En los campos de fresas de Huelva y de tomates en la Puglia italiana, en los frigoríficos alemanes o en los valles frutales de California, trabajadoras y trabajadores inmigrantes sostienen tareas esenciales en la industria agroalimentaria, hacinados en espacios laborales que se han transformado en focos de contagio. Con bajos salarios, sin atención sanitaria y durmiendo en chabolas, están experimentando una moderna esclavitud. Las múltiples cadenas del racismo, el machismo y la cruda explotación capitalista se refuerzan entre sí, delimitando los contornos de una fuerza laboral deshumanizada y privada de derechos. Pero la multiplicación de los agravios, en medio de la pandemia, ha dado paso también a huelgas, organización y resistencia.

“Durante el confinamiento, las temporeras no podían salir de la finca, era como una cárcel”

Ana Pinto, 33 años, es la portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha y mediadora sindical de la sociedad cooperativa andaluza de abogadas. Vive en Escacena del Campo y ha trabajado desde los 16 años como jornalera. “Era un trabajo tan digno como otros, y a mí de hecho me gusta el campo. Pero con el tiempo las condiciones fueron empeorando. Yo empecé a protestar porque la verdad es que nunca me he callado cuando han intentado explotarme, tanto a mi como a otros compañeros”.

Conversamos sobre la situación de las 7.000 temporeras marroquíes que quedaron varadas en Huelva, después de la campaña de recolección, sin poder regresar Marruecos. “Imagínate llegar a otro país donde las condiciones de trabajo y de vivienda ya son duras, y encontrarte con una pandemia mundial y la frontera cerrada. Ha sido un auténtico horror”. Durante el estado de alarma, las temporeras siguieron trabajando, encerradas en las fincas, alejadas de los núcleos urbanos. Una vez terminada la cosecha, Marruecos no las dejaba volver por la crisis de la covid y ellas tuvieron que seguir pagando por viviendas miserables –con altísimas temperaturas, en habitaciones no preparadas para épocas de tanto calor–, sin cobrar jornal, comiéndose lo poco que habían ganado. “Y nos cuentan que este año no han tenido ni un día de descanso, han estado trabajando horas extras y la presión ha sido mucho peor que otros años”, comenta Pinto. “Hay una zona donde no les llega el agua potable, entonces tenían que ir andando con garrafas de cinco litros de agua un montón de kilómetros. Ha sido un auténtico caos, al estar tan alejadas y no tener tampoco una tarjeta sanitaria”.

Recién a finales de julio han comenzado a salir los primeros contingentes de mujeres de regreso a su país. La lucha ha tenido efecto: “Se ha conseguido gracias a la valentía de estas mujeres, que se han estado grabando a cara descubierta y organizando protestas”. Entre otras acciones, 300 jornaleras se concentraron en las puertas de la empresa Fresón de Palos para exigir soluciones. 

¿Quiénes se benefician de esta explotación? Mientras la pandemia ha permitido visibilizar ese ejército de temporeras y temporeros migrantes, pocas veces se habla de los que cuentan los billetes detrás del escritorio. La Cooperativa Santa María de La Rábida, a través de la marca Fresón de Palos, es la principal empresa fresera en Europa, con una producción que en 2019 alcanzó 71 millones de kilos, de los que más de la mitad se exporta a mercados internacionales. Durante las campañas de recolección, emplea de forma directa a 600 trabajadoras, entre recolectoras y envasadoras (el 60% de la plantilla son mujeres), pero llega a ocupar hasta 5.000 trabajadoras a través de sus socios. Otra de las grandes es Cuna de Platero, que cultiva cerca de 900 hectáreas anuales y emplea a una media de 2.270 trabajadoras. El 85% de su producción se destina a la Unión Europea: Alemania, Reino Unido, Francia, Austria y Suiza.

Las grandes empresas no solo se benefician de la precariedad laboral, sino que reciben millonarias ayudas a través de la PAC

Ana Pinto nos revela otro dato importante. Las grandes empresas no solo se benefician de la precariedad laboral, sino que reciben millonarias ayudas a través de la PAC, la Política Agrícola Común de la UE. “Todas las grandes empresas más explotadoras, a las que hemos estado poniendo denuncias este año y las que conozco de primera mano que explotan a los trabajadores, que imponen normas abusivas y que no cumplen con el convenio, ni con ningún derecho, son las que reciben millonadas de las ayudas de la PAC”. La principal beneficiaria de estas subvenciones en Huelva es Moguer Cuna de Platero, que recibió 5.078.595 de euros solo en  2019. Y si miramos la lista de las 10 empresas frutihortícolas con sede en Huelva que más ayudas recibieron ese año, entre todas suman 26.649.966 de euros.

“En las grandes empresas ocurren los grandes horrores y el trato vejatorio, porque nos tratan como si fuéramos animales. Imagínate, las trabajadoras a algunas les han puesto nombres de cárceles. A una la llaman Guantánamo, a Las Posadillas la llaman Las Pesadillas, a otra la llaman Alcatraz… Nosotras nos reímos, por cachondear un poco, pero la verdad es terrible” cuenta Pinto.

“No somos carne de matadero”

“¡No somos carne de matadero!”. Con este grito, cientos de braceros, en su mayoría migrantes, los braccianti, salieron a la huelga el pasado 21 de mayo, en el pico de la pandemia, convocados por el sindicato de base USB. Trabajan para algunas de las principales empresas frutihortícolas de Europa, pero padecen condiciones laborales que parecen de hace dos siglos. 

“Somos útiles cuando se trata de recoger tomates y calabacines para su distribución a gran escala para las mesas (no sólo las italianas), pero molestamos mucho cuando pedimos derechos para las personas sin importar su origen, como un salario decente, la posibilidad de inscribirse en el registro civil para tener acceso a un médico, a una vivienda decente y a una vida humana”, aseguraban en su convocatoria.

Según varios estudios, el 80% de las jornaleras de California han experimentado algún tipo de acoso o “chantaje sexual” en el trabajo

Según el informe Agromafia y caporalato del sindicato Flai-Cgil, en Italia hay 405.000 trabajadores extranjeros en la agricultura, y un alto porcentaje se encuentra bajo el control de la mafia. Los caporali, intermediarios entre los temporeros y los empleadores, cobran una comisión por reclutar cuadrillas, y también por conseguir transporte o vivienda a los migrantes. La mitad de las que trabajan en el campo son mujeres, reciben jornales más bajos y están expuestas a constantes abusos. En la región de Vittoria, Sicilia, 5.000 temporeras rumanas trabajan cerca de 10 horas diarias en la recolección de tomates cherry. Según las ONG locales, las violaciones son frecuentes, aunque pocas trabajadoras se animan a denunciar. El gobierno italiano aprobó una regularización de emergencia para inmigrantes, pero colectivos antirracistas, sindicatos de base y organizaciones de izquierda denuncian que es totalmente insuficiente, ya que deja a mucha gente fuera.

Los abusos sexuales y violaciones a las trabajadoras del campo son un fenómeno extendido en otras partes del mundo. En las fincas de California, unas 270.000 jornaleras están expuestas a este tipo de agresiones. Según varios estudios, el 80% de ellas han experimentado algún tipo de acoso o “chantaje sexual” en el trabajo, algo que se incrementa por el miedo a ser deportadas, ya que en su mayoría son migrantes indocumentadas.

Un cóctel de racismo, patriarcado y capitalismo

Siguiendo la ruta de la precariedad y el racismo, los rebrotes del covid se multiplican en la industria agroalimentaria. En el norte de Marruecos, uno de los focos más importantes del virus se produjo en junio en la planta de la empresa española Frigodar, donde cerca de 500 trabajadoras de la fresa se contagiaron de coronavirus. En Alemania, uno de los rebrotes más importantes comenzó en las instalaciones de la empresa cárnica Tönnies en la localidad de Gütersloh, donde dieron positivo por covid al menos 1.500 trabajadores, en su mayoría migrantes de Europa del este. Alemania es el segundo exportador mundial de carne porcina y el grupo Tönnies tiene una facturación anual de cinco mil millones de euros.

También en Estados Unidos los focos de covid impactan especialmente en la industria cárnica y en el trabajo agrícola. El biólogo Rob Wallace, autor de Big Farms Make Big Flu, explica que el contagio es mayor en sectores “cuya disciplina laboral y remuneración son remanentes de los días de la esclavitud”. Estas industrias “dependen de la mano de obra negra, latina e inmigrante. La demografía está impresa en las incidencias de covid resultantes. Incluso antes del covid, cuanto mayor es la fuerza de trabajo latina, especialmente en la producción de alimentos y en los almacenes –los puntos calientes de Covid– más numerosos son los agravios registrados y menores los controles”.

A lo largo de toda su historia, el capitalismo ha promovido y utilizado a su favor el racismo y el machismo como formas de diferenciar sectores ultra precarios y con peores salarios. También, han sido mecanismos para dividir a las personas oprimidas entre sí. Por ese motivo, las cuestiones raciales y de género se encuentran entrelazadas a la cuestión de clase, y aún más en el siglo XXI, cuando la clase trabajadora se ha extendido a nivel mundial, con mayor precarización, racialización y feminización. Las leyes de extranjería, los muros fronterizos y las vallas son nuevas formas de segregación, funcionales a un capitalismo globalizado donde se han multiplicado las migraciones.

A un lado y otro del mapa, aparecen reivindicaciones similares entre grupos antirracistas y asociaciones de trabajadoras del campo: regularización inmediata y sin condiciones, anulación de las leyes de extranjería, viviendas dignas, un salario mínimo acorde con las necesidades, derecho a la libre sindicalización y reducción de la jornada laboral, para empezar. Y aunque estas cuestiones, si se lograran, permitirían mejorar las condiciones laborales de toda la clase trabajadora, tanto inmigrante como nativa, los sindicatos mayoritarios no suelen darles importancia –a diferencia de sindicatos más pequeños como el SAT de Andalucía, que lleva años recorriendo los tajos y haciendo denuncias–. “Es parte también de nuestro problema, la pasividad y el consentimiento de los grandes sindicatos con lo que ocurre aquí en nuestra provincia”, asegura  Pinto.

En Jornaleras de Huelva en Lucha han optado por un camino distinto, uniendo a trabajadoras nativas, inmigrantes y racializadas en la misma organización, para dar una pelea en común. “Es verdad que empezamos con mayor grosor de jornaleras autóctonas, pero ahora mismo tenemos compañeras de Marruecos y compañeras de Rumanía que se han sumado también. Estamos trabajando en conjunto con los trabajadores y las trabajadoras africanas, con mujeres de los asentamientos, que también están en la lucha con nosotras, y se está creando algo muy bonito, donde hay mucha diversidad y respeto entre todas nosotras”.