Ante la pandemia de la Covid-19, las prisiones del continente europeo se encuentran al límite. Es urgente que las autoridades europeas competentes en la materia comprendan –en primer lugar, el Comité de Ministros del Consejo de Europa– la naturaleza del riesgo e impulsen políticas acordes con la magnitud del mismo. Sobre todo teniendo en cuenta que no se trata sólo de quienes viven o trabajan en las cárceles: el 17 de marzo, la delegación de la Organización Mundial de la Salud en Europa advirtió de que “el riesgo de un rápido aumento de la transmisión de la enfermedad en las cárceles u otros lugares de detención puede tener un efecto amplificador de la epidemia, multiplicando rápidamente el número de personas afectadas”. En otras palabras, “es probable que los esfuerzos para controlar la Covid-19 en la comunidad fracasen si no se toman medidas enérgicas (...) también en las cárceles”.

Es evidente que, en la actualidad, más allá de las disparidades entre los Estados miembro del Consejo de Europa, no sólo no se han puesto en marcha este tipo de medidas, sino que no pueden adoptarse sin una reducción significativa y rápida de la población carcelaria. Los funcionarios de prisiones tienen la tarea de organizar urgentemente la limitación del contacto humano en las cárceles –a menudo superpobladas–, liberar espacios para aislar a aquellas personas privadas de libertad sintomáticas, realizar pruebas y adquirir equipos de protección que generalmente no están disponibles, definir protocolos de intervención con los hospitales que ya están desbordados, organizar escoltas para asegurar la hospitalización, etc.

Esta misión es aún más difícil en el explosivo contexto de la suspensión de las visitas y la drástica limitación de las actividades dentro y fuera de las prisiones. Ya se han producido incidentes e incluso disturbios en varios países. Formalmente, la administración penitenciaria se mueve constantemente entre las exigencias de la salud pública y el mantenimiento de la disciplina y, muy a menudo, en ausencia de instrucciones claras, por reacción, inercia o miedo, favorece el orden interno, con el riesgo de que sus medidas de control y de seguridad (registros de personas y de celdas, reagrupamiento para pasar lista, uso de esposas...) puedan contribuir a la propagación del virus. De un modo más general, incluso en el mejor de los escenarios, los funcionarios de prisiones no pueden mantener durante varias semanas medidas de contención tan severas sin que se lleven a cabo acciones que al mismo tiempo alivien la presión.

Desde distintos lugares, ante la gravedad del peligro, los profesionales médicos, las organizaciones sociales y algunas instituciones de prevención de la tortura –con la significativa ausencia hasta la fecha del Defensor del Pueblo Español– han pedido a los gobiernos que reduzcan el número de personas privadas de libertad. Algunos Estados han tomado efectivamente medidas en este sentido, en particular poniendo en libertad a quienes se encuentran terminando el cumplimiento de su condena. Sin embargo, en ningún país se ha podido acabar con el hacinamiento de las cárceles y –aún menos– reducirlo a niveles que permitan que el funcionamiento de las prisiones se adapte a la crisis sanitaria actual. En términos generales, los Estados europeos están esperando y observando lo que hacen sus vecinos y aplazando cualquier medida que pueda tener un impacto significativo. En este contexto, resulta indispensable una contundente respuesta a nivel supranacional tal y como solicitamos el pasado 18 de marzo más de cincuenta organizaciones que defendemos los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Es cierto que en las dos últimas semanas las organizaciones internacionales han adoptado algunas iniciativas. La Organización Mundial de la Salud ha proporcionado ciertas directrices sobre la respuesta sanitaria que se debe dispensar en las prisiones, mientras que desde el programa ONUSIDA se ha puesto de relieve las lecciones que se pueden extraer del abordaje del VIH en los sistemas penitenciarios. Por su parte, algunos organismos internacionales de derechos humanos han insistido en la inderogabilidad de los derechos fundamentales. Sin embargo, existe la necesidad urgente de que un órgano político supranacional articule las medidas que las administraciones penitenciarias han de elaborar ante esta crisis.

El Consejo de Europa ha sido la principal fuente de unificación de normas sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos en todo el continente. Por lo tanto, es quien esperamos que nos oriente en la situación actual. Por otra parte, el Consejo de Europa también ha desempeñado durante treinta años un papel destacado en la orientación de las políticas penales y penitenciarias. Las recomendaciones del Comité de Ministros, en particular las Reglas Penitenciarias Europeas, orientan la elaboración de la legislación de los Estados del continente europeo. En muchos países, los programas de cooperación técnica de la organización forman parte de la gestión cotidiana de las prisiones. Como órgano político del mecanismo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Ministros supervisa la ejecución de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, muchas de las cuales se refieren a las condiciones de detención y la atención de aquellas personas que se encuentran dentro de prisión. En un momento en que los sistemas nacionales están en crisis, ya es hora de que este órgano asuma su papel como punto de referencia y presione para que se produzca una rápida reducción de la población carcelaria. En las actuales circunstancias, una abstención por su parte tendría un efecto duradero en su mandato.

-------------------------

Simon Creighton es vicepresidente de la European Prison Litigation Network (EPLN).

Krassimir Kanev es presidente del Bulgarian Helsinki Committee, y vicepresidente de EPLN

Danuta Przywara es presidenta del Board of the Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR).

Yevgeniy Zakharov, director del Kharkiv Human Rights Protection Group, head of the Board of the Ukrainian Helsinki Human Rights Union