Este artículo no lo va a leer ninguno de esos españoles de bien que se indignan en las redes sociales contra la amnistía. No necesitan leer argumentos ni debatir porque hace tiempo que su único argumento es emocional, no lógico. En general, quien solo defiende lo suyo propio es mal compañero de charlas. Resulta aburrido. Su interés es defender un resultado y le da igual cómo se llegue a él. Así que todo es inútil con él. Y de esos cada vez hay más. Vivimos en una sociedad de hooligans que conocen de antemano su posición en cualquier discusión, así que se está perdiendo el placer de la discusión.

Por eso, a mi pesar, tengo que empezar justificándome: no soy catalán, carezco del sentimiento identitario de esa tierra y, además, no apoyo la independencia de Cataluña. Como andaluz, creo que unidos en la diversidad seríamos todos más fuertes. Y aun así, estoy honestamente convencido de que a los líderes catalanes independentistas se los ha sometido a una persecución ilegal que ha roto todos los límites del Estado de derecho y nos acerca al autoritarismo.

Es algo que vengo defendiendo en público desde 2017, así que no se trata de un análisis que responda a simpatías con ningún partido político que necesite un voto u otro en el Parlamento para acceder al poder. Es, a mi modo de ver, simplemente la consecuencia de creer radicalmente en el Estado de derecho y la democracia, más allá de intereses individuales.

Hace seis años, en 2017, como ciudadano con cierto aprecio por los derechos humanos que soy, no entendí que el Gobierno mandara batallones de policías a apalear a los ciudadanos que masivamente participaban en un acto de protesta pacífico, aunque yo no lo compartiera.

Como jurista, también me pareció un despropósito que nada menos que el Tribunal Constitucional prohibiera expresamente a organizaciones civiles catalanas organizar un acto simbólico por el que quien quisiera podía introducir un papel en una caja de plástico transparente. Ciertamente entiendo que era un desafío al Estado y que podía tener consecuencias políticas. Pero no creo que los tribunales estén para prohibir los desafíos políticos populares. Después de aquella batalla campal y de las tristes imágenes de niños y ancianos golpeados por llevar una papeleta en la mano pensé que alguien del Gobierno o de quien diera la orden dimitiría. En vez de eso, se inició una persecución judicial contra sus líderes políticos que se saltó repetidamente las reglas del derecho.

Los jueces del Tribunal Supremo, que asumieron el asunto sin tener competencias para ello, utilizaron la prisión provisional como sanción ejemplarizante, más allá de los tres supuestos en los que lo permite la Constitución. Sin ninguna justificación legal, llegaron incluso a encarcelar a un acusado en mitad de un debate de investidura para que no resultara elegido presidente de la Generalitat. Todo eso me pareció un uso político, y por tanto ilegítimo, de los tribunales.

Tenemos un poder judicial que ha invadido las competencias del legislativo, que se niega a aplicar la ley y que actúa con total desprecio a la Constitución

Después, el grupo de líderes elegido para el castigo fue condenado a unas penas desproporcionadas, a menudo por delitos inventados. El Tribunal Supremo se inventó un concepto de sedición que se aparta de la letra del Código Penal, que no había sido utilizado nunca antes ni después y que permite castigar con decenas de años de prisión a cualquiera que organice actos de protesta que puedan calificarse de desobediencia civil pacífica. Entonces no tuve duda de que no se estaba aplicando la ley, sino que los jueces actuaban como justicieros, independientemente de la letra de la ley.

Por si tenía alguna duda, pasado un tiempo, cuando el Parlamento reformó el delito de malversación, por el que también habían sido condenados, incluso en ausencia de pruebas determinantes, el Tribunal Supremo le plantó cara a la voluntad popular expresada por las Cortes y decidió que no iba a aplicar la ley, porque entendía que podía beneficiar a esos mismos líderes independentistas.

A menudo parece que la separación de poderes es sólo una garantía de la independencia judicial, pero no es así. La democracia también se sustenta en que los jueces se sometan al imperio de la ley y no ocupen, sin legitimidad, el papel del legislador. Así que respecto al desafío independentista catalán tenemos un poder judicial que ha invadido las competencias del legislativo, que se niega a aplicar la ley y que actúa con total desprecio a la Constitución. Como hace años que en España no tenemos Tribunal Constitucional, sino una corte política vendida al partido que mande, pues nada de eso se pudo remediar.

Por eso estoy a favor de la amnistía. Porque es la única manera por la que el parlamento elegido democráticamente puede recuperar la primacía que le corresponde en el Estado democrático, frente a unos jueces que usurpan sus funciones. Volver a situar la ley como la máxima expresión de soberanía y mecanismo de dirección política de la sociedad.

Si la amnistía se limita a los delitos de desobediencia, malversación de caudales y sedición no implicará dejar libre a ningún delincuente

Más aún, si la amnistía se limita a los delitos de desobediencia, malversación de caudales y sedición no implicará dejar libre a ningún delincuente. Porque es difícil saber si son delincuentes cuando los jueces se han inventado los delitos por los que los condenaron. Por eso tampoco habrá problemas de igualdad en la comparación con otros activistas condenados en otros lugares, frente a los que no se abusó de esta manera del poder de los tribunales.

Esas son mis razones, políticas, para la amnistía.

Entiendo que los partidos políticos “de Estado” no pueden decir esto así. Reconocer en público que, en este asunto, el Tribunal Supremo ha actuado fuera de la ley y guiado por sus ideas y creencias políticas supone deslegitimar la cúspide de uno de los poderes del Estado. Soy muy consciente de los peligros de esa deslegitimación y entiendo perfectamente a tantos compañeros que en privado coinciden con mi análisis pero jamás lo dirán en público.

A pesar de que el Tribunal Supremo español es un órgano de designación discrecional, al que los magistrados acceden por nombramiento no motivado de un órgano tan político como el Consejo General del Poder Judicial, toda la estructura del sistema se sostiene en la ficción de que son jueces independientes e imparciales que juzgan con sometimiento a la ley. Una ficción que comprendo que tantos juristas responsables no quieran poner en cuestión, pese a la evidencia.

Así que estoy de acuerdo en esquivar elegantemente el tema y recurrir a alguna paráfrasis ambigua. La amnistía, así, servirá para llevar al terreno de los tribunales lo que siempre se debió resolver en el de la política.

Personalmente no creo que el movimiento independentista catalán tenga siempre razón ni en sus fines ni en los medios que utiliza. Creo que el respeto a las minorías debe guiar cualquier acción política, y que tenemos la obligación de buscar soluciones flexibles en las que todas las personas y todos los territorios puedan sentirse cómodos en un espacio común diverso. Pero no es necesario apoyar el independentismo para defender la democracia y el Estado de derecho.

Ojalá que se apruebe una ley de amnistía, que se haga con el alcance y la justificación necesarias para evitar una declaración de inconstitucionalidad y que eso sirva para superar el conflicto que se vive en Cataluña. De paso, servirá también para devolver el poder al parlamento democrático, que no es poco.