“A la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial se suman la evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos del pueblo y del gobierno por parte de las cúpulas partidarias. Estas cúpulas, expresión de la politiquería tradicional, actúan con el único interés de bloquear las medidas económicas que conduzcan el saneamiento de la situación de bancarrota que, precisamente, ellas dejaron”. 

Alberto Fujimori, 5 de abril de 1992. Extractos del anuncio del cierre del Congreso.

La Argentina está sitiada. A estas horas, sus límites económicos, sociales, y culturales se encuentran rodeados de tanques y de obuses. Hay francotiradores parapetados en posiciones claves de las artes. Músicos, actores, escritores, cineastas, todos llegan a distinguir, en las frentes del compañero, el punto rojo del láser telescópico; es sólo cuestión de tiempo. Miles de soldados esperan, agazapados en las cuevas mediáticas, la orden para entrar a reprimir. Desde las costas del Río de la Plata, los barcos destructores apuntan sus cañones a la masa general de desocupados, trabajadores informales, trabajadores formales, artesanos, profesionales, empleados, comerciantes, jubilados. Al ras de la superficie amarronada, submarinos nucleares cargan los torpedos para terminar con las empresas públicas. Los aviones caza amenazan desde el cielo con destruir los templos sagrados de la educación y la salud públicas. Incluso en las ágoras sindicales se puede escuchar el aullido metálico de los aviones supersónicos. A las puertas de la gran ciudad, el general de las fuerzas de ocupación da el último aviso:

– Me dejan gobernar por decreto o los mataré a todos.

Nadie se salva del megadecreto de 366 puntos ni del proyecto de Ley Ómnibus que, con más de 644 artículos, comenzará a discutirse en las comisiones parlamentarias durante las primeras horas del 2024. Ambos proyectos de gobernabilidad son complementarios para lograr el desguace final del Estado, la desregulación total del mercado y transformar a la Argentina en un país sin derechos laborales, sin industria, sin cultura, sin igualdad. Pero tendrán tratamientos distintos. El DNU acaba de entrar en vigencia y así seguirá hasta que el Congreso lo trate o la Corte Suprema lo revoque. Como el Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias para tratar el Ómnibus en enero, recién se podrá discutir en marzo en el Congreso. Con lo cual, el país vivirá bajo el régimen de Milei, sin discusión, sin consenso, sin acuerdos durante, al menos, dos meses: protocolo antimovilización, libre aumento de las prepagas (servicio médicas privada, el 14% de la población), despidos en el Estado, una prerreforma laboral que legaliza el trabajo precarizado y exime de sanciones a las patronales, eliminación de leyes protectivas como ley de góndolas, ley de alquileres, ley de tierras, de promoción industrial, de promoción comercial, entre otras.

El general avanza con la corona entre las manos.  

Dos hombres claves de Mauricio Macri coordinaron la factura del DNU, el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y el monje blanco sin cargo oficial, Federico Sturzenegger, que ya fue funcionario de Menem, de De la Rúa y de Macri. Y su elaboración –denuncia la oposición– estuvo a cargo de los bufetes Bomchil, Mairal y Bruchou & Funes de Rioja, los estudios de abogados corporativos más grandes del país. ¿A quién podrá beneficiar estas reformas? Apenas Milei anunció el decreto por cadena nacional, la gente respondió en las calles y marchó al Congreso de manera espontánea. Una semana después, este miércoles, las organizaciones de izquierda, los movimientos sociales, y las centrales obreras organizaron una movilización al Palacio de Tribunales. La concentración fue pequeña pero simbólica. Al día siguiente, la CGT anunció un paro general por 12 horas para el 24 de enero, un día antes de que (supuestamente) se trate la Ley Ómnibus en el recinto del Congreso. Fue una respuesta obligada a la presentación del megaproyecto. Sin una huelga general es difícil que una movilización sea contundente en número y en impacto. La calle lo sabe. Por eso, durante los cacerolazos de la semana pasada se escuchaba con fuerza “paro general, paro general”. Y el hit:

“A dónde está,

que no se ve

esa famosa CGT”

La provocación del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos sacó de la modorra a todos los sectores de la burocracia sindical. O a casi todos. El secretario general de Comercio –uno de los gremios más numerosos– se apartó de la promesa combativa y cerró filas con el gobierno nacional. ¿Qué conquista se gesta sin un traidor? O varios. Poco le importó el planteo inicial del megaproyecto, que pide al Congreso que le delegue todas las funciones en virtud de un estado de emergencia por dos años renovable a dos años más; es decir, todo el mandato.

El general se prueba la corona. Siente que le queda bien. Algo así debe haber sentido Hitler cuando en 1933 el Parlamento aprobó su Ley de Habilitación. O cuando Mussolini recibió el visto bueno del rey Vittorio Emmanuelle para asumir todo el poder. O Fujimori cuando disolvió el Congreso en Perú.

La lista es tan larga, extensa, y hostil que dejó a todos en estado de shock. El día de su publicación los mensajes de estupor se reproducían en todas partes

De la obligación de los jueces a usar toga al estilo norteamericano, a la eliminación de la palabra “gratuito” en los conciertos públicos, la legalización de las entradas ilegales (reventa) a la prohibición de reunión pública de más de tres personas bajo pena de arresto. Es decir, legalización del Estado de Sitio. Apertura de importaciones, eliminación de organismos claves en la cultura como el Instituto nacional del Cine, el Fondo Nacional de las Artes, y la actividad del libro con la eliminación de la ley de defensa de la actividad librera. Y de la sociedad civil como el INADI, encargado de combatir el racismo y la discriminación. Y sigue. Como podría seguir el catálogo de pesadillas de la humanidad. Como sigue vivo el fascismo. Como sigue el conteo de muertos en Palestina. 

La lista es tan larga, extensa, y hostil que dejó a todos en estado de shock. El día de su publicación –el jueves 28 de diciembre– los mensajes de estupor se reproducían en todos los grupos de Whatsapp. “Es el fin, ya está, estamos muertos”, “no puede ser, no pueden aprobar eso”. En las redes sociales se hacía viral la palabra dictadura. Los programas de televisión opositores llamaban a constitucionalistas para sostener la ilegalidad del avance mileista. Los canales oficialistas hacían malabares para justificar su (no) republicanismo.

¿El Congreso va a votar en contra de sí mismo? Es difícil imaginarlo. Pero. Argentina, no lo entenderías. Milei golpea fuerte ahora para negociar después, dicen algunos analistas. De todas las leyes que modifica, sólo algunas van a quedar. O, también, la estrategia del Eje en la Segunda Guerra Mundial: abrir la mayor cantidad de frentes de batalla posibles para generar dispersión, desmoralizar a la tropa enemiga y avanzar con el saqueo total.

Milei golpea fuerte ahora para negociar después, dicen algunos analistas. De todas las leyes que modifica, sólo algunas van a quedar

Otros complejizan el argumento y ven la hipótesis peruana. Cargar contra el Congreso, saturarlo de proyectos inmensos, inviables, antidemocráticos –como el Ómnibus y el DNU– responsabilizarlo de la situación y acusarlo de obstruir el ejercicio de sus funciones para legitimar la delegación de sus poderes. Es decir, coronarse.

El general, convertido en rey, ya no necesitará de otras voces más que de la propia. Sus caprichos, las nuevas leyes. “Si el Congreso no la aprueba voy a llamar a un plebiscito. Que me expliquen por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente”.