Este mes de septiembre se cumplen 45 años desde que la sangre de José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui manchasen el alba de Barcelona, Burgos y Hoyo de Manzanares (Madrid). A día de hoy siguen impunes los jueces que condenaron, los ministros que convalidaron y los voluntarios que participaron en los piquetes de ejecución de estos asesinatos “legales”. Exactamente igual que ocurre con los responsables de los centenares de miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otros múltiples delitos cometidos durante toda la dictadura franquista.

Los diferentes países europeos que sufrieron regímenes autoritarios y fascistas homologables al español han juzgado a sus respectivas dictaduras y a sus culpables, además de desarrollar una política activa de reconocimiento de las víctimas. Todos los países menos el nuestro. Una situación que el propio responsable de memoria de la Comisión Europea catalogó como la “excepción española”. Una anomalía que permite que España siga siendo a día de hoy uno de los países del mundo con más desaparecidos forzados. Y un país que mantiene una parte fundamental de su memoria democrática enterrada bajo sus cunetas arrastra un problema que tiene que ver con el pasado, pero sobre todo con el presente.

En torno a esta excepcionalidad democrática española se ha construido un régimen de impunidad único en el mundo, como reconoció el filósofo Jon Elster en un estudio comparado, al afirmar que “el caso español es único dentro de las transiciones a la democracia por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional”. Esta impunidad es la base sobre la que se asienta tanto la permanencia del aparato represivo del Franquismo como, sobre todo, el mantenimiento del bloque económico y de poder que transitó de la dictadura a la democracia. Porque si algo caracterizó a la Transición fue que las élites del franquismo transitaron impunemente al nuevo marco constitucional, conservando intactos los privilegios que habían acumulado durante la dictadura y gracias a ella.

Se suelen esgrimir infinitos y complejos obstáculos jurídicos insalvables para justificar la ausencia de avances en la búsqueda de justicia. Y sin embargo es exactamente al revés: nada se opone a la misma. Porque, tal y como estipulan las reglas del derecho internacional de los Derechos Humanos firmadas por España, ninguna ley, práctica o decisión política o judicial puede amparar crímenes contra la humanidad como los  que se cometieron sistemáticamente durante toda la dictadura franquista. Sirva de ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito y ratificado por España antes de que se dictara la Ley de Amnistía, y que establece, en su artículo 15.2, que nada impedirá el juicio y la condena por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

Esta sistemática inactividad, omisión e incluso obstrucción activa a cualquier posibilidad de juzgar al franquismo por parte de las autoridades políticas y jurídicas de nuestro país ha motivado que las víctimas de la dictadura hayan tenido que recurrir a instancias internacionales en defensa de sus derechos.  Al igual que en su momento las víctimas de las dictaduras chilena y argentina recurrieron a nuestros tribunales buscando una justicia que se les negaba en sus países, hoy las víctimas del franquismo recorren el camino a la inversa.

Resulta sorprendente que, como parte de su estrategia de defensa, Martín Villa haya recibido cartas de apoyo por su labor firmada por los cuatro ex presidentes del Gobierno español

Más de 1.000 querellas y denuncias, tanto de víctimas individuales como de instituciones y asociaciones, componen la llamada “querella argentina”: un esfuerzo jurídico y político que, en el último periodo, se ha complementado con la apertura de una vía jurídica y de presión política en España, donde alrededor de 40 ayuntamientos de diversos territorios del Estado han presentado, o están en trámites de hacerlo, querellas criminales ante los juzgados españoles para que se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista en sus municipios; así como numerosas querellas por delitos de torturas, homicidio y lesiones, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales, todas ellas en un contexto de crímenes contra la humanidad, interpuestas igualmente ante la justicia española.

Pero a pesar de todas las recomendaciones de organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, el Parlamento Europeo o el Consejo de Europa, para que el Estado español cumpla con los compromisos internacionales de verdad, justicia y reparación, ninguna de las querellas criminales presentadas hasta la fecha han sido admitidas a trámite.

El jueves 3 de septiembre, 10 años después de que se iniciase la querella argentina, la jueza Servini de Cubría a cargo del juzgado federal número 1 de Buenos Aires tomará, por vía telemática, declaración a el exministro Rodolfo Martín Villa, acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo y la Transición. Como recuerdan los querellantes, Martín Villa fue una de las piezas clave en la ejecución de una política de Estado represiva y cruenta que conformó un ataque generalizado y sistemático contra la población civil con más de 12 asesinatos. Por ello, es uno de los requeridos por la justicia argentina como responsable de crímenes contra la humanidad.

Hasta hoy, tanto los sucesivos gobiernos españoles como la judicatura se han negado a extraditar a Martín Villa a Argentina para que pudieran tomarle declaración, mientras han impedido sistemáticamente que la jueza Servini pudiese hacerlo en algún juzgado español, por no hablar de la permanente negativa a juzgarle directamente en algún tribunal español, como correspondería. Por todo esto, la declaración de Martín Villa el 3 de septiembre no es algo menor, sino que representa un importante paso jurídico, político y simbólico para acabar con el régimen de impunidad del que todavía no se ha librado la democracia española.

Resulta por ello sorprendente que, como parte de su estrategia de defensa, Martín Villa haya recibido cartas de apoyo por su labor firmada por los cuatro ex presidentes del Gobierno español: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, de los exsecretarios generales de UGT (Nicolás Redondo y Cándido Méndez) y CC.OO. (Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo), de exministros, antiguos cargos policiales, senadores, embajadores y ponentes de la Constitución. Como está ocurriendo con el rey emérito, parece evidente que cuando se cuestiona a una figura de la supuesta “Transición modélica”, los pilares del Régimen del 78 se apuntalan y cierran filas corporativamente para evitar que se desmorone todo el edificio. Para que luego digan que la memoria democrática es solo una cuestión del pasado.

Casi 45 años después de los últimos fusilamientos de la dictadura, de la muerte del dictador en la cama y del inicio de una transición tutelada, hoy ya no hay justificación ética, social o política que sostenga la todavía tan actual impunidad del franquismo. Mucho menos si con ella se sigue impidiendo la urgente necesidad de reconocer a sus víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Pero es importante recordar una vez más que la memoria democrática no es una cuestión que concierne única y exclusivamente a aquellas personas que sufrieron graves violaciones punibles de los Derechos Humanos durante la dictadura franquista, sino que afecta a la sociedad en su conjunto. Y es que las políticas de impunidad actualmente mantenidas afectan seriamente a la calidad de nuestra democracia.

Por ello es fundamental insistir en que no hablamos de historias del pasado, sino que denunciamos la vergonzosa situación actual para así poder mejorar el presente y tener un futuro de “democracia real”. Esto no va de reabrir heridas, sino de poder cerrarlas de una maldita vez. De ahí su importancia, su urgencia y su naturaleza absolutamente presente para nuestra democracia. En nuestra memoria permanece el recuerdo imborrable de las sonrisas de Carli y Chato quienes, con su tenacidad y determinación política, abrieron el camino para acabar con la impunidad en nuestro país. Nunca seremos conscientes de todo lo que les debemos a estos y tanto otros y otras luchadoras por la democracia y la transformación social. Hasta ahora, las medallas del régimen se las ha llevado Martín Villa. Mañana (3 de septiembre) se sienta en el banquillo para que le tomen declaración por sus crímenes contra la humanidad y contra la democracia. Quién sabe, puede que, por una vez, la historia empiece a cambiar de bando y la impunidad deje poco a poco de guiñarle el ojo a los ganadores de siempre y a quienes permiten que el silencio pese por encima de la justicia.

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Miguel Urbán Crespo es eurodiputado miembro de Anticapitalistas.