Se llamaba Omar.  Había llegado a Cataluña en primavera, procedente de Guinea Conakri, uno de los países más pobres del mundo. Era un adolescente “colaborativo” y “obediente”, cuentan sus educadores, que en su ruta hacia Europa había sufrido toda clase de penalidades.

¿Qué edad tenía realmente? ¿15, 17, 19 años? Lo único que sabemos es que Omar quería seguir siendo un niño, seguir acogido, cuidado, protegido. El adolescente migrante, extutelado por la Generalitat, se suicida días después de ser declarado mayor de edad, según avanzó El Periódico. El pasado miércoles, 6 de noviembre, su cuerpo menudo apareció en el río Anoia. Se había lanzado al vacío desde uno de los puentes de Igualada, según la hipótesis que manejan los Mossos d’Esquadra.

Cada día miles de niños hacen el camino solos. Algunos son expulsados de sus hogares por la guerra o la pobreza más extrema, otros están migrando con el sueño y la esperanza de encontrar una vida mejor, más segura. Por el camino ven prolongado su sufrimiento al encontrarse en situaciones de enorme peligro, privación, palizas, trabajos forzosos, violaciones y discriminación. Un éxodo durante el que desaparecen miles de niños cada año, según Europol, o mueren ahogados o caen en manos del abuso y explotación de mafias sin escrúpulos. 

Omar se encontraba en un centro para menores en Igualada, pero tras un estudio óseo que realiza el Instituto Forense donde se mide el tamaño de huesos y dientes de los chicos, la Fiscalía había determinado que Omar era mayor de edad, con lo que fue expulsado el pasado 17 de octubre. La ausencia de protección del Estado y su situación de desamparo aumentó su grado de vulnerabilidad, el cual ya era muy elevado, y Omar no lo soportó, quitándose la vida días después.

El pasado mes de octubre el Comité de Derechos del Niño, el órgano de las Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de los derechos de la infancia, volvió a reprender a España por violar los derechos de dos niños inmigrantes. Estas dos últimas resoluciones fueron por declarar mayores de edad a dos menores extranjeros no acompañados, pese a que ambos presentaban documentos que avalaban que lo eran. 

Se trata de dos casos que guardan cierta similitud con el de Omar. Un niño de Camerún que a los 10 años comenzó a vivir en la calle, hasta que con 15 años llegó a Marruecos pasando por Argelia hasta llegar a España con 16; y un niño argelino que en 2017 llegó a España y, tras manifestar que era menor, se le realizó la prueba radiográfica determinando erróneamente que su edad ósea era “mayor de 19 años”. En ambos casos la Administración los empujó a un proceso para decretar su edad que “no contó con las garantías necesarias para proteger sus derechos”, señala la resolución.

Asimismo, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas recomienda a España que “se abstenga” de hacer uso de “métodos médicos basados en el análisis de los huesos y el examen de los dientes, que pueden ser imprecisos, y tener amplios márgenes de error”, como así señala un estudio publicado en la Revista Española de Medicina Legal y, que, por tanto, “el procedimiento de determinación de la edad no cuenta con las garantías necesarias para proteger sus derechos reconocidos en la Convención”.

A Omar se le expulsó del centro sin concederle el beneficio de la duda. No tuvo posibilidad de protesta. Necesitaba ser auxiliado, independientemente del motivo por el que abandonara su hogar o el lugar del que procediera, pero se quedó desamparado, solo, excluido, lleno de miedos, tratando de aprender un idioma nuevo, de emprender una vida nueva, sin poder curar las secuelas psicológicas que le dejó su prolongado sufrimiento durante el proceso migratorio. Su muerte ha venido a demostrar que Omar decía la verdad, que realmente sólo era un niño.