Lo han vuelto a hacer. Éramos diez fuerzas políticas y 73 diputados. Más de un 20% de los miembros del Congreso exigiendo una comisión de investigación sobre los vuelos privados de Juan Carlos de Borbón realizados tras su abdicación y no declarados a Hacienda. Debía verse como una iniciativa de sentido común en una monarquía parlamentaria “plena”. Pero no ha ocurrido. Vox, PP y el PSOE –un partido cuyas bases se reconocen mayoritariamente como republicanas– han vuelto a impedir que el Congreso arroje luz sobre el asunto. Con ello, han corroborado lo que ya es una evidencia: que la protección de la monarquía a cualquier precio, dentro o al margen de la legalidad, es uno de los principales causantes de la degradación de la democracia y del Estado de derecho en los tiempos que corren. 

Lo que más llama la atención de las cerriles resistencias a que el Congreso investigue las irregularidades del rey emérito es que quien despejó el camino fue la propia Casa Real. No fue ningún republicano furibundo, sino La Zarzuela, quien hace exactamente un año, un 15 de marzo de 2020, emitió un comunicado en el que, sin disimulo alguno, implicaba a Juan Carlos I en graves fraudes financieros.

Todo comenzó con la Casa Real 

Aquella nota fue un terremoto político y jurídico. La propia Casa Real mencionaba explícitamente a dos fundaciones como posible instrumento delictivo en manos del exmonarca. Una, la Fundación Zagatka, creada en 2003 por Álvaro de Orleans y Borbón y responsable de contratar y abonar vuelos privados, “de placer”, de su primo Juan Carlos. La otra, la Fundación Lucum, creada en 2008 en Panamá y con una cuenta en Suiza en la que se habrían depositado 100 millones de euros recibidos por el rey emérito del rey de Arabia Saudí Abdul Aziz Al Saud.

Ninguna presunción de inocencia impidió a La Zarzuela disparar contra Juan Carlos de Borbón. No solo lo puso en el punto de mira, sino que ordenó que se le retirara la asignación de casi 200.000 euros prevista en los presupuestos de la Casa Real. Fue una decisión inédita, sin precedentes, tras la cual nada, ni siquiera la Constitución, podía volver a interpretarse igual. De nada valía recuperar los debates constituyentes de 1978 en los que Óscar Alzaga sostuvo que el rey no podía delinquir y que un monarca delincuente era una hipótesis de laboratorio inconcebible en la práctica. Ahora era la propia Casa de su Majestad el Rey quien admitía que podía haber ocurrido y la que sugería que no había inviolabilidad alguna que pudiera lavar los actos privados de Juan Carlos I, dejándolos sin reproche ni sanción.

Juan Carlos continúa siendo miembro de la Familia Real, y es el siguiente en la línea sucesoria del trono después de Leonor y Sofía de Borbón

Teniendo en cuenta el precedente establecido por el organismo de apoyo del Jefe de Estado, lo lógico, en una monarquía realmente parlamentaria, sería que el Congreso tomara cartas inmediatas en el asunto. Sobre todo, porque Juan Carlos de Borbón, lejos de ser un personaje recluido en la esfera privada, sigue conservando el título de rey, continúa siendo miembro de la Familia Real, y es el siguiente en la línea sucesoria del trono después de Leonor y de Sofía de Borbón (artículo 57.1 de la Constitución). Y a pesar de eso, no ha sido posible. Todas las iniciativas dirigidas a investigar las irregularidades del emérito, antes o después de su abdicación, se han estrellado contra el muro protector que a su alrededor han levantado los letrados del Congreso, el PP, Vox y el propio PSOE.

Evitar a toda costa que Juan Carlos I comparezca 

Ese muro lleva tiempo intentando contener la avalancha de irregularidades sobre el emérito o sobre la Familia Real que se publican cada semana. Pero es un muro endeble, levantado con materiales corrompidos y obsoletos. La posición oficial sostenida desde círculos monárquicos y desde el propio PSOE es que “hay que dejar actuar a los tribunales”. No obstante, son muchos los indicios de que los tribunales competentes, o no quieren actuar, o no están siendo instados a investigar como deberían. Desde hace un año, hay tres líneas abiertas por la Fiscalía que todavía no han dado resultado alguno. El puntilloso celo y la ausencia de prisas en un caso de corrupción de Estado de esta gravedad contrasta con el activismo de los fiscales a la hora de lanzarse penalmente contra quienes se limitan a criticar los desmanes de la Corona en sus escritos o canciones. En rigor, no está claro si la Fiscalía y la propia Hacienda están impulsando la investigación o más bien están buscando refrenarla.

Todo eso hace que la implicación del Congreso en la ejecutoria de Juan Carlos de Borbón sea más necesaria que nunca. Si hubo comisiones de investigación sobre casos judicializados, como la financiación ilegal del PP o como el accidente ferroviario de Santiago de 2013, no se entiende que no pueda haberla sobre actuaciones fraudulentas del exmonarca que la propia Casa Real ha señalado.

La única razón que explica el bloqueo a su constitución es que se entienda que una comisión de investigación sobre los vuelos de Juan Carlos no solo afectaría al exrey, sino a la monarquía como tal, comenzando por el régimen de prebendas político y económico al que esta ha servido de pegamento. No faltan elementos para llegar a esta conclusión. Obligar a Juan Carlos I a regresar de su exilio saudí y a sentarse frente a una comisión en el Congreso sería dignificar el Parlamento, pero sería dejar tocada de muerte a la Corona. Aunque solo se hablara de actuaciones fraudulentas posteriores a la abdicación, la mayoría de la sociedad vería confirmado lo que a estas alturas da por sentado: que las prácticas delictivas que se atribuyen a Juan Carlos de Borbón no son un hecho reciente, sino que se remontan muy atrás en el tiempo. Quizás a su configuración como rey en la Constitución de 1978 o a operaciones como la del 23-F de 1981, que le permitieron librarse de todo escrutinio social y legal y enriquecerse sin ataduras con el visto bueno de políticos, empresarios, y grandes medios de comunicación.

Un Juan Carlos que compareciera ante el Congreso por las operaciones financieras señaladas por la propia Casa Real también generaría otros interrogantes inquietantes. Por ejemplo, si su hijo Felipe VI estaba o no al corriente de las mismas. El comunicado de marzo de 2020 de la Casa Real admite que Felipe de Borbón estaba al tanto de estos hechos desde marzo de 2019. Siendo así, es imposible no preguntarse por qué alguien que accedió a la Jefatura de Estado prometiendo ejemplaridad no denunció antes estas irregularidades y solo reaccionó cuando el rotativo británico The Telegraph las hizo públicas, en febrero de 2020. Y no solo eso: dejaría abierta la duda de si no las conocía desde mucho antes, teniendo en cuenta que estamos hablando de un hombre de 53 años, preparado desde hace tiempo para ser rey y que difícilmente podía ser ajeno a ellas. En otras palabras: sentar a Juan Carlos ante una Comisión del Congreso abriría el debate sobre la ejemplaridad del propio Felipe VI, frustrando con ello la operación de estabilización de la monarquía tan cara a los poderes fácticos que medran a su sombra.

El deber de informar de Felipe VI

En rigor, la magnitud de los escándalos actuales no solo exigiría que Juan Carlos de Borbón sea investigado por el Congreso. Una monarquía parlamentaria digna de ese nombre implicaría que el propio Felipe VI compareciera ante el Pleno del Congreso para explicar lo que sabe sobre las actuaciones de su padre y del resto de la Familia Real. Si puede abrir sesiones del Congreso, si puede dirigirse a las diputadas y diputados en actos como el del 23F, con mayor razón debería hacerlo ahora, ante una situación inéditamente crítica, para despejar cualquier sombra de sospecha. No se trataría de someterse a control, sino sencillamente de informar y de cumplir con el deber de transparencia exigido a cualquier institución sometida a la Constitución y al orden jurídico. Si lo hizo hace un año, a través de un comunicado de la Casa Real, nada debería impedir que lo volviera hacer, concurriendo presencialmente ante la sede por excelencia de la soberanía popular. 

Nada de esto, obviamente, están en los planes de quienes cínicamente querrían asimilar la monarquía española a otras de verdad parlamentarizadas como la noruega o la sueca. Tampoco entre muchos de los que se llenan la boca con la necesidad de “republicanizarla” limitando sus privilegios y opacidades. Su deseo íntimo es otro: que la carpeta Juan Carlos de Borbón se cierre de una vez con el ex rey exiliado y absuelto en sede judicial gracias a la inviolabilidad de la que gozaba antes de la abdicación y de las regularizaciones fiscales “voluntarias” realizadas con posterioridad. Ni comisiones de investigación parlamentarias ni ninguna indagación adicional. Una condena social suave del emérito, compatible con su vindicación mitificada como salvador de la democracia y con la creación de un nuevo mito “felipista” o “leonorista” capaz de tomar el relevo del “juancarlismo”.

Lo que ocurre, sin embargo, es que quizás sea tarde para que esta vía hacia la impunidad pueda imponerse. El cráter abierto por la prensa extranjera y por la Fiscalía suiza es tan grande, el fastidio social tan evidente, que no bastará con un acuerdo entre los grandes partidos para cerrarlo de golpe como si nada hubiera ocurrido. Podrán refrenar la investigación judicial, podrán bloquear las comisiones parlamentarias, podrán censurar o encarcelar a los críticos de la Corona. Pero la suerte de la monarquía está sellada. Y al final, como en otras encrucijadas históricas, serán los propios excesos de la familia Borbón los que frustrarán las operaciones de Estado dirigidas a salvarla, contribuyendo a su descrédito y a precipitar un declive cada vez más irrefrenable.