La historia política está llena de incoherencias, zonas grises y ambigüedades. ¿Recuerdan la controversia que se formó cuando José Luis Rodríguez Zapatero y Jesús Eguiguren afirmaron que Arnaldo Otegi quería la paz y obraba para conseguirla? Los rigoristas de la derecha salieron en tromba para insistir en que Otegi no era más que un etarra. Otegi, efectivamente, formó parte de ETA político-militar y, cuando esta se disolvió, lejos de abandonar el terrorismo, ingresó en ETA militar. Fue condenado a seis años de prisión por participar en el secuestro de un industrial en 1979. Otegi, sin embargo, evolucionó y con el tiempo se dio cuenta de que la vía política debía prevalecer sobre la vía armada. Con vacilaciones y contradicciones, logró que la izquierda abertzale tomara distancia con la organización terrorista y presionara a esta para acabar con la violencia. A pesar de su pasado en las filas de ETA, la contribución de Otegi a la pacificación del País Vasco fue positiva y merece un reconocimiento.

Precisamente por el papel que Otegi desempeñó en el final del terrorismo, muchos pensamos que el ensañamiento judicial contra él por parte de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo durante los últimos quince años carece de justificación. En 2005 el Supremo le condenó por injurias a la corona (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos invalidó la condena en 2011). En 2006, el entonces juez Fernando Grande-Marlaska ordenó su ingreso en prisión por los disturbios ocurridos durante una huelga general en el País Vasco. Ese mismo año, la Audiencia Nacional le condenó por enaltecimiento del terrorismo (lo volvieron a hacer en 2010). En 2011, el año en el que ETA anunció el abandono de la violencia, la Audiencia Nacional le impuso una condena de diez años de cárcel por pertenencia a ETA en grado de dirigente. 

Resulta políticamente grosero afirmar que Martín Villa es nada más que un franquista. Fue un franquista, sin duda, pero, para bien de todos, se hizo demócrata

Viene todo esto a cuento porque parecidas razones a las que me llevan a ser crítico con las decisiones de los tribunales españoles contra Otegi se aplican en el caso de Rodolfo Martín Villa y el intento de juzgarle por crímenes ocurridos en el tardofranquismo y el inicio de la Transición. La acusación contra Martín Villa forma parte de la querella argentina interpuesta en 2010 por genocidio y/o delitos de lesa humanidad cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. No es el único acusado, pero si me centro en su caso es porque se trata de la figura de mayor visibilidad pública y porque las acciones que se someten a juicio corresponden al periodo de la Transición, que tiene características muy especiales.

El historial de Martín Villa es bien conocido: jefe del SEU, procurador en las Cortes orgánicas desde 1964 (cuando solo tenía 30 años), secretario general del Sindicato Vertical, gobernador civil de Barcelona en 1974 y, tras la muerte de Franco, ministro de Relaciones Sindicales en el Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro. Un franquista de los pies a la cabeza. Y, sin embargo, durante la Transición se sumó a los reformistas del régimen que controlaron desde el Estado el proceso de democratización del país. Fue ministro de Interior en el Ejecutivo de Suárez (entre julio de 1976 y abril de 1979), en los años más conflictivos de la Transición. Su contribución a la democracia está llena de claroscuros, pero resulta indiscutible que remó a favor de esta. Y merece, como Otegi con respecto a ETA, un reconocimiento por ello. Resulta políticamente grosero afirmar que Martín Villa es nada más que un franquista. Fue un franquista, sin duda, pero, para bien de todos, se hizo demócrata.

Precisamente porque no hubo ruptura con el franquismo y porque la democracia surgió desde dentro de la legalidad franquista, como una especie de metamorfosis del régimen mediante la octava Ley Fundamental, la Ley para la reforma política aprobada por las Cortes orgánicas en noviembre de 1976, la “claridad moral” brilló por su ausencia a lo largo de todo el proceso. El caso español es, en este sentido, bastante diferente al de dictaduras represivas que en un cierto momento colapsaron (como la dictadura militar argentina o el régimen nazi). Aquí nos enfrentamos a una transformación interna en la que sectores del franquismo dirigieron las reformas democráticas.

En este sentido, el mayor problema que plantea la querella consiste en considerar que los cuarenta años de franquismo constituyen un periodo homogéneo, de tal manera que toda la violencia ejercida por el régimen entre 1936 y 1977 es equivalente y responde a una misma lógica y motivación, pudiéndose establecer una continuidad entre la violencia exterminadora de la Guerra Civil y la posguerra, por un lado, y, por otro, los actos represivos del inicio de la Transición, como la masacre de Vitoria del 3 de marzo de 1976, en la que las fuerzas de seguridad mataron a cinco trabajadores. Considerar que las cinco muertes de Vitoria (o las tres de Granada de julio de 1970, o las dos de Ferrol de 10 de marzo de 1972) son también crímenes de genocidio o de lesa humanidad resulta bastante cuestionable, pues pasa por alto la evolución del régimen franquista (mayor institucionalización, menor represión). Las acciones de las fuerzas de seguridad de los primeros setenta no tienen mucho que ver con los asesinatos sistemáticos de la Guerra Civil o la posguerra. 

Hasta tal punto es así, que tiene más sentido considerar que hay un ciclo específico de violencia en los años de la Transición, entendida esta en sentido lato: se inicia tras la muerte del dictador y podemos darla por terminada en febrero de 1981, tras el fracaso del golpe, o en octubre de 1982, tras la victoria arrolladora del PSOE. Cubre, por tanto, años de franquismo y años de democracia. Según los cálculos que realicé con Paloma Aguilar, entre diciembre de 1975 y diciembre de 1982, las fuerzas de seguridad acabaron con la vida de 174 personas, de las que 53 murieron en operaciones contra la delincuencia común, 24 eran miembros de ETA, 13 del GRAPO y 84 ciudadanos que murieron mientras participaban en protestas políticas o que se vieron envueltos en altercados con la policía o la Guardia Civil.

Su compromiso con la democracia no le impidió tomar decisiones abyectas, como la condecoración al torturador Billy el Niño en 1977

Las mayores responsabilidades políticas de Martín Villa corresponden a este periodo. Resultaría extraño concluir que Martín Villa es culpable de un delito de lesa humanidad por los cinco trabajadores muertos de Vitoria (cuando él era ministro de Relaciones Sindicales) y no por los sucesos de los sanfermines de 1978 (cuando era ministro de Interior) simplemente porque que en España había habido unas elecciones democráticas un año antes. En realidad, ambos actos de represión estatal son parte de un mismo contexto político e histórico, marcado por el final del franquismo y el inicio de la democracia. En ningún caso el propósito de los gobiernos de Adolfo Suárez pasaba por eliminar o suprimir al movimiento opositor.

La llegada de la democracia no acabó de golpe con los abusos policiales y los crímenes de Estado. Recuérdese, por ejemplo, el caso Scala, el incendio deliberado de una sala de fiestas en Barcelona el 15 de enero de 1978 en el que murieron cuatro personas y por el que se inculpó a la CNT y la FAI, cuando todos los indicios apuntan a que fue un acto de terrorismo de Estado para acabar con el movimiento anarquista (véase Xavier Cañadas, El Caso Scala, Virus, 2008).

Todos estos episodios fueron en parte consecuencia del continuismo de la Transición: las estructuras y el personal de las fuerzas de seguridad y del aparato judicial no se sometieron a una renovación democrática. Que el ministro de Interior en ocasiones dejó hacer, que no quiso enfrentarse a las tramas policiales, o que algún caso pudo dar su aprobación a operaciones que eran crímenes de Estado, parece claro, pero eso queda bastante lejos de lo que se entiende por crímenes de lesa humanidad. Martín Villa, sin duda, es un personaje lleno de dobleces: su compromiso con la democracia no le impidió tomar decisiones abyectas, como la condecoración al torturador Billy el Niño en 1977. Este comportamiento es típico de políticos que hacen de bisagra entre dos épocas (igual le sucede a Otegi y su dificultad para distanciarse de ETA). 

Durante la Transición, antes y después de las elecciones de 1977, se cometieron abusos policiales, la tortura era una práctica frecuente en las comisarías y los grupos terroristas de la ultraderecha contaban en ocasiones con la complicidad de los aparatos represivos (según los datos que recabé con Paloma Aguilar, los grupos de la extrema derecha fueron responsables de la muerte de 57 personas entre la muerte de Franco y la victoria del PSOE en 1982). Ahora bien, sería abusivo considerar que aquellos episodios, algunos nunca esclarecidos, constituyen crímenes de lesa humanidad. Hay mucho que depurar en el relato dominante sobre la Transición, pero recurrir a la categoría de genocidio o de crímenes de lesa humanidad resulta confuso e improcedente.