El pasado 15 de marzo, más de un millón de personas protagonizaron en Brasil las manifestaciones más multitudinarias de su historia reciente y, a diferencia de lo que ocurrió en junio de 2013, quedó muy claro lo que pedían: ¡Fuera Dilma!. La mandataria fue presidenta del consejo de administración de Petrobras mientras miles de millones de reales se derramaban de las cuentas públicas a bolsillos privados gracias a la complicidad de la petrolera, importantes cargos políticos y otras grandes empresas de obras públicas. De ahí que gran parte de la sociedad descargue contra ella su indignación, fruto también de una economía que no crece y una inflación acelerada.

En Sao Paulo tuvo lugar la marcha más grande, con entre 200.000 y un millón de asistentes, en función de si lo contaba Datafolha o la policía, respectivamente. La cosa no va a quedarse ahí y el próximo 12 de abril hay convocadas nuevas protestas. Si son más grandes que en la anterior cita, quedará claro lo que ya se sabe: que las medidas contra la corrupción presentadas por la presidenta después de las marchas no son suficientes. La mandataria propuso proyectos basados en la agilización de los procesos penales contra los corruptos, la criminalización del enriquecimiento ilícito y la exigencia de limpieza curricular para quien aspire a ser funcionario o funcionaria.

“La mejor medida contra la corrupción es el impeachment de la presidenta, porque seguro que ella conocía la trama corrupta”, sentencia el joven liberal Kim Kataguiri, líder del Movimiento Brasil Livre, uno de los principales convocantes de las marchas. Para él, como para la mayoría de los manifestantes, el crédito de la presidenta está más que agotado. Entre los antiDilma se cuela también una minoría nostálgica y reaccionaria que pide una intervención militar, pues la dictadura militar no tiene en Brasil tan mala fama como en otros países de la región a pesar de los centenares de casos de asesinatos y torturas más que probados.  

La propia Rousseff podía sospechar que no sería fácil gobernar cuando se impuso por tres puntos porcentuales (51 contra 48%) al más liberal Aécio Neves en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre del pasado año, cuando la investigación contra la trama en torno a Petrobras ya estaba en marcha y ensombrecía su figura. Desde entonces, la cosa sólo ha ido a peor.

Los informes del Banco Central auguran cada lunes una recesión peor para el país en 2015, un año que los economistas ya dan por perdido en términos de PIB. La inflación, mientras tanto, supera ya el 7% acumulado en los últimos doce meses. También aumenta la deuda pública y se devalúa la moneda nacional con respecto al dólar, que se cotiza ya a 3,20 reales.

En cuanto a la corrupción, el escándalo de Petrobras ha desatado una crisis sin precedentes. “Es uno de los mayores del mundo, al nivel del caso Enron en Estados Unidos o el caso Fujimori-Montesinos en Perú”, advierte Bruno Brandao, portavoz de Transparencia Internacional en Brasil. No sólo ha salpicado a 47 parlamentarios de los más variados partidos y a exministros de Rousseff y Lula, sino que en la lista de sospechosos con la que trabaja el Supremo se encuentran también los presidentes del Senado y del Congreso, Renan Calheiros y Eduardo Cunha. Ambos culpan al equipo de Dilma de haber manipulado las acusaciones para manchar sus nombres y, aunque pertenecen a un PMDB que es el principal partido aliado del Gobierno, le han declarado la guerra al Ejecutivo y será muy difícil que de la relación entre ambos surjan leyes significativas.

Y eso que Rousseff nombró a primeros de año, contra su voluntad y cediendo a la presión de los mercados, a un ministro de Hacienda liberal de la Escuela de Chicago, Joaquim Levy, que debía empezar a pasar la tijera al gasto público en lo que podría ser un inicio de austericidio al más puro estilo PSOE al principio de la crisis en España pero en un país con un Estado del Bienestar mucho más precario. Con esto se ganaron la presidenta y su partido, el PT, el recelo o el rechazo de sindicatos y trabajadores. Con el crecimiento del caso Petrobras y el frenazo a la economía, aumenta el odio que ya le profesaban liberales y conservadores.

Son éstos los que salen a las calles vestidos de amarillo, color con el que expresan su patriotismo, y se hacen selfies sonrientes con mensajes que advierten del peligro de que Brasil se convierta en una nueva Cuba o en una Venezuela, aunque el hecho de que lo griten hasta la saciedad sin sufrir ningún tipo de represión le quite bastante validez a la advertencia.

Desde la orilla izquierda de Brasil, vestida de rojo, caricaturizan a esta masa crítica como a un rico elitista manipulado por el oligopolio de los grandes medios de comunicación (especialmente el Grupo Globo), y obvian el delicado momento económico -con las primeras señales de alerta en las cifras de desempleo- o el hecho de que entre 3.000 y 6.000 millones de euros hayan sido desviados muy cerca del despacho de Rousseff en los últimos años. Aunque es cierto que los medios de comunicación defienden descaradamente los intereses de la burguesía y que la red Globo es un gigante muy poderoso y también lo es que el perfil medio de los que salen hoy a las calles va de la clase media para arriba y que es reducida en las marchas la presencia de negros (que representan a las clases más bajas), las razones del descontento son más que reales y se han manifestado de manera masiva tanto en las marchas como en encuestas que le dan a Rousseff una aprobación de un 7,5% de la población.

El impeachment es la palabra de moda entre los que se oponen a Dilma, aunque para que el legislativo admitiera a votación la moción contra la presidenta tendrían que presentarse pruebas de que cometió ilegalidades mientras ejercía su mandato como presidenta, algo harto improbable a día de hoy. “Aunque el PMDB es un partido ineficiente y corrupto, al menos no es totalitario”, reflexiona de nuevo Kataguiri, del Movimiento Brasil Libre, ante la perspectiva de que, en caso de impeachment, el vicepresidente Michel Temer, del PMDB (más enfangado en la corrupción que el propio PT), asuma la presidencia.

El principal partido de la oposición, el PSDB, y su líder, el expresidenciable Aécio Neves, han preferido no dar mucho la cara en las protestas. Manifiestan su apoyo y se frotan las manos en casa para que no les llamen oportunistas, a sabiendas de que no son imprescindibles para que se desgasten en los próximos meses Dilma y un PT que lleva en el poder desde que en 2002 Lula ganó sus primeras elecciones.

De nuevo en la orilla izquierda, algunos hablan del comienzo del fin del partido y grupos como el PSOL -escisión a la izquierda- esperan ser una especie de Podemos que capitalice el descontento, aunque no hay quien pase por alto la victoria del PT sacando a 36 millones de personas de la pobreza con sus planes asistencialistas en los últimos años. Gran parte de las bases del partido esperan el regreso de Lula y su carisma casi místico como salvadores del partido y del país de cara a los comicios de 2018. En lo que todos están de acuerdo en esta orilla izquierda es en oponerse a estas marchas y pedidos de impeachment, pues prefieren debatir otros puntos como la reforma política, que renueve a las instituciones y aumente su legitimidad, con modificaciones en las leyes electorales que, por ejemplo, cierren la puerta a la financiación de las campañas por parte de empresas privadas, que consideran puerta de entrada a la corrupción.

Este tipo de mensajes fue recurrente en las históricas protestas que sacaron a centenares de miles a las calles en junio de 2013, cuyo perfil mayoritario era mucho más joven e idealista que el que se manifiesta estos días. Aunque se podía identificar a los anticuba entre la gran masa crítica, que sobre todo pedía mejoras en los servicios públicos, éstos preferían sumar puntos a la indignación ciudadana que dividirse a lo izquierda-derecha, como finalmente sucedió.

“Mientras os gastáis millones en estadios, muere gente en las puertas de los hospitales”, era una acusación recurrente en aquellas manifestaciones a un año de que se celebrara el Mundial de Fútbol, que finalmente no vivió grandes marchas en parte gracias al estado policial que imperó en las ciudades-sede. Esos mensajes se han diluido ante la urgencia de los gritos contra la corrupción y el principio de crisis económica entre los descontentos de 2015.

Condenado eternamente a ser “país de futuro” desde que el escritor austriaco Stefan Zweig titulara así su libro años antes de suicidarse junto a su mujer a pocos kilómetros de Río de Janeiro, Brasil sigue dejando para mañana ser el país del presente, aunque parecía tenerlo atado cuando el clima de euforia predominaba allá por 2010, año que se cerró con un 7.5% de crecimiento y con botellas de champán esperando en la despensa la fiesta de inversiones y estímulo económico que el Mundial de 2014 y los Juegos de 2016 iban a traer. Por ahora, esos megaeventos que tanto gustan a quienes todo -las ciudades, la política- lo consideran una marca, una máquina de hacer dinero, no han traído muy buenas noticias ni esperanza. En parte, más que energía de futuro, han venido a alimentar la acentuada división social heredada del pasado, con desalojos de favelas y una burbuja inmobiliaria que alejan cada vez más a unas élites aún poscolonialistas de una clase trabajadora muy marcada por las estructuras del esclavismo. Brasil fue el último país latinoamericano en abolirlo en 1888.

Los manifestantes de hoy, a diferencia de los más furiosos jóvenes de junio de 2013, se hacen fotos en sus marchas con la policía militar y la felicitan, aunque fue responsable de 2.000 de los más de 50.000 homicidios anuales que se cometen en el país, siempre con la población negra saliendo peor parada, como no se cansa de advertir Amnistía Internacional. De estos graves problemas, del racismo velado y la exclusión social que los provocan o de las pésimas escuelas públicas, no se ha escuchado ni una proclama en las marchas antiDilma. Brasil deja estas preocupaciones para mañana y desea tan sólo que acabe su otoño, que es también el de su presidenta.