Estos días, la sociedad portuguesa ha celebrado el cincuenta aniversario de la Revolución de los Claveles. La dictadura más longeva de Europa cayó sin más derramamiento de sangre que el de seis personas, una centésima parte del cómputo estimado de muertes causadas por el Estado franquista y de sus seguidores durante nuestra teóricamente modélica Transición. Hace 50 años, el diario ABC titulaba en portada: “Golpe de Estado en Portugal. Termina en el país lusitano un largo período iniciado hace casi cincuenta años y que concluye ahora, tras no pocos aciertos y éxitos económicos y sociales”. 

Hoy, el diario monárquico se revela como un firme defensor de la democracia y del periodismo libre en un editorial que repudia el manifiesto impulsado por un grupo de periodistas y que ha recogido ya más de 10.000 adhesiones. “Resulta mucho más inquietante el manifiesto promovido por periodistas en el que se denomina golpistas a jueces y compañeros de profesión. Que profesionales de la comunicación se permitan afirmar que hay un intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas mediante medios ilícitos es un hecho de extraordinaria gravedad y crea un peligroso precedente”, afirma el venerable diario. Es de agradecer el cambio de rumbo. Recordemos que el 23 de febrero de 1981, sólo un periódico salió en las horas siguientes apoyando con firmeza la Constitución. No era ABC. Tampoco esos editorialistas que ahora se rasgan las vestiduras aprovecharon la oportunidad, menos comprometida, de reivindicar la libertad de prensa cuando se implantó, y se mantuvo, la Ley Mordaza.

“Independientemente de cuál sea el curso legal de las denuncias que atañen a la mujer del presidente, el derecho a la información está protegido por nuestra Constitución”, afirma el diario madrileño, a la vez que se cura en salud por si el curso legal de las denuncias acaba en un desagüe. A su juicio, achacar a unos medios la pertenencia a una red de derecha extrema dedicada a desinformar es un intolerable ataque al pluralismo. Estamos de acuerdo: el pluralismo exige que haya medios de todas las tendencias, pero que no difundan mentiras. 

Es normal que una centenaria posición de privilegio (por mucho que ya esté en horas bajas) impida ver, o defender, matices importantes. El primero, que la libertad consiste en difundir información veraz –veraz en su totalidad, no “el grueso esencial”–, no en esparcir bulos, mentiras ni medias verdades. El envés de ese matiz es que la libertad de expresión no es de los medios, sino de los ciudadanos, que tienen derecho a ser informados de lo que pasa. No son solo los medios de comunicación los que necesitan el amparo de la ley para realizar su función, sino la ciudadanía para no recibir fango por agua, y entre ellos, aquellas personas que son objeto de los focos mediáticos. 

Lo cierto es que el índice de confianza de la sociedad española en sus medios de información es anormalmente bajo desde hace años. Según los informes que elabora el Instituto Reuters con la Universidad de Oxford, la confianza de los españoles en las noticias en general es del 33%, y del 40% en la de los medios que consume. En Portugal, ambos índices son del 58% (del 66% hace siete años). Spoiler: entre los analizados en España, ABC es de todos los diarios analizados el que ofrece un grado de confianza más bajo, y de los medios generalistas, el que menos confianza suscita (después de Telecinco y OKDiario). 

Algunos trabajadores de El Confidencial, The Objective, Esdiario, VozPopuli y Libertad Digital, que son los medios que han publicado las noticias en las que se basa la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, han salido también al paso del manifiesto. Se muestran escandalizados por lo que consideran un ataque de unos periodistas activistas a la prensa incómoda con el poder. Es una frase bonita, si no fuera porque todos esos medios, como el ABC, sobreviven en buena parte porque reciben cada año millones de euros de ayudas, subvenciones y publicidad institucional, tanto del Ibex35 como de los gobiernos autonómicos, provinciales y locales del Partido Popular. 

Hoy mismo, su portavoz, Borja Semper, ha afirmado que “la prensa libre se impondrá a (los) palanganeros del poder y el Estado de Derecho prevalecerá”. El argumentario de los populares no esconde la realidad: la derecha política española, que tras los atentados de 2004 demostró su nulo compromiso con la democracia y con la verdad, ha coordinado, mantenido y financiado, desde 2014 en adelante, una alianza de hierro con las cloacas policiales, judiciales y mediáticas destinada a acabar como fuera con sus adversarios políticos, especialmente los independentistas catalanes y Podemos. 

La policía patriótica fundada por el ministerio del Interior y comandada por el comisario Villarejo fabricaba los bulos; los pseudoperiodistas y pseudomedios afines los difundían con alegría sin tocar una coma, y algunos pseudojueces activistas abrían procedimientos judiciales a sabiendas de que no había pruebas ni indicios, y los alargaban el tiempo que fuera necesario. Ahora, ese mismo método ha llegado hasta la presidencia del Gobierno. 

¿Denunciar estos hechos es un atentado a la democracia y al Estado de Derecho? ¿De verdad piensa el PP que la libertad de prensa incluye la libertad de bulos?