El XXI Informe Anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) analiza la situación de las personas refugiadas en el mundo, en la Unión Europea y en España. En 2023 se alcanzó un récord de 110 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo, principalmente debido a las guerras, la violencia y las amenazas.

En cuanto a la Unión Europea, al menos 292.985 personas migrantes llegaron de manera irregular el año pasado, un 54,5% más que el anterior. El 91% lo hicieron por vía marítima: Italia, España y Grecia fueron los principales destinos. CEAR señala que las rutas del Mediterráneo y del Atlántico volvieron a ser las más peligrosas del planeta, con más de 4.000 muertes y desapariciones, la cifra más alta desde 2017. 

En cuanto a las peticiones de asilo, un total de 1.129.800 personas solicitaron protección internacional en la Unión Europa, lo que representa un aumento del 17% con respecto a 2022. Alemania, Francia, España e Italia fueron los principales países receptores.

España se sitúa como el tercer Estado receptor de solicitudes. El país registró la cifra más alta de peticiones de protección internacional de su historia en 2023: 163.220, un incremento del 37,3% con respecto a 2022. En cuanto a procedencia, siete de cada diez personas solicitantes en España venían de América Latina: Venezuela y Colombia fueron los principales países de origen, seguidos de Perú, Honduras, Cuba, Marruecos, Nicaragua, Senegal, Rusia y El Salvador.

Los datos no son buenos, la tasa de reconocimiento de protección internacional en España se redujo al 12% en 2023, cuatro puntos menos que el año anterior. Esta cifra coloca a España a la cola de la UE, muy por debajo de la media europea que es del 42%, aunque mejora en tres puntos el dato de 2022.

Los datos muestran que se resolvieron 88.042 expedientes de distintos tipos de protección, lo que supone un ligero incremento respecto a 2022. Sin embargo, el número de solicitudes pendientes de resolución aumentó en un 56% con respecto al año anterior, lo que supone que 191.095 personas quedaron a la espera de una decisión.

CEAR señala que una de las razones que explican estas cifras es la existencia de barreras y obstáculos para acceder al procedimiento de asilo, principalmente para acceder al territorio. Apuntan a un problema crónico con las citas previas, lo que alimenta un mercado irregular de compraventa de citas, invisibiliza las necesidades de protección y deja a miles de personas “en situación de indefensión durante periodos de hasta nueve meses”.

También denuncian que “cientos de personas solicitantes de asilo estuvieron en condiciones inaceptables e indignas de hacinamiento e insalubridad, con retrasos de hasta 30 días para la formalización de sus solicitudes de asilo” en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En esta terminal hubo un aumento exponencial en el número de solicitudes de asilo, principalmente de personas de Kenia y Somalia.

Finalmente, el informe alerta sobre las consecuencias devastadoras que tendrá el reciente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en el derecho de asilo, en el conjunto de los derechos humanos y en la vida de las personas. Un acuerdo que, para CEAR, “refuerza el control de las fronteras y se centra en impedir que las personas lleguen, expulsándolas lo más rápido posible y sin apostar suficientemente por vías legales y seguras”.