De la misma forma que ha sucedido con muchas de la rentas de inserción puestas en marcha por las Comunidades Autónomas en los últimos años, los fallos de diseño e implementación del Ingreso Mínimo Vital están provocando que una enorme capa de población desfavorecida no pueda acceder a las nuevas ayudas por no cumplir los requisitos que exige la Administración. Esto es lo que asegura un informe publicado en los últimos días por Oxfam Intermón, que cifra en cerca de 1,5 millones el número de personas en situación de pobreza severa que se están quedando fuera del subsidio estatal.

Entre otros motivos, el uso de la renta del año anterior como referencia –en plena explosión de la crisis del coronavirus–, la baja inversión o la falta de coherencia en el diseño de las políticas son algunas de los razones que explican, según la ONG, que cuatro de cada diez personas que estaban viviendo en pobreza severa en 2019 no sean elegibles para optar al IMV o a una renta autonómica.

“Los actuales umbrales y cantidades transferidas del IMV no conllevan una reducción significativa de la pobreza severa” explica el estudio, donde también asegura que si se tiene en cuenta el deterioro provocado por la pandemia sería necesario invertir cinco veces más de los 1.500 millones de euros que se han presupuestado durante este año para acabar con la pobreza severa en España.

Lejos de suponer una circunstancia coyuntural, los problemas que arrastra desde hace cerca de un año el nuevo subsidio estatal se enmarcan en un contexto de debilidad generalizada dentro del propio sistema de protección pública, estancado desde hace años en sus indicadores. Tanto es así que “si el IMV se hubiera aprobado antes de la llegada de la covid y se hubiera logrado llegar a toda la población con derecho al mismo, apenas se habría reducido la pobreza severa en 0,3 puntos porcentuales”.

Otros datos son igual de elocuentes y demuestran la infrafinanciación endémica del sistema. Por un lado, si no se tienen en cuenta las medidas excepcionales puestas en marcha durante la crisis sanitaria, la inversión que registra España en protección social es 23.650 millones más baja que la media de la UE. Según los cálculos de la ONG, el IMV solo habría conseguido estrechar de forma tímida esta diferencia, en un 7%. 

Por otra parte, las ayudas públicas en nuestro país han demostrado una capacidad de reducción de la pobreza severa del 37%, mientras que la media de la UE llegaba casi al 55%. “Nuestro sistema de transferencia de rentas es claramente incompetente a la hora de reducir la desigualdad y la incidencia de la pobreza”, resume el documento.

Junto a esto, Oxfam asegura que también existe el riesgo de que, con la llegada del IMV, las Comunidades Autónomas opten por recortar “sus actuales rentas mínimas de inserción (1.686 millones de euros en 2019) y canalicen los fondos hacia otros fines”. Es decir, que la llegada de la prestación estatal no suponga un aumento de los recursos, si no la sustitución de una ayuda por otra.

En el contexto de la crisis sanitaria, todos estos problemas y déficits acumulados en el sistema puede acelerar el deterioro que han sufrido las cifras de exclusión con la llegada del coronavirus. Según la ONG, cerca de 790.000 personas más podrían haber caído en la pobreza severa durante el último año, un periodo en el que la caída de las rentas ha sido casi 7 veces mayor entre las población más pobre.

Atendiendo a este nuevo escenario, del que todavía no hay datos consolidados, la ONG asegura que el IMV podría llegar reducir la pobreza en casi tres puntos porcentuales, aunque todavía habría cuatro millones de personas sufriendo altos niveles de exclusión.

En el caso de los niveles de desigualdad, el subsidio estatal se muestra bastante más eficaz, ya que podría reducir la brecha entre la población más pobre y la de renta media entre 26 y 28 puntos porcentuales: “Que se reduzca tanto la brecha de muchos hogares sin, no obstante, sacarlos de la pobreza, sugiere que una revisión modesta al alza de los umbrales incrementaría sustancialmente la capacidad de reducir la pobreza del IMV y de ampliar la cobertura”.