Procesando la sentencia (III)
Y en un principio fue la nada
El itinerario judicial que ha llevado a esta sentencia
Guillem Martínez Madrid , 14/10/2019
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LAS SENTENCIAS POLITIZADAS LAS CARGA EL DIABLO. En el momento en el que usted está leyendo estas líneas ya se ha hecho pública la sentencia al procés, que yo desconozco en el momento en el que estoy escribiendo estas líneas. Será preciso leerla, estudiarla, comentarla en red y con el máximo de inteligencias implicadas para saber, independientemente de los cargos y condenas que contempla, si esta politización intrínseca de la justicia supone un jalón en el sistema judicial. En el ínterin, puede ser edificante ver el recorrido jurídico en el que todo eso llamado ‘procés’ ha dado paso a esta sentencia, y no a otra.
LA NADA. El procés es una cosa rara. Implica una desobediencia extraña, producida en los días 6-S y 7-S, y chorrocientas, si contamos los requerimientos enviados por el TC a diversos líderes de aquellos días. Es extraña porque, antes que el delito de desobediencia, se merece el Oscar a la desobediencia. A saber: todo lo afirmado, incluso las dos únicas leyes rupturistas aprobadas los días 6-S y 7-S, no llegó a ser aplicado. Ni un solo instante. El cúlmen de todo ello es la DUI fake del 27-O, básicamente, una llamada al orden internacional para que nadie reconociera la ni siquiera proclamada República Cat, porl la gloriarl de tu madrerl, y un hecho, sin valor jurídico, emitido para autoconsumo de los votantes de procesismo, esa sensación de vivir. Entre el 6-S y 7-S y el 27-O se produjeron altercados, por otra parte, más propios de una manifestación que de la conquista del Palacio de Invierno, y cuyas puntas, como el 1-O, parecieron animadas –de manera coordinada o descoordinada, por decisión o por incompetencia–, por las fuerzas de seguridad del Estado. Lo sucedido en septiembre y octubre de 2017 es, visto lo visto, una escalada verbal de lo verbalizado desde 2012, cuando se empezaron a verter mentiras de una manera intensa y novedosa. Mentir, estafar a la sociedad, emitir declaraciones polémicas, incluso ir verbalizando con todo ello una derecha populista, nacionalista posdemocrática, no es delito. ¿En qué momento, y bajo qué presupuesto y razones, se produce en Esp ese exotismo de decidir juzgar a un grupo de políticos por mentir a su sociedad? Pues todo eso empezó, oficialmente, el 27 de enero de 2017. Mucho antes de los hechos, por otra parte. Y la cosa haría reír, si no hiciera llorar.
¿En qué momento, y bajo qué presupuesto y razones, se produce en Esp ese exotismo de decidir juzgar a un grupo de políticos por mentir a su sociedad?
QUÉ RISA, MARIALUISA. Desde 2012 se sucedían por todo el territorio cat actos, conferencias, organizados por las dos entidades progubernamentales ANC y Òmnium –ser una asociación gubernamental no solo no es delito, sino que es paisaje en Esp–. Esas conferencias tenían la función de crear un star system procesista, mediático. Por lo mismo, suponían la creación, y la subvención, de profesionales en la comunicación, y la presentación en sociedad de nuevos políticos. Pero, glups, en esos actos también a) se reformulaba la historia de Cat –una potencia mundial que había creado la bandera USA o había descubierto América, continente en el que desde entonces se habla cat por los codos; una cultura cosmopolita, alejada de la cerrazón castellana, que había escrito, castellanizando el nombre de sus autores, todo el Siglo de Oro esp; sí, la cosa era un tanto supremacista–, b) se definía la política lingüística del Estado futuro –es decir, se creaban marcos inquietantes para el presente, sin minorías; sí, la cosa era un tanto supremacista– y, c), para animar el cotarro, se explicaban, en abierto y con acopio de detalles, los planes secretos del Govern para hacer, de manera sencilla, pacífica e imparable un nuevo Estado –Esp no sabría reaccionar, debido a su IQ medio; sí, es un tanto supremacista–. El resultado era hilarante. Haber hablado de ello hubiera supuesto explicar a la sociedad que, debajo de la propaganda, no había nada, salvo la creación de un nuevo marco para el catalanismo conservador. Supremacista. Muy pocos periodistas lo hicieron. Por lo que sea, unos apostaron por hablar de órdago y golpe de Estado, y otros de movimiento por la autodeterminación. Sólo se interesó por esos actos la extrema derecha y el nacionalismo esp, que colgó grabaciones de chorrocientos de estos actos en Youtube. Lo que desactivó su difusión. La pregunta del millón es por qué no hicieron eso las izquierdas cat, alejadas del nacionalismo esp y cat y, en aquel momento al menos, sensibles al derecho de autodeterminación, tan sometido a pitote en aquellos guateques. Bueno. Uno de los escasos periodistas que fiscalizó el procés, desde El País Catalunya, se comió con patatas esas grabaciones colgadas en la red. E hizo un artículo al respecto, aparecido el 27 de enero de 2017.
LA PRIMERA PIEDRA. El periodista hizo bien su trabajo. Describía una conferencia de Santiago Vidal, entonces senador por ERC y juez, en aquel momento suspendido de la carrera por haber redactado una constitución cat en sus ratos libres –lo que no es delito; cualquiera puede hacer un texto constitucional en su casa; hay muchas constituciones que, snif, parecen eso–. En su conferencia, el juez se venía arriba. No podía parar. Empezó a improvisar en su afán para demostrar que la Gene era tan milimétrica como la NASA, pero por lo civil, y que la cosa iba en serio y estaba planificada que tiraba de espaldas. En la jam session llegó a explicar que la Gene ya tenía los datos fiscales de todo cristo, o que disponía de un listado de jueces fieles o infieles a la patria, que sería utilizado el day after. El periodista de El País hizo su trabajo. Dibujó una estafa política y/o una cultura democrática escasa. La extrema derecha, en la dirección opuesta, hizo el suyo. Ese mismo día, el abogado Miguel Durán y algo muy parecido, llamado Vox, presentaron una denuncia en el Juzgado 13. Vox, por cierto, por esa época emite otra denuncia a Puigdemont. Por rebelión. Sintomáticamente desestimada. Esta nueva denuncia Durán & Vox es por revelación de secretos. Y, ya lo veremos en breve, iniciará la bola de nieve que culminará en el juicio en el TS y en otros juicios futuros en otras instancias. ¿Por qué, en la vida cotidiana esp nadie denuncia hechos más reales, como una reforma constitucional exprés, una ley mordaza? ¿Por qué la sensación es que esas denuncias serían desestimadas? ¿Por qué la derecha denuncia o se presenta como acusación sistemáticamente?
La torpeza para responder a las detenciones, por parte del procesismo, y la torpeza de la actuación policial fueron básicas para poder formular, en el futuro, el tumulto que requiere la cosa sedición
El 13. De los 33 juzgados de BCN, el 13 era el único en el que prestaba sus servicios Juan Antonio Ramírez Sunyer, un juez no inscrito en ninguna asociación del ramo. En su trayectoria, no obstante, brillan con luz propia diversas actuaciones contra el movimiento okupa barcelonés, contra anarquistas, así como un intento de empure al entonces director general de los Mossos por una pitada al himno esp en el Camp Nou. Wala. Si bien no se pueden adjudicar diligencias sin presos a un juez que haya entrado o salido de una guardia en las 72 horas previas, lo que era el caso, el juez se queda con la denuncia. Y le da candela. En breve serán tres los investigados –a Santiago Vidal se suman Josep Lluís Salvadó y Carles Viver Pi-Sunyer. Aplica el secreto de sumario. Lo que equivale, en una investigación abierta, a aplicar escuchas telefónicas y seguimientos. El resultado es un número llamativo de grabaciones telefónicas. Mi favorita, una en la que Salvadó, el segundo de Junqueras en Economía, llama a otro ideólogo para explicarle que en cuatro días iba a ser el 1-O, y lo más caliente estaba en la nevera. Que no hay nada. Que “cualquiera con dos dedos de frente lo sabe”. La preocupación del político y de su interlocutor, no obstante, no es esa, sino que los exconvergentes lo sepan y lo aprovechen en las futuras elecciones. La investigación del 13, vamos, descubrió que aquí no había nada, salvo miseria, propaganda y chicken game. Pero sus conclusiones parecen elidir eso. El 20-S, son el juez y el juzgado los que inician los registros en BCN para parar el referéndum. En total, son 14 detenciones de cargos gubernamentales. Alguno de ellos tuvo que ser atendido por ataque de ansiedad, un indicio de que no se esperaban todo eso, pues no disponían de absolutamente ningún plan o recorrido. No se consideraban una amenaza, por lo que no se consideraban en peligro. Sólo tenían declaraciones, como las de Santiago Vidal. La torpeza para responder a las detenciones, por parte del procesismo, y la torpeza de la actuación policial, incluso en su forma de comisión judicial, fueron básicas para poder formular, en el futuro, el tumulto que requiere la cosa sedición. Entre otros apriorismos, este juzgado depuró como prueba la Moleskine de Jové –una serie de impresiones delirantes, sin planes, sin planificación alguna, ni capacidad para acceder a ella–, y el documento Enfocats, una conferencia Vidal-system, pero en formato Power Point. Juan Antonio Ramírez Sunyer fue recusado del caso ese mismo mes de septiembre. Fue sustituido, pero la investigación del 13 continuó. El juez que puso la primera piedra de la sentencia que conocemos hoy murió en noviembre del año pasado. Unas semanas antes, recibió una carta de Carlos Lesmes, presi del CGPJ, en la que le agradecía su gesta, su “servicio a la Justicia, al Estado y a España” –indicio de algo que está pasando: para el presi del CGPJ, esas tres cosas son diferentes, y se sirven desde la justicia. Lesmes proseguía: “Eres la medida de todos nosotros”. Y agrega un “has cambiado la Historia de este país”, algo que igual resulta ser también cierto.
PROSIGUE EL FESTIVAL. Cuando Ramírez lo deja, la cosa está en los delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación. Poco para lo que el procesismo ha anunciado. Mucho para lo que efectivamente ha hecho. La Fiscalía Superior de Catalunya se interesa por el caso. Abre investigación. Por menos delitos. La rebelión y la sedición, en todo caso, ni están ni se les espera. Por exigencia legal, la Fiscalía no puede investigar en una causa abierta en un juzgado, por lo que cede al 13 toda su información. En breve, la información del Juzgado 13 será clave en la querella que prepara Maza. Maza –fallece en noviembre del 2017– participa en todo esto poco tiempo, pero de manera intensa.
LA REBELIÓN, PARA EL QUE LA TRABAJA. Adscrito a la conservadora Unión Judicial Independiente, exmiembro de la Sala Penal del TS, y exvocal del CGPJ, José Manuel Maza, entonces Fiscal General del Estado polémico –fue reprobado por el Congreso en mayo de 2017 por el Caso Lezo; acusados él, el ministro del ramo, Rafael Catalá, y el Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix de favorecer a cargos PP; la crisis se solucionó con la dimisión de Moix–. Empezó a investigar la cosa cat a principios de octubre de 2017 –1-O, referéndum; 3-O, discurso del rey y la demanda de utilizar todos los recursos para detener el desafío cat, aquel que Salvadó decía que, si tenías dos dedos de frente, etc.–. Para el día 31 no presenta una querella al respecto, sino dos. Lo llamativo son los cargos. Rebelión, sedición y malversación para Puigde, 13 exconsellers, Forcadell (la presi del Parlament) y otros cinco miembros de la Mesa. Es un giro cualitativo importante. También es sorprendente que, para enmarcar el “levantamiento intimidatorio y violento” contra la Constitución y para “romper la organización territorial del Estado”, se retroceda a dos años antes de los hechos de septiembre y octubre del 2017, hasta el 9-N de 2015. Es decir, hasta una resolución parlamentaria –el grado cero de los textos parlamentarios; un crecepelo; humo–, escrito y votado, además, para conseguir, en su día, que la CUP votara a Artur Mas como presi. Para más cachondeo, no lo consiguieron. Con estas dos querellas se le da grado de realidad a una entelequia de declaraciones y a una punta propagandística. Tan comunes en Esp que se diría son una región importante de la cultura política esp. Para todo ello, la querella especifica estar fundamentada en declaraciones públicas de los acusados, conocidas por todos a través de los medios. Aquellos medios que no fiscalizaron ni al procés ni al Estado durante la juerga. Por lo mismo, se le da grado de enemigo equiparable al Estado, y a su altura, a ese grupo de propagandistas que, básicamente, engañaron a su sociedad. Son, ahora, los enemigos públicos número 1. Los ases de la baraja. La irrupción de la rebelión y sedición no fue, en todo caso, sencilla.
LOS PIONEROS. Maza, por ejemplo, no recibió un especial apoyo y colaboración de la fiscalía cat, que en su día, cuando investigó el tema, no vio esos cacharros. Recordemos que el TSJC rechazó, en su día, una demanda de Vox a Puigde por rebelión. Tampoco la vio, en su día, en tiempo real, el Gobierno, que no declaró el Estado de excepción, y que solucionó la cosa, básicamente, con medidas emitidas por el Consejo de Ministros, y con una multa emitida por el TC. El 155, a su vez, consistió en una lectura extensiva del 155, más parecida a la propuesta del ponente Fraga que al texto actual del 155, un calco de la consti alemana, en la que aparecía como una medida rápida y poco aparatosa ante una desobediencia concreta, no ante una rebelión o una sedición apañada. No obstante a su novedad, e incluso a su realidad, la cosa rebelión no suscitó especial cara de póquer en los dos destinatarios de las dos querellas. Pero sí en el mundo judicial. El 23-N, de hecho, aparece un manifiesto, firmado por casi 400 juristas, la mayoría catedráticos de derecho, que se oponen a la prisión preventiva –en aquella fecha, ya era un hecho–, y a las categorías rebelión y sedición. La incorporación de esas dos figuras se opone a la sentencia 199/1987 del TC, afirman. Estas acusaciones “abren la puerta a la banalización de unas figuras prácticamente inéditas en democracia y con un pasado de triste recuerdo, razón por la cual el legislador de 1995 las restringió para casos de una materialidad lesiva claramente superior a la actual”.
La incomprensión en Europa ante la cosa rebelión, perceptible en el fracaso de las euroórdenes, suscitó una suerte de nacionalismo judicial
GRANDES APORTACIONES. Los dos destinatarios de la querella de Maza fueron Carmen Lamela/AN y Pablo Llarena/TS. Es decir, en la AN se agrupan los acusados no aforados, y en el TS los acusados de la Mesa que, una vez disuelto el Parlament y al pertenecer a la Diputació Permanent, siguen aforados. Es importante, en todo caso, que se desestimara presentar la querella donde correspondía, que es el TSJC, el lugar de aforamiento de los parlamentarios cat, y la instancia en general más natural en este caso. Pero que, snif, previamente se había pronunciado implícitamente en contra de la figura de la rebelión. El TSJC asiste a ese alejamiento de la causa que pudo haber sido suya con relativo alivio. Tras el juicio a Artur Mas por desobediencia en el TSJC, en 2016, y las manifestaciones, frente a su portería, de 20.000 personas diarias, no querían repetir la experiencia. Por su parte, Maza evita el TSJC argumentando que los hechos investigados exceden el territorio cat. Para ello se alude a la internacionalización del conflicto, ya sea porque el Govern contrató una consultora USA para sus cosas, o ya sea porque en el procés recibió apoyos personales de Assange y de Yoko Ono –nada puede acabar bien cuando participa Yoko Ono–. Se comenta menos que los cargos de rebelión y sedición, por sí solos alejan la cosa del TSJC, y los aproximan al TS/AN, y a condenas más duras, como bien saben los acusados: en 2012, y con el fin de aumentar penas, la Gene y el Parlament llevaron a la AN el caso Encerclem el Parlament. En la querella, que ya formula grandes tendencias del futuro que sellará la sentencia publicitada hoy, no se especifican, no obstante, medidas cautelares. Eso ya sucede en la siguiente casilla. Agárrense y aparten a los niños. Un dato inquietante: en la querella de Maza ya esta presente, es decir, diseñado, el futuro. A saber: encarcelamiento de los detenidos por parte de la AN, y acumulación posterior de la causa en el TS. La querella es, por tanto, una astucia barroca, un plan, una coordinación de organismos judiciales.
LAMELISMO Y LLARENISMO. Antes del 31-O, cuando Maza le presenta la querella, Lamela ya participa en la cosa. El 17 del mismo mes, la jueza ha pedido prisión preventiva para Cuixart y Sánchez, líderes de las organizaciones gubernamentales difusoras de propaganda –no es delito–, y los únicos no-políticos encausados. Esta prisión preventiva, y el cargo de sedición –importante, fundamental aportación de Lamela, sabedora que con el cargo de rebelión se tendía al ridículo; el protagonizado por Llarena, en breve, con el uso de rebelión en sus euroórdenes– suponen una queja de Amnistía Internacional. Algo poco anecdótico. Con posterioridad al 31-O, el 3-N emite una euroorden. Agrega, a los cargos propuestos por Maza, el de corrupción. Una astucia interesante, que debería haber supuesto la entrega inmediata de Puigde. No fue así, en lo que es un indicio de lo difícil que supone la pirueta de los cargos en juego, inquietantes en Europa. Inexportables, con serios problemas para ser valorados en otras regiones en las que el Judicial no se mete en política tan ricamente, al menos tras la primera mitad del siglo XX. Jueces para la Democracia manifestó su “preocupación” por la actuación de Lamela. En breve, el 24-N, cuando el TS asuma la acumulación de la causa, Lamela se queda solo con el caso Trapero, que afecta al staff de los Mossos. Desde 2018, por cierto, Carmen Lamela ha saltado hacia arriba y es juez en la Sala Segunda del TS. La acumulación de la causa aludida es la gran aportación, a su vez, de Llarena, desde el TS. Asume aforados y no aforados y, en su auto del 19 de julio de 2018, sólo excluye al aludido staff de los Mossos y a seis procesados que, al final, sólo lo serán por desobediencia. Esto es, sin posibles penas de cárcel. La asunción de la causa no está reñida con su pérdida de unidad –finalmente, la cosa pasará por diversos juicios en el TS, la AN y el TSJC; raruno–. Por otra parte, y esto también es importante, se amplía el concepto rebelión, en el que participan hasta los líderes de las asociaciones. Llarena fracasa, por todo lo alto, nivel dibujos animados, en sus intentos de euroorden. Poco operativos –no se redactaron en las lenguas oficiales de los países destinatarios–, con defectos o ausencias –se le pidió desde Alemania que ampliara datos para la cosa malversación, delito que podía posibilitar una extradición rapidita; no lo hizo–. La incomprensión en Europa ante la cosa rebelión, perceptible en el fracaso de las euroórdenes, suscitó una suerte de nacionalismo judicial en las alturas judiciales, un desprecio de las instituciones exteriores, que no se enteran. Algo común en Polonia y Hungría, por otra parte y en otro grado. Se da la paradoja de que Llarena, el hombre que prolongó y dio forma a los cargos de rebelión y sedición, tan tarde como hasta 2015 era un firme partidario de dar a lo de Cat una solución en la política, no en la Justicia. Llarena, Lamela, disfrutan de honor y prestigio tras sus actuaciones, si no de promoción. Sucede lo mismo con los mandos policiales implicados en la caótica respuesta –en el juicio se vio que, incluso, fuera del mandato judicial– de los mandos policiales del 1-O.
...Y VIÓ TODO LO QUE HABÍA HECHO, Y ERA BUENO. Y esto es lo que llegó a juicio el 12 de febrero de 2019. Y a sentencia hoy. O quizás todo empezó antes. Una alta figura judicial esp me explicó que las ecuaciones –difíciles, improbables, forzadas– para que se juzgaran, además en el TS, delitos como rebelión y sedición, empezaron ya durante la crisis cat. En unas cenas de matrimonios. Él era juez en el TS y su esposa trabajaba en Moncloa. Ella era ministra, y su marido trabajaba en Telefónica. No creo que haya forma de saberlo. En todo caso, el largo y barroco camino desde el Juzgado 13 hasta la sentencia de hoy explica lo que explicaba Obama: todo se pudre conforme llega a Washington. Algo cuya naturaleza podía ver alguien “con dos dedos de frente” se ha convertido en algo que puede ilustrar el funcionamiento de la Justicia cuando se aproxima a la política, cuando se disuelven los poderes. Cuando se acepta, costosamente, rebelión y sedición como animal de compañía.
El 1 de octubre, CTXT abre nuevo local para su comunidad lectora en el barrio de Chamberí. Se llamará El Taller de CTXT y será bar, librería y espacio de debates, presentaciones de libros, talleres, agitación y...
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Guillem Martínez
Es autor de 'CT o la cultura de la Transición. Crítica a 35 años de cultura española' (Debolsillo), de '57 días en Piolín' de la colección Contextos (CTXT/Lengua de Trapo), de 'Caja de brujas', de la misma colección y de 'Los Domingos', una selección de sus artículos dominicales (Anagrama). Su último libro es 'Como los griegos' (Escritos contextatarios).
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