Isabel Díaz Ayuso ha tenido que decir con la boca pequeña que sus propios inspectores no han encontrado nada “relevante” en la revisión de los libros escolares a los que había acusado de contener “material sectario” y de “adoctrinar”. Pero como en toda buena guerra cultural, “la verdad no importa, se construye”, dicen las autoras de Spanish neocon: “La lógica de que la verdad no solo no existe, sino que es algo a crear. La producción de verdad es tanto más valiosa cuanto más consenso crea en el nosotros que le sirve de referencia. En consecuencia, producir verdad y gobernar son una misma cosa”. Este es el manual comunicativo de Ayuso, copiado de su jefa Esperanza Aguirre en su etapa neocon, y que hoy forma parte del repertorio de los ultras de medio mundo. No es la primera batalla que lanza contra la educación ni será la última, porque este tema es central para excitar los pánicos morales de los padres y agrupar a los suyos.

Los conceptos que habían provocado el escándalo de Ayuso, como ya es habitual, son los relacionados con la memoria histórica y las cuestiones de género –curiosamente dos de los ejes que Vox utiliza constantemente–, así como otros vinculados a la colonización y el racismo o la ecología. Criticaban el uso de expresiones como “roles de género”, “memoria democrática”, “emergencia climática”, “objetivos de desarrollo sostenible” o “la herencia colonial española”. Una guerra cultural más contra el Gobierno, usada para aumentar su popularidad, cimentada en la confrontación directa y brutal más que en la gestión o el cumplimiento de sus promesas electorales.

Como hemos dicho, tuvo una buena maestra. Esperanza Aguirre ya calificaba la reforma educativa de Zapatero del 2006 y la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía como “un adoctrinamiento”, e incluso se lanzó a decir que la desobedecerían en Madrid. Lanzaba así un guiño a las protestas masivas convocadas por los grupos ultras católicos que batallaban contra el laicismo implícito en la ley. Las movilizaciones estaban convocadas por Hazte Oír y Profesionales por la Ética, pero también por la CONCAPA –Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos–, una de las estructuras con más capacidad de apoyo a las propuestas de la derecha madrileña. La CONCAPA dice representar a tres millones de familias y básicamente se dedica a defender la enseñanza de la religión católica y la escuela concertada –escuela privada financiada con fondos públicos–. Recordemos la anomalía española de la concertada –en Europa solo existe un modelo parecido en Bélgica, y está mayoritariamente en manos de la Iglesia–. Así que defenderla suele coincidir con proteger el poder y la influencia del catolicismo en la enseñanza. Quizás esta capacidad de movilización y de funcionar como grupos de presión de la CONCAPA y grupos similares sea la que explica en parte por qué ningún gobierno –tampoco este– se ha atrevido a tocar la financiación de la escuela concertada.

En cualquier caso, cuando en España empieza una guerra cultural alrededor de la educación, apenas nadie consigue enfocar los verdaderos problemas. En tiempos de Aguirre, el gasto público por estudiante era el más bajo de todo el país mientras aumentaba el fracaso escolar un 30%. Sin embargo, la presidenta desvergonzada convirtió esta cuestión en un problema “de autoridad escolar”, en una recuperación de la obsesión por el 68 de las distintas ramas de las derechas radicales. ¿Os suena lo del marxismo cultural? También eran tiempos de la Púnica, cuando Francisco Granados –que fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid– cobraba los favores a constructores y colegios concertados: su trama corrupta ingresaba casi un millón de euros por cada concesión de nueva escuela. Convirtió así una apuesta política por la enseñanza privada –y sus consecuencias segregadoras en el alumnado con menos recursos– en un problema moral, como se relata en Spanish neocon.

Hoy, el modelo del PP en Madrid sigue siendo el mismo: facilidades a los colegios privados, desarrollo de centros concertados mientras se recortan líneas en la pública o se cierran las escuelas infantiles públicas de 3 a 6 años, mientras se dan becas para guarderías privadas de 0 a 3 años –en Madrid no se ha abierto una sola escuela infantil nueva en las últimos dos décadas–. Pero Ayuso no hablará de ninguna de estas cuestiones, sino que criticará la reforma educativa del Gobierno con palabras grandilocuentes como “están dinamitando el armazón en el que se sustenta la convivencia española”. Hablará también de “ideología de género”, o de conceptos adoctrinadores. Curiosamente, dos de los elementos que la ultraderecha usa en medio mundo para tratar de impedir cualquier avance en educación emancipadora o progresista –sobre todo, con aquellos temas como la educación igualitaria o sexual, o la prevención de violencias machistas que provocan más escándalo moral–. Todo ello convenientemente envuelto en un rimbombante discurso acerca de la “libertad de decidir sobre la educación de sus hijos”, el paraguas más habitual. El PP de Madrid, con Ayuso a la cabeza, no está tan lejos de Vox y su pin parental.

Fundamentalismos y extremas derechas contra la educación progresista

La mayor guerra de género reciente sobre estas cuestiones se desató en 2020, a partir de una propuesta de Vox. Esta medida implicaba que todas las actividades complementarias organizadas en horario lectivo tuviesen que estar autorizadas expresamente por los padres. Esto les permitiría impedir que sus hijos asistiesen a talleres de educación sexual o igualitaria, etc. Fue propuesta por el Foro de la Familia –una plataforma civil ultraconservadora– y Vox la recogió y la planteó como condición para apoyar a gobiernos locales conservadores que necesitan de sus votos para gobernar. Este ejemplo ilustra bien, además, cómo las asociaciones pueden servir de punta de lanza para movilizar en la calle y mediante herramientas de tipo “activista”, exigiendo medidas que luego los partidos ultras llevan adelante. Como no tienen que buscar el voto, estas asociaciones pueden ser mucho más radicales en su lenguaje y propuestas que los propios partidos, como explicamos en esta investigación. 

Las asociaciones sirven para movilizar en la calle, exigiendo medidas que luego los partidos ultras llevan adelante

Se llegó a aprobar en la región de Murcia, lo que generó una gran guerra cultural en el país, con varias manifestaciones a favor y en contra, aunque en la práctica era casi imposible su implementación. El riesgo más importante es la autocensura de profesores y directores de colegios: ante una posible denuncia o un lío en clase, muchos prefieren no tocar temas “espinosos”. En esta misma campaña, los ultras de Hazte Oír habilitaron una web que animaba a denunciar este tipo de actividades escolares. De España a México, el pin parental fue propuesto allí por la plataforma del Frente Nacional por la Familia en alianza con partidos políticos de derecha. 

Con este tipo de campañas, los ultraconservadores logran incidir sobre las políticas educativas mediante las movilizaciones en los frentes legislativo, judicial o en la movilización de base a través de los grupos de padres. Muchas veces, en estas propuestas confluye el frente moral –contra la laicidad en la escuela– con la mercantilización de la educación. Es decir, las propuestas educativas neoliberales con la pátina conservadora en valores.

De Alemania a América Latina, las asociaciones de padres se han mostrado actores importantes de estas guerras culturales. Por ejemplo, el movimiento “Con mis hijos no te metas”, nacido en Perú contra la educación sexual y que está vinculado al menos a cinco iglesias evangélicas con grandes recursos. Sus campañas se centran en la defensa de la familia tradicional y el ataque a una llamada “ideología de género”. Las políticas conservadoras en educación extienden sus tentáculos para devenir herramientas de poder político. Así, este movimiento participó en una movilización activa en contra del “sí” en el referéndum sobre el Acuerdo de Paz en Colombia –en 2016– y en Uruguay se alineó con el frente contra la nueva ley trans. Este despliegue de distintos focos está relacionado además con una exitosa construcción de alianzas internacionales y transfronterizas entre actores fundamentalistas.

De Alemania a América Latina, las asociaciones de padres se han mostrado actores importantes de estas guerras culturales

Las guerras de género son política por otros medios. En Brasil, la visión ultraconservadora de los contenidos escolares se materializó en la organización Escuela sin Partido, que apoyó a Bolsonaro en su conquista del gobierno. La Escuela sin Partido dice que el profesor se debe limitar a enseñar materias como biología o matemáticas, pero es la familia la que se debe responsabilizar por las bases morales, políticas, sexuales y religiosas de los alumnos. Es decir, se prohibe hablar en clase de temas como el aborto, el embarazo adolescente o el sida, aunque sean problemas reales de los chavales. También implica que la historia se debe enseñar “sin valoraciones”. Un movimiento que ha servido para intentar impulsar el revisionismo histórico, rehabilitando así la historia de la dictadura en ese país. (En España también estamos asistiendo a una guerra para que a los niños no se les explique, de forma profunda, las consecuencias más brutales de la dictadura de Franco). Bolsonaro, apoyado en los sectores políticos evangélicos, prometió convertir esta propuesta en una norma que legalizase además que los estudiantes pudiesen grabar y difundir a los profesores que “ideologizasen” en la enseñanza. Tanto el laicismo como la libertad de cátedra estarían aquí amenazadas. Para Raul Zibechi, esta ofensiva tenía también el objetivo oculto de frenar al movimiento estudiantil y desviar los problemas de las escuelas a la cuestión de la disciplina en el aula y la falta de valores. Nos suena de algo, ¿verdad? Al final, la ley fue detenida en los tribunales por la Corte Suprema, un frente que en Brasil está sirviendo para frenar las peores trapacerías de Bolsonaro. Pero el presidente de extrema derecha no se ha detenido ahí, y su nueva propuesta implica la militarización de las escuelas con el proyecto de implantación de 108 escuelas cívico-militares hasta el año 2023.

El frente educativo es esencial para las extremas derechas de todo el planeta. Como en otras cuestiones –todas las relacionadas con el género–, tiene esa doble función: construir sus bases agitando mediante guerras culturales que provocan adhesión de una parte conservadora o religiosa de la sociedad, y desviar la atención de los problemas educativos reales asociados con la implementación de la óptica neoliberal. Que sean guerras culturales, sin embargo, no implica que no estén tocando temas esenciales para que los jóvenes tengan más herramientas y conocimiento para construirse en libertad. Estas confrontaciones en torno a la educación seguirán. Nos queda defender a capa y espada la laicidad y la libertad de cátedra al tiempo que luchamos para implementar una mayor presencia de cuestiones esenciales como la educación sexo-afectiva en las escuelas.