Cada eurodiputado tiene derecho a invitar a un máximo de 110 personas al año, en grupos de diez o más, a visitar el Parlamento Europeo y recibir una charla explicativa. La institución paga los vuelos y el alojamiento.

Invitadas por Idoia Villanueva, eurodiputada de Podemos (grupo GUE-NGL), una representación de las Kellys de Barcelona, Benidorm y Fuerteventura viajó a principios de noviembre a Bruselas junto con miembros del sindicato británico United Voices of the World y de la CNT de Marsella (Francia) para, además de lo anterior, exponer la situación de las camareras de piso a algunos europarlamentarios y presentar una propuesta de directiva a la Comisión Europea. 

Aunque ha sido elaborada pensando en la situación de las Kellys, la propuesta de directiva contempla una regulación general de la externalización para evitar abusos. “Ellas son el caso más ilustrativo de una situación extendida. Si ganan ellas, ganan todas las subcontratadas”, explica Eulalia García, del despacho Laie Advocats, que representa a las Kellys de Barcelona.

Los problemas de la externalización de este servicio están presentes en el sector hotelero desde los años 90 (aplicación del convenio de limpieza en lugar del de hostelería, temporalidad, exclusión del comité de empresa en el lugar de trabajo, desprotección), pero García explica que la situación se ha agravado desde la reforma laboral: “Como el convenio de empresa prima sobre el del sector, el mecanismo consistía en crear una empresa con tus amigos, establecer el salario mínimo interprofesional y a partir de entonces, empezar a contratar gente de verdad”.   

En sus reuniones con representantes de la UE, las Kellys expusieron los motivos por los que consideran que su externalización es fraudulenta: la labor que desempeñan es imprescindible para el funcionamiento de un hotel, las empresas que las contratan no aportan ningún valor a la producción (“son intermediarios entre tu trabajo y tu sueldo”) y la actividad se realiza de forma constante, por lo que creen que la temporalidad no está justificada.

Denuncian sobrecarga laboral. “Hoy en día, es raro que te hagan un contrato a jornada completa”, señala Vania Arana, de las Kellys de Barcelona. “Te contratan a media jornada pero haces las horas que quiera el empleador, cotizando menos”. ¿Y el control de jornada implantado por el Gobierno español? “Bajas, firmas y vuelves a subir. Yo tengo un contrato de tres meses y una familia que alimentar”, dice Yolanda García, de las Kellys de Benidorm. “Si nos quejamos, no nos vuelven a llamar. Siempre estás pendiente de un hilo. Al final, es un daño psicológico”.

Las Kellys hablan con naturalidad de lesiones y operaciones. “Todas estamos enfermas”, dicen. La mayoría sufre el síndrome del túnel carpiano, que fue reconocido como enfermedad profesional del sector en agosto de 2018, pero hay más. Se mencionan pies rotos, lumbalgia y otras lesiones en diversos puntos de la columna. Entre sus reivindicaciones está la obtención de la categoría de “trabajo penoso” que, como en el caso de los mineros, les permitiría acceder a una jubilación anticipada. Les preocupa la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que permite el despido por bajas médicas intermitentes porque “sobre todo va a afectar a trabajadoras como nosotras, con tantos problemas de salud”, según expone Yolanda García. 

Claudia Turbet-Delof, del sindicato británico United Voices of the World (UVW),  fundado en 2014 y dedicado a la defensa de los trabajadores migrantes, explica que en el Reino Unido las condiciones laborales de las camareras de piso son similares, con la dificultad añadida de que las trabajadoras no suelen dominar la lengua inglesa, lo que las hace más vulnerables.

Desde la CNT marsellesa señalan que en Francia la clause de mobilité (cláusula de movilidad), que permite a las grandes empresas del sector de la limpieza mover a sus trabajadoras entre los diversos establecimientos que contratan sus servicios, de un hotel a una oficina, de una punta a otra del país, se utiliza como forma de coacción y castigo. Añaden que la externalización de servicios como este impide a los trabajadores de un mismo lugar tener reivindicaciones comunes.

“La legislación laboral más avanzada del mundo” 

El 8 de noviembre tuvo lugar la reunión con eurodiputados. En el Parlamento Europeo hay un 36% de mujeres. Entre quienes acudieron a esta convocatoria, sin embargo, ellas eran mayoría (7 mujeres y 5 hombres, 6 si contamos a Luis Garicano, que abandonó la sala a mitad de la reunión).

Estrella Durán, del PSOE, subrayó su “compromiso personal” y la “sensibilidad” del gobierno socialista, aunque apuntó que regular la subcontratación “es complicado”. Vania Arana le reprochó que el gobierno tiene “la ‘ley Kelly’ guardada en un cajón”, y que su propuesta de reforma del Estatuto de los Trabajadores no mejora la situación.

Diana Riba, de Esquerra Republicana de Catalunya, aseguró estar “sensibilizada con el tema”, ya que en el pasado formó parte de cooperativas sociales. Y preguntó: “¿Tenéis alguna campaña para que se sepa esto?” Consideró que sería una buena idea.

Vania Arana le respondió que el sello de calidad para los hoteles que no externalizan el servicio fue aprobado por el Parlament de Catalunya en noviembre de 2018 y su desarrollo es responsabilidad del conseller Chakir el Homrani, de ERC, a quién reprochó falta de interés. “Estamos agotadas y nos subleva que se nos siga pisoteando” zanjó Arana.

Antes, Anne Sophie Pelletier, de la France Insoumise, opinaba que “hace falta una gran presión” y lamentaba: “El personal de limpieza del Parlamento Europeo está subcontratado en las mismas condiciones que vosotras describís”.

En general, los eurodiputados ofrecieron “apoyo” y “comprensión”, pero recordaron que el Parlamento no tiene iniciativa legislativa, por lo que no puede impulsar las demandas de las Kellys.

Al día siguiente tuvo lugar la reunión con la Comisión Europea. Fuentes del GUE-NGL explican que la cosa funciona así: las propuestas de reunión son remitidas a la Comisión y acuden aquellas personas que estén interesadas. A veces son comisarios o cargos políticos. En este caso, fueron cuatro técnicos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión y uno de la de Justicia.

Tras escuchar las demandas de las Kellys, Jesús Álvarez, de la Dirección General de Empleo, recordó que “en la Unión Europea tenemos la legislación laboral más avanzada del mundo” y explicó, en un tono pedagógico, cuáles son los cauces más adecuados para denunciar un incumplimiento de la ley, tales como la inspección de trabajo o la vía judicial.

La respuesta de las Kellys fue contundente: “Hemos tocado todas las puertas habidas y por haber”. “Sabemos los mecanismos que hay, pero no son efectivos”, afirmó Yolanda García. “La inspección de trabajo en España se ha desmantelado”. En cuanto a los procesos judiciales, explicaron que son lentos y, debido a la temporalidad, es frecuente que las trabajadoras ya no estén en el mismo puesto cuando terminan. Además, García apuntó que “la ley es interpretable, a veces depende de la actitud de los jueces”. 

Leonardo Pérez-Aranda, de la Dirección General de Empleo, mostró interés en lo relatado y afirmó que lo tendría en cuenta para la elaboración de futuros informes sobre España.

Respecto a la propuesta de directiva, los funcionarios de la Comisión explicaron que ellos no tienen poder de decisión dentro del organismo, que de todos modos la Comisión está en funciones, al menos hasta enero, y dudaron de que regular la subcontratación entre en las competencias de la Unión Europea. Por último, Jesús Álvarez sugirió la vía de la iniciativa ciudadana europea. 

Se trata de un mecanismo participativo que requiere la obtención de un millón de firmas en un año para después exponer el proyecto ante el Parlamento y la Comisión. “La Comisión no está obligada a proponer legislación en respuesta a una iniciativa”, dice la página web donde se explica su funcionamiento.

Tras la reunión, la abogada Eulalia García quiso infundir optimismo: “Hemos abierto una brecha”, dijo, “ahora hay que hacer palanca”.

El encuentro sirvió a las Kellys para profundizar sus alianzas europeas. Vania Arana explica que, además de las francesas y británicas, han establecido contactos en Italia y Alemania. Proyectan unir fuerzas en una plataforma internacional, bajo el lema  we end outsourcing (“nosotras acabamos con la subcontratación”).