La lectura de los dos informes de la Fiscalía General del Estado sobre el resultado de las investigaciones abiertas para dilucidar si los tejemanejes económicos del rey honorífico eran o no constitutivos de delito, mientras reinó y después de su abdicación, proporciona un retrato realista y coral de su persona y de los acompañantes que le ayudaron en su tarea de enriquecerse sin límites económicos ni éticos. En el retrato ocupa, como es lógico, un lugar preferente la figura de Juan Carlos de Borbón y Borbón, acompañada, como en El entierro del Conde Orgaz, de personajes que actúan como oficiantes en la ceremonia de la corrupción y el fraude fiscal.

La historia de los acontecimientos se desarrolla en paraísos fiscales –las islas del Canal de la Mancha Jersey, Guernsey y Panamá– y en entidades bancarias de países tan poco propicios a proporcionar detalles sobre el secreto de operaciones financieras como Suiza. No hace falta ser un sagaz sabueso para llegar a la conclusión de que todo el dinero que pasa por esos parajes es, en principio, sospechoso de alguna actividad irregular. Pero vayamos a los hechos, y nada mejor que resumir los pasajes más llamativos de este minucioso y clarificador informe de la Fiscalía General del Estado.

Todos sabemos que, para disponer de una cobertura económica, en el caso de necesitarla por razón de jubilación o cualquier otra eventualidad, lo más adecuado es acudir a un banco nacional y concertar un fondo de pensiones o cualquier otra cobertura semejante. Los asesores del emérito podían haber realizado esta operación con un banco de nuestro país, pero consideraron que era más seguro y opaco realizarla en paraísos fiscales, para sustraerla a la fiscalización de las autoridades financieras españolas.

Para resguardarse de indiscretas investigaciones, los asesores del rey honorífico utilizaron un instrumento económico y jurídico del derecho anglosajón que se conoce como trust. No se alarmen, este artefacto económico no tiene excesivas complicaciones. Se crea un patrimonio separado, en este caso una cantidad en metálico, que se ingresa en un banco; se administra por unos gestores y existen unos beneficiarios a los que se destinan las cantidades depositadas. Me imagino, sagaz lector, que ya habrá adivinado quién era el beneficiario: Juan Carlos de Borbón y Borbón. Para desentrañar la madeja de los sucesivos fondos que pasan de mano en mano tendremos que remontarnos al periodo comprendido entre los años 50 y 70, según el informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

El hilo conductor que puede ayudar a comprender el enrevesado relato del Ministerio Fiscal comienza precisamente en la época que indican los investigadores. En los años 50, Juan Carlos de Borbón ya había iniciado sus estudios en España en virtud de un acuerdo entre su padre, don Juan de Borbón, y Franco, en una reunión celebrada el 25 de agosto de 1948. Después de una serie de acontecimientos políticos, Franco designó a Juan Carlos como su sucesor, a título de rey, en julio de 1969. Es un hecho suficientemente conocido que don Juan se quejaba a sus amigos y visitantes de su “penuria económica”. Muchos fieles monárquicos y otras personas, por razones diversas, aportaron cantidades de dinero y hasta le regalaron un barco para que disfrutase de su afición favorita.

Entre los años 50 y 70, comienza a constituirse un fondo para asegurar a Juan Carlos un respaldo económico ante las vicisitudes políticas que pudieran derivarse de su inestable condición política como sucesor del dictador. Me parece razonable que, ante las estrecheces que había vivido, decidiera imitar a Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó, cuando juró ante Dios que “jamás volvería a ser pobre”. El juramento surtió efecto y la hucha de solidaridad monárquica, denominada “Nadine Limited” y administrada por Manolo Prado y Colón de Carvajal, acumuló cantidades cuya cuantía se desconoce. Esta operación, en principio, no tiene naturaleza delictiva. Sin embargo, tiempo después se intenta justificar la entrega de 80 millones de dólares americanos al señor Prado y Colón de Carvajal, en concepto de “pagos de guerra”. La procedencia es tan sospechosa y repugnante que merecía la pena haber agotado la investigación sobre esta cuestión. ¿Podría tratarse de tráfico de armas?

Carrusel de trusts

Alrededor de finales del siglo pasado comienza a gestarse la creación de un verdadero carrusel de trusts que, bajo una única denominación, acogen una importante suma de dinero que administra una persona, ayudada por gestores encargados de rentabilizar los capitales y cumplir sus fines. En todos los entramados que aparecen en el informe de la Fiscalía existe un “tercer beneficiario”, al que se destinan generosamente parte o la totalidad de los fondos. Y siempre, directa o indirectamente, el agraciado es S.M. Don Juan Carlos de Borbón y Borbón. La aparición, desaparición o trasvase de los fondos son tan vertiginosos que pueden marear al lector. Trataré de resumir el acelerado vals de los dineros, fijando mi atención en los aspectos que me parecen más llamativos y reveladores.

Las investigaciones del SEPBLAC se centran en la constitución de un trust denominado “The JRM (Joaquín Romero Maura) 2004 Trusts”, al que, como los ríos que van a dar a la mar, se vierten una serie de cantidades procedentes de otros trusts anteriores. Fue constituido en Jersey, el 9 de marzo de 2004, por D. Joaquín Romero Maura, historiador de nacionalidad española, nacido en Niza, profesor en Oxford y nieto del político Miguel Maura. Los fondos iniciales del trust ascendieron a 14.923.604 euros (dos millones de euros de una aportación inicial y otra adicional de 12.923.604 euros) y se depositaron en Barclays. El administrador Romero Maura fue clasificado por el banco como persona expuesta políticamente (PEP) en atención a su perfil de riesgo, fundamentalmente al ser próximo a una “importante figura política española”. Según los analistas financieros de Barclays, en 2004 la situación política en España era estable: el heredero, hoy rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trusts y la presencia en ellos de D. Manuel de Prado y Colón de Carvajal era evidente.

Una de las cantidades que se ingresan en este fondo procedía de una aportación de 9 millones de dólares realizada por Simeón de Bulgaria, que, a su vez, tenía su origen en una serie de inversiones financieras en la banca J.P. Morgan en Suiza. A juicio de los investigadores, diversos indicios apuntan a que el exjefe del Estado español era el propietario último de esos fondos. Simeón de Bulgaria contrajo matrimonio en 1962 con Simoneta Gómez-Acebo, y la infanta Pilar, hermana de Juan Carlos, se casó el 5 de mayo de 1967 con Luis Gómez-Acebo. Es sobradamente conocido que los Gómez-Acebo eran los mayores accionistas de la entidad financiera Banesto, que a su vez tenía relaciones estrechas con JP Morgan. ¿Podemos deducir, amable lector, de dónde procedían esos fondos generosamente donados?

Existe un pasaje en el informe del Ministerio Fiscal que reproduzco, casi en su integridad, porque me parece de interés informativo. En el fondo JRM 2004 Trust aparece un llamado tercer beneficiario cuyas señas de identidad son fácilmente identificables. Se trata de un “beneficiario contingente”. El señor Romero Maura condiciona la entrega de cantidades del fondo al “tercer beneficiario” al hecho de que ocurran ciertos acontecimientos improbables, en circunstancias que califica de “tiempos problemáticos”. Sería la persona o personas que hubieran cesado en la Jefatura del Estado de España, a causa de un golpe anticonstitucional u otra similar circunstancia inhabilitante. Aclara que la expresión Head of State debe interpretarse ampliamente, incluyendo no sólo al monarca sino a otros servidores públicos reconocidos en ese momento por “una Constitución liberal democrática”. No era necesario que esa persona hubiera sido literalmente destronada, derrocada, depuesta o exiliada. Bastaría que le ocasionara una pérdida de estatus implícita en los acuerdos que hubieren sido aceptados en aras de la armonía civil. ¿Se estaría refiriendo a la abdicación?

Todo suena muy inglés, muy sutil. Romero Maura pide a los gestores del fondo que, cuando se tenga que hacer efectivo el dinero del trust, le asesoren para determinar la identidad y condición del “tercer beneficiario”. ¿De verdad necesitaba ayuda? Para despejar tan enrevesada duda, el trust podría consultar con los editores de los cinco principales periódicos del Reino Unido. Durante mucho tiempo, nosotros hemos estado en la inopia. Pero vayamos al grano. El señor Romero Maura manifiesta igualmente su deseo de que los trustees “reserven 10 millones de dólares estadounidenses para el caso de que se llegue a designar a este llamado tercer beneficiario”. Por fin, las cosas claras. 

Por si alguien decidiera atar cabos, otro de los responsables del fondo aclara que este generoso depósito nada tiene que ver con el regalo de 100 millones de dólares regalados por el rey de Arabia, ni con los fondos Torres Kio. Según el informe de la Fiscalía, más allá de la procedencia de los fondos del JRM 2004 Trust, “que tienen una indudable conexión con quien fuera Jefe del Estado español”, lo relevante a los efectos de esta investigación penal es determinar si desde que se constituyó dicho trust en 2004 y, especialmente, desde junio de 2014 (fecha de la abdicación), es posible establecer alguna vinculación entre los fondos del mismo y Juan Carlos de Borbón.

En todo caso, las conclusiones de la Fiscalía destruyen el prestigio y la valoración, en el concepto público, de la persona del que fuera Jefe del Estado, en su condición de rey de España, durante el desempeño de su cargo. En mi opinión, no se ha profundizado suficientemente en la investigación. Había muchos más cabos de los que tirar. Es posible que no nos llevasen a buen fin desde el punto de vista de la construcción de una sólida acusación penal. El último servicio para blindar la irresponsabilidad e impunidad de Juan Carlos de Borbón lo presta la Agencia Tributaria, al dictaminar que las prebendas procedentes de JRM 2004 Trust, con posterioridad a la abdicación, lo han sido en unas cuantías que, en ningún caso, alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español. ¿La Agencia Tributaria hubiera procedido de igual manera si se tratase de cualquier otro ciudadano español? En sus manos dejo la respuesta.

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La próxima entrega versará sobre un cuento de las Mil y una noches: El regalo de Abdallah.