Es claramente positivo que, tras una vergonzosa dilación de casi seis años, la renovación del órgano de gobierno de los jueces se haya desbloqueado. Pero eso no puede impedir realizar una valoración en cuanto al modo de hacerlo, y también respecto al resultado.

Por un lado, resulta incomprensible la deslegitimación institucional e incluso moral del CGPJ provocada por semejante retraso. Por otro, las actuaciones escandalosas y arbitrarias de varios jueces han contribuido a incrementar el desprestigio de la judicatura ante la ciudadanía. Pero esto, no lo olviden, no les preocupa especialmente ni al PP ni al PSOE, porque su afán es controlarla.

La razón del bloqueo era que el PP confiaba en ganar las elecciones generales y mantener ese órgano en su órbita.  El hecho de que hace once meses no lograra formar gobierno y de que no hubiera previsión de otros comicios en tres años ha sido determinante. El olor del cadáver de un CGPJ putrefacto ya molestaba incluso a los propios y también abundantes amigos que tiene ese partido en el ámbito judicial.

El único valor de esa “renovación” (y no es poco) es que se pone fin a esta etapa muy negra del CGPJ en la que se han evidenciado un profundo déficit democrático y numerosas prácticas alejadas de las pautas constitucionales, pero nada más.

Tras el cambio en 2018 de las mayorías parlamentarias y la salida del PP del poder con fórceps, los partidos progresistas (a los que ahora ha obviado el PSOE) se hicieron con la mayoría y, los integrantes del CGPJ, un órgano al que corresponde únicamente el gobierno de los jueces, se atrincheraron. En Génova 13 se decidió que siguieran en funciones y, a partir de ahí, se convirtieron en ariete político contra el Gobierno. Algunos de los más belicosos y radicales opositores en este tiempo han sido precisamente de origen judicial. En esa situación de flagrante incumplimiento de la Constitución y de absurda prolongación de la interinidad, cabe recordar a la única vocal que dimitió por razones de dignidad, Concepción Sáez.

En todo caso, aunque hayan cambiado las caras de los que estaban ya chamuscados, puede afirmarse que el CGPJ tiene pendiente una renovación interna muy profunda. Y, desde luego, una renovación grande de la Administración de justicia.

Algunas prácticas negativas se han enquistado: gran opacidad, nepotismo y amiguismo, trampas

Este órgano –algunos lo consideran fallido– acumula muchos detritus y vicios consolidados. Algunas prácticas negativas se han enquistado: gran opacidad, falta de objetividad, nepotismo y amiguismo, trampas, protección de jueces de ideología conservadora e indefensión de otros (el maltrato al magistrado De Prada ha sido obsceno), la utilización de las figuras de “jueces de apoyo” y “jueces de refuerzo” para promocionar jueces próximos amigos (así ha hecho carrera uno de los designados ahora), etc.

Los numerosos déficits democráticos del Consejo en cuanto a su funcionamiento no se arreglan sólo con una renovación de caras. Y menos aún con una como la que acaba de producirse, y ello por una razón: poco cabe esperar de los elegidos en vista de la forma en la que han maniobrado PP y PSOE para seleccionarlos, asegurándose fidelidad y gratitud absoluta de los propuestos por cada uno.

En todo caso, lo más importante es que la renovación no puede ser solo de caras o de butacas sino de otro tipo: el perfil de los candidatos. Hasta ahora, en este órgano, lo que se produce es un intercambio de cromos a nivel de instituciones, pero siempre las designaciones están muy marcadas y los y las elegidas se guiarán, muy previsiblemente, por lo que diga el grupo que les ha nombrado.

Conozco personalmente a alguno de los agraciados; a otros les sigo la pista hace un tiempo porque sabía que sus movimientos en la escala de afectos les hacía ser emergentes. En algunos casos, podría especular sobre los padrinos o madrinas de algunos meritorios, a los que resulta aplicable eso de “quien no tiene padrino no se bautiza”. También sé de alguna cara nueva que se lo ha trabajado muy bien desde chiringuitos propios y técnicas de networking-get friends. En todo caso, esto es la condición humana.

Es fácil encajar a cada uno de ellos en una facción: PSOE-PP. En este sentido es de lamentar que no haya ningún candidato que pudiera ser calificado como independiente. La forma de operar de esos dos partidos es el reparto: diez para mí, diez para ti. Tú eliges los que quieras y yo elijo los míos. Pero eso no es consenso sino simplemente, como decíamos, cambio de cromos.

Otro aspecto destacable es la notable presencia de miembros de asociaciones. Formalmente los jueces y fiscales no pueden estar afiliados a partidos políticos. Pero eso se suple a través de sucedáneos como las propias asociaciones judiciales, dos de las cuales tienen mayor influencia: precisamente la asimilable al PP y la muy próxima al PSOE. En mi opinión, los partidos no se resisten a influir en la judicatura, lo cual es muy negativo. Pero igual lo es el papel de las asociaciones judiciales y fiscales. Aparte de que en ocasiones actúan como correa de transmisión, su sintonía ideológica y conexión es muy grande.

Están lanzando un mensaje a los jueces no afiliados (la mitad): o te incorporas a una de las dos asociaciones, o las posibilidades de prosperar son limitadas

Están lanzando un mensaje a los jueces no afiliados (la mitad): o te incorporas a una de esas dos asociaciones, o las posibilidades de prosperar profesionalmente son bastante limitadas, porque luego en el Consejo, los miembros de una y otra promocionan a los suyos. De los no afiliados no hay ninguno vocal y muy pocos escalarán en la carrera judicial.

Así pues, parece imposible que lleguen o se nominen al Consejo personas independientes y de prestigio. Tampoco ahora ha sucedido. Los partidos que promueven a los nuevos agraciados tienen que asegurarse de que sean dóciles y voten en comandita. En este sentido, no hay ninguna diferencia entre unos y otros.

También, cabe advertir que la totalidad de los elegidos provienen del ámbito judicial y fiscal (hay uno letrado, antes llamados secretarios), lo que supone un enfoque muy restrictivo. Ciertamente, de los veinte vocales, doce han de tener ese origen, pero no así el resto. Sin embargo, casi todos los ocho restantes son jueces jubilados o fiscales. Todo resulta muy corporativo, como si para enfocar una mejor Administración de Justicia no hubiera nadie del ámbito de la abogacía, la universidad, los altos cuerpos del Estado vinculados a la justicia que pudiera aportar ideas. Todo es muy pobre.

El servicio público de la justicia –del que no hablan ni partidos ni apenas las asociaciones– tiene numerosos retos. Con este acuerdo tan político no se aborda ninguno de ellos. Es muy decepcionante, y tanto el PSOE como el PP son responsables, junto con Sumar, que vuelve a dejar descolocados y decepcionados a quienes querían –casi necesitaban– creer en una regeneración posible y, particularmente, a quienes contribuyeron en su ideario inicial, del cual apenas quedó nada, ni en materia de justicia ni de regeneración.

Una última mención al disparate de llevar al Tribunal Constitucional a un activista de la derecha. Si hay alguien que se ha destacado en el CGPJ por sus demoledoras críticas políticas al Gobierno ha sido José Macías. Tanto su lenguaje como su pensamiento resultan extremos. Por momentos parecía que estaba en un ring de boxeo dando bofetadas dialécticas en  la línea del PP más duro. Ahora, gracias al PSOE y a Sumar llegará al Tribunal Constitucional no un conservador, sino un radical que se ha pronunciado ya sobre numerosos temas sobre los que tendrá que votar.

Es de lamentar la no previsión legislativa de que pueda volver a suceder un bloqueo

Hubo un tiempo en el que el TC era un órgano más serio y mantenía unas mínimas reglas de imparcialidad. Después, sin embargo, desembarcó un presidente que resultó militante y cotizante del PP (de los Cobos) y, más tarde sufrimos el bochorno de un activista del partido (Enrique López). Con la llegada de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, hubo que cambiar la doctrina del tribunal, admitiendo que todo lo que habían expresado antes a nivel político no impedía (sino al contrario) ejercer de magistrados del TC. Esto sirvió para habilitar a los dos últimos designados por el PSOE. Y ahora va a valer para legitimar un nombramiento, el de Macías, que contamina políticamente aún más este órgano.

Una última cuestión que es de lamentar es la no previsión legislativa de que pueda volver a suceder un bloqueo. En esta ocasión ha sido extensísimo, pero ya ocurrió al menos otra vez, concretamente en 2006, cuando, por decisión también del PP, se bloqueó casi por dos años –un año y diez meses– hasta que pasaron las elecciones de 2008. Pues bien, este momento habría sido una buena ocasión para impedir que esto vuelva a suceder, con una fórmula tan sencilla como declarar que, transcurrido el plazo de cinco años, debe producirse el cese automático de los vocales.