Bolivia celebra elecciones el domingo 18, después de meses de vida política congelada por la pandemia. A la incertidumbre de la emergencia sanitaria se une la de unas elecciones decisivas y de resultado incierto. Desde los comicios de octubre de 2019 y el golpe de Estado que expulsó a Evo Morales del poder, gobierna la exsenadora Janine Áñez, aupada a la presidencia por el ejército. La expulsión del Movimiento al Socialismo (MAS) del poder acabó con más de 13 años de “proceso de cambio”, un periodo de profundas transformaciones políticas, sociales y económicas en Bolivia que incluyó ambiciosas políticas a favor de la igualdad de género. Este es uno de los aspectos menos conocidos en Europa del proyecto político populista, indigenista y antineoliberal liderado por Morales, no exento de contradicciones (basta con recordar la famosa frase en la que relacionaba la homosexualidad y el consumo de pollo hormonado).

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El gobierno provisional de Áñez debía acabar en mayo pero las elecciones previstas se aplazaron por la pandemia y después la presidenta de facto maniobró para evitar que tuvieran lugar en septiembre, preocupada por las encuestas que prevén una nueva victoria electoral del MAS. Es probable que el MAS vuelva al poder, pero será sin Evo Morales y en un contexto muy distinto, por lo que podemos afirmar que el ciclo político de transformación iniciado en 2006 ha terminado. En los próximos meses se decidirá qué queda del proceso de cambio, también en el ámbito de las políticas feministas. A lo largo de una década, el MAS promovió una nueva constitución con una clara perspectiva de género y antirracista, así como numerosas leyes sobre violencia machista, paridad, tráfico de personas, derechos sexuales y reproductivos, acceso a la tierra e identidad de género, entre otros muchos temas. Algunas de estas normas seguían una tendencia generalizada en América Latina, como la Ley 348 para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia o la legislación sobre paridad, que introdujo las listas cremallera en todas las elecciones y convirtió a Bolivia en el segundo país del mundo con mayor proporción de mujeres en el Parlamento, después de Ruanda.

La mayoría parlamentaria del MAS también llevó a cabo iniciativas innovadoras, como la Ley 243, la primera en el mundo centrada en combatir la violencia contra las mujeres políticas, una forma específica de violencia machista que pone en riesgo los progresos que se han hecho en las últimas décadas en igualdad de género en la participación política, o una de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Además, la perspectiva interseccional está presente en la legislación impulsada por el MAS, un partido que tiene el indigenismo en el centro de su ideario.

Alianzas entre mujeres 

Esta oleada de legislación feminista, en un país donde las estructuras del patriarcado son tan sólidas –más de la mitad de las mujeres bolivianas han sufrido violencia física por parte de su pareja, según una encuesta del gobierno de ese país– se explica por un contexto político muy particular. En primer lugar, por la presencia de varias activistas feministas en lugares destacados del partido y el Estado: varios ministerios y la presidencia del Tribunal Electoral fueron ocupados por estas activistas, que se aliaron para vencer las resistencias que existían dentro de su propio partido y en la oposición ante la agenda feminista del MAS.

El segundo factor fue otra alianza entre mujeres, esta vez fuera del gobierno. Bolivia tiene una destacada tradición de activismo, con movimientos sociales muy fuertes. Entre los movimientos de mujeres tradicionalmente ha existido una fuerte división entre las ONG feministas –pequeñas y formadas por mujeres blancas de clase media– y las organizaciones sociales de mujeres, formadas sobre todo por mujeres indígenas y campesinas. Hasta la llegada del MAS al poder, las ONG se habían centrado en los temas que priorizan habitualmente los movimientos europeos, como la violencia en el ámbito doméstico, los derechos sexuales y reproductivos o la participación política. Por su parte, organizaciones sociales como las Bartolinas –que no se definen como feministas– están a la vanguardia de la lucha por la tierra y por los derechos sociales, en un país que en 2006 tenía una tasa de pobreza del 60 por ciento.

Las leyes impulsadas por el MAS han conseguido poner en la agenda pública los derechos de las mujeres, pero no está claro hasta qué punto han logrado mejorar sus vidas

Durante los primeros años del MAS en el poder, el parlamento fue escenario de enfrentamientos abiertos entre las diputadas indígenas y campesinas del partido, por un lado, y las que venían de las ONG feministas. Diputadas indígenas como Julia Ramos se opusieron en un primer momento a la ley contra la violencia política afirmando que atacaría a “nuestros maridos y hermanos”, aunque acabaron apoyándola. Poco a poco, ambos sectores fueron acercándose, y llegaron a formar la coalición Mujeres Presentes en la Historia para influir en el proceso constituyente que se desarrolló entre 2006 y 2009. Miles de mujeres se reunieron por todo el país para construir propuestas feministas, que en muchos casos fueron incorporadas a la nueva Constitución, aprobada en referéndum en 2009. La nueva norma fundamental boliviana contiene una de las declaraciones de derechos más detalladas del constitucionalismo global e incluye referencias explícitas a cuestiones como la paridad en política y la violencia machista.

En un proceso difícil, ONG feministas y organizaciones sociales de mujeres fueron asumiendo como propias demandas que hasta entonces no les habían parecido prioritarias, abriendo paso a la que probablemente fue la agenda feminista más ambiciosa de todos los gobiernos progresistas latinoamericanos. Las ONG tenían la competencia técnica pero estaban muy deslegitimadas después de su papel durante la época neoliberal. Una ejecutiva de una de estas organizaciones reconoció que habían hecho “barbaridades” en Bolivia, cuando la falta de un proyecto político de desarrollo económico y social otorgaba un poder exagerado a la cooperación internacional. Organizaciones sociales de mujeres campesinas e indígenas como las “Bartolinas” proporcionaron la legitimidad política y social imprescindible para hacer realidad la agenda legislativa feminista durante el “proceso de cambio”.

Por supuesto, también hubo decepciones. Por poner un ejemplo especialmente significativo, Morales comenzó su gobierno nombrando ministra de Justicia a la antigua líder del sindicato de trabajadoras del hogar, pero en 13 años su gobierno no cumplió la promesa de garantizar el derecho a la atención sanitaria a este sector, uno de los más discriminados del país. Además, el aborto y el matrimonio igualitario siguen prohibidos en Bolivia, y la progresista Ley de Identidad de Género promovida por el MAS fue recortada por el Tribunal Constitucional.

Las leyes impulsadas por el MAS han conseguido poner en la agenda pública los derechos de las mujeres, pero no está claro hasta qué punto han logrado mejorar sus vidas. La implementación legislativa es siempre una odisea en un país como Bolivia, con un Estado relativamente débil, y más con la oposición de operadores claves como los jueces a algunas de las normas feministas más importantes. A esto hay que sumar que la financiación de políticas sociales como las de prevención de la violencia machista está ligada al impuesto sobre hidrocarburos, una fuente de ingresos públicos abundante pero irregular.

Un futuro incierto

Una de las imágenes del golpe de Estado del año pasado que dio la vuelta al mundo fue la de Janine Áñez celebrando su toma del poder con la Biblia en la mano, un buen ejemplo de su ideología ultrarreligiosa. Ya en precampaña electoral, se presentó en un vídeo como una ama de casa entregada, lo que se une a sus frecuentes manifestaciones racistas. Quizá preocupada por su imagen reaccionaria, en enero Áñez declaró 2020 como el año contra el feminicidio, pero parece que esta afirmación retórica es todo lo que podemos esperar de la ex senadora y los suyos en materia de políticas feministas. Finalmente ha retirado su candidatura en favor del ultraderechista Luis Fernando Camacho, aprendiz boliviano de Bolsonaro.

La vuelta al poder del partido de Morales o al menos del centrista Carlos Mesa es la primera condición para que las leyes aprobadas durante la última década no queden en papel mojado. Además, la mejor garantía de que la agenda feminista sigue avanzando sería que se estrechen de nuevo las relaciones entre distintas organizaciones de mujeres. Es difícil ser optimista respecto a la alianza entre ONG feministas y organizaciones sociales de mujeres, ya que esta inédita unión de fuerzas fue el reflejo en el ámbito de las políticas feministas de la alianza entre clases medias y populares que sostuvo el proceso de cambio del MAS. Una alianza que hoy está herida, como demostraron las últimas elecciones. Sin embargo, también parecía imposible que un sindicalista indígena llegase al poder en Bolivia y Evo Morales mantuvo una hegemonía indiscutida durante más de una década. Como otros países latinoamericanos, Bolivia se encuentra a medio camino entre un ciclo progresista terminado y la amenaza reaccionaria representada por figuras como Camacho y Bolsonaro. Las mujeres y el colectivo LGTBI se juegan mucho en esta encrucijada.

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Artículo basado en la tesis doctoral del autor, Left-Wing Populism and Feminist Politics: the Case of Evo Morales. Bolivia (Universitat Autònoma de Barcelona).

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