Cuando Santiago Abascal cursó el BUP, a principios de los años noventa, aprendió en su clase de Historia que la Batalla de Covadonga –supuesto origen de la España cristiana– era un mito con poca base factual: una construcción ideológica puesta al servicio de intereses políticos. Casi 30 años después, en abril de 2019, se colocó debajo de la estatua de don Pelayo (y delante de las cámaras) para recitar el himno de la Virgen de Covadonga, celebrar al Cid y “la gran obra de la Hispanidad” en América, vilipendiar a los “políticos callados y avergonzados” ante las afrentas al prestigio nacional y advertir de que su partido nunca pedirá “perdón por las obras de nuestros mayores a lo largo de los siglos”, “guía de resistencia y de unos valores normales, asentados en el sentido común”.

¿Abascal se olvidó de lo que le enseñaron? Más probable es que recordara la parte práctica de la lección: hay pocas armas más potentes que la historia patria convertida en mito. Y más en un país como España, donde parte de la opinión pública cree que hay poderosos enemigos empeñados en que los españoles se avergüencen de serlo.

Vox no es el único partido de derechas que insiste en resucitar figuras y relatos históricos construidos en el siglo XIX

Aunque solo hay un Pelayo, el caso español es menos excepcional de lo que parece. Vox no es el único partido de derechas que insiste en resucitar figuras y relatos históricos construidos en el siglo XIX. En Reino Unido, el Gobierno de Boris Johnson pretende blindar a los héroes del Imperio contra historiadores y activistas que se atreven a cuestionar la idoneidad de seguir glorificando a próceres racistas. En Países Bajos, la ultraderecha difunde vídeos didácticos que ensalzan a los héroes patrios que derrotaron a ingleses y españoles o colonizaron Asia y América. Alternativa por Alemania (AfD), por su parte, defiende que sus compatriotas se sientan ufanos de su historia, incluida la época nacionalsocialista. (“Si los franceses se enorgullecen con razón de su emperador y los británicos de Nelson y de Churchill, nosotros tenemos el derecho de estar orgullosos de las hazañas de los soldados alemanes en las dos guerras mundiales”, dijo un candidato de la AfD en 2017). Y poco antes de abandonar la Casa Blanca, el presidente Trump aceptó un informe de una comisión especial que identificaba a la “política de la identidad” como una amenaza nacional tan grande como el racismo, abogaba por que en las escuelas norteamericanas se “restaurara una educación patriótica” y llamaba a “alzarse contra los tiranos mezquinos … que exigen que hablemos solo de los pecados de Estados Unidos al mismo tiempo que neguemos su grandeza”.

Amenazas a la libertad de cátedra

Trump se ha ido, pero las recomendaciones del informe se van convirtiendo en realidad legal. En lo que va de año, más de la mitad de las legislaturas estatales de Estados Unidos han preparado leyes que prohíben a las y los profesores de Historia Estadounidense sugerir que existan patrones históricos de discriminación de raza o de género. En los ocho estados donde estas leyes ya se han aprobado –entre ellos Texas, el segundo más grande del país– ningún docente de escuela pública puede sugerir que, en Estados Unidos, la pertenencia a grupos determinados (ser un hombre blanco, por ejemplo) conlleva ciertos privilegios inherentes. Algunas de las leyes nuevas también aplican estas restricciones al profesorado universitario, en lo que varios expertos ya han denunciado como un ataque frontal a la libertad de cátedra.

En ocho estados de EE.UU. –entre ellos Texas, el segundo más grande del país– ningún docente de escuela pública puede sugerir que la pertenencia a grupos determinados (ser un hombre blanco, por ejemplo) conlleva privilegios inherentes

No es casual que esta avalancha de iniciativas legislativas ocurra poco después de que el país se viera sacudido por el movimiento Black Lives Matter e intentos por repensar su cultura conmemorativa, sobre todo con respecto al Sur esclavista. “Se veía venir”, me dijo la historiadora Renee Romano, que lleva años estudiando la memoria de la represión racial en el país: “Cada pequeño progreso en el tema provoca una reacción conservadora cinco veces más fuerte. A los republicanos les subleva la idea de que sus hijos sean invitados a pensar críticamente sobre su propia posición en el paisaje racial de este país. Lo que rechazan, en el fondo, es el cuestionamiento de la identidad blanca como la norma universal e invisible. Y se entiende: que tu perspectiva sea la universal constituye un privilegio importante, una fuente enorme de poder psíquico con la que es difícil romper”.

La verdad, explica Romano, es que estas guerras sobre el pasado se llevan librando desde hace mucho tiempo: “A fin de cuentas, la historia es un componente esencial de toda identidad colectiva. Y tampoco son tan nuevos los intentos por controlar lo que se enseña en las escuelas. En 1923, el estado de Wisconsin adoptó una ley que prohibía representar mal los ideales de la guerra de la Independencia. En los años 60, el movimiento por los derechos civiles consiguió victorias importantes en lo que respecta al relato histórico nacional; para los 80, surge una contraofensiva, cuando el Departamento de Educación de Reagan intenta promover que se vuelva a enseñar la grandeza de nuestra historia. Esa batalla se repite en 1994 y hoy estamos en las mismas. Es un tira y afloja constante entre los que pretendemos asumir de forma realista y honesta una versión menos barnizada del pasado nacional –y que concebimos la enseñanza como una herramienta para formar a una ciudadanía más crítica y comprometida– y los que buscan cultivar en los alumnos, ante todo, un sentido de lealtad incondicional, aunque esto signifique enseñarles mitos más que historia”.

Cada vez más países invocan el orgullo patrio para restringir la enseñanza y la investigación

Para el segundo grupo, es fácil que los miembros del primero se conviertan en enemigos de la patria. De hecho, la comisión de Trump no tuvo reparo en identificar como tal a la comunidad académica. “Las universidades norteamericanas hoy”, afirmaba su informe, “son muchas veces semilleros de antiamericanismo, calumnias y censuras que se combinan para generar en los estudiantes, en el mejor de los casos, desdén por este país y, en el peor, odio”. La demonización de la Universidad como una fuente insidiosa de sentimientos antipatrióticos es un fenómeno recurrente en otros países también. En Polonia, Hungría o Turquía, el anti-intelectualismo de la derecha patriótica se ha traducido en patrones de censura y persecución. (En España, los autores y políticos que denuncian la existencia de una “leyenda negra” antiespañola, como María Elvira Roca Barea, también han señalado a la clase intelectual como colaboradora con los “enemigos de España”.) En un número reciente de la Journal of Genocide Research, los historiadores Kornelia Kończal y Dirk Moses señalan con preocupación que cada vez más países invocan el orgullo patrio para restringir la enseñanza y la investigación. Afirman que la historia patriótica de signo derechista, además de proponer “interpretaciones del pasado mitificadas, monumentales y moralistas”, también promueve “esencialismos y excepcionalismos de carácter autoritario”. Su auge, apuntan, es un fenómeno global que sobrepasa el mundo occidental; mencionan los ejemplos de China y Rusia.

¿Cuánto hay de nuevo en todo esto? La idea de que la historia nacional –sea en las escuelas públicas o monumentos y conmemoraciones– sirva para cultivar una ciudadanía nacional unida y orgullosa de serlo ha sido común desde el siglo XIX. Pero esta nueva ola, apuntan Kończal y Moses, es más agresiva e insidiosa. No solo estigmatiza a los considerados “otros” y restringe el debate académico; también sirve de arma arrojadiza en guerras culturales cada vez más feroces. Su proliferación, arguyen, cabe verla en el contexto de la búsqueda de la “seguridad ontológica” que proporciona el orgullo patrio entre los estragos de la globalización neoliberal. Tampoco ayuda la erosión de la pericia científica en tiempos de posverdad.

La pasividad de la historiografía

El recrudecimiento de las batallas por el pasado ha puesto en un brete a la historiografía profesional, en la que algunos detectan una lamentable pasividad. “Muchos historiadores se han refugiado en sus feudos profesionales, abandonando los espacios públicos”, dice Margaret MacMillan, una prominente historiadora canadiense. “Escriben en un idioma especializado, autorreferencial, y se ocupan cada vez más de temas que no interesan al público general. En este sentido, me llama la atención que hoy nos refiramos a nosotros mismos como historiadores profesionales cuando antes éramos historiadores a secas”. En su libro Usos y abusos de la historia (2008), MacMillan ya insistió en que sus colegas no se pueden permitir dejar espacio libre a los amateurs precisamente cuando los relatos sobre el pasado se convierten en campo de batalla: “Si no, permitiremos que nuestros líderes y opinadores echen mano de la historia para reforzar mentiras o justificar políticas desencaminadas”.

Entre los que sí se han involucrado en la discusión pública destaca el historiador británico Richard Evans, especialista en la Segunda Guerra Mundial y autor de Hitler y las teorías de la conspiración. Hace diez años, por ejemplo, se metió de lleno en un debate nacional sobre el tema cuando el Gobierno conservador de Reino Unido propuso reformar el currículo escolar para promover el orgullo y la unidad británicos. “El entonces ministro, Michael Gove, quiso subrayar la grandeza del Imperio Británico, nuestras victorias bélicas y las grandes figuras del pasado nacional”, explica Evans, “Fue una cosa extremadamente burda y simplista, y esto fue lo que le dijeron sin ambages los historiadores conservadores a quienes consultó”. Ante las críticas feroces del gremio y las asociaciones de maestros, el ministro se vio obligado a retractarse.

En países con pasado esclavista y colonial como Holanda, Reino Unido y Estados Unidos, la movilización ciudadana de izquierdas para revisar los cánones y relatos ha producido acerbos debates

Pero también Evans ve diferencias cualitativas entre lo que ocurrió entonces y lo que está pasando hoy. “El abismo entre la clase política y el gremio historiográfico es mayor que nunca”, señala. “El Gobierno actual se ha atrevido a hacer intervenciones muy cuestionables. También lo ha sido su reforma del Examen de Ciudadanía que tiene que pasar toda persona que solicita el pasaporte británico. Se ha convertido en una especie de adoctrinamiento patriótico. Uno de los temas que se tienen que memorizar, por ejemplo, pregunta: ‘¿Qué paso en el Día D?’ La respuesta correcta se supone que es: ‘La invasión británica de Europa’. Es absurda, no solo porque obvia la participación de los canadienses y norteamericanos, sino que ¡asume que Gran Bretaña no está en Europa!”. En Estados Unidos también se ha ensanchado la distancia entre políticos e historiadores, dice Romano. “No hubo historiadores en la comisión de Trump, pero ni uno”, apunta. “Y es lógico: es perfectamente posible ser historiador y conservador. Pero no se puede ser historiador e ignorar la evidencia”.

No son solo los gobiernos y movimientos de derechas los que se han enfrentado a la historiografía académica. También por el lado izquierdo el gremio ha tenido una relación conflictiva con lo que la estudiosa israelí Yifat Gutman ha llamado “activismo de la memoria”: la movilización de la memoria por grupos civiles para fines políticos. En España, sin ir más lejos, el movimiento por la recuperación de la memoria histórica no siempre ha hecho buenas migas con los historiadores universitarios. En países con pasado esclavista y colonial como Holanda, Reino Unido y Estados Unidos, la movilización ciudadana de izquierdas para revisar los cánones y relatos ha producido acerbos debates. Los enfrentamientos no solo se han producido entre activistas woke e historiadores, sino también entre estos.

La “cultura de la cancelación”

La derecha política y cultural ha reaccionado con pánico ante las reivindicaciones y revisionismos de la izquierda, denunciándolos como una “cultura de la cancelación” que pretende “borrar la historia”, al mismo tiempo que se presenta a sí misma como víctima de una corrección política pasada de rosca. El gobierno de Boris Johnson “tácticamente representa las críticas a sus fracasos políticos como ataques a la grandeza histórica británica”, escribió la historiadora Priya Satia. Así, en marzo, cuando se convocó una protesta delante del Parlamento por el asesinato a manos de un policía de Sarah Everard, una joven mujer de negocios, la policía formó un cordón para proteger la estatua de Churchill, aunque nadie hacía amagos de amenazarla. (En junio del año pasado, la estatua de Edward Colston, un comerciante esclavista, acabó en las aguas del puerto de Bristol durante las protestas de Black Lives Matter.)

Cuando se convocó una protesta delante del Parlamento británico por el asesinato a manos de un policía de Sarah Everard, la policía formó un cordón para proteger la estatua de Churchill, aunque nadie hacía amagos de amenazarla

Mientras tanto, algunos historiadores parecen haberse dejado contagiar por el pánico moral conservador. En agosto, un grupo de estudiosos prominentes –entre ellos, Niall Ferguson y David Abulafia– lanzó “History Reclaimed” (la Historia recuperada), una web desde la cual pretenden contrarrestar los “abusos de la historia para fines políticos”. “En años recientes”, escriben, “hemos visto campañas para reescribir las historias de las democracias occidentales con el fin de minar su solidaridad comunal, su sentido del logro, e incluso su legitimidad más básica. (…) Estas ‘guerras culturales’ parecen tener como objetivo directo desmoralizar a los países occidentales. (…) Sus lecturas del pasado, tendenciosas o descaradamente falsas, están produciendo divisiones, resentimientos e incluso violencia”.

Richard Evans no comparte este alarmismo. También relativiza el tema de las estatuas. “Quitar una estatua no significa que se borre la Historia, ni mucho menos”, me dijo. “Las estatuas no son Historia. Su función no es celebrar el pasado. Están allí para el presente y el futuro. Las estatuas nos dicen a quién admirar, emular. Y eso cambia con el paso del tiempo, naturalmente. Es llamativo que esa estatua de Colston en Bristol no se erigiera hasta siglo y medio después de su muerte, por gente que quiso celebrar el imperialismo”.

Si Evans entiende que se quite la estatua de Colston, tiene sus dudas sobre retirar la de Winston Churchill. “Por un lado, Churchill siempre fue una figura controvertida, también en vida. Y no hay la menor duda de que fue un racista. Personalmente, creo que, a pesar de todas sus faltas, en 1940 ayudó a salvar a Gran Bretaña y, con ella, al resto del mundo. Eso me parece que le vale una estatua. Pero me parece muy bien que se discuta”.

Victimismo de la derecha

Renee Romano también rechaza el victimismo de la derecha. La demonización de los historiadores universitarios, señala, contrasta con su relativa falta de influencia social. “Los miedos de la derecha están infundados”, dice. “Lo que aprende la mayoría de los alumnos en las escuelas de este país no es ese relato sumamente crítico de la historia nacional que temen los conservadores –lo noto cada año en mis estudiantes de primer año, sorprendidos ante lo que aprenden por primera vez en mis clases–. La realidad es que la derecha nos lleva mucha, pero mucha ventaja”, agrega. “Pongamos por ejemplo al recién fallecido Rush Limbaugh, una de las figuras mediáticas de la derecha más poderosas de los últimos 30 años. Limbaugh no solo incluía muchísima historia en todos sus programas, sino que él y su mujer se dedicaron a escribir una serie de libros infantiles de historia temprana norteamericana –“Viajes por el Tiempo con Americanos Excepcionales”– que han sido éxitos de ventas descomunales y que incluso se han usado en ámbitos educativos. Lo peor es que Limbaugh y otros han conseguido presentar su versión del pasado como un relato factual, apolítico, haciendo que los que hablamos del racismo o de la esclavitud parezcamos historiadores politizados. La derecha en este país se ha servido de sus propios canales mediáticos para acumular un poder excepcional sobre el relato del pasado nacional. A los que pretendemos cuestionar ese relato nos deja en un lugar bastante desfavorable. Personalmente, me cuesta saber cuál es la mejor manera de salir del atolladero”.

El historiador español Pablo Sánchez León lo tiene más claro. “Para empezar, hay que señalar a las claras que lo que está proponiendo la derecha no es una historia patriótica. Es historia nacionalista. Lo que le toca hacer a la izquierda, en España y en otras partes, es emprender una historia verdaderamente patriótica. No estoy hablando precisamente de una historia de las víctimas y los marginados como tales. No se trata de escribir otro relato de agravios. De hecho, uno de los grandes errores que ha cometido la izquierda, a mi juicio, es que se ha dejado tentar por promover relatos sobre el pasado en clave moralista, enfocados en el afecto de la vergüenza, cuando el moralismo es un terreno donde la derecha siempre llevará las de ganar. Y resulta que es perfectamente posible una crítica demoledora a los fundamentos de la democracia americana, por ejemplo, sin decir vergüenza de país. Es más, los ataques frontales a ciertas figuras del pasado, o a la nación en su conjunto, le han permitido a la derecha asumir la posición de víctima y montar una defensa a ultranza de esas figuras e identidades, oportunistamente redefinidos como costumbres y valores ancestrales, al mismo tiempo que califican la crítica histórica como un crimen de odio. Es la táctica que han adoptado con éxito las derechas norteamericana y británica y también Vox y el PP. En España, cuentan con el apoyo no solo de historiadores amateurs, mediáticos como Pío Moa o, más recientemente, divulgadores como Roca Barea, sino también de historiadores universitarios conservadores. Aunque no lo digan públicamente, por ejemplo, me consta que parte de los historiadores profesionales americanistas en España comparten el enfoque genérico de Roca Barea, aunque sin estridencias; la prueba es que no han salido a desdecir sus malinterpretaciones”.

“Una historia verdaderamente patriótica tiraría por otros derroteros”, dice Sánchez León. “Estoy hablando de una historia de las luchas ciudadanas por la autodeterminación, por su derecho a participar en la vida política, desde una voluntad consciente. Estas luchas las han emprendido, históricamente, los grupos subalternos y victimizados, claro está, pero para el relato importa menos su marginación –o su identidad nacional, por otra parte– que su esfuerzo por superarla y lo que han tenido que afrontar en el proceso. Ahora bien, en la España democrática, los historiadores han sido curiosamente reacios a adoptar esa perspectiva y usar el concepto de pueblo como base de sus relatos. Estados Unidos y Gran Bretaña, en cambio, han contado con figuras como Howard Zinn y E.P. Thompson”. Para Sánchez León, un enfoque en las luchas ciudadanas también nos proporcionaría una perspectiva mucho más nítida para los debates sobre la memoria que, por ejemplo, el ejercicio de la violencia política, un enfoque que ha alentado posturas equidistantes.

En España, profetiza Sánchez León, es inevitable que las guerras culturales sobre el relato histórico acaben abriendo trincheras en la comunidad universitaria española. “Desde la Transición, el gremio ha estado sesgado hacia la izquierda. Había historiadores de derechas, claro, pero estaban en Historia del Derecho o en temas rarísimos, marginales. Hoy, el panorama está cambiando rápidamente. Al lado izquierdo, el conflicto sobre la memoria histórica de los últimos veinte años ha roto puentes que están aún sin rehacerse. Por el otro lado, los historiadores de derechas están asumiendo posiciones más visibles y lo tienen cada vez más fácil para hacer operaciones mediáticas de pelotazo”.