Basha Changuerra, hija de migrante ecuatoguineano, y Jess González, migrada colombiana, son las primeras afrodescendientes que entrarán como diputadas en el Parlament de Catalunya. Allí nos encontramos, a pocos días de tomar posesión de sus escaños por la CUP y En Comú Podem, respectivamente. Desde partidos distintos, y en numerosos aspectos distantes, comparten el propósito de visibilizar el racismo que afecta a todos los ámbitos: de la atención sanitaria a la educación, pasando por las políticas de seguridad y los servicios sociales. Su elección ha despertado felicitaciones y expectativas entre organizaciones del movimiento antiracista y ambas afirman recogerlas con fuerza y responsabilidad. El salto a la política catalana es un paso más en un camino que tienen claro que va más allá de sí mismas. 

Que resulte algo excepcional y novedoso que dos mujeres afrodescendientes entren en el Parlament habla de la grandísima infrarrepresentación de personas migrantes y racializadas en las instituciones. ¿Vuestra presencia, per se, transforma ya algo? 

J.G: No, igual que el hecho de que haya mujeres haciendo política no implica que se feminice la política. Las instituciones, que están en este mundo racista, perpetúan el racismo. En los titulares hemos visto estos días “El Parlament con más escaños independentistas”, “El Parlament más escaños de izquierdas” e incluso “El Parlament con más escaños de mujeres”, pero nada sobre la diversidad cultural infrarepresentada. ¡No ha habido ninguna diputada ni diputado gitano tras 600 años aquí! Continuamos sin hacernos la pregunta de quiénes faltan en las instituciones. Nosotras somos hijas de luchas que vienen de hace muchos años. La presencia es un paso. Pero la mera presencia de representantes racializadas no supone una apuesta firme antirracista. 

B.C: No, claro que no. La única representación de personas racializadas que ha habido en anteriores legislaturas no ha implicado apostar por el eje antirracista. Hemos visto a Najat [Driouech] de ERC, pero no se ha traducido en una ERC tirando adelante políticas en clave antirracista. Y esta legislatura tenemos a Ignacio Garriga [de Vox], que no es una anomalía. 

¿No es una anomalía que una persona afrodescendiente, hijo de migrada, encabece una formación de ultraderecha? 

B.C: Se tiene que entender muy bien el contexto colonial. Cuando me dicen: ¡Es que Ignacio Garriga también es de origen guineano! Yo les digo que no conocen nada de Guinea. No conocen los estragos que hizo el franquismo en Guinea Ecuatorial, la inoculación del pensamiento de derechas y españolista que se hizo en toda una generación de guineanos y guineanas. Y, además, España contribuyó a aniquilar a todas aquellas pensadoras e intelectuales que podían romper con esto. Las mataron, directamente. Y ha quedado lo que ha quedado. Ignacio Garriga es parte de una realidad que existe. Ser una persona no blanca no significa ser antirracista, ni hablar en clave comunitaria ni velar por los intereses de nuestra comunidad, del mismo modo que ser una mujer no implica ser feminista.

J.G: Visibiliza la heterogeneïdad frente a la homogeneidad con la que se nos ve a las migradas y a las marrones, como si todas tuviéramos la misma clase, la misma orientación sexual y el mismo objetivo en la vida. Ignacio Garriga es un hijo sano del sistema y también forma parte de la foto de nuestras comunidades. 

Vox superó los 200.000 votos el 14-F, que son más de los que lograsteis tanto en el caso de la CUP como en el de En Comú Podem. La misma noche electoral lanzaron a redes sociales el mensaje “Ya hemos pasado”, burlándose de la consigna antifascista “No pasarán”. Efectivamente, ya han pasado, en unos días estarán dentro de un parlamento más. ¿Y ahora qué? ¿Qué parte de responsabilidad a la hora de articular una respuesta antifascista tienen las instituciones? 

B.C: Mucha. Primero, la responsabilidad de la autocrítica del trabajo no hecho. Ellos han pasado porque no estábamos preparados institucionalmente. Se ha ignorado culturalmente y educacionalmente el franquismo y lo que hemos pasado en tierras catalanas. Y esto ha generado ignorancia durante generaciones, en lugar de mantener la consciencia antifascista arraigada en la población. Esto ha permitido que partidos como Vox, Plataforma per Catalunya o Front Nacional Català puedan ser legales. Este es el primer problema. Han entrado porque no hay un marco legal que suponga un cordón sanitario frente al fascismo. La memoria histórica ha fallado. ¿A partir de aquí? Pues mucho trabajo 

J.G: A partir de aquí no hay una única respuesta sobre cómo combatir a la extrema derecha porque no es una cuestión ni de barrios obreros ni de barrios de renta alta, es una cuestión transversal. Hace falta mucho diálogo. Hay casos en los que se les tiene que ignorar pero hay casos en los que hace falta un ataque frontal. No hay una fórmula única pero va en la línea de revisar lo que no hemos hecho, escuchar también a quienes han votado a Vox y hacer un cordón sanitario desde muchos lados.

¿Es el antifascismo la única vía amplia que no dudáis encontrar esta próxima legislatura en Catalunya? 

B.C: Espero que sea una vía amplia, pero espero y deseo que no sea la única. Esta es imprescindible pero la anti-represión tiene que ser también un punto de encuentro importante. ¿Qué estamos viendo estos días? Por cómo están respondiendo los cuerpos policiales, una constatación de que hay un sistema que se protege a sí mismo cuando pones en duda que la actuación policial haya sido proporcionada y correcta. Hay que atacarlo, porque no son unos errores. Llega un punto en el que tienes que poner el cuerpo políticamente para traspasar el límite, claramente insuficiente, en la responsabilidad de gestionar los Mossos d’Esquadra. La directriz política tiene que partir del Govern y llevarse adelante hasta las últimas consecuencias. No hay excusa para no haberlo hecho antes. 

J.G: Esto tiene que ver con una reforma del modelo policial de arriba a abajo. Hay que asumirlo con mecanismos de control y que los abusos policiales no sean tratados como casos aislados. 

Las identificaciones por perfil étnico son una de las formas de racismo institucional más denunciadas públicamente en los últimos años. ¿Os preocupan? 

Ser una persona no blanca no significa ser antirracista, ni hablar en clave comunitaria ni velar por los intereses de nuestra comunidad

B.C: Tratar con los cuerpos de policía las identificaciones por perfil étnico para mí es una prioridad. Es muy habitual la criminalización. Yo, que soy madre y tía, tengo ganas de poder dejar de decir a mis niños: cuidado con ponerte la capucha, cuando te pare la poli tienes que actuar así… ¡Ya no si te para la poli, cuando te pare la poli! Porque tienen que ser conscientes de que esto les pasará. Hay programas cómo fue el PIPE [Protocolo de Identificación Policial Eficaz], que fue una prueba piloto y allí se quedó. La persona parada tenía que recibir un papel que justificara esa parada y esto ya te da una tranquilidad, porque no queda en el aire.

J.G: También la protección de menores es urgente. Es impresionante que en debates electorales sobre infancia o juventud no salieran los menores extranjeros no acompañados. ¿Entonces dónde salen? ¿Solo salen si delinquen?

Más allá de las actuaciones policiales, ¿consideráis que la perspectiva antirracista está ausente en otros ámbitos de la acción pública? 

J.G: En un momento en el que tenemos que reconstruir a nivel económico y social, se habla de no dejar a nadie atrás, pero a la gente migrada sin papeles siempre se la ha dejado atrás. Pondremos esta perspectiva encima de la mesa. Tocará picar mucha piedra y juntar fuerzas porque esta perspectiva no es central en la agenda política. Algo tan sencillo como garantizar el empadronamiento, como puerta de acceso a derechos básicos, no se ha hecho. Además, a veces vemos que se inmigracionalizan problemas, como el incendio de la nave en Badalona, que lo que fue es un problema de acceso a la vivienda. 

B.C: Cuando hubo el incendio de la nave de Badalona, la Generalitat decretó tres días de duelo. De acuerdo. ¿Pero tu contrato de pesca con Senegal cómo va? España es uno de los principales extractores y Catalunya está participando en la negociación de este contrato y de ello se beneficia. Las políticas antirracistas van más allá de la urgencia de cómo acogemos. Cuando hablamos de políticas antirracistas también hablamos de relaciones internacionales con los países del Sur global, de las relaciones de la Generalitat con los países de origen de los flujos migratorios, territorios a los que se desprovee de sus recursos y se propicia que su gente se tenga que ir. 

¿Qué otras prioridades os fijáis como diputadas en relación al racismo institucional?

J.G: El antirracismo en la educación. El PRODERAI (Protocolo de prevención, detección e intervención de procesos de radicalización islamista)  pone al profesorado a hacer de policía. Es un protocolo que no ha contado con las comunidades, que son las primeras interesadas en prevenir la radicalización. La obligación de empadronar: no lo podemos dejar al libre albedrío de los municipios. La contratación de gente no blanca: tiene que aumentar porque si no la gente que está educando, que atiende en la sanidad o en servicios sociales y toma decisiones sobre nuestras vidas no tiene otras perspectivas. También está la Dirección General de Infancia y Adolescencia…

B.C: Esta dirección tiene que ser fiscalizada hasta la última fotocopia. Es una institución criminalizadora de la pobreza y de la migración, gestionada de manera opaca y corrupta. Las madres migradas están perseguidas por esta institución y sus tentáculos en los servicios sociales. En cuanto a la educación, los currículos escolares no incorporan la visión para que las criaturas puedan ver el lugar de sus comunidades en la historia de Catalunya y de España. Cuando en las aulas de primaria ves una diversidad que no ves en aulas universitarias, algo pasa. En algún momento nuestros niños se caen del sistema. Es imprescindible un censo racial porque no puedes legislar si no tienes una base de datos. Necesitamos contarnos para saber las afectaciones en ámbitos como sanidad y educación. 

¿En posiciones socialmente valoradas, como la que podéis tener vosotras y de manera más clara aún ahora que seréis diputadas, desaparece el racismo?

J.G: El racismo es como el agua, que va tomando la forma de allí por donde te mueves. De aquí a unos meses podremos explicar cómo funciona el racismo en el hemiciclo o en las comisiones parlamentarias o cosas que nos encontremos en los pasillos. Pero ya lo estamos viviendo.

B.C: Lo que ya nos encontramos son las consecuencias del racismo aplicadas a nuestro ejercicio político. Tú sabes que estás ocupando un espacio que se supone que no te corresponde. Esto te genera inseguridad, sensación del síndrome del impostor, que a las mujeres tanto nos pasa. Pues siendo no blancas ocupando espacios nos pasa aún más. Convertirte en un muermo antirracista genera dinámicas de rechazo, porque saltan fragilidades y privilegios, porque es otro marco mental que te interpela, que te dice que a eso o lo otro le tienes que dar una vuelta. Es una confrontación constante y como dice Jéssica, cuando empecemos a participar en las comisiones todavía lo veremos más. 

JG: Además, que a mí no me hayan pegado en un ataque racista en la RENFE no significa que no me afecte. Es un yo colectivo. Yo no he trabajado como empleada del hogar pero es una lucha de mi comunidad. 

B.C: La identidad colectiva es la base de nuestra identidad. Y el individualismo occidental juega muy fuerte en contra.