Una de las principales causas de la profunda crisis de vivienda que atraviesa España tiene que ver con la reducción drástica de hogares de protección oficial, cuya construcción ha caído un 85% en la última década: si entre 2003 y 2012 se levantaron 593.308 viviendas públicas, entre 2013 y 2022 esa cifra cayó hasta las 91.724.

En un contexto de precariedad generalizada como el actual, los hogares de protección oficial cumplen un papel fundamental como puerta de acceso al derecho constitucional a una vivienda digna. Así, el hecho de que nuestro país se encuentre a la cola de la UE en términos de proporción de vivienda pública sobre el total convierte este problema en uno de los más urgentes. Con tan solo un 2,5% de hogares fuera del mercado privado, un total de 452.040 viviendas, España se encuentra alejada de otras grandes economías como Francia (16,8%), Alemania (3,9%) o Italia (3,7%), así como de la media europea (9,3%).

Para entender el origen de esta crisis hay que remontarse 25 años atrás, hasta aquella Ley de Suelo aprobada en 1998 bajo el mandato de José María Aznar. Su aparición cumplió rápidamente con el propósito de privatizar el mercado inmobiliario, dando inicio a una burbuja que priorizó los beneficios empresariales sobre el derecho a la vivienda, y cuya explosión en 2008 trajo consigo una de las mayores recesiones económicas de nuestra historia reciente.

En 1998, mientras la construcción de vivienda pública experimentaba un importante descenso, el mercado inmobiliario privado se disparó. Convertido el suelo en un negocio más que rentable, la construcción de vivienda nueva aumentó un 164% entre 1998 y 2006, para caer después descontroladamente como consecuencia del pinchazo de la burbuja. En ese año se terminaron 597.632 casas, cifra que se desinfló un 93% en menos de una década: en 2013, las viviendas nuevas construidas fueron 43.230.

Y es precisamente en aquel 2013 cuando entra en escena el elemento que terminó de desarticular el panorama de vivienda protegida en España: la SAREB. Constituido oficialmente a finales del año anterior, el “banco malo” absorbió cerca de 500.000 inmuebles que provenían de las cajas de ahorros y de los bancos que habían quebrado, que con los años irían pasando a manos de fondos buitre y otros actores privados. Un parque de vivienda que, a la espera de ver lo que se hacía con él, frenó de golpe la proyección de nuevas construcciones públicas. En la actualidad se estima que la SAREB posee 45.147 viviendas, 21.697 obras en construcción y 30.487 terrenos urbanizables.

Un claro ejemplo de la especulación inmobiliaria fueron los elevados costes registrados en 2007 que, con un precio medio del metro cuadrado de 2.086 euros, coincidieron con los últimos años de bonanza de la burbuja inmobiliaria. Una subida que duplicaron los 893,3 €/m2 del año 2000. La Ley de Suelo no consiguió abaratar los precios de la vivienda en el desarrollo de un supuesto mercado competitivo y sí lo contrario. De 2007 a 2014, con el inicio de la Gran Recesión, el precio de la vivienda privada disminuyó en torno al 30% mientras caía el volumen de construcción, habiéndose alcanzado en 2014 el precio medio de la vivienda privada más bajo de los últimos veinte años, con 1.463 €/m2. Desde entonces los precios no han hecho más que subir, hasta situarse durante 2022 en 1.749,2 €/m2. Por su parte, la vivienda protegida ha pasado de representar un precio medio de 945 €/m2 en 2005 a situarse en 1.158,1 €/m2 el año pasado. Una diferencia de precios del 34% que muchas familias no se pueden permitir. Esta situación podría ser corregida si las viviendas que posee la SAREB pasasen a ser del parque de vivienda pública con la finalidad de atender a las necesidades de los ciudadanos con menos recursos y controlar el precio de los alquileres.