De la última reunión de la mesa de seguimiento del pacto del Gobierno de coalición no pueden extraerse muchas conclusiones, pero que ambas partes se emplacen a seguir hablando es una buena noticia. No hay otras. La conciencia de que no habrá más gobiernos unipartidistas exige un mayor grado de respeto entre las fuerzas que comparten el Gobierno de coalición. Ese respeto está ausente, por ejemplo, en el menosprecio del presidente Sánchez al diálogo social propulsado por Yolanda Díaz. Que dos formaciones políticas distintas luchen por colgarse las medallas de las medidas más sociales es comprensible, así como es sana la discusión interna; que las fuerzas políticas progresistas se exhiban en público como una bicefalia en la que a ratos da la impresión de que ambas partes preferirían prescindir de la otra conduce las expectativas futuras de la izquierda a un precipicio. Por otro lado, ni los sindicatos ni la ciudadanía comprenderían que, en un estado tan avanzado de las negociaciones, fuera la tutela de Pedro Sánchez y de Nadia Calviño la que hiciera saltar por los aires una derogación de la reforma laboral que Yolanda Díaz lleva meses negociando con la Comisión Europea y los agentes sociales y que, históricamente, ha sido potestad exclusiva del Ministerio de Trabajo.

La gestión del caso de Alberto Rodríguez hizo a algunos prever que el futuro era el colapso del Gobierno: transmitir esa imagen fue un error. La protesta ante una condena injusta y una deplorable decisión de la presidenta del Congreso es totalmente necesaria, pero plantear la posibilidad de presentar una querella por prevaricación contra Meritxell Batet, tercera autoridad del Estado, encadenó movimientos demasiado irreflexivos, con declaraciones que a las pocas horas eran retiradas y resultaban incomprensibles. Una cosa es pedir la dimisión de un responsable político. Otra, bien distinta, amenazar con un proceso judicial a tus compañeros de coalición. Más aún si ese proceso lo tiene que decidir el propio juez Marchena. 

La izquierda no debería colocarse allá donde los sectores más reaccionarios quieren colocarla. No conservar hoy un Gobierno de izquierdas, más aún con la llegada de los fondos europeos y sin la mayor parte del programa ejecutado, abriría la puerta a un Gobierno de derechas radicalizado y destructor. Convocar elecciones anticipadas, responsabilidad de Pedro Sánchez, sería un acto suicida. Quizá sea necesario, si la izquierda tiene la ambición de ganar, que deje sus desavenencias para las reuniones privadas. Y que abandone el funambulismo que lleva al sector socialista del Gobierno a oscilar, según dicte el fantasma del relato, entre la “derogación” o la “modernización” de la reforma laboral. Las condiciones del Gobierno de coalición están escritas negro sobre blanco: también lo está el programa del PSOE, que ha hablado de derogar la reforma laboral desde que Pedro Sánchez ganó las primarias de 2014. No desplegar las medidas contenidas en el acuerdo de coalición sería otra forma de preparar el terreno para la llegada de la derecha al Gobierno.

Un Gobierno de coalición capaz de cumplir con sus compromisos tendría el viento a favor para las próximas elecciones generales. Pero si el Gobierno titubea, exhibiendo día sí y día también sus diferencias, alimentando la imagen de que sus respectivas dinámicas internas son un caos, la confianza de la ciudadanía en que la política pueda servir para resolver problemas reales seguirá disminuyendo. No puede suceder lo mismo con la derogación de la reforma laboral que con la descafeinada ley de vivienda. Tampoco puede esperar eternamente la pactada derogación de la Ley Mordaza. Por todo esto, al Gobierno de coalición se le han de exigir algunos compromisos fundamentales: que cumplan los partidos con su programa y con lo que se deriva de sus pactos, que actúen con seriedad, rigor democrático y un mínimo de lealtad… Y que tengan conciencia de lo catastrófico que sería para ambas fuerzas ser incapaces de hacerlo.