Estimados colegas y amigos,

Esta semana se han producido acontecimientos sumamente preocupantes en relación a la cuestión de la protección de los periodistas griegos y en la lucha contra la corrupción, como consecuencia de la continua contracción del Estado de derecho en Grecia.

Una decisión judicial de esta semana ha marcado el encubrimiento total del escándalo de las escuchas telefónicas, entre cuyas víctimas se encontraban periodistas griegos que investigaban casos de corrupción o de impunidad estatal.

Decenas de víctimas del espionaje, entre ellas el periodista de investigación Thanasis Koukakis, fueron vigiladas conjuntamente por la agencia de inteligencia estatal y el programa espía Predator. Al parecer, se trataba de acciones coordinadas por un único centro gubernamental o del “Estado profundo”. Pero el hallazgo de esta doble vigilancia a ministros, políticos de la oposición, periodistas, abogados, miembros de las fuerzas armadas y la policía, fiscales y empresarios se ha atribuido a... ¡una coincidencia!

Ningún funcionario del gobierno está siendo procesado, mientras que para los empresarios privados que comercializaron Predator en Grecia y lo exportaron ilegalmente al extranjero se anunciaron futuros procesos por delitos menores que probablemente nunca llegarán a los tribunales. Los periodistas griegos y otras víctimas siguen con el estigma de que estaban justificadamente bajo vigilancia estatal, por razones de “interés nacional”.

Esta decisión judicial fue tomada por la Fiscalía del Tribunal Penal Supremo del país (Areios Pagos), que inesperadamente había retirado el expediente a los dos fiscales que investigaban el caso. El fiscal del Tribunal Supremo es designado por el gobierno.

Novedades en el caso del asesinato de George Karaiwaz

El resultado de los juicios confirma la sospecha de que los dos acusados ​​habían sido detenidos sin pruebas suficientes

Según las últimas revelaciones periodísticas, el caso del periodista asesinado George Karaivaz está directamente relacionado con el escándalo de las escuchas telefónicas. Poco después del asesinato, su teléfono móvil fue examinado por la teniente general de la policía griega competente, Penélope Miniatis. El Servicio de Seguridad del Estado comenzó a espiar a la Sra. Miniatis el 10 de mayo de 2021, exactamente un mes después del asesinato del periodista.

Esta decisión judicial fue tomada por la Fiscalía del Tribunal Penal Supremo del país (Areios Pagos), que inesperadamente había retirado el expediente a los dos fiscales que investigaban el caso. El fiscal del Tribunal Supremo es designado por el gobierno.

Dieciocho días después del inicio de su vigilancia “legal”, Miniati recibió en su teléfono móvil un SMS infectado con el malware Predator. Otra “casualidad”...

En el proceso contra los dos acusados ​​de asesinato, que concluyó esta semana, se reveló que había un CD con los contactos telefónicos de Karaivaz, que fue destruido... accidentalmente. No existe una copia oficial del CD. Según la prensa, en el teléfono figuraban los nombres del exdirector de la Agencia de Seguridad del Estado y del sobrino del primer ministro y ex jefe de gabinete. Ambos dimitieron cuando se conoció el escándalo de las escuchas telefónicas.

Un año después de la propaganda gubernamental para justificar las detenciones, el caso no sólo sigue sin resolverse, sino que se ha vuelto más oscuro

Mientras tanto, el miércoles 31 de julio, los dos acusados ​​del asesinato fueron absueltos por mayoría del Tribunal Mixto del Jurado (jueces y jurado) por duda razonable. Sólo los jueces votaron a favor de la condena de los acusados ​​(5 a 2 para uno y 6 a 1 para el otro) al no existir pruebas suficientes para establecer su culpabilidad, y mucho menos la identidad del autor intelectual del asesinato.

El resultado de los juicios confirma implícitamente la sospecha de que los dos acusados ​​habían sido detenidos sin pruebas suficientes, en vísperas de las elecciones parlamentarias de mayo de 2023 y para disipar las preocupaciones de las organizaciones periodísticas internacionales y del Parlamento Europeo sobre la falta de avances en la resolución del asesinato. Dada la manipulación de la justicia por parte del gobierno, el escenario descrito parece poco probable.

Un año después de la triunfante propaganda gubernamental para justificar las dos detenciones, el caso no sólo sigue sin resolverse, sino que se ha vuelto aún más oscuro tras la absolución. Al mismo tiempo, continúan las abusivas SLAPP (Strategic lawsuit against public participation) y otras amenazas similares, a menudo por parte de los supuestos implicados en los escándalos antes mencionados y otros, y que ahora afirman haber sido reivindicados.

Con la caída del Estado de derecho en Grecia al nivel de un país subdesarrollado, lejos de los valores europeos, cada vez es más difícil luchar contra la corrupción, mientras que los obstáculos y los riesgos para los periodistas son cada vez mayores.

Atenas, 1 de agosto de 2024