Como todos ustedes saben, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) votó en contra del Real Decreto Ley 32/2021, más conocido como “la reforma laboral”. La negativa de ERC arrastró al PNV, rompiéndose así el llamado “bloque de investidura”, es decir, la suma de partidos de izquierdas y nacionalistas que invistieron a Pedro Sánchez presidente del Gobierno y que ha permitido la aprobación de dos presupuestos generales y diversas iniciativas legislativas. Como también saben, la mayoría alternativa, forjada en el último momento con el PDECat, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarra (UPN) más otros grupos minoritarios, estuvo a punto de naufragar por la traición sorpresiva de los dos diputados de UPN, quienes habían anunciado horas antes el voto a favor; su propósito era engañar al Gobierno para dejarle en una posición muy desairada en la votación final. De no haber sido por el error del ya célebre diputado del PP, Alberto Casero, la reforma laboral no habría conseguido el refrendo parlamentario. 

La decisión de ERC de votar “no” ha despertado fuertes críticas, sobre todo de los partidos y analistas de izquierdas. Gabriel Rufián, el diputado de ERC, tanto en su discurso en el Congreso como en entrevistas posteriores publicadas en diversos medios, ha tratado de justificar la postura de su grupo. Creo que lo ha hecho sin demasiado éxito, aportando razones que no son convincentes. De todas ellas, creo que hay una que tiene mayor fondo y merece una reflexión. Estas fueron las palabras literales de Rufián: 

“Las leyes se hacen en el Congreso, guste más o guste menos, y cuando tú vienes aquí y dices “esto es lo que hay y no se toca porque lo he pactado fuera”, tú no te crees que el Congreso sea la sede de la soberanía popular, tú te crees que el Congreso es un notario, un notario que sella acuerdos que están fuera, y para nosotros y nosotras eso sienta un peligrosísimo precedente que evidentemente no aceptamos.”

¿Lleva razón Rufián al plantear la cuestión en estos términos? Vayamos por partes. Es evidente que ningún acuerdo puede transformarse en ley sin aprobación en el Congreso. Este, como dice Rufián, es la sede de la soberanía popular y, por tanto, tiene la última palabra ante cualquier norma con rango de ley. 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el texto del Real Decreto Ley 32/2021 es fruto de un acuerdo tripartito previo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Como suele ocurrir en estos casos, dicho acuerdo requirió un esfuerzo negociador intenso y prolongado. Modificar el acuerdo en el Congreso suponía, por tanto, deshacer lo andado, renunciar al acuerdo de los llamados “agentes sociales”. Rufián no se toma la molestia de explicar cómo podría haberse complementando el acuerdo social con reformas posteriores del texto en el Congreso. Si el Gobierno hubiese modificado el texto para satisfacer ciertas demandas de Esquerra, es evidente que alguna de las partes firmantes (con seguridad la patronal) se hubiera retirado del acuerdo. El diputado de ERC parece pensar que sus demandas son más importantes (representando al 3,6% de los españoles) que el consenso de los agentes sociales. 

Hay ocasiones en las que el Congreso tiene que aceptar o rechazar un acuerdo alcanzado fuera de este, actuando como una cámara de ratificación

No resultaba factible hacerlo todo a la vez. Había que optar, o bien un paquete de medidas consensuadas entre el Ejecutivo, los sindicatos y los empresarios, o bien una ley elaborada en el Congreso al margen de los agentes sociales. Son dos formas legítimas de regular las relaciones laborales. La elegida por el Gobierno entronca con una tradición de pactos sociales (como el Acuerdo Nacional de Empleo de 1981, o el Acuerdo Económico y Social de 1984) que eran muy frecuentes en los llamados países “neocorporatistas”. La concertación social se inicia a comienzos del siglo XX en los países nórdicos y luego se extiende por el resto de Europa occidental. A partir de los años noventa el neocorporatismo comienza a perder fuerza conforme las políticas neoliberales alcanzan la hegemonía. De hecho, en España no se había vuelto a conseguir un acuerdo entre los agentes sociales desde los años ochenta. De ahí que se considere tan excepcional que el Gobierno, con Yolanda Díaz al frente, lograra que sindicatos y empresarios apoyaran los cambios.  

Es cierto que, a diferencia de otros muchos pactos sociales, el de la reforma laboral requería ratificación parlamentaria. ¿Quiere eso decir que el Gobierno sometió al resto de grupos parlamentarios del bloque de investidura a una especie de “trágala” o ultimátum que desvirtúa la naturaleza del Congreso? No exactamente. Hay ocasiones en las que el Congreso se ve en la tesitura de tener que aceptar o rechazar un acuerdo alcanzado fuera del Parlamento, actuando como una mera cámara de ratificación. Así sucede, por ejemplo, cuando el Congreso vota acuerdos internacionales. Por ejemplo, en 1985, el Congreso, por unanimidad, votó a favor de la Ley orgánica que autorizaba el ingreso en lo que entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea. El acuerdo entre España y la Comunidad fue fruto de muchos años de negociación, que comenzaron en la época de la UCD y continuaron con el PSOE. Alcanzado dicho acuerdo, el Congreso ya no estaba en disposición de introducir nuevos cambios. Era legítimo oponerse al mismo, por supuesto, pero no sobre la base de que, una vez logrado un entendimiento satisfactorio entre España y la CEE, a continuación comenzaba un nuevo proceso de negociación con los grupos del Congreso que podían modificar lo que se había pactado con las instituciones comunitarias y los países miembro. Es obvio que la otra parte, la CEE, nunca habría aceptado la reapertura de todo lo negociado hasta entonces. Concluir de aquí que el Parlamento se convierte en una mera oficina de notaría resulta un poco absurdo.

En la reforma laboral el acuerdo no tiene una dimensión internacional. No obstante, conseguir el consentimiento de Gobierno, sindicatos y patronal en cambios en el marco de relaciones laborales que, por primera vez desde 1984, no consisten en desregular o liberalizar el mercado de trabajo, es un logro extraordinario, comparable al que se produce en negociaciones internacionales. Por eso mismo, no cabe decir que hubo un menoscabo de la dignidad del Parlamento cuando el Gobierno pidió a los grupos de la cámara que apoyaran un acuerdo conseguido entre los agentes sociales.

Una vez aclarado que ERC quería ir más lejos, ya no tenía sentido votar en contra, pues votar en contra suponía continuar con el statu quo definido por el PP

Rufián explicó desde la tribuna del Congreso las razones por las que creía que la reforma laboral era demasiado tímida. Insistió, por ejemplo, en que no se revisaban las indemnizaciones por despido y que la reforma no era una derogación integral de la ley aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012. Estoy seguro de que muchos otros diputados de partidos de izquierda pensaban igual. Ahora bien, esos otros diputados entendieron que merecía la pena aprobar una reforma más modesta con tal de garantizar el pacto social. Entre otras muchas cosas, el hecho de que la reforma cuente con el apoyo de sindicatos y patronal hace que, en el futuro, sea más costoso políticamente revertir dicha reforma desde el Congreso. 

Una vez aclarado que ERC quería ir más lejos, ya no tenía sentido votar en contra, pues votar en contra suponía continuar con el statu quo definido por el PP en 2012. Mejor un avance, por parcial que fuera, que mantenerse en una situación que resulta lesiva para una parte importante de los trabajadores. El voto en contra sólo tenía sentido si se desea un marco de relaciones laborales como el que se define en 2012. No estoy diciendo con ello que ERC tuviera que votar a favor (ni siquiera teniendo en cuenta que sus votantes sí apoyaban la reforma, como se puso de manifiesto en las encuestas). Habría resultado comprensible (e irreprochable) la abstención: puesto que la reforma queda demasiado lejos de las ambiciones del grupo republicano, este decide abstenerse, pero no se opone a que haya un cambio en la dirección correcta. 

ERC no ha podido explicar convincentemente su voto negativo. Votando en contra, ha puesto en grave riesgo la aprobación de la reforma laboral. Las razones que ha aportado para justificar su postura no son convincentes. En mi opinión, la actuación de ERC ha sido un ejercicio de frivolidad política.