actividad, eso fue un acto de desobediencia civil y seguramente se le pueda imponer una multa, tal y como amenazó la enfurecida vicepresidenta Carmen Calvo. No por rescatar a un grupo u otro de náufragos, sino por dedicarse expresamente a esa actividad y solo si el Gobierno lo demuestra. En este caso, además, la organización humanitaria ha jugado estratégicamente contra los intereses del Gobierno español –que ahora quiere hacérselo pagar– a la hora de decidir un puerto de desembarco conforme al derecho en vigor (que sea un lugar seguro y donde los demandantes de asilo puedan ser protegidos). La multa es posible, pero sólo pone más en evidencia la postura española favorable a que nadie rescate a los migrantes que naufraguen.

Sin embargo, la multa no es la cuestión esencial. Los árboles deben permitirnos ver también el bosque. Lo fundamental es que los gobiernos europeos, incluido el español, han decidido que tiene que ahogarse un número significativo de migrantes provenientes de Libia. No son capaces de acordar una política migratoria coherente que enfrente el problema ni de explicar a la opinión pública el escasísimo impacto real en nuestras sociedades de este tipo de migración, y han optado por la más inhumana.

Es, pues, el momento de decidir si como sociedad aceptamos que hay que dejar morir en el mar a miles de personas o no. En términos éticos esa es  la única pregunta relevante. Las políticas españolas tienen que ser coherentes con lo que se responda a ella. O los rescatamos, o permitimos que se ahoguen. No hay otra.

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Joaquín Urías es profesor de Derecho Constitucional, exletrado del Tribunal Constitucional.