Agentes sin placa identificativa golpeando a manifestantes pacíficos, rociándolos con gas lacrimógeno, o introduciéndolos en furgonetas sin identificar en mitad de la noche y sin orden de arresto. Las imágenes de las protestas en Portland y los abusos cometidos por un cuerpo policial indeterminado han puesto de manifiesto los peligros de una serie de prácticas autoritarias instigadas desde la Casa Blanca. Si la presidencia de Trump ya parecía haber alcanzado su punto más bajo debido a la nefasta gestión de una pandemia descontrolada que acumula más de 150.000 muertos, las brutales incursiones de agentes federales en la ciudad de Oregón, replicadas más tarde en Nueva York o en Seattle, nos muestran otra cara de la polifacética violencia institucional aupada por el mandatario.

Portland ha permanecido varias semanas tomada por fuerzas paramilitares que han estado aterrorizando a la ciudadanía y actuando, por orden presidencial, contra la voluntad de las autoridades locales. Tanto el alcalde como la gobernadora del estado dejaron claro su desacuerdo con la presencia de los federales, y hasta la fiscal general de Oregón llevó el caso a los tribunales alegando la violación de derechos constitucionales. Aunque Trump anunció recientemente que retirará a los oficiales cuando los representantes locales “controlen” la ciudad, sigue vigente su plan de enviar más agentes a ciudades de mayoría demócrata, comenzando por Chicago y Albuquerque, y siguiendo con Cleveland, Milwaukee y Detroit, entre otras.

La militarización de la calle, en enclaves generalmente multirraciales y de tendencia progresista, se efectúa a tres meses escasos de unas elecciones en que las encuestas estiman una victoria de Biden --Trump, conocedor del dato, ha intentado aplazarlas argumentando un posible fraude debido al voto por correo. Su postergación es legalmente imposible--. Se trata, como han señalado analistas de varios medios, de una estrategia electoralista basada en “La Ley y el Orden”, dos conceptos de los que el presidente no ha parado de vanagloriarse en las redes y en sus apariciones públicas. Sin embargo, más que el orden, Trump está imponiendo el caos; más que defender la ley, el presidente está efectuando un uso torticero de esta para obtener réditos políticos mientras viola sistemáticamente los derechos de la ciudadanía y dinamita los principios fundamentales del federalismo.

Operación LeGend

29 de junio de 2020. Un niño de cuatro años duerme plácidamente en su cama cuando, de repente, una bala procedente de la calle atraviesa su cuerpo y, poco después, muere. A pesar de la magnitud de la tragedia, el caso del pequeño LeGend Taliferro, hijo único de una familia negra radicada en Kansas City (Missouri) habría pasado prácticamente desapercibido, en un país en el que mueren cuatro menores cada día por impacto de bala, de no ser por la rentabilidad simbólica que la Casa Blanca está obteniendo de su muerte. 

La Operación LeGend autoriza la incursión policial en cualquier urbe por motivos relacionados con la seguridad nacional y aunque no existan protestas ni disturbios

En mitad de las reivindicaciones sociales erigidas por el movimiento Black Lives Matter, muy crítico con Trump, el dramático final de LeGend sólo comenzó a popularizarse a partir del 8 de julio, cuando el Departamento de Justicia anunció un plan especial “para combatir el auge repentino de crimen violento” que asola las ciudades estadounidenses: la llamada Operación LeGend, en honor al fallecido. Con esto se inició el despliegue de agentes federales en Kansas City, una ciudad que el presidente no era capaz de ubicar en el mapa hasta hace poco. El 22 de julio Trump dio a conocer la  ampliación de la Operación LeGend –o “leyenda”, según suena en inglés–. Confirmaba así las amenazas del envío de un número indeterminado de  policías a múltiples urbes del país.

El anuncio se produjo en paralelo a la polémica en torno a los abusos policiales perpetrados en Portland. Así, como afirma Sebastiaan Faber, Portland ha servido como “laboratorio de nuevas políticas represivas” propulsadas desde el Despacho Oval.

Si la presencia de agentes federales se escudaba en la contención de unas manifestaciones que comenzaron tras el asesinato de George Floyd y llevan activas unos dos meses, la Operación LeGend autoriza la incursión policial en cualquier urbe por motivos relacionados con la seguridad nacional y aunque no existan protestas ni disturbios.

La intervención en Kansas City, en Portland, y en el resto de ciudades, obedece a una deriva dictatorial de la administración de Trump que ya ha sido denunciada por los representantes de distintos enclaves urbanos. En una carta enviada al fiscal general, William Barr, y al secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés), Chad Wolf, catorce alcaldes de todo el país han manifestado su repulsa al despliegue de estas fuerzas policiales, que consideran un ataque contra las garantías constitucionales y los principios del federalismo, puesto que la autoridad presidencial choca de lleno con el poder de los estados. En la misiva, denuncian tácticas propias de un “régimen autoritario” e instan al Congreso a investigar las acciones de un presidente que, afirman, ha incrementado el nivel de violencia sufrida por los ciudadanos.

Pese a la urgencia de la situación y el clamor popular que urge a ponerle freno, no estamos, sin embargo, ante un fenómeno nuevo, puesto que con la ocupación militar de cuanto territorio nacional considere oportuno Trump no ha hecho más que servirse de unas herramientas legales ya disponibles para continuar un tendencia despótica cuyos antecedentes históricos pueden trazarse fácilmente.

El terror en casa

1 de junio de 2020. El Premio Nobel Paul Krugman advierte de que el presidente está conduciendo al país al borde de una guerra civil. La nota se publica justo después de que Trump anunciase una posible movilización del ejército como respuesta a las mayores manifestaciones de la historia estadounidense desde las luchas por los Derechos Civiles. Para ello, invocaba la Ley de Insurrección de 1807, que sólo ha sido aplicada en contadas ocasiones. Gracias en parte a la oposición del secretario de Defensa, Mark Esper, la amenaza no llegó a materializarse, pero sí lo hizo una intencionalidad que es hoy evidente en la Operación LeGend y planea fantasmagóricamente sobre las próximas elecciones.

Algunos medios se han referido a la posibilidad de que, en caso de no salir reelegido, Trump insista en negar los resultados de los comicios y utilice al ejército para imponerse. Lo que sería un atentado contra la democracia –como ya lo es el despliegue de agentes federales– constituye, sin embargo, una anomalía histórica. Desde sus orígenes, Estados Unidos ha evitado la invasión militar del territorio doméstico por razones que tienen que ver con la aversión a la tiranía de los llamados padres fundadores, lo que a su vez determinó el reparto de poderes entre los estados y el gobierno federal. Sólo en circunstancias excepcionales, por ejemplo, cuando los mandatarios locales lo requieren –como en los disturbios raciales ocurridos en Los Ángeles en 1992–, o si se trata de implementar garantías asociadas a los Derechos Civiles, el ejército ha intervenido en las ciudades.

A principios de junio Trump pareció darse cuenta de la impopularidad que le habría granjeado activar las disposiciones de la Ley de 1807, pero no desistió, sin embargo, de poner en marcha las tácticas autoritarias que conforman su agenda política.

La asignación de puestos a dedo, no confirmados por el Senado, es otra de las estrategias dictatoriales de las que Trump se está valiendo para imponer su voluntad

No fue necesario recurrir al ejército para disolver, a base de gas lacrimógeno y balas de goma, a los manifestantes concentrados en esos mismos primeros días de junio en la conocida Plaza Lafayette de Washington, una acción que ha sido duramente criticada por hacer uso efectivo de agentes federales con la connivencia del fiscal general William Barr.

Por otra parte, la erradicación de toda protesta civil mediante mecanismos desproporcionados quedó clara en la reciente aprobación de una orden ejecutiva destinada a proteger monumentos y estatuas que penará con diez años de cárcel cualquier acto vandálico.

Lo que tienen en común la ocupación federal de Portland y otras ciudades, la represión en Lafayette y la orden ejecutiva sobre las estatuas es que el cuerpo policial encargado de reprimir a la ciudadanía procede del DHS, mayoritariamente de las agencias que gestionan la seguridad fronteriza (CBP), y aduanas e inmigración (ICE), creadas, como el Departamento al que pertenecen, como respuesta al atentado de las Torres Gemelas. La legislación aprobada entonces, así como los organismos constituidos, tenían como fin último evitar futuros ataques terroristas. Sin embargo, estas herramientas legales y gubernamentales están siendo utilizadas para promover una guerra al terror en casa, sin que existan amenazas foráneas aparentes.

Destacan, además, una serie de irregularidades en el funcionamiento del DHS, comenzando por su liderazgo. Como informaba la CNN, durante su mandato Trump ha despedido a múltiples altos cargos del Departamento, sustituyéndolos por personal que no debe rendir cuentas al Congreso, sino al presidente directamente, como el secretario en funciones Chad Wolf. La asignación de puestos a dedo, no confirmados por el Senado, es otra de las estrategias dictatoriales de las que Trump se está valiendo para imponer su voluntad.

Un Estado fascista

Predominio de la ley marcial, prácticas autoritarias, ejercicio dictatorial del poder... Son expresiones que pueblan los medios y las redes, y proceden tanto de una ciudadanía aterrorizada como de los representantes políticos que contemplan, anonadados, una represión inaudita contra los propios estadounidenses. La disposición de agentes federales para la elaboración de un ejército a la carta proveniente de distintas agencias ha llevado al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, a referirse abiertamente a la “policía secreta” de Trump, mientras que activistas como Tom Hastings la comparan con las SA hitlerianas. Así, cada vez son más los que se atreven a calificar lo que está ocurriendo en términos de régimen fascista.

En un país donde el lenguaje centrista y de la izquierda suele estar sometido a los dictámenes de lo políticamente correcto, sorprende la naturalidad con que van surgiendo públicamente alusiones a los nazis para referirse al gobierno actual. Más allá de la analogía histórica, estos epítetos alertan sobre el miedo y la impotencia que sentimos quienes estamos del lado democrático, pero también informan de un giro totalitario que las comunidades inmigrantes llevan años denunciando.

Sería ingenuo no reconocer que el andamiaje legal diseñado tras el 11S para oprimir con total impunidad a los extranjeros sirve ahora a los propósitos despóticos del presidente. Si, como argumentaba la abogada de Derechos Humanos Alka Pradhan, “las políticas migratorias de Estados Unidos tienen sus raíces en Guantánamo”, los mecanismos cuasi-coloniales de dominación y control de la población autóctona beben de esas políticas migratorias. En un régimen totalitario, ya lo dijo Hannah Arendt, el enemigo se actualiza. Nadie está salvo si todos no lo estamos.