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El pasado 29 de julio pasará sin duda de forma destacada a la historia más oscura de nuestro país, y, particularmente, de la ciudad de Madrid.

Ese día, el Ayuntamiento de Madrid aprobó de forma provisional la operación Chamartín en su actual versión denominada ‘Madrid Nuevo Norte’. Ese acto permitirá la entrega, por parte de nuestro gobierno y a precio de saldo, de una gran pieza estratégica de suelo público, perteneciente en su mayor parte a RENFE-ADIF, a un banco privado, el BBVA (mediante la sociedad Distrito Castellana Norte –DCN–, donde además participa minoritariamente la constructora San José), para que este perpetre el pelotazo del siglo.

Los caprichosos hados han propiciado que, ese mismo día, ese mismo banco haya sido imputado como persona jurídica por un juez a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, en el marco de la investigación de las actividades mafiosas tramadas por el expresidente de la entidad (Francisco González) con el expolicía delincuente-conseguidor, José Manuel Villarejo.

Además del banco como entidad, también han sido imputados ocho de sus directivos, entre los cuales –otra casualidad no tan casual– está el presidente sempiterno de DCN, Antonio Béjar, cesado un par de días antes y acusado, además, de destrucción de documentación relacionada con el caso Villarejo.

La espiral de noticias iniciada ese 29 de julio prosigue con la filtración de que BBVA ha puesto en venta sus derechos en esta operación sin haber pagado aún nada por ellos –pago para el que Renfe le ha concedido el generoso plazo de 20 años–. Confirmando así que lo que el banco perseguía era un objetivo rigurosamente especulativo: retener el suelo hasta conseguir, mediante corruptelas y favoritismos, el incremento de los derechos de edificación sin mover un metro cúbico de tierra ni arriesgar un euro –salvo los gastos en intoxicación mediática/publicitaria–, revalorizándolo así exponencialmente; hacer caja y quitarse de en medio. Y, por supuesto, que cada uno de sus artífices, empezando por el inefable González, pudieran embolsarse sus correspondientes y suculentas comisiones.

Para el banco, tras 25 años, esto es lo que da de sí la Operación Chamartín. Para Madrid, han sido 25 años de vacío urbano y paralización para desembocar en un atentado urbanístico mayúsculo.

Un poco de perspectiva para abarcar la magnitud del caso

Situémonos en 2015, en el ilusionante inicio de la legislatura del ‘cambio’ protagonizada por la candidatura de Ahora Madrid y personificada en la alcaldesa Manuela Carmena. ¿Quién podría imaginar que 4 años más tarde nos encontraríamos ante el actual panorama? O sea, este panorama:

Una corporación municipal en manos del PP y C’s apoyada por un partido neofascista (Vox), con una oposición compuesta por una agrupación de izquierdas (Más Madrid) que representa a la parte de la antigua Ahora Madrid fiel a la exalcaldesa Carmena –quien, por su parte, ha renunciado como concejala–, más el grupo socialista.

Una propuesta para la Operación Chamartín pergeñada y aprobada por la corporación de Ahora Madrid en connivencia con ADIF-Ministerio de Fomento y DCN contra el criterio de numerosos colectivos vecinales y ecologistas –3.500 alegaciones aún no respondidas– y de una parte del mismo grupo de AM, aprobada ahora en segunda instancia (provisional) por unanimidad.

Como por arte de magia, nos han ‘birlado’ al mismo tiempo el ayuntamiento y una pieza fundamental de nuestra ciudad; un banco se ha lucrado con esta, nos han legado un diseño urbano esperpéntico contra todo criterio de sostenibilidad y equidad, y todas las autoridades que deberían velar por nuestro patrimonio y nuestro bienestar han doblado servilmente la cerviz ante el poder financiero.

Esa ceremonia de despropósitos está también cuajada de paradojas: La propuesta que, se presentaba por el gobierno municipal anterior como un gran triunfo ‘progresista’, frente a la herencia del Ayuntamiento de Ana Botella, ha sido asumida sin matices y como máxima prioridad por el nuevo equipo PP-C’s, herederos-continuadores de aquella.

Dimensión política de la operación

Mucho se ha hablado y se hablará de esta operación en términos urbanísticos, pero el panorama descrito demuestra que hace tiempo que desbordó este marco para adquirir una dimensión política de primer orden que, a la vista de los últimos hechos, no hace sino expandirse y ramificarse.

El efecto de corrosión política del pelotazo Chamartín empezó por resquebrajar el grupo municipal de Ahora Madrid, continuó agudizando la confrontación entre candidaturas supuestamente afines a las elecciones locales madrileñas de este mismo año, y desembocó en la pérdida de mayorías tanto en el Ayuntamiento como en la Asamblea regional, permitiendo el acceso al poder del llamado trifachito.

La última onda expansiva del pelotazo Chamartín ha alcanzado a la negociación de la investidura del gobierno central entre PSOE y Unidas-Podemos, por la denuncia penal que los grupos de IU y UP en la Asamblea de Madrid han interpuesto contra los responsables políticos y empresariales de las sucesivas transacciones ADIF-DCN. 

La onda expansiva del pelotazo ha alcanzado a la negociación de la investidura del gobierno entre PSOE y UP, por la denuncia penal que los grupos de IU y UP en la Asamblea de Madrid han interpuesto

En el fondo, esta operación urbanística, con sus avatares y ramificaciones, constituye una metáfora bastante ajustada de la realidad política en nuestro país, con la larga sombra de la doble corrupción, económica e ideológica, ensombreciendo el horizonte. Y con la pleitesía rendida al poder, el financiero en primer lugar, el de esos bancos que nos hundieron en la crisis con su codicia, y que luego hemos rescatado con el dinero de todos para que sigan esquilmándonos con las hipotecas y echándonos a la calle cuando fallamos en los pagos.

Si la corrupción económica suele ser taimada y difícil de detectar a primera vista, la corrupción ideológica, por el contrario, es epidémica y acusa afán de notoriedad. Especialmente densa en este caso por parte de los publicistas del pelotazo, desde los responsables del anterior Ayuntamiento al ya citado expresidente de la concesionaria DCN, con sus discursos de urbanismo progresista fake, que combina aleatoriamente términos biensonantes vaciados de contenido o adulterados: sostenibilidad, movilidad, compacidad, eficiencia, inclusión…

Esa corrupción se prolonga en las exhibiciones de cinismo a las que asistimos en estos días: un ministro Ábalos que pretende desentenderse del contenido de esta operación y se sorprende de estar incluido en la querella penal interpuesta por UP-IU, cuando Adif, bajo su mando, ha firmado la enésima renovación del contrato con DCN hace unos pocos meses; un exdirector de ‘desarrollo urbanístico sostenible’ y muñidor del pelotazo, José Manuel Calvo, que opina que MNN puede ser un modelo, no solo de sostenibilidad, sino incluso de decrecimiento –con más de 20 torres estilo ‘Florentino’ (prolongación de la Castellana) y una enorme losa de hormigón a modo de parque, aparte de cuantiosas infraestructuras y edificaciones en perfecto estado de uso que la propuesta pretende laminar–; unos concejales de Más Madrid entonando sermones de realismo político… y la letanía autoexculpativa que sin duda continuará.

Ni era inevitable, ni sus autores carecen de responsabilidades (incluso penales)

En contra de lo que se ha argumentado por la anterior corporación municipal, en particular por su alcaldesa, la herencia del anterior Ayuntamiento no obligaba a seguir con el modelo de gestión de esta operación, a través de una sociedad privada, ni con el modelo urbanístico extractivo que esta había impuesto. 

La debilidad de la posición de DCN-BBVA en la operación, con informes internos de Adif desde 2001 que cuestionaban su gestión y recomendaban la terminación de la concesión, y la posibilidad de no renovar su contrato a finales de 2018, permitían replantear la operación sobre bases nuevas sin coste para el erario público. Bases que permitían abordar la compleción de la ciudad en este ámbito –objetivo que no se ha discutido–, pero a partir del interés general: la reforma de la estación ferroviaria y las demandas de los barrios del entorno, así como los objetivos medioambientales (renaturalización urbana) y sociales (vivienda pública social) que requiere la ciudad.

Conviene quizás insistir en este último aspecto: se ha vertido mucha demagogia sobre la inexistencia de opciones frente al pelotazo, y sobre el irrealismo y negativismo de las posturas opuestas a este. El hecho es que la mayoría de entidades y personas que rechazamos MNN recibimos favorablemente la primera propuesta del Ayuntamiento de Ahora Madrid, ‘Madrid Puerta Norte’ (a mediados de 2016) porque entendimos que esa sí suponía una mejora cualitativa respecto de la diseñada bajo el gobierno municipal del PP.

Madrid no tiene al parecer quien la defienda… en las instituciones. Fuera de estas, somos mucha gente quienes la defendemos y defenderemos, en la calle

En términos de responsabilidades –políticas y de las otras–, tanto la dirección de Fomento y ADIF como los cargos del ayuntamiento, además de los de DCN-BBVA, son efectivamente conocedores y culpables del mal uso y privatización de bienes públicos, de haber convertido esta operación en un agujero especulativo-financiero opaco, de un urbanismo insostenible de ejecución incierta y, por cierto, de costes igualmente inciertos para las administraciones públicas, como no ha podido evitar señalar la Declaración Ambiental Estratégica emitida por la Comunidad de Madrid en mayo pasado.

Culpables también, en el plano de las políticas urbanas, de perder una oportunidad única para demostrar que otro urbanismo es posible y que el derecho social a la ciudad no es solo el título de un libro viejuno, un arcaísmo en la distopía neoliberal.

Si las instituciones capitulan, la sociedad defenderá a Madrid contra la especulación

Resulta inquietante la ausencia absoluta de una oposición a esta operación en el nuevo Ayuntamiento; nadie hay en ese Pleno que ofrezca su voz a colectivos como Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos o la Plataforma de la Zona Norte, y a formaciones políticas como IU y Podemos, que han denunciado penalmente la operación. Inquietante, sí, esa carencia de representatividad social y pluralidad ideológica de una corporación local.

Por su parte, el Ministerio de Fomento, propietario mayoritario del suelo y contratista del banco, se pone de perfil como ya se ha dicho, como si el tema no fuera con él. Finalmente, para que nadie falte al banquete, la Comunidad de Madrid es la llamada a aprobar definitivamente el expediente (ahora en tramitación) que habilita la operación (técnicamente se trata de una modificación del Plan General de Madrid), aprobación que se da por descontada por su afinidad ideológica y de intereses tanto con el gobierno municipal como con el promotor-beneficiario del pelotazo.

En suma, Madrid no tiene al parecer quien la defienda… en las instituciones. Fuera de estas, somos mucha gente quienes la defendemos y defenderemos, en la calle, en los colectivos, en los medios, en los tribunales… haremos como propone Eduardo Mangada en El Confidencial, y cavaremos trincheras culturales, políticas y jurídicas, capaces de parar este ataque a nuestra ciudad.

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Luis Suárez Carreño es urbanista. Miembro de Ecologistas en Acción.