Una huelga es una huelga. Pero si la crónica la escriben ciertos medios, se transforma en una “acción extorsiva por parte de un grupo de alborotadores para llevar a la quiebra a un buen empresario”. Una huelga es una huelga. Recordemos: se trata de derechos laborales, derecho a la manifestación y a la organización sindical. Sin embargo, si el relato lo hace la policía, se transforma en una acción delictiva que debe sancionarse de forma ejemplar.

Una huelga es una huelga. Pero, si una trabajadora denuncia acoso sexual en su lugar de trabajo, un juez desestima la demanda y se imponen penas de cárcel a las trabajadoras en lucha y a quienes se solidarizan con ellas.

Una trabajadora denuncia acoso sexual en su lugar de trabajo, un juez desestima la demanda y se imponen penas de cárcel a las trabajadoras en lucha y a quienes se solidarizan con ellas

El caso de las sindicalistas de la pastelería La Suiza de Gijón es emblemático. Un empresario explotador, trabajadoras precarias, acoso sexual, abusos laborales. La historia se remonta al año 2017, cuando un grupo de sindicalistas de la CNT organizó una serie de concentraciones en las puertas de la pastelería La Suiza de la ciudad asturiana. El 23 de junio de 2021, el juez Lino Rubio Mayo dictó una sentencia que condena a seis mujeres por el delito de coacciones y obstrucción a la justicia. Un juez al que se apoda “el justiciero del Poniente” y es conocido por sus duras sentencias contra activistas obreros. El mismo que envió a la cárcel en 2007 a Cándido González Carnero y a Juan Manuel Martínez Morala, trabajadores del astillero naval de Gijón, por una protesta laboral. Según expresó Carnero en su momento, para este juez, “lo que diga la policía va a misa”. La defensa de las sindicalistas de La Suiza ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo y esperan el fallo en las próximas semanas.

Las protestas frente a la pastelería se organizaron para apoyar a una trabajadora que denunció a sus jefes por abuso sexual y laboral. Algo muy frecuente en el sector de la hostelería. Pero, un día, estando embarazada, comenzó a tener pérdidas y pidió salir para ir al hospital. Entonces tuvo que aguantar fuertes presiones de su jefe para que no dejara el puesto. La escena terminó con mucha tensión cuando la pareja de la trabajadora fue a buscarla y la llevó al hospital de urgencia. Ella tuvo que acogerse a una baja laboral durante todo el resto de su embarazo por riesgo de aborto. Más tarde, con la colaboración del sindicato, se animó a denunciar el maltrato que había tenido que aguantar todo ese tiempo.

Lo que vino después fue un montaje policial y judicial puro y duro contra las sindicalistas de la CNT. Un montaje escandaloso, por el cual ahora seis personas pueden entrar en prisión. “A mí me condenan a 3 años y medio de cárcel por pedir una reunión con una empresa y por ir a unas concentraciones legales donde nunca hubo incidentes. No hay más. Eso es lo que hice, y otras compañeras igual que yo. Se nos condena por hacer un sindicalismo totalmente de libro”, relata Luara, una de las trabajadoras de la CNT condenadas, al igual que su pareja. “Lo que hubo fue un intento de desarticular la lucha sindical en Gijón, la organización del sindicalismo”, afirma.

En el caso de La Suiza se entremezclan dos cuestiones: el ataque judicial contra el sindicalismo y una denuncia de acoso sexual, desestimada sin más por los jueces. Cuando hace unos años aparecieron las denuncias del movimiento Me Too lograron mucha visibilidad, algo que se explica en primer lugar por el masivo movimiento de mujeres en las calles, pero quizás también por el hecho de que las primeras en denunciar fueran reconocidas actrices de Hollywood. ¿Pero qué pasó con el Me Too de las trabajadoras?

Luara opina que hay un “doble posicionamiento moral”: cuando una trabajadora denuncia a su jefe, su palabra pierde valor. “Se dice: ‘hermana, yo sí te creo’, pero cuando del otro lado está un jefe, un empresario que además tiene contactos y está bien posicionado, entonces hermana, ya no te creo. Además, cuando te armas de valor, lo denuncias y luchas en el entorno laboral, no solo no te creo, sino que quiero meter en la cárcel a ti, a tu sindicato y a las mujeres que te están ayudando”.

La denuncia que presentó la trabajadora fue archivada por falta de pruebas, sin siquiera una mínima investigación. No es difícil entender por qué hay pocas denuncias de acoso sexual en el ámbito laboral. De acuerdo con la Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer, presentada el mes de septiembre de 2020, sobre el total de mujeres de más de 16 años residentes en España, el 40,4% ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida. De ese total, el 17,3 por ciento ha señalado que lo ha sufrido en su ámbito laboral. Sin embargo, los sindicatos reconocen que el porcentaje de trabajadoras que se animan a denunciar estos hechos es muy bajo. Esta situación se agrava en el caso de pequeñas y medianas empresas, donde a veces el único jefe es el propio acosador y no hay organización sindical. En otro estudio se aportan datos significativos: el 47% de las trabajadoras que denunció acoso sexual en el trabajo manifestó que este provenía de un superior jerárquico.

Muchas veces, cuando se hace la denuncia, las trabajadoras son “invitadas a irse de la empresa” dice Luara. Y todo queda allí. “Son situaciones difíciles y con La Suiza se está tratando de mandar un mensaje muy peligroso: que es mejor que las mujeres nos callemos y no hagamos nada. Es un gran peligro además que este caso siente precedente, no solo por el lado del acoso sexual y laboral, sino porque quieren hacer ver que las movilizaciones laborales y el sindicalismo pueden llevar pena de cárcel, solo por hacer sindicalismo” explica.

Aunque el año pasado se derogó el artículo 315.3 del Código Penal por el que se podían aplicar penas de prisión por participar en piquetes, miles de activistas siguen teniendo causas abiertas

Aunque el año pasado se derogó el artículo 315.3 del Código Penal por el que se podían aplicar penas de prisión por participar en piquetes de huelga, la realidad es que miles de activistas siguen teniendo causas judiciales abiertas por su actividad sindical. En el caso de La Suiza, el juez ni siquiera utiliza esa legislación, sino que les acusa de otros delitos, como extorsión e intento de obstaculizar a la justicia.

El sábado 24 de septiembre miles de personas se manifestaron en Madrid para solidarizarse con las activistas de Gijón y exigir su absolución. Luara nos cuenta que la vivieron con mucha intensidad: “Fue un chute de energía saber que no estamos solas. Porque eso es lo que querían, que nos quedáramos solas, que tuviéramos miedo. Pero es todo lo contrario, porque vamos a seguir luchando más todavía”.

Luara advierte de las consecuencias de esta sentencia: “Se está pidiendo cárcel por ejercer un derecho que tenemos todas las trabajadoras, y además con este componente feminista contra el acoso sexual. Es peligrosísimo que se intenten parar este tipo de luchas. No podemos dejar que pase. Estamos orgullosas de lo que hicimos, no hicimos nada malo, y yo lo volvería a hacer mañana mismo otra vez”.