Apenas han transcurrido poco más de tres años desde que, en mayo de 2020, durante lo peor de la pandemia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunciara la creación de un Ingreso Mínimo Vital como parte del denominado escudo social que se desplegó entonces. Se hizo con la intención de servir como paliativo ante los efectos de la exclusión social severa –el eufemismo para aludir a la pobreza– que sufren millones de ciudadanos y residentes en nuestro país. El indicador AROPE, un sistema ideado para estandarizar el seguimiento de las cifras en toda Europa, situaba la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en el 27% de la población total en 2020, mientras que un 8,5% de los residentes en nuestro país sufrían en aquel momento lo que se denomina como carencia material severa.

Si bien el anuncio fue acogido y celebrado entre los sectores más progresistas casi como si de la aprobación de una Renta Básica Universal se tratara, la emoción no tardó en desinflarse. Pronto quedó patente que los requisitos para acogerse a esta ayuda son especialmente estrictos. La prestación no se concede a unidades de convivencia con una antigüedad inferior a los seis meses, se debe demostrar la residencia legal en España desde hace al menos un año y la situación de vulnerabilidad económica ha de estar suficientemente acreditada, entre otros requerimientos. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, el organismo encargado de gestionar el IMV en todo el Estado español (salvo en País Vasco y Navarra, que tienen las competencias parcialmente transferidas), ha resultado ser muy lento en conceder las prestaciones, pese a la urgencia que suele acuciar a los demandantes, además de demasiado farragoso en los trámites, más aún si se tiene en cuenta que la mayoría de los solicitantes son personas vulnerables con dificultades para manejarse con el exigente papeleo que se les requiere. Se estima que la prestación no está llegando a casi medio millón de hogares que cumplen con los requisitos para percibirla, en muchos casos porque ni siquiera llegan a solicitarla.

Para algunas de estas familias vulnerables las cantidades adeudadas ascienden ya a varios miles de euros

Sin embargo, no ha sido este el único motivo por el cual la ONG Cuarto Mundo, en representación de algunos perceptores del IMV, ha iniciado una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, con la esperanza de que se adhieran la mayor cantidad de afectados posible. El problema que se han encontrado ellos es todavía más grave. Denuncian que la Seguridad Social no solo les ha dejado de ingresar el dinero sin previo aviso y sin que su situación económica haya cambiado, sino que en muchos casos les están reclamando, además, la devolución de las cuantías recibidas durante los últimos meses tildándolas de “cobros indebidos”. Para algunas de estas familias vulnerables las cantidades adeudadas ascienden ya a varios miles de euros, y van acompañadas de la amenaza de sufrir un recargo del 20% en caso de no pagarse en un plazo corto. Una pesadilla que ha llevado a los afectados a plantear una recogida de firmas mientras se quejan con amargura de no estar recibiendo atención por parte de los medios ni soluciones desde la administración.

José, Valencia. A la espera de una reclamación de hasta 8.000 euros

José, que prefiere no usar su nombre real, tiene 48 años, vive en Valencia y es muy activo en las redes sociales y foros de afectados. En casa son tres adultos, contando a su mujer y a su hijo de 30 años. Durante la pandemia se encontraron confinados y sin empleo los tres al mismo tiempo. Recibían en ese momento una Renta de Inclusión, pero, según cuenta, el INSS les obligó a cambiar esta percepción por la del IMV. Para él todos los problemas empezaron ahí. “¿Qué he hecho mal –se lamenta–, trabajar o ser pobre?”. José asegura que siempre notifican de inmediato al INSS cuando él o su mujer encuentran algún trabajo eventual –la mayoría de los contratos que firman son bajas o pequeñas sustituciones de pocas semanas de duración–. Su mujer trabaja en la actualidad haciendo una sustitución como limpiadora, y él ha encontrado un “apaño de tres meses a media jornada” a través del Plan Social de Empleo. En su caso, el INSS cifra en unos 9.400 euros anuales la cantidad máxima que pueden estar cobrando entre todos los convivientes, por lo que tienen la obligación de avisar de cualquier ingreso extra que reciba la unidad familiar. “En abril de 2022 me ingresaron de golpe 1.800 euros y yo les avisé enseguida de que no nos correspondía esa cantidad. No respondieron. En noviembre nos extinguieron la ayuda de repente. Ahora estamos esperando que nos llegue la reclamación en cualquier momento, hemos calculado que podrían pedirnos hasta 8.000 euros. Estoy en tratamiento con ansiolíticos, y mientras tanto tenemos que comer y pagar 500 euros de alquiler todos los meses. Estamos desesperados”, explica atropelladamente en un breve descanso que usa para atendernos durante su jornada laboral.

Mari Carmen, Barcelona. Se le reclaman 1.500 euros

Mari Carmen tiene 46 años y vive en la provincia de Barcelona junto a sus dos hijos menores de edad. Ella recibió en diciembre de 2022 una carta en la que le reclamaban la devolución de 1.500 euros antes de treinta días por “cobros indebidos”. “No los pude devolver, no tengo ese dinero, y ahora me están pidiendo intereses”. Cuenta que, en junio de 2020, la ayuda económica que recibía por tener hijos a cargo se convirtió de oficio en el IMV. “Yo no lo pedí –desgrana muy angustiada–, me llegó un SMS al móvil diciéndome que me habían concedido el IMV, ni siquiera pinché en el enlace, pensé que lo mismo era un mensaje engañoso, la típica estafa. No recibí más comunicaciones”. En octubre empezó a cobrar de pronto 411 euros de IMV. Nunca supo cómo se había calculado esa cuantía. La ayuda se extinguió sin más explicaciones en noviembre de 2022, y un mes después le reclamaron una devolución parcial. Asegura que su situación económica y laboral no ha cambiado en este tiempo, por lo que el asunto para ella es inexplicable. En enero de 2023 planteó un recurso y está siendo asistida por un abogado de oficio, pero se lamenta de que uno de sus dos hijos menores de edad ni siquiera aparece en los papeles del INSS, por lo que no lo estarían teniendo en cuenta para el cómputo del IMV.

Conforme avanza la conversación Mari Carmen está cada vez más desolada. “Confío en la justicia, pero la justicia es lenta, he puesto una demanda, pero mi abogado no cree que vaya a salir el juicio antes de 2025. ¿Cuánto dinero deberé para entonces?”. Logró sacar una cita en Hacienda con la esperanza de que le ayudaran a demostrar que sus ingresos no habían variado. “Me dijeron que me pusiera a trabajar y me pagara un gestor, que ellos no miran declaraciones fuera de la campaña de la renta”.

La estigmatización social que sufren los perceptores del IMV es otro tema que aparece en todas las conversaciones con los afectados

La estigmatización social que sufren los perceptores del IMV es otro tema que aparece en todas las conversaciones con los afectados. José dice sentirse “como si hubiéramos estado robando, cuando somos gente que se levanta cada mañana y busca trabajar en lo que sea”. Mari Carmen apostilla: “Yo lo que querría es un trabajo estable. Me quedo muchas noches sin dormir, pensando en qué voy a hacer si los intereses por la deuda se acumulan y al final me embargan el piso. Si hubiera sabido que recibir el IMV me iba a generar estos problemas, habría preferido pedir uno de esos créditos usureros”. Todos apuntan en la misma dirección: “En los medios nos llaman okupas o ‘los de las paguitas’, pero somos gente trabajadora que ha caído en una situación desesperada”.

Carmen González, Madrid. Debe devolver 4.277 euros

Carmen González es una mujer madrileña de 56 años. Sus problemas vienen de lejos. En 2018, a cargo de dos hijos menores de edad en ese momento, se le terminó el subsidio por desempleo y acudió a los servicios sociales porque lo único que tenían para sobrevivir era la pensión de alimentos que le pasaba el padre de sus hijos. Le arreglaron el cobro de la Renta Mínima de Inserción, pero en julio de 2020 le llegó una carta en la que se le conminaba a acogerse al nuevo IMV. “Me amenazaban con quitarme la RMI si no presentaba todo el papeleo en apenas diez días, a pesar de que estábamos en pandemia. Me las apañé para reunirlo todo como pude, yo ni siquiera tengo ordenador, lo hago todo con el móvil”. En abril de 2021, con el cobro de la RMI ya extinguido, le ingresaron de golpe 4.000 euros de pagos atrasados correspondientes al IMV. “Yo no sabía cómo habían calculado esa cantidad, no me lo dijeron. No quería gastar el dinero porque me daba mucho miedo, pero teníamos que comer, así que lo fui sacando poquito a poco”. Intentó pedir explicaciones a la administración sin éxito. Apenas unos meses más tarde, en diciembre de 2021, le suspendieron el cobro del IMV. “No entendía absolutamente nada, mi situación no había cambiado, por desgracia sigo desempleada. Pedí ayuda a una asociación de aquí, las Invisibles de Tetuán, y me ayudaron a redactar una reclamación. Después de revisar a conciencia todos los papeles se dieron cuenta de que, por error, el INSS me achacaba el cobro de unos 11.000 euros anuales de pensión de alimentos, cuando realmente recibimos la mitad, 5.500 euros. Me habían duplicado la pensión de alimentos sin decirme nada. Si no llega a ser por ellas jamás lo hubiera descubierto”.

También Carmen sufrió el desprecio de la administración. “Conseguí una cita telefónica con la Seguridad Social. Una señora me llamó, y a modo de saludo me explicó muy seca: ‘Tienes diez minutos para contarme qué te pasa, así que abrevia’. Le respondí que estaba siendo víctima de un error en el cobro del IMV y me espetó que la Seguridad Social no comete errores. Me colgó el teléfono”. Carmen no se amilanó. En marzo de 2022 llevó a juicio a la Seguridad Social, pero la letrada que representaba al organismo logró hacerla desistir y arreglarlo todo minutos antes de entrar en la sala a través de un acuerdo extrajudicial. Le ofrecieron recibir de manera retroactiva todo el dinero que había dejado de percibir durante ese tiempo. Ella aceptó con grandísimas reticencias porque seguía sin fiarse del INSS, según relata. Nada de esto impidió que el pasado enero de 2023, la Seguridad Social le exigiera la devolución inmediata de 4.277 euros, también por presuntos “cobros indebidos”.

Gracias a la ayuda que está recibiendo de la asociación de Tetuán, ha seguido poniendo reclamaciones y luchando por sus derechos. Además, ha solicitado un abogado de oficio, y planea denunciar a la Seguridad Social por prevaricación. Mientras tanto, no ha parado de moverse hasta lograr que le reactivaran el cobro de la percepción. “No creo que las personas vulnerables merezcamos este calvario, para mí tener que recibir el IMV se ha convertido en un castigo, siento que vivo esclavizada, con la soga al cuello. Le he cogido miedo a todo: a aceptar un trabajo de un mes por si después me penalizan, a gastarme el dinero del IMV que me ingresan, a que el cartero llame a la puerta, a cada carta que me llega. Solo soy una mujer que no encuentra trabajo estable, quizá por la edad que tengo. Cuido de mis hijos, que ya son mayores de edad pero padecen problemas de salud, y también de mis padres. No he hecho nada tan malo como para merecer esto”.

Una administración aporofóbica

Jaime Muñoz trabaja en Madrid, es pedagogo y en la actualidad se desempeña como coordinador de equipo dentro de la citada ONG ATD Cuarto Mundo, una organización que busca la erradicación de la pobreza y que proporciona asesoramiento técnico y jurídico a cientos de familias al año. Él sí tiene claro lo qué está sucediendo con los perceptores del IMV. “Hemos presentado una reclamación colectiva ante el Consejo de Europa por los graves incumplimientos de varios artículos de la Carta Social Europea que el Estado español tiene la obligación de respetar. Consideramos que la ley actual por la que se regula el IMV está vulnerando derechos fundamentales, no solo en su aplicación, sino en su misma concepción. La ley necesita una modificación”. Cita algunos ejemplos: “Mientras que las Rentas de Inserción de cada comunidad autónoma contemplaban unas cuantías mínimas, el IMV no lo está haciendo, y además exige que el perceptor tenga al menos 23 años en lugar de 18”. Los perceptores del IMV, enumera Muñoz, sufren revisiones arbitrarias que derivan en reclamaciones por cobros indebidos, agravando todavía más su situación de pobreza, que ya de partida era muy mala. Hay otras cuestiones que también están generando sufrimiento e inseguridad. Con frecuencia se acusa a los migrantes de ser los principales receptores de estas ayudas, pero Muñoz explica: “Si dentro de una unidad familiar existe una sola persona en situación administrativa irregular, la familia entera pierde el derecho a solicitar el IMV”. Y continúa: “Se hacen leyes para los pobres sin pararse a pensar en cómo viven los pobres. Mucha de esta gente tiene que ir a locutorios a tramitar sus papeles, no tienen un ordenador en casa. Se lo tienen que pensar dos veces antes de empadronar a un amigo o a un familiar en su domicilio, les da mucho miedo comunicar cualquier cambio en su situación”.

No solo los perceptores tienen problemas, la propia administración no sabe muy bien qué hacer con ellos

Pero no solo los perceptores tienen problemas, la propia administración no sabe muy bien qué hacer con ellos. Muñoz lo explica de un modo muy sucinto: “Por ejemplo, para recibir el IMV, obligaron a todos los perceptores a realizar la declaración de la renta. Muchos de ellos nunca la habían hecho, porque estaban muy por debajo del límite de ingresos obligatorio. Se plantaron allí y fue un caos. Sucede una cosa: las familias pobres tienen unos ingresos raros. Tienen contratos laborales muy cortos, o a lo mejor reciben becas comedor, el bono social térmico, diferentes ayudas por esto o por lo otro. Con frecuencia ocurre que cuando acuden a una oficina de Hacienda, los propios funcionarios no tienen claro cómo computar correctamente esas ayudas, o no saben cuáles de ellas están exentas en el cómputo global de ingresos”.

Respecto a la cuestión de las reclamaciones por cobros indebidos, Muñoz también tiene una explicación. “Había mucha gente que cobraba, por ejemplo, una Renta de Inserción, o el Complemento de Ayuda a la Infancia, coloquialmente conocido como ‘los puntos’. A estas personas, en el verano de 2020, les obligaron, o bien a cambiarse al IMV, o bien a pedirlo para que después se lo denegaran y de ese modo tan farragoso poder seguir cobrando las ayudas anteriores. Sin embargo, la administración no cruzó los datos correctamente. Ha habido muchos casos en los que estas personas terminaron recibiendo el IMV, y es ahora cuando les están reclamando parte del dinero de vuelta”.

Muñoz cita el último informe del Defensor del Pueblo, en el que se ha calculado que el número de unidades familiares afectadas por esta situación podría llegar a casi 100.000 en toda España. Desde Cuarto Mundo aseguran que no han parado de recibir avalanchas de peticiones de ayuda de gente desesperada. “Una vez que se genera la deuda, la reclamación la efectúa la Tesorería de la Seguridad Social”. Lidiar con ellos no es sencillo, según explica Muñoz. “Puedes pedir que te fraccionen o aplacen el cobro de la deuda, o presentar una reclamación, pero hay que saber cómo hacerlo, y estas familias no suelen disponer de los conocimientos y medios necesarios. En teoría no pueden embargarte si ingresas menos del SMI, pero lo cierto es que conozco por mi trabajo casos de familias vulnerables a las que han llegado a bloquear la cuenta corriente”.

Un reciente informe de la la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señalaba que casi 470.000 hogares con derecho a percibir el IMV, es decir, el 58% del total, no lo solicitaron en 2022. Además, el 69% de las solicitudes se denegaron. Muñoz concluye: “El IMV es una solución de último recurso y debería ser un derecho garantizado, pero lo que estamos viendo es que al final la gente está volviendo a la caridad tradicional, a los bancos o tarjetas de alimentos, al trabajo precario o a recurrir a la ayuda familiar cuando les es posible. Además de la reclamación colectiva a Europa, que tardará en resolverse dos o tres años, nosotros acompañamos y asesoramos a cada familia, formamos a los trabajadores sociales y luchamos por crear precedentes jurídicos con las reclamaciones, pero en ocasiones solo conseguimos que nos den la razón por defectos de forma. La administración es claramente aporofóbica. Está siendo muy frustrante”.