El lawfare ha complicado la vida e incluso ha derrocado a gobiernos de izquierda en España y América Latina en los últimos años. Pedro Sánchez, Lula, Rafael Correa, Bernardo Arévalo y otros líderes han chocado con un sistema jurídico dominado por jueces conservadores. Lula fue encarcelado. Correa, forzado a exiliarse en Bruselas; Arévalo, convertido en un presidente sin poder. Pedro Sánchez, acosado por demandas judiciales promovidas por la extrema derecha en alianza con jueces conservadores con agenda política. Nadie sabía muy bien cómo responder. 

En cambio, Claudia Sheinbaum, la flamante presidenta mexicana, ha dado un paso atrevido aunque polémico en la lucha contra el lawfare. Sheinbaum ha decidido desmantelar, de arriba abajo, el sistema de justicia, expulsar a casi 2.000 jueces y magistrados y sustituirlos por otros elegidos directamente por los ciudadanos mexicanos. Aunque la elección directa de jueces existe en Suiza y Bolivia y, en alguna medida en Estados Unidos, México será el primer país grande que opte por seleccionar a todos sus jueces y magistrados en las urnas.

Muchos opinadores, entre ellos unos cuantos de la izquierda liberal, acusan a la presidenta mexicana de destruir el Estado de derecho e imponer una dictadura del poder ejecutivo y el poder legislativo, donde Morena, el partido de Sheinbaum, cuenta con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, suficiente para cambiar la Constitución. 

Pese a las críticas, algo queda claro: solo en México la izquierda va a tener margen para implementar un programa de transformación del Estado sin chocar repetidamente con la resistencia de los togados. Es la primera vez que un gobierno que se considera preso del lawfare ha dado un paso tan contundente como la expulsión de todo el cuerpo judicial y convocar elecciones para sustituirlos.

México será el primer país grande que opte por seleccionar a todos sus jueces y magistrados en las urnas

Para Sheinbaum, que cosechó una victoria aplastante en las elecciones presidenciales de junio, con 39 millones de votos, el 60% del total, la reforma es un paso hacia la democratización de un poder jurídico que obstaculizó las importantes reformas del gobierno anterior del veterano líder de la izquierda Andrés Manuel López Obrador. La batalla más importante entre el gobierno y el Tribunal Supremo mexicano giró en torno a la renacionalización de la petrolera Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que habían sido parcialmente privatizadas por la administración anterior de Enrique Peña Nieto (2012-2018). La Suprema Corte de Justicia –equivalente a Tribunal Supremo en otros países– consideró que el plan de privatización de Peña Nieto estaba protegido por la Constitución mexicana y que la contrarreforma de López Obrador vulneraba “los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sostenible”. 

Así mismo, el poderoso tribunal se opuso al plan de López Obrador y Sheinbaum porque concedía un “trato diferenciado” al CFE que perjudicaba a las empresas privadas –casi todas multinacionales, como las españolas Iberdrola y Naturgy o la italiana Enel–.

Otras reformas de López Obrador, como la militarización de la fuerza policial, la Guardia Nacional, la construcción de nuevos ferrocarriles como el Tren Maya en áreas de sensibilidad medioambiental, y la reestructuración del Instituto Nacional Electoral también han sido bloqueadas por los jueces.

La reforma judicial que superó su último obstáculo la semana pasada tiene muchos críticos, algunos de ellos de la izquierda liberal. Para esta corriente, López Obrador, calificado como un enemigo del feminismo y del medio ambiente en proyectos como el Tren Maya, ha mostrado los mismos tics autoritarios que populistas de ultraderecha como Donald Trump, Viktor Orbán o Jair Bolsonaro. Para estos críticos, el papel de la izquierda es defender el Estado de derecho y la separación de poderes de los ataques de políticos iliberales. Es más, sostienen que Pemex y el CFE son herramientas de la contaminante industria de combustibles fósiles y el Tribunal Supremo, un aliado en la defensa del medioambiente. Pasa lo mismo con cuestiones de género y con el aborto, donde el tribunal ha resultado más progresista que AMLO. Parte del feminismo mexicano, que defendía al poder judicial en el pulso con la presidenta, considera que Sheinbaum es la marioneta del autoritario López Obrador y seguiría religiosamente sus planes de petrodesarrollismo. Esto pese a que Sheinbaum tiene su propio plan para utilizar las dos empresas del Estado en la transición a las renovables.

Los críticos destacan que el poder absoluto de Morena en el poder legislativo hace probable que los jueces elegidos sean los designados por este partido y se anule la separación de poderes. La reforma jurídica es la prueba de que “el sistema ya no tiene contrapesos; será una dictadura”, dijo Luis Astorga, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

La Administración de Joe Biden ha criticado el plan y el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, advirtió de que facilitaría la corrupción e incluso la interferencia del crimen organizado en la elección de los jueces.

La corrupción es endémica, con un nepotismo descontrolado. Más del 53% de los magistrados y el 18% de los jueces tienen familiares en el poder judicial

No cabe duda de que las críticas tienen fundamento. Bajo la lógica de Winston Churchill de que “la democracia es el peor sistema político salvo todos los demás”, la izquierda debe pensárselo mucho antes de desmantelar uno de los tres poderes del Estado de derecho. La liquidación de la democracia en Nicaragua y Venezuela son ejemplos de lo que puede pasar si el ejecutivo se defiende atacando frontalmente a los otros poderes del Estado de derecho. 

Dicho esto, algo no cuadra en las críticas a la reforma judicial de Sheinbaum. Casi todos los peligros que se vislumbran como consecuencia de los cambios ya existen en el sistema judicial actual. La corrupción es endémica, con un nepotismo descontrolado. Más del 53% de los magistrados y el 18% de los jueces tienen familiares en el poder judicial. La remuneración de los jueces es desorbitada. En un país cuyo salario mínimo es de solo 250 euros mensuales, un juez de nivel medio ingresa unos 14.000 euros al mes, y un juez del tribunal supremo casi 20.000 euros. La reforma judicial “sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación”, dijo Sheinbaum a principios de noviembre. 

En cuanto al peligro de que los narcos se infiltren en la judicatura, ya existe y explica la impunidad casi total para la delincuencia organizada. Según un estudio del grupo Evalúa en México, el 93% de los delitos investigados quedan sin ser resueltos por el sistema de justicia.

La reforma judicial, al menos en teoría, pretende hacer frente a estos problemas al incluir medidas para agilizar la resolución de los casos, poner un techo sobre los salarios de los jueces, así como crear procesos mediante los cuales se puede supervisar y, en caso de que sea necesario, sancionar a los jueces que no cumplen con sus deberes. Asimismo, se pretende elevar el número de mujeres en la judicatura y abrir las sesiones de la Corte Suprema al público. Una medida más criticable es la decisión de facilitar el encarcelamiento de presuntos delincuentes antes de ser juzgados, una medida considerada necesaria debido a la lentitud del sistema. Se calcula que existen en estos momentos 87.000 presos encarcelados sin sentencia.

Un indicio de que la reforma de Sheinbaum no debería motivar tantas reacciones negativas en la izquierda es que ha sido atacada no solo por Biden, Salazar, y el departamento de Estado, sino también por los mercados financieros y los consejos de las grandes multinacionales. El peso ha perdido el 9% de su valor frente al dólar desde la elección de Sheinbaum. 

Alex Main, del Center for Economic Policy Research y Hilary Goodfriend, de la UNAM, dieron en el clavo en su artículo sobre la reforma en la revista The Progressive: “Los ataques a la reforma judicial en México parecen tener más que ver con disciplinar a la nueva administración de Sheinbaum y debilitar los elementos progresistas de su agenda que con defender la democracia o el Estado de derecho”.