Cuando todo esto pase, será el momento de buscar respuestas. Nos va mucho en ello. Sin respuestas no volveremos a la normalidad, ni a la antigua ni a la que está por venir.

¿Por qué se mandó al personal sanitario a enfermar?

Tras decenas de miles de trabajadores sanitarios infectados y algunos de ellos muertos por la ausencia del material necesario que los debía proteger, una excusa, una mentira, una media verdad, será imperdonable. No había material de protección suficiente y tampoco había más remedio que hacerlos trabajar sin esos sistemas de protección necesarios. Les damos las gracias y les pedimos perdón por haberlos puesto en riesgo, por no haber previsto que, como la realidad ha demostrado, el peor escenario era posible: una pandemia que destrozase un sistema de salud recortado y sin recursos suficientes. Necesitamos oír esto de la boca de los responsables políticos. De quienes tomaron el mando de la crisis en el Gobierno central y de las Comunidades Autónomas, que tienen, por mucho que algunas intenten disimularlo, las competencias en Sanidad transferidas desde 2002.

¿Por qué la Sanidad Pública no tenía suficiente material para atender la crisis sanitaria? ¿Por qué no hubo profesionales ni medios suficientes? ¿Por qué los sanitarios tuvieron que ser héroes en vez de trabajadores?

Gobiernos como el de la Comunidad de Madrid o el de la Generalitat de Catalunya, que en los últimos años han optado por debilitar la sanidad pública a base de privatizaciones y recortes de personal y medios, también deberán responder y asumir su responsabilidad. ¿Cuál es el daño que todos esos trabajos recortados, esas privatizaciones han provocado durante esta crisis sanitaria? Que no se escondan tras los errores del Gobierno central. No es casual que Madrid y Catalunya, feudos de privatizaciones y corrupción, encabecen las listas de fallecidos. Pero la pregunta de fondo es: ¿Vamos a mantener un modelo productivo basado en el beneficio a corto plazo o introduciremos por fin criterios como sostenibilidad, ecología y protección social? El problema del abastecimiento de material sanitario está relacionado con la profunda desindustrialización del país. Aquí no hemos tenido capacidad de fabricar siquiera simples mascarillas. Y no sólo sucede en España. Casi todo viene de China, la fábrica del mundo, y muchas cosas casi en régimen de monopolio. En nombre de la globalización se prescindió de industrias estratégicas que aseguraran el bienestar de la población y la seguridad del país. Es urgente un pacto nacional para que esto cambie. 

¿Quién dará explicaciones por el drama de las residencias privadas?

Quién dará explicaciones no lo sabemos. Quién debería darlas, sí. Los responsables de Comunidades Autónomas que, como Madrid, debían vigilar lo que allí sucedía. Cuál era el estado de esos ancianos en unas residencias privadas que, en demasiados casos, habían sido denunciadas por familiares sin que la administración competente hiciera nada. Sólo en Madrid, más de 5.000 personas han fallecido por COVID-19 en residencias gestionadas, en la mayoría de los casos, por multinacionales y fondos buitres que llevan años obteniendo enormes ganancias con el negocio de la asistencia a mayores. ¿Cambiará después de esto el concepto de residencia de la tercera edad convirtiéndose en algo más que un aparcamiento de mayores y un negocio especulativo de multinacionales? ¿Asumirá alguna responsabilidad quien, debiendo controlar lo que allí pasaba, no lo hizo?

¿Por qué se apostó por militarizar una crisis que era sanitaria y social?

¿Tan poco confiaba el Gobierno de España en la responsabilidad de los ciudadanos que tuvo que colocarnos cada día a policías y militares en ruedas de prensa que informaban sobre sus operativos de control social y represión de quienes se saltan la restricción de movimientos? ¿Era esa la única forma de que nos quedásemos en casa? Quizá sí, lo que diría poco de España como país. Quizá no, lo que diría poco del Gobierno. ¿Ha sido un acierto la creación de un ambiente de estado policial? La cantidad de imágenes de Fuerzas de Seguridad maltratando a ciudadanos inermes y actuando con desproporción, cuando no abuso, ¿las piensan pasar por alto?

La sociedad que cada tarde ha salido a aplaudir al balcón, ¿apoyará las reivindicaciones de los trabajadores sanitarios cuando esto pase?

La Marea Blanca, el movimiento de profesionales sanitarios que durante la crisis anterior protestó por los recortes de la sanidad pública, fue ignorada, menospreciada o incluso criminalizada por muchos que hoy aplauden desde el balcón. ¿Cuando todo esto acabe, volverán a acogerse al argumentario de su partido de cabecera y mirarán para otro lado ante el maltrato a la sanidad de todos? ¿O habrán aprendido algo? No sirve de nada llamar héroe a un trabajador que no quiere heroicidad, sino buenas condiciones para cuidar a la población.

¿Quienes se dedicaron a difundir bulos durante una alerta sanitaria, a pedir boicots contra medidas de salud pública adoptadas por el gobierno, tendrán algún tipo de castigo penal, administrativo o social?

Respecto a lo penal, es una decisión política el dejarlo estar, para no judicializar el debate público. Nos parece sensato. En lo social, tendremos que esperar a que las urnas salgan a la calle para averiguar qué premio tienen quienes, durante la mayor crisis sanitaria que una generación ha conocido, se dedicaron al juego sucio. Sobre lo administrativo, hay que recordar que la Constitución protege la información veraz, solo la veraz. Los bulos son, por definición, información falsa difundida intencionalmente con fines perversos. Eso es criticable tanto si se difunde desde un medio de comunicación como desde un púlpito. Tratar de obviarlo, como a veces se hace, en defensa de la libertad de información, es tan perverso y corporativista cómo no criticar a un médico que realiza prácticas lesivas para sus pacientes. Nuestra propuesta es que el Gobierno aísle y excluya a los medios que propagan mentiras y bulos, negándoles el derecho a recibir ayudas y subvenciones públicas, y dejándolos fuera de la publicidad institucional. Que existan tabloides llenos de basura es inevitable, ha pasado toda la vida y en todas partes. Pero financiarlos con dinero público es intolerable.

¿Qué hacemos con Europa? ¿Será capaz de frenar el auge de la extrema derecha?

El Gobierno ha actuado con firmeza y coherencia en el frente europeo. Aunque no somos un país fundador, y Francia e Italia cuentan evidentemente más que España en Bruselas y en Berlín, Madrid ha presionado en la dirección correcta y ha flexibilizado sus peticiones de forma que Alemania y sus satélites del norte no puedan poner excusas. Del Consejo Europeo de esta semana debería salir un fondo para la reconstrucción suficientemente amplio como para permitir rescatar a los más vulnerables de una manera directa y sencilla, sin tener que pasar por los bancos, sin aumentar la deuda pública y sin condiciones leoninas. Pero no debemos olvidar que el gusto de los ortodoxos por el austericidio, y el dominio que ejercen las grandes corporaciones sobre las políticas europeas son una combinación terrorífica. Si la Unión Europea no es capaz de estar a la altura, si las economías del sur siguen sufriendo la intolerancia del norte y sus ciudadanos no reciben de la UE la protección suficiente, el panorama será espantoso: el fascismo seguirá avanzando en el continente y llegará al poder en distintos países. Y lamentablemente, España tiene todas las papeletas para ser uno de esos países.