El 3 de noviembre, lxs votantes de California aprobaron la Proposición 22, una medida de votación respaldada por aplicaciones de las compañías gig (bajo demanda) que les exime de clasificar a sus aproximadamente tres mil trabajadorxs como empleadxs. Incluido en la letra pequeña de la Proposición 22 hay un requisito de que la medida no puede ser modificada con menos de siete octavos de aprobación de la legislatura estatal, lo que garantiza que no se pueda revocar.

El éxito de la medida es un hito en la historia del gobierno de lxs ricxs. Si había dudas antes, el éxito de la Proposición 22 demuestra que lxs capitalistas pueden escribir sus propias leyes -- se puede esperar que todxs lxs ejecutivxs en los Estados Unidos se den cuenta.

Compañías como Uber, Lyft, DoorDash, Postmates e Instacart invirtieron 205 millones de dólares en el esfuerzo de Sí a la Proposición 22 para aprobar una legislación que las exima de los requisitos de la legislación laboral relacionados con la atención médica, el seguro de desempleo, las condiciones de seguridad laboral y otros beneficios (incluyendo potencialmente la compensación de trabajadorxs, como las pensiones por fallecimiento, como lo detalla esta desgarradora historia de Los Angeles Times). La oposición a la Proposición 22, compuesta en gran parte por sindicatos y organizaciones laborales aliadas, recaudaron 20 millones de dólares, siendo superada en el gasto en diez a uno.

Lxs partidarixs de la proposición bombardearon a lxs californianxs con correos, anuncios y notificaciones engañosas en aplicaciones durante el período previo a la votación. Como reporta Los Angeles Times, el Sí a la Proposición 22 gastó 628.854 dólares por día: “En cualquier mes, eso termina siendo más dinero que un ciclo electoral entero de recaudación de fondos en 49 de las 53 elecciones a la Cámara de California”. Además de contratar a 19 empresas de relaciones públicas, algunas de las cuales lograron su reputación trabajando para los grandes del tabaco, las compañias compraron suplentes, donando 85.000 dólares a una empresa de consultoría dirigida por Alice Huffman, directora de la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) de California, lo que efectivamente les permitió presentarse cínicamente como a favor de la justicia racial incluso, pese a que la medida empobrecerá más a lxs conductores, la gran mayoría de lxs cuales son personas de color. Esta auténtica avalancha de dinero hace de la Proposición 22 no sólo la medida de votación más costosa en la historia de California, sino también en la historia de los Estados Unidos.

La campaña de oposición, compuesta por sindicatos y organizaciones laborales aliadas, recaudaron 20 millones de dólares, siendo superada en el gasto en diez a uno

El punto crucial de la medida es eximir a las compañías de la economía gig, de la AB5 (Proyecto de Ley de la Asamblea 5), una ley estatal que exige a las compañías otorgar a lxs trabajadorxs el estatus de empleadxs según la “Prueba ABC”. Expuesto en el caso Dynamex de la Corte Suprema de California, el estándar ABC dice que unx trabajadorx es unx empleadx, en lugar de unx contratista independiente “si su trabajo forma parte del negocio principal de la compañía, si lxs jefxs dirigen la forma en la que se trabaja o si lxs trabajadorxs no han establecido un acuerdo o negocio independiente”. A pesar de la insistencia de lxs ejecutivxs de tecnología de que sus compañías son simples plataformas en lugar de empleadrxs, lxs conductorxs de las compañías de la economía gig claramente se ajustan a la “Prueba ABC”, lo que motivó la urgencia para instituir una exención.

Esta exclusión a medida es una cuestión existencial para las compañías de la economía gig, por lo que estaban dispuestas a desembolsar tanto dinero para asegurarla. Ninguna de estas compañías obtienen ganancias. Uber perdió 4.711 millones de dólares en la primera mitad de 2020. Todo su modelo de negocio se basa en el arbitraje laboral: no será rentable hasta que puedan adoptar tecnología que automatice a lxs conductorxs fuera de sus puestos de trabajo –lo que significa que nunca serán rentables, dado lo lejos que está esta tecnología de ser viable–, pero mientras tanto operan con pérdidas, subsidiadas por capital de riesgo, evadiendo la responsabilidad y el riesgo que conlleva el estatus de empleador. Cuando los mercados abrieron en la mañana del 4 de noviembre, Uber vió un salto del 9% en sus acciones, mientras que Lyft subió un 12%.

Si estas compañías estuvieran obligadas a cumplir con las leyes laborales, se hundirían. Por ejemplo, como informa Prospect, la negativa de Uber y Lyft a pagar el fondo de seguro de desempleo les ha ahorrado a las compañías “un total de 413 millones de dólares desde 2014”. En lugar de pagar por los beneficios y protecciones dictados por la ley, a estas compañías ahora solo se les exigirá ofrecer beneficios limitados y un salario de 5,64 dólares por hora –en lugar de los 13 la hora que recibirían como empleadxs bajo la ley estatal de salario mínimo–, según investigadorxs del Centro Laboral de la UC Berkeley.

Hay una razón para pensar que incluso esta victoria histórica no será suficiente para salvar a empresas como Uber. La compañía, el más visible de los parásitos de la economía gig, se enfrenta a una fuerte oposición en los Estados Unidos y en todo el mundo. Como escribe Edward Ongweso Jr., los gobiernos tanto a nivel nacional como estatal están luchando para obligar a Uber a pagar miles de millones en impuestos evadidos, y una huelga en 2019, el día de la oferta pública de la compañía, fue seguida por más acciones de lxs trabajadorxs en Brasil, México, Chile, Argentina y Ecuador. Además, “Uber está perdiendo batallas legales en Francia, Gran Bretaña, Canadá e Italia, donde los tribunales han dictaminado que lxs conductorxs de Uber son empleadxs o han abierto las puertas a demandas reclasificándolxs como tales”, escribe Ongweso Jr.

Pero incluso si en última instancia lxs defensorxs de la Proposición 22 están condenadxs –un gran si, y uno que no importa mucho para lxs innumerables conductorxs que actualmente confían en sus algoritmos para pagar el alquiler–, su búsqueda para eludir la responsabilidad hacia lxs trabajadorxs no es exclusiva de las compañías de la economía gig. La industria de la tecnología está unida en torno al arbitraje laboral, la explotación de los vacíos legales. Esta es su reivindicación de la innovación. Y esto no solo afecta a lxs trabajadorxs con salarios bajos: la mayoría de la fuerza laboral de Google, muchxs de ellxs trabajadorxs cualificados, está compuesta por contratistas independientes. Este es el futuro del trabajo para todxs nosotrxs si Silicon Valley tiene algo que decir al respecto.

La consagración de una nueva categoría de trabajadorxs cuyos derechos, ganados con tanto esfuerzo, ninguna compañía está dispuesta a respetar tampoco permanecerá restringida a lxs siervxs de la economía gig en California. Desde que llegó el resultado de la Proposición 22 en la noche del 3 de noviembre, lxs jefxs de las compañías victoriosas han anunciado su intención de exportar el modelo a nivel nacional. “Ahora, estamos mirando hacia el futuro y en todo el país, listxs para defender nuevas estructuras de beneficios que sean portátiles, proporcionales y flexibles”, dijo el director general de DoorDash, Tony Xu, poco después de que se aprobara la medida electoral. Lyft envió un correo electrónico de celebración, llamando a la ley “un paso innovador hacia la creación de una ‘tercera vía’ que reconoce a lxs trabajadorxs independientes en los Estados Unidos”.  “La Proposición 22 representa el futuro del trabajo en una economía cada vez más impulsada por la tecnología”, proclama la campaña Sí a la Proposición 22 en una declaración de celebración publicada en su página web.

Hay poca oposición organizada entre lxs representantxs políticxs a este intento de lxs ejecutivxs de coger su éxito en California y federalizarlo. Estas compañías lanzaron su ofensiva en el distrito de Nancy Pelosi y la líder de la Cámara no dio ninguna prioridad a combatirlas. Mientras Joe Biden y Kamala Harris dicen oponerse a la Proposición 22, hay poca evidencia de que Biden se haya arriesgado a luchar por los derechos de lxs trabajadorxs excepto para tener la oportunidad de contar con una foto de campaña, y Harris tiene vínculos, sin precedentes, con Silicon Valley. Después de todo, estas afinidades son de familia: Tony West, su cuñado y alto funcionario en la administración Obama, escribió la estrategia legal de las compañías de la economía gig para la clasificación errónea.

Nadie viene a salvar a lxs trabajadorxs. El futuro depende de que la gente de la clase trabajadora se organice para defender sus derechos, incluso cuando el capital despliega un fondo de dinero ilícito infinito y efectivo para evitar que tengan éxito. La unidad entre lxs trabajadorxs, tanto lxs sindicalizadxs como lxs que no, empleadxs y contratistas independientes por igual, nunca ha sido más urgente. Si la Proposición 22 sirve como referencia, el futuro de incluso la limitada democracia que aún se ejerce en los Estados Unidos depende de ello.

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Alex N. Press es editora asistente en Jacobin. Sus artículos han aparecido en el Washington Post, Vox, The Nation y n+1, entre otros.

Este artículo se publicó originalmente en Jacobin.

Traducción de Daniel Felipe Guana y Maria Inés Cuervo.