La kafkiana campaña de lawfare contra la izquierda latinoamericana parecía imposible de combatir a medida que expresidentes como Rafael Correa, Lula da Silva y Evo Morales iban cayendo ante los jueces, y sus exministros eran acusados de diversos delitos por el simple hecho de haber sido ministros. Pero la acción de fiscales y jueces –en lugar de las habituales intervenciones militares del pasado– para prevenir las victorias electorales de la izquierda empieza a dar señales de agotamiento.

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Aunque Rafael Correa siga exiliado en Bruselas, habrá una candidatura de la izquierda “correista” –si se quiere llamarla así– en las elecciones ecuatorianas de febrero, liderada por el joven economista Andrés Arauz, pese a los intentos jurídicos/políticos para impedirlo.

Así mismo, en Bolivia, la campaña de criminalización de los críticos del gobierno no electo de Jeanine Áñez no ha logrado inhabilitar al candidato presidencial Luis Arce, otro excelente economista –elogiado en su día por el FMI– y exministro de Evo Morales. Al igual que Arauz, Arce tiene bastantes posibilidades de imponerse en las elecciones bolivianas del próximo 18 de octubre. Así se explica la decisión de Áñez de retirar su candidatura (ni con todo el poder del estado clientelar bajo su control ha podido Áñez rebasar el 10% del apoyo en los sondeos). El 5 de octubre una corte constitucional desestimó iniciar un proceso para excluir al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales de los próximos comicios.

Mientras tanto, aquí en Brasil, la investigación anticorrupción conocida como Lava Jato, que logró encarcelar a Lula por unas reformas en un apartamento modesto que no era suyo, en Guarujá, una playa de Sao Paulo, está totalmente desacreditada. Los intrépidos fiscales de Curitiba, como Deltan Dalagnol, evangélicos de formación cultural estadounidense, perdieron credibilidad tras la filtración de conversaciones telefónicas a The Intercept, en las que conspiraban con el juez Sergio Moro con el fin de retirar a Lula del proceso electoral.

En Brasil, la investigación anticorrupción conocida como Lava Jato, que logró encarcelar a Lula por unas reformas en un apartamento modesto que no era suyo, está totalmente desacreditada

El nuevo juez Kassio Nunes, nombrado por Bolsonaro para el Tribunal Supremo, es un fuerte crítico con los métodos inquisitoriales de Lava Jato, así que es bastante probable que la investigación tenga ya los días contados. Moro, por su parte, difícilmente se recuperará de su decisión de incorporarse al gobierno de Bolsonaro. Lula, encarcelado seis meses antes de las elecciones del 2018 que con toda probabilidad habría ganado, tantea presentarse a los comicios presidenciales de 2022.

El lawfare en Brasil y Bolivia tal vez no tenía la sutileza de una novela de Kafka. Pero en Ecuador, donde Lenín Moreno, candidato de Correa en las elecciones del 2017, se convirtió de la noche a la mañana en un alumno estrella de Donald Trump y la nueva Doctrina Monroe, he hablado con auténticas encarnaciones de Josef K., el trágico héroe de El Proceso.

Fausto Herrero, por ejemplo, el exministro de economía de Correa en Quito, ha sido investigado judicialmente por endeudar excesivamente al Estado, una acusación que forzaría el encarcelamiento de casi todos los ministros del mundo en estos momentos. La alcaldesa de Pichincha –Quito y sus alrededores–, Paola Pabón, fue encarcelada por escribir un tuit en el que animaba a la gente a protestar contra el duro ajuste pactado por Moreno y el FMI.

Pero no me di cuenta de hasta qué punto El Proceso había sido reescrito en Quito hasta que hablé el otro día con Arauz para esta entrevista en La Vanguardia. “¿Por qué quieren prohibir su candidatura?”, pregunté.

“Pues, mira, la historia es larga”, respondió Arauz. “Hemos pasado por seis partidos en tres años. Y les han ido sistemáticamente proscribiendo para que no podamos participar. El ultimo fue el 16 de septiembre, antes de la convocatoria de las elecciones. Eliminaron Compromiso Social, el partido más votado en las elecciones del año pasado. Por suerte tenemos una alianza con el Centro Democrático, un partido de centro y eso nos abrió las puertas. Organizamos primarias y yo gané de presidente y Rafael Correa la de vicepresidente. Pero después de unos días de las primarias, la justica sacó una sentencia acelerada en contra de Rafael Correa, la sentencia más rápida de la historia de Ecuador. (Correa está acusado de un caso de corrupción aún más cogido con alfileres que Lula). Eso inhabilita a Correa para ser candidato a cualquier cargo. Ese momento, nos puso en una solución difícil porque tuvimos que elegir un candidato distinto porque la ley obliga a que el candidato sea el ganador de las primarias. De modo que pusimos a Rafael Correa, aun sabiendo que estaba inhabitado y luego, de acuerdo con la ley, lo sustituimos por Carlos Rabascall. Eso es totalmente legal. Pero empezaron a hablar  muchos analistas en los medios de comunicación diciendo que, puesto que Correa no había estado físicamente presente en las primarias, no había sido candidato de verdad y, por eso, no se podía remplazar. Sin embargo, resultaba que la ley también dice que si un candidato no pone la firma es razón para reemplazarlo. Así que ya desde el lado jurídico estamos tranquilos…”

Luego Arauz  –como para ayudarme a editar la entrevista y ponerlo en formato Twitter– explicó la verdad del lawfare. “Resumido, el problema es político. Quieren usar alguna interpretación de la ley para eliminarnos de las elecciones ya que estamos liderando las encuestas”. Todo lo demás era un pretexto jurídico.

¿Por qué el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, en el último momento, optó por aceptar la candidatura de Arauz? Porque “una decisión de no permitir un proceso democrático podría desencadenar una espiral de conflicto social. El próximo Gobierno carecería de legitimidad y eso supondría un proceso muy negativo para un país como Ecuador que ha sido tradicionalmente pacífico”, responde Arauz.

Fracasado el lawfare, pues, las fuerzas que temen otra “marea rojiza” o hasta roja en América Latina tratarán –tanto en Ecuador como en Bolivia– de buscar una forma para que los candidatos vinculados a Correa y Morales no ganen. Pero los sondeos por el momento señalan una victoria para la izquierda, al menos en la primera vuelta.

Por eso, hay que vigilar muy de cerca el proceso democrático. Tanto en Bolivia como Ecuador es imprescindible que los observadores de estas elecciones inminentes no sean únicamente los de la desacreditada Organización de Estados Americanos (OEA). Luis Almagro, secretario general de la OEA, se ha ideologizado tanto en su deseo de complacer a Trump, Mauricio Claver-Carone, Marco Rubio y los demás lobistas cubanos en Miami que hasta arremetió contra The New York Times por cuestionar el informe de la OEA que denunció fraude en las elecciones bolivianas de octubre del año pasado (1).

La OEA de Almagro ya es un avalador de procesos democráticos tan fiable como, por poner un ejemplo, Henry Kissinger. Por eso, ya es imprescindible que participe Europa. Tanto en Ecuador como en Bolivia. Como dice Arauz: “En Ecuador somos muy escépticos respecto a la independencia de nuestros órganos regulatorios y muy escépticos respecto a la independencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), debido a la experiencia en Bolivia. Y la Unión Europea ha tenido una tradición un poco más apegada a las tradiciones democráticas y respeto a los derechos humanos. Puede ser importante como un mensaje a Ecuador y al mundo si la UE manifiesta su preocupación respecto al proceso democrático en Ecuador”.  (Si los países latinoamericanos que han apoyado la reelección de Almagro en la OEA creen que atacar a The New York Times es una buena estrategia para proteger sus intereses en Washington, puede que cambien de opinión después del 3 de noviembre).

(1) Para quienes no lo leyeron en su día, esta es la respuesta de Almagro al artículo de The New York Times que puso en entredicho el rigor del informe de la OEA que se utilizó como justificación de un golpe de estado contra Morales:

(…)Por su parte, aunque menos relevante, un artículo del NYT también ha intentado de alguna manera ir por ese camino de negar el fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia. Una vez más, no corresponde a este comunicado entrar en una discusión política con el equipo del NYT, pero sí es necesario contextualizar esta campaña. El NYT tiene una historia controvertida con la verdad en contextos de dictaduras y totalitarismos, que ha sido documentada. Por ejemplo, en 1931 el corresponsal del NYT en la Unión Soviética, Walter Durante, falló en identificar y reportar la hambruna de millones de ucranianos provocada por el régimen totalitario de Joseph Stalin. (…) En este Hemisferio, en 1957, su corresponsal Herbert Matthews fue instrumental en la construcción de una narrativa pro-Castro del cual el mismo Fidel Castro se burló y se benefició en su proceso de destrucción totalitaria. Nada de esto ha sido objeto de revisión por el actual NYT. Hoy, por su parte, pretende negar al pueblo boliviano la posibilidad de elegir un nuevo presidente que no sea Evo Morales en una nueva elección. Obviamente le reconocemos al NYT su derecho a mentir, tergiversar, distorsionar la información, los datos y los hechos, así como a mezclar verdad y mentira todas las veces que quiera (...)”.

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