España vive una época fría. Bruce Ackerman en We The People, a colación de la historia constitucional de los Estados Unidos, identifica fundamentalmente dos momentos políticos, caliente y frío, donde mientras el primero permite los avances profundos, el segundo limita la acción política a la mera resolución con herramientas ya existentes. El calor permite moldear, el frío limita administrar. Sin embargo, desde hace tiempo vivimos insertos en una pantalla de humo de la inmediatez. Los análisis coyunturales, los giros de guión, los barómetros políticos, el tempo propio del tuit impiden que el reposo y la reflexión nos dejen entrever el próximo curso político frío. Una nueva fase donde el retorno de la cuestión bipartidista tiene incluso algo psicoanalítico: la sociedad española es bisagra entre dos tiempos; péndulo de dos momentos. Y el poso que han dejado los numerosos años de embestida de las fuerzas progresistas allanan no solo el camino a un golpe similar de la derecha, además facilitan una situación de descrédito, hartazgo, apatía y cabreo político entre la sociedad.

El momento es de gestión. El cansancio de los últimos años, unido a cierta desmovilización por motivos obvios (la llegada al poder del PSOE primero, y de Unidas Podemos después) ha podido hacer virar el deseo de buena parte de la ciudadanía. Esta puede ya no expresar una ilusión de cambio sino una necesidad de delegación. “Hagan su trabajo y molesten lo menos posible”. Una pérdida de pasión política. La pandemia, además, no ha hecho sino consolidar esta sobriedad política. Ante problemas incipientes como la salud, la seguridad laboral o la situación económica personal, se le pide a la política (y a los políticos en concreto) que no den más problemas.

Se buscan soluciones, no grandes debates. Los grandes conceptos como el régimen del 78, la ruptura del bipartidismo o la nueva y vieja política han dejado paso a la cotidianeidad del Salario Mínimo Interprofesional, de los ERTEs, los alquileres y la luz. Y en las cosas del día a día el único obstáculo perceptible es la propia clase política. Artífice de los cambios e impedimento de los mismos. Una pista nos la da el cambio de paradigma que el CIS refleja al preguntar a la ciudadanía por los principales problemas del país. Una década de protagonismo de los problemas políticos nos muestra dos etapas. Una primera, de 2012 a 2018, donde la corrupción y el fraude eran los principales problemas, y una segunda, de 2018 a la actualidad, donde las preocupaciones emanan de los políticos, los partidos y la política misma.

Hoy sabemos que el cambio de época lo marcó la moción de censura. Eliminando la polarización intra-bloque (PSOE vs Unidas Podemos; PP vs. Vox vs. Ciudadanos) e inaugurando una nueva fase de bibloquismo polarizado. El eje nuevo-viejo fue sustituido por una cooperación cada vez mayor de los nuevos partidos con los tradicionales, en orden a construir mayorías y gobiernos con bases ideológicas y no sistémicas (las tentativas de pacto que Ciudadanos y Podemos mostraban en el pasado para mejorar la transparencia o el sistema electoral quedaron en el olvido). La impugnación política, protagonizada por el lenguaje duro y el cabreo, es sustituida por la gestión y el tono más desenfadado.

Desde entonces la situación ha mutado. Mientras hoy la derecha está inserta en un proceso de simplificación, con Ciudadanos fuera de pantalla, Vox consolidándose y el Partido Popular como nueva casa común de la oposición, la izquierda vive su opuesto: una complejización en un momento de rebufo social. El momentum que instaló las elecciones de la Comunidad de Madrid, aunque hoy matizado, configura un panorama de una izquierda hegemónica, otra descolgada del 15% y una tercera con fuerza insuficiente más allá de las urbes. Un escenario que dificulta la coordinación electoral entre las tres fuerzas y que amenaza con provocar los peores efectos del sistema electoral español. Por el contrario, un Partido Popular que comienza a despegar en las encuestas y Vox, claramente consolidado alrededor del 15%, podrían tener más facilidades para dicha coordinación en escaños.

La izquierda, ahora institucional y no meramente opositora, debe saber ver que el paradigma actual, la gestión, el día a día, el “legislar y no molestar”, puede determinar la segunda mitad de legislatura. Si en 2019 la ciudadanía insertaba su voto en la urna de forma prospectiva, en 2023 lo hará retrospectivamente. Qué han hecho, qué pueden seguir haciendo y si ha merecido la pena. Habrá una evaluación de cómo se ha gestionado, no de cómo se ha teorizado.

Pero lo que separa al gobierno de la reelección no solo es un problema de movilización, primero asintomático y después explícito en Madrid. La rebelión territorial que quiere llevar a cabo la España Vaciada será también determinante. La experiencia de Teruel Existe ha supuesto la constatación de que el brazo a Madrid se le dobla en el Congreso, no en las provincias. Y los incentivos que estas plataformas tienen para presentarse en 2023 son muy elevados. No sería descabellado pensar que una nueva metamorfosis del sistema de partidos español, similar a la magnitud de la de 2015, pueda estar cociéndose en los territorios despoblados del país. De la ruptura del bipartidismo a la neo-cantonalización de España.

Por otra parte, la reagrupación de la derecha se basa fundamentalmente en el hundimiento de Ciudadanos, que además muestra cómo en estos momentos los bandazos político-ideológicos tienen costes para los partidos que los realizan. En momentos de incertidumbre, la solidez cotiza alta. Recordemos que el partido que se definía como socialdemocráta durante el bienio 2015-2016 bajo el liderazgo de Albert Rivera, pasó después a ser liberal progresista durante el intento del Pacto del Abrazo, y durante 2019 se dedicó a competir con toda dureza en el eje nacionalista español con el PP, y ha vuelto a girar a lo largo de esta legislatura. Si Arrimadas inició un tímido acercamiento al PSOE durante la negociación de presupuestos, que no al gobierno, fue con el único objetivo de intentar deteriorar la mayoría política que conforman socialistas, morados y el resto de partidos que apoyaron al ejecutivo en la investidura. Una vez las negociaciones fracasaron, Arrimadas volvió a la beligerancia contra el Gobierno negándose a participar en cualquier acuerdo en el que estuviera Unidas Podemos. Esta indefinición ideológica ha hecho que los naranjas no hayan sido capaces de construir un espacio ideológico propio con el que votantes y simpatizantes puedan identificarse. En una coyuntura de dos bloques, el posicionamiento es condición necesaria para la supervivencia.

La realidad política no es muy halagüeña para la formación naranja. Cada vez que se abren las urnas, el deterioro electoral que padece Ciudadanos no parece tener freno: las elecciones en Catalunya del 14F y la madrileñas del 4 de mayo apuntan a una más que probable desaparición del voto de Ciudadanos, que estaría volviendo al PP (mayoritariamente), apostando por Vox o desmovilizándose. La desaparición de los naranjas se puede acabar consumando en las próximas elecciones generales, tal y como apuntan todas las encuestas.

La otra cara de la moneda es un escenario simplificado y más ventajoso para sus vecinos ideológicos. Hoy el Partido Popular tiene el viento a favor para consolidarse como la alternativa a la que deben dirigir su voto todos aquellos que quieran un cambio de gobierno. El PP es el partido alfa del antiSanchismo. La nueva casa común no solo comienza a absorber votantes de Vox y Ciudadanos, además es una opción que empieza a ser atractiva para un porcentaje importante de votantes socialistas desencantados. No debemos olvidar que un hándicap que experimentaron las derechas en las dos elecciones de 2019 fue la falta de coordinación en las provincias más pequeñas (donde se reparten entre 3 y 5 escaños) al presentar tres opciones electorales. Si los populares consiguen acercarse al 30% y Vox mantiene su apoyo por encima del 15%, este inconveniente no lo volverán a sufrir y la posibilidad de sumar mayoría absoluta podrá ser factible.

Lo que parece obvio es que la tentación de repetir el efecto de Madrid protagonizará los debates internos en la derecha. Nuevos momentums similares al de Ayuso, cercanos al año electoral del 2023, podrían consolidar o seguir ampliando la brecha que el PP ha encontrado para crecer. En este sentido, si la legislatura andaluza se agota naturalmente, a finales del 2022 los populares podrían ver cumplido su objetivo. Y en estos golpes de guión, no sería descabellado pensar en un adelanto en la Comunidad Valenciana como órdago para el Gobierno. Todas las formaciones con capacidad de marcar la agenda van a apostar por influir en las encuestas y consolidar su imaginario público particular: una victoria popular o una recuperación socialista.

Sin embargo, no podríamos acabar este análisis de la coyuntura política española sin mencionar dos factores que influirán de manera evidente en el devenir del curso político. El primero es lo que está sucediendo en el espacio del cambio. Yolanda Diaz detenta un liderazgo político que se está consolidando con fuerza, tal y como muestran los barómetros del CIS en los que aparece como la líder mejor valorada por encima incluso del presidente del Gobierno, y supera a Pablo Casado en las preferencias para ser la próxima jefa del Ejecutivo. Recordemos que los liderazgos en este espacio político siempre se han caracterizado por ser altamente polarizadores y por recibir notas bajas. Díaz, en cambio, ha acabado con esta tendencia, convenciendo no solo al electorado propio, sino también adyacente (PSOE y Más País). Además, los medios empiezan a configurar un marco en el que Calviño y ella son las máximas exponentes de dos tesis económicas diferentes, y en el que la segunda sale, de momento, ganadora. 

No obstante, mientras Díaz tiene unos buenos datos en bruto en las últimas encuestas publicadas, el espacio de Unidas Podemos permanece estancado alrededor del 11% de voto desde las generales de 2019. El espacio del cambio no se expande electoralmente mientras que su hipotética candidata sí. Sin embargo, no hay que olvidar que Díaz, que todavía no ha comunicado si encabezará la lista de Unidas Podemos a las próximas generales o si lo hará con otras siglas, no tiene una formación política detrás. Quizás esto explique el proceso de escucha y la búsqueda de aliados políticos más allá de Podemos. Díaz entiende que es el momento de impulsar una candidatura novedosa y plural que sirva para superar los límites electorales que las diferentes formaciones políticas del espacio del cambio empiezan a mostrar desde hace tiempo.

El otro gran factor que marcará el curso político es Catalunya. PSOE y ERC dependen el uno del otro pese a sus reticencias mutuas y a su desconfianza. La Mesa de Diálogo, de la que no debería esperarse ningún resultado definitivo hasta pasadas las elecciones generales de 2023 y la moción de confianza a la que se someterá Aragonés ese mismo año, es el mecanismo de coordinación que ambas formaciones tienen para materializar acuerdos que, de un lado, sirvan para consolidar la legislatura en el Congreso, ya que ERC es socio prioritario para el Gobierno de coalición, y del otro para mostrar que el diálogo, que la apuesta pragmática de ERC empieza a dar réditos. Esta necesidad mutua hace que socialistas y republicanos, aunque ninguno de ellos creía en la Mesa de Diálogo, se aferren ahora a ella para mantener la estabilidad política de sus respectivas legislaturas hasta 2023 como mínimo. Catalunya, por lo tanto, y hasta que no se pongan las bases para una resolución democrática del conflicto político existente, seguirá marcando la agenda política española aunque ya no ocupe el foco mediático que ocupaba hace unos años.

La tregua electoral y política que concedió el año pandémico en nuestro país se ha ido para no volver. El momento de gestión requiere construir certezas y resultados para la ratificación en 2023. Las reválidas políticas requieren de momentos excepcionales o de un trabajo de labranza previo. El miedo ya no moviliza, solo polariza. Y las fuerzas progresistas necesitarán algo más que el aviso del lobo para seguir gobernando.