Fernando Prieto (Teruel, 1963) no quiere sonar apocalíptico cuando habla del cambio climático, pero cree que ha llegado el momento de pasar a la acción “para que se adopten de una vez las medidas necesarias”. Doctor en Ecología y coordinador del Observatorio de Sostenibilidad, una asociación ciudadana que agrupa a científicos y profesionales del ámbito energético, económico y medioambiental, Prieto es uno de los 15 investigadores del colectivo Rebelión Científica que ahora se enfrentan a penas durísimas por una protesta pacífica que realizaron en las escaleras del Congreso hace un año. Pese a la incertidumbre que le provoca esta causa abierta, sabe por lo que lucha y lo defiende con pasión. “Es un tanto irracional que se procese a unos científicos mientras los responsables de las empresas más contaminantes o los políticos que se resisten a combatir este grave problema quedan impunes”, subraya. La nefasta gestión de Doñana es la última tragedia que confirma su argumento. Pero no le resulta difícil encontrar más ejemplos. Como coordinador del Observatorio de Sostenibilidad, habla con conocimiento ilustrado de la difícil situación que viven los bosques españoles, de la errática organización medioambiental, de cómo evitar que el agua –o, mejor dicho, la falta de ella– complique aún más la situación de un país sediento y de los grandes parques de renovables que poco a poco van devorando el paisaje. Y su conclusión es demoledora: “El gobierno progresista me ha resultado decepcionante”.

¿Por qué decidieron llevar a cabo un acto de protesta no violenta a las puertas del Congreso?

Porque un grupo de científicos vimos que no se están adoptando las medidas adecuadas para reducir las emisiones de CO2 que causan el cambio climático y empezar una adaptación efectiva a la realidad. Por eso, desde Rebelión Científica consideramos que lo más oportuno era llamar la atención del resto de la comunidad, de la sociedad y, por supuesto, de los políticos, que son los responsables de tomar las decisiones que eviten agravar la emergencia climática en la que ya nos encontramos.

¿Cree que no se están tomando las decisiones políticas adecuadas?

En 2021, las emisiones de CO2 subieron un 7%, y en 2022, un 5%. Es decir, siguen sin tomarse las medidas necesarias. Si el principal objetivo del gobierno es proteger a sus ciudadanos y defenderlos de las crisis, de la falta de vivienda o de cualquier asunto que amenace su calidad de vida, parece urgente que también legislen de manera más drástica respecto a la emergencia climática. Y mucho más después del año 2022 que hemos tenido en España. El gobierno progresista me ha resultado decepcionante en este asunto.

¿Cómo hacerlo?

Podrían empezar por exigir al conjunto de los poderes económicos que se tomen más en serio la grave realidad a la que nos enfrentamos.

La desobediencia ha cambiado muchos aspectos dañinos de la sociedad a lo largo de la historia

En Reino Unido, dos activistas climáticos han sido condenados a tres años de cárcel por una acción no violenta, y en España 15 científicos se enfrentan a cuatro años de prisión por teñir con zumo de remolacha las escaleras del Congreso. ¿Se castiga más la desobediencia pacífica que las agresiones al medioambiente?

La desobediencia es una forma de protesta que ha cambiado muchos aspectos dañinos de la sociedad a lo largo de la historia. Por ejemplo, gracias a ello se logró el voto de la población negra en Estados Unidos, se avanzó en los derechos de la mujer o se conquistaron reconocimientos sociales y laborales que frenaron la desigualdad. Es una manera de protesta no violenta para llamar la atención de la ciudadanía y de la clase política, aunque algunos lo aprovecharon para calificarlo casi como un acto de “terrorismo”. Hombre, resulta bastante exagerado, ¿no? Pero, efectivamente, es un tanto irracional que se procese a unos investigadores que reclaman el cumplimiento de los principios de sostenibilidad derivados de un consenso científico mientras los responsables de las empresas más contaminantes o los dirigentes de las administraciones que se resisten a combatir este grave problema quedan impunes.

Hay científicos que prefieren no implicarse en la petición de políticas más duras contra el cambio climático pese a estar de acuerdo en que sólo la descarbonización de la economía salvará la vida en el planeta. ¿Qué opina?

Es cierto. En mi opinión, la comunidad científica debería ser más exigente, tanto con sus grupos de investigación como en las actuaciones que hay que articular respecto a este problema, cuando son ellos los más interesados en que se adopten decisiones que empiecen a frenar los incendios forestales, que regulen la producción agrícola ante la escasez de agua y, en definitiva, que se apliquen políticas destinadas a proteger la biodiversidad. Todos somos conscientes de que nos dirigimos al colapso si no se producen transformaciones drásticas. Por eso creo que ha llegado el momento de salir más veces de las bibliotecas y de nuestros laboratorios en demanda de esos cambios urgentes.

El modelo de transición energética parece apostar por sembrar el paisaje de aerogeneradores y placas fotovoltaicas para no tocar el sistema económico. ¿Es viable?

No, en absoluto. Todos estamos a favor de las renovables pero no como lo están haciendo. La idea es muy clara: estas energías son necesarias porque hay que descarbonizar el conjunto de la economía, pero es obligado acompañarlas de una verdadera política progresista. Y la primera condición para hacerlo es, en mi opinión, poner estos recursos al servicio de la gente, de la población. ¿Cómo? Potenciando la instalación de tejados solares en los hogares y amparando la constitución de comunidades energéticas. Si se apoyaran con decisión los emplazamientos de paneles solares en aparcamientos, centros comerciales, en las zonas industriales y urbanas, estarían facilitando que esa energía recaiga directamente sobre los hogares de los ciudadanos con el consiguiente ahorro de consumo, que calculamos que rondaría el 30-40%. Este es el posicionamiento que promueve la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), una organización que reúne a más de 200 grupos a nivel estatal, y es el que nos parece más acertado.

Todos estamos a favor de las renovables pero no como lo están haciendo

¿Existe algún país donde ya se aplica esta política?

Sí. Alemania tiene más de un millón de tejados solares y California tiene medio millón. Reino Unido, 800.000; Italia, 600.000. En España estamos en torno a los 200.000. Es una cifra que ha aumentado de manera importante en los últimos años pero aún es muy baja. Hay que tener en cuenta que cuanto más incentivemos el autoconsumo menos energía necesitaremos de las grandes empresas que, por lo tanto, tendrán que reducir su producción. Eso es una verdadera política progresista en la situación actual. Como también lo es preocuparse por el impacto que esos macroparques causan en los ecosistemas agrarios, forestales y en zonas de una alta biodiversidad, porque tienen la alternativa de emplazarlos en lugares degradados como minas, escombreras, vertederos, incluso alrededor de las autopistas. Me parece muy grave que el pasado año la Administración central aprobara la construcción de un gran parque eólico en el Maestrazgo, sobre un enclave de la Red Natura. Por no hablar de las maniobras de las administraciones autonómicas que fraccionan estas instalaciones en unidades de 50 MW para aprobarlas con facilidad, pero que sumadas constituyen auténticos macroparques. La impresión general es que sigue habiendo muy poca transparencia en la planificación de las energías renovables y una ausencia total de rendición de cuentas.

Como ocurre en el Parque Nacional de Doñana. ¿Hay mucha hipocresía en torno a la protección de los espacios naturales?

El declive de Doñana empezó hace 25 años y las diferentes administraciones nunca han tomado las decisiones que debían para protegerlo. Así que ningún político alarmado puede decir que ha descubierto ahora, a un mes de las elecciones, las muchísimas amenazas que se ciernen sobre uno de los parques más importantes de Europa. Doñana es un ecosistema valiosísimo y la lucha por protegerlo debería haber comenzado hace mucho tiempo.

Los incendios forestales son otro problema preocupante. Si continúa sin llover este verano puede ser devastador para los bosques. ¿Qué políticas especiales de prevención se han adoptado?

Lo que hay en España es una política medioambiental errática. Diría, incluso, que existe una cierta frivolidad forestal, porque la frecuencia, intensidad y extensión que están adquiriendo los incendios son muy serias. Para empezar, no hay una gestión coordinada entre las comunidades autónomas. Cada una tiene su política y muchas han sido pobladas con especies muy pirófilas, como el pino radiata o el eucalipto, que ni siquiera conforman ecosistemas forestales. Lo razonable hubiera sido sustituirlos por robles maduros y bosques autóctonos que tienen menos propensión a arder. Portugal ya ha prohibido estas especies, pero en España la cosa cambia. En Galicia, aunque han decretado una moratoria, tienen más hectáreas de eucaliptos que la propia Australia, mientras en Cantabria y Asturias se siguen plantando. Esa es una muestra de la falta de una planificación coordinada para prevenir incendios y, de paso, recuperar la biodiversidad autóctona. Y, claro, cuando el fuego destruye 10.000 hectáreas de bosque de pinos y eucaliptos pensamos que replantando luego 10.000 hectáreas de arbolado arreglamos el problema, pero sólo es marketing para mitigar la mala conciencia que provoca la devastación. Muchos propietarios tienen abandonados sus bosques y eso es algo que no podemos permitirnos. Además se podrían extender otras actividades muy útiles para desbrozar el matorral, como el pastoreo, una actividad preventiva que en amplias zonas del país es fundamental para controlar la vegetación. No debemos olvidar que el bosque es un bien comunal que necesitamos todos porque sujeta la erosión y purifica el aire y el agua. Desde las distintas administraciones se debería actuar mucho más rápido porque hay un peligro.

Lo que hay en España es una política medioambiental errática

¿Qué es más grave, la falta de agua o su mala gestión?

Las dos son igual de graves, aunque la mejora de la gestión siga estando a nuestro alcance, máxime cuando ya sabemos que vivimos una tendencia de cambio climático que nos va a afectar a todos. Esto debería obligarnos a realizar una serie de actuaciones a las que tendremos que adaptarnos sí o sí. Una es la reducción drástica de los regadíos, porque un país como España no puede gastar un 80% del agua en agricultura mientras hay población en graves problemas por la falta de abastecimiento. Hay localidades que están en situación crítica. La apertura de macrogranjas y grandes cultivos asociados a estas explotaciones están acabando con los caudales ecológicos y desecando el suministro de muchas poblaciones. Por lo tanto, se necesitan inversiones críticas que garanticen el acceso al agua potable de calidad y en cantidad a muchos lugares del país.

Con este escenario climático, ¿qué previsiones augura para este verano?

En abril no ha llovido lo que tenía que haber llovido y estamos unos 15 puntos por debajo de la media de los últimos diez años. Hay partes de Andalucía y Catalunya donde hay una sequía muy grave, pero todo va a depender de lo que suceda este mes de mayo para que llueva, se recuperen los acuíferos y la vegetación. Si no llueve de una forma continuada es muy probable que tengamos un verano complicado. El agua es muy importante en el entorno mediterráneo.