“¿Se pueden realizar gestiones financieras sin pagar impuestos? ¿Es su jurisdicción bancaria lo suficientemente opaca? ¿Algo en la situación política del país apunta a que estas condiciones podrían cambiar en el futuro?” Estas preguntas son solo una parte de un cuestionario que envió a diferentes guaridas fiscales el despacho de abogados Appleby, líder de la industria offshore. Las cuestiones formaban parte del trabajo de campo solicitado por un selecto cliente que quería escoger el nuevo destino de sus beneficios. Un destino paradisíaco para su accionariado, pero una cloaca fiscal para las mayorías que verían cómo todos esos impuestos en potencia seguirían yéndose por un oscuro sumidero.

Resulta paradójico que una de las preguntas se interesase no solo por la situación política actual, sino también por la futura. No fuese a ser que unas elecciones, un cambio de gobierno o esa cosa rara llamada “democracia” opinasen algo sobre los privilegios de las finanzas y sus mercados. Esos mercados que, como suele decir con conocimiento de causa y culpa el multimillonario George Soros, “votan cada día” y deciden sobre prácticamente cada esfera de nuestras vidas, pero que no quieren que nadie opine ni mucho menos legisle sobre su ‘libre’ funcionamiento.

¿Quién ganó ese concurso de Miss Cloaca Fiscal? Gracias a la filtración de los llamados “Papeles del Paraíso”, supimos que el premio gordo cayó íntegro en Jersey, una pequeña isla en el Canal de la Mancha, dependiente de la Corona británica, pero con capacidad para crear sus propias leyes y establecer sus propios impuestos (o más bien la ausencia de los mismos), algo que la ha convertido en una guarida fiscal muy popular. Fue así también cómo descubrimos que el selecto cliente que había contratado al bufete era Apple. La multinacional andaba buscando en esos momentos dónde trasladar su entramado offshore para seguir disfrutando de irrisorios impuestos sobre la mayoría de sus ganancias, una vez que el chollo se les acababa en Irlanda. Supongo que Apple le pagaría bien el servicio a Appleby, porque la mudanza ayudó sensiblemente a que la montaña de dinero offshore acumulado por la empresa de la manzana ascendiese hasta los 252.000 millones de dólares.

Y hasta aquí la anécdota. Porque Apple es solo una más de las decenas de multinacionales y multimillonarios que utilizan esta red opaca internacional para ocultar sus ganancias y así evitar el fisco de los países donde realmente realizan sus actividades económicas. Ahora aterricemos: ¿cómo nos afecta todo esto más allá de la indignación y las náuseas que nos provoca este entramado de ingeniería fiscal pestilente?

Recientemente  la Agencia Tributaria publicó por primera vez, en su conjunto y manteniendo el anonimato, datos de la declaración País por País (CBC, por sus siglas en inglés country by country) de todas las grandes empresas españolas con sedes en el exterior: cuántos beneficios obtienen y qué impuesto de sociedades pagan por ellos. Así supimos que al menos 27 multinacionales con matriz española y 900 millones de euros de beneficio de media solo pagan un 0,26% de impuestos por ellos. O sea, que solo pagaron unos 65 millones de sus 25.325 de beneficios.

Al menos 27 multinacionales con matriz española y 900 millones de euros de beneficio de media solo pagan un 0,26% de impuestos por ellos

Pero, ¿cómo es esto posible? La magia de la ingeniería fiscal esconde miles de trucos. Uno de los más conocidos son las llamadas técnicas de “optimización fiscal” que permiten manipular el precio de transferencia, engañando sutilmente el ojo del inocente recaudador. Con un habilidoso giro de muñeca, las multinacionales amañan los precios a los que sus filiales se compran unas a otras sus propios productos, consiguiendo así que los beneficios aparezcan en sus guaridas fiscales y las pérdidas en los países con tributaciones más altas. “Y cómo voy a pagar yo impuestos en su país, señor juez, si aquí pone que soy una pobre empresa sin apenas beneficios que declarar”. Se cierra el telón. Aplausos a rabiar en la junta de accionistas.

Porque una cosa es la evasión fiscal y otra la elusión fiscal. La primera implica saltarse las normas abiertamente para no pagar impuestos (por ejemplo, ocultando información). La segunda usa resquicios legales existentes para no declarar impuestos. O sea, cuestión de tacto, lo  que en ese mundo significa, tener buenos abogados y mejores contactos en tribunales e instituciones. El experto en fiscalidad Richard Murphy estima que en España se pierden unos 60.000 millones al año por culpa de la evasión fiscal. Lo que viene a ser el 85% del gasto sanitario de nuestro país. Pero las pérdidas por elusión fiscal podrían llegar hasta los 190.000 millones, o sea más del doble del gasto sanitario. Separadas por una delgada línea roja, la evasión y la elusión fiscal desangran juntas las haciendas de unos Estados que ven progresivamente mermada su capacidad recaudatoria mientras aumentan los discursos y políticas austeritarias que recortan nuestra sanidad y derechos sociales. Por eso algunos preferimos llamar “cloacas fiscales” a sus paraísos.

¿Esta sangría siempre ha sido así en España? El primer estudio global de activos offshore, elaborado por World Inequality Lab y coordinado por Thomas Piketty, desveló que el dinero que mantienen los españoles sin declarar en paraísos fiscales se disparó a partir de los ochenta, en paralelo a la aparición de nuevas grandes fortunas en nuestro país. Y la extensión a nivel mundial de las guaridas fiscales. De esta forma, la riqueza escondida en estos opacos lugares pasó de 10.000 millones de euros en 1985 a 150.000 millones en 2005 (datos en euros constantes de 2016). O sea, que el dinero oculto al fisco en paraísos fiscales se disparó un 1.400% en apenas dos décadas. Actualmente se estima que el volumen sin declarar a la Hacienda española escondido en paraísos fiscales equivale al 15% del PIB y al 8,6% de los activos totales de las familias.

Se estima que el volumen sin declarar a la Hacienda española escondido en paraísos fiscales equivale al 15% del PIB y al 8,6% de los activos totales de las familias

Todo por la pasta. El beneficio de una minoría peligrosa que se esconde en guaridas fiscales se ha convertido en sinónimo de desigualdad, recortes y pérdida de derechos sociales para la mayoría. La lucha contra estas cloacas fiscales debería ser hoy un elemento central en el combate contra la desigualdad y por la democracia. Una lucha que podemos empezar poniendo en práctica una serie de medidas concretas que ataquen la raíz del problema en varias esferas y niveles de acción:

En la UE se debería revisar y modificar (siguiendo, por ejemplo, los criterios del propio Parlamento Europeo o de organizaciones sociales como Oxfam, Tax Justice Network o Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda de España) la lista de terceras jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal. Esto serviría para tener un primer repertorio real de paraísos fiscales común para toda la UE, en lugar de los anteriores índices nacionales que elaboraban algunos Estados o del actual listado de la Comisión Europea, que pretendía ser una lista negra pero ha terminado siendo una lista para blanquear paraísos fiscales. De los 15 paraísos fiscales más utilizados por las multinacionales, solo uno aparece en esa recopilación de la Comisión. Contar con una lista veraz de guaridas fiscales, que señale también a quienes operan en el marco de la UE, sería un primer paso necesario para aislar comercial y económicamente a quienes fomenten y/o se beneficien de este entramado fiscal, sancionando a quienes operen en ellos e investigando hasta el fondo a la gran banca y a los intermediarios cómplices que aprovechan el secreto bancario –que también habría que eliminar– y se saltan sistemáticamente cualquier práctica normativizada de diligencia debida para así hacer de la evasión y de la elusión fiscal un negocio redondo. Y para que estas medidas perduren en el tiempo, habría que aplicar sanciones disuasorias que incluyan la retirada de la licencia bancaria. Además, es fundamental aplicar una normativa contable homogénea que obligue a las multinacionales a presentar información económica relevante estructurada por su base de negocio y de actividad real por país, para tributar en cada territorio en base a la presencia de personal, capital físico y beneficios efectivos extraídos en el mismo, evitando el abuso en los precios de transferencia.

En segundo lugar, y como plan B por si la UE se niega a sancionar a las guaridas fiscales que actúan en su seno, escenario lamentablemente muy probable, se podría establecer de forma coordinada entre algunos Estados miembros sanciones comerciales a los países que operan como paraíso fiscal, empezando por Países Bajos o Luxemburgo y siguiendo por Suiza. Con una alianza firme de varios países del sur de Europa se podría obligar a estos Estados a abandonar el secreto bancario y a cooperar fiscalmente, usando el argumento de que las pérdidas resultantes de este cambio de prácticas serían menores que las derivadas de las sanciones comerciales que cabría imponer en caso de que no cooperasen.

A nivel estatal también debemos actuar. Mientras la UE se decide a actualizar su lista negra de paraísos fiscales, se podría avanzar en este sentido en el Estado español, siguiendo los mismos criterios antes citados y contribuyendo así a dar ejemplo e incitar a otros países a sumarse. Esto implicaría y permitiría prohibir las ayudas a empresas que operen o tengan filiales y/o sucursales en guaridas fiscales. Igualmente se podría incluir la evasión y la elusión fiscal entre los criterios que inhabilitarían a una empresa para concurrir en procesos de contratación pública, medida que podría replicarse a nivel autonómico y municipal. Otra medida asequible sería prohibir por ley las amnistías fiscales. Y, en fin, siguiendo con la lista de propuestas al alcance de la mano de un gobierno que se pretenda “del cambio”, se podrían establecer sanciones a los bancos e intermediarios financieros que operan en estos territorios extraterritoriales como facilitadores y/o beneficiarios de la evasión y elusión fiscal. Y si de paso esa información se vuelca en un portal público, se facilitaría que la ciudadanía pudiese penalizar social y económicamente a las empresas que operan o tienen sedes o filiales en estas cloacas fiscales.

Pero sería ingenuo e irresponsable que  la sociedad civil confiase todo a la acción de las instituciones para combatir la lacra de la evasión, la elusión o las guaridas fiscales. Más aún cuando lo poco que se ha avanzado hasta ahora ha venido a golpe de filtración periodística y de escándalos que implicaban a una clase político-empresarial que ya no necesita ni puertas giratorias para conectar su loft compartido. Para evitar que un puñado de medidas cosméticas intenten tapar el hedor que sale de esas cloacas, resulta fundamental que la sociedad civil asuma el protagonismo de este combate y se movilice decididamente por la justicia fiscal y el reparto de la riqueza, con campañas de señalamiento y boicot a estas empresas y multimillonarios. En este sentido es tan interesante como inspiradora la campaña de ocupaciones de tiendas Apple que realizó Attac Francia hace unos años. Escraches y señalamientos a los bufetes, consultoras y bancos que operan y son intermediarios necesarios en la elusión y evasión fiscal contribuirían a dañar la imagen corporativa de estas multinacionales, precisamente uno de sus principales activos en estos tiempos de capitalismo líquido.

En estos meses de pandemia, vemos cómo florecen y se refuerzan comedores y bancos de alimentos autoorganizados por la sociedad civil, cubriendo así las necesidades de muchísimas familias allí donde las instituciones no llegan o no han querido llegar. Este trabajo comunitario de emergencia es un elemento fundamental ante la crisis, pero no solo es insuficiente, sino sobre todo difícilmente sostenible en el tiempo. Por eso es imprescindible conseguir que la solidaridad se convierta en derechos, las denuncias en sanciones y la justicia fiscal en normas vinculantes.

Tras años de desregulación financiera y economía de casino, durante la posterior Gran Depresión florecieron en EE.UU. los llamados clubes Share Our Wealth (Compartir nuestra riqueza) que llegaron a organizar a ocho millones de personas. Además de aportar ayuda de emergencia y recordarnos por enésima vez que solo el pueblo salva al pueblo, estos espacios se constituyeron también como plataformas de presión por una redistribución de la riqueza de la nación de manera más justa, con un tope a las fortunas personales de cinco millones de dólares, distribuyendo el resto a través de programas gubernamentales destinados a brindar oportunidades y un nivel de vida decente a todos los estadounidenses. Un dinámico movimiento socializante y desde abajo que empujó por el reparto de la riqueza y de las rentas más altas en uno de los momentos más críticos de las desigualdades en aquel país, y que contribuyó a la aplicación posterior de medidas redistributivas sin precedentes. Y un ejemplo, otro más, para quienes se escudan en la dificultad para no empezar a intentarlo. Tenemos que colocar la lucha por el reparto de la riqueza en el centro del debate y de la acción política. Solo así podremos conseguir que esta vez la crisis no la paguen las clases populares. Esta vez, que paguen los ricos.

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Miguel Urbán es eurodiputado y militante de Anticapitalistas.