La justicia británica ha obstaculizado una vez más la ruta legal de Julian Assange contra su deportación a Estados Unidos. El juez Jonathan Swift, del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, bloqueó este mes dos recursos del fundador de WikiLeaks relacionados con los argumentos más políticos de la sentencia original de 2021 y la orden de extradición que firmó el año pasado la entonces ministra del Interior, Priti Patel. El magistrado desestimó ambos trámites en sendas resoluciones de tres y dos páginas, respectivamente, que echan por tierra las alegaciones de los abogados del reclamante sin someterlos al escrutinio de una vista pública.

Swift denegó el permiso a Assange para apelar varias cuestiones recogidas en el veredicto de la Corte de Primera Instancia, que frenó la extradición a causa de su delicado estado de salud y el riesgo de suicidio que sufriría en una cárcel estadounidense. En la bandeja de un todavía posible juicio de apelación siguen las cuestiones “nucleares” del caso en torno al derecho de libertad de prensa, la naturaleza política de las imputaciones, la extraterritorialidad abusiva de Estados Unidos y el abuso procesal, entre otras, según explica Aitor Martínez, del equipo legal internacional.

Swift denegó el permiso a Assange para apelar varias cuestiones recogidas en el veredicto de la Corte de Primera Instancia

Martínez dirige la acción judicial interpuesta por Assange contra la empresa de seguridad española UC Global por espionaje, en presunto beneficio de la CIA, en la embajada ecuatoriana de Londres, donde el australiano residió siete años antes de ingresar en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en abril de 2019. Desde entonces permanece en el penal londinense, recluido en su celda unas veintidós horas diarias, sin cargos pendientes en el país y sin opción de libertad condicional por supuesto riesgo de fuga.

Martínez visitó al recluso a finales de mayo y le cuesta contener la rabia al relatar las “condiciones infrahumanas” a las que está sometido. “Es inhumano lo que están haciendo con él. Está física y psicológicamente destrozado”, denuncia en una entrevista telefónica con CTXT. “Tienen que parar esta locura. Su único delito es publicar información veraz. Es como si persiguieran a Pedro J. (Ramírez) por publicar los crímenes del GAL. Son libertades asentadas en la prensa y estamos viviendo una involución terrible, un retroceso brutal de libertades que ya estaban consagradas y consolidadas”.

Prosigue la ruta judicial

La decisión de Swift será ahora revisada por dos jueces del mismo tribunal. Si desestiman la opinión del magistrado, se reactivaría el proceso de apelación a fin de analizar, en un juicio oral, el meollo de uno o varios argumentos políticos de la orden de extradición. Por el contrario, si dan la razón a su colega y jefe de la Corte Administrativa, que en 2022 autorizó la deportación a Ruanda de solicitantes de asilo, Assange habrá agotado las avenidas legales disponibles a nivel nacional en Reino Unido.

Le quedará el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde sus abogados presentaron una primera demanda contra el Estado británico a finales de 2023. Reporteros sin Fronteras (RSF), asociaciones y federaciones de prensa, entre otras organizaciones, denunciaron la decisión de Swift que “acerca a Assange al punto de la extradición”. “Ya es hora de parar la incesante persecución de Assange y de actuar para proteger el periodismo y la libertad de prensa”, urgió Rebecca Vincent, directora de campañas en RSF.

Publicar no es un delito

Estados Unidos acusa a Assange de colaborar con Chelsea Manning para quebrar el código de acceso a un sistema informático del Pentágono y obtener ficheros con información clasificada, que se publicó en WikiLeaks entre 2010 y 2011. De momento está imputado de 18 cargos, la mayoría por violación de la ley de espionaje de 1917, penables con un máximo de 175 años de prisión. “Para muchos, Julian es un símbolo. Símbolo de injusticia extraordinaria, que afronta una abrumadora sentencia por publicar la verdad… El más brutal ataque contra la libertad de prensa en Occidente en los últimos 70 años”, dijo su mujer, la abogada Stella Assange, en una reciente intervención en el Club Nacional de Prensa de Australia.

El País, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel y The Guardian, medios de comunicación que cooperaron en un principio con el cofundador de la pionera plataforma digital, publicaron parte de esa información secreta,  que destapó la abusiva balanza de poder en las relaciones internacionales de Washington y aparentes crímenes de guerra de sus operativos.

Está imputado de 18 cargos, la mayoría por violación de la ley de espionaje de 1917, penables con un máximo de 175 años de prisión

Editores y directores de los cinco periódicos internacionales pidieron el pasado noviembre la excarcelación del responsable de WikiLeaks. “Ha llegado el momento de que el Gobierno de Estados Unidos ponga fin a la persecución de Julian Assange por publicar secretos”, clamaron en una carta abierta. Tardaron años en unirse a la causa, aunque reconocen en la misiva que la “inculpación” de su exsocio “sienta un peligroso precedente y amenaza con socavar la Primera Enmienda de Estados Unidos y la libertad de prensa”.

El gesto colectivo de estos grandes medios se suma a los avances de la campaña de presión, que inicialmente topó con un muro de silencio en el establishment, con la desconfianza de amplios sectores de la población y, finalmente, con la antipatía hacia el perseguido. Con tesón y creatividad de los involucrados en el movimiento, la atención se fue paulatinamente desviando de la personalidad de Assange para centrarse en los delitos que Estados Unidos le imputa por desempeñar su labor periodística.

Solución política

“Tengo poca fe en el proceso judicial. Este es un caso absolutamente político. No habrá un momento en que el sistema judicial británico diga que el gobierno se ha equivocado y se pronuncie a favor de Julian, creando una enorme crisis en la relación especial entre Reino Unido y Estados Unidos y el tratado de extradición”, afirma John Rees, coordinador de Don’t Extradite Assange (DEA). El veterano activista presenta la “ruta del éxito” como una ecuación entre la presión popular y el castigo político que se iluminará “cuando sea políticamente más doloroso retenerle que liberarle”. “Este equilibrio político se decide en función de la presión política y el activismo que movilicemos”.

La balanza, según Rees, está inclinándose hacia Assange. “Políticamente, sí”, dice por teléfono, mientras destaca el cambio de corriente en Australia desde la victoria del laborista Anthony Albanese, el respaldo de diversos gobiernos latinoamericanos y la intervención de los editores de los cinco medios internacionales. “Tener al Gobierno australiano de nuestro lado es muy significativo. La arquitectura imperial funciona en contra de Julian debido a la llamada relación especial con Estados Unidos, pero le favorece cuando Australia sale de la pista. Con el pacto trilateral con Reino Unido y Estados Unidos (AUKUS), Australia tiene el mando de la palanca porque los americanos lo necesitan”, razona.

De ahí la reciente y primera visita de Stella Assange a la tierra natal del padre de sus dos hijos. Ella y el resto de la familia y del entorno de WikiLeaks se desplazan entre continentes a medida que el flujo de presión avanza de Reino Unido a Estados Unidos, Australia y España, donde se están desvelando evidencias de la presunta injerencia de la CIA en la persecución de Assange. “Como activista, no sabes cuándo se quebrará tu oponente ni si está a punto de caer”, dice el director de DEA, convencido de que el viento corre a favor de la campaña.

No duda de la urgencia de elevar la presión sociopolítica a nivel internacional hasta que Washington anule los cargos o retire la petición de extradición que avala el Gobierno conservador británico. La coreografía de la deseada renuncia supone otra incógnita. “Si rompes su voluntad, si deciden que es más doloroso continuar que parar, encontrarán la forma de hacerlo; pero, ahora mismo, nadie sabe cuál será ese mecanismo”.