Un decretazo para consolidar la Liga bipolar
El PP otorga todo el poder a la LFP, Madrid y Barcelona para gestionar los derechos del fútbol y repartir unas migajas entre el resto de clubes
Álex Moreno Madrid , 16/05/2015
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Habrá fútbol. No se preocupen, el circo no se detendrá. El balón seguirá rodando y España no colapsará sin su final de Liga. Finalmente no fue necesario comprobar si las balas con las que amenazaban los futbolistas eran de fogueo o de plomo. La suspensión cautelar de la huelga por parte de la Audiencia Nacional devolvió todo a la normalidad, sin que los fuegos que caldean el conflicto del fútbol español se hayan extinguido plenamente.
Si de algo sirvió la no huelga de futbolistas fue para dar visibilidad al Real Decreto-ley 5/2015 publicado el pasado 30 de abril. Con él, el Gobierno impone, de la mano de los clubes, una vieja reivindicación del fútbol español: la venta colectiva de los derechos de televisión, efectiva a partir de la temporada 2016/17. Lo hace sin contar con la opinión del resto de grupos de la oposición, que días después de la publicación de la norma lamentaban en el Congreso que ésta no hubiera sido tramitada como proyecto de ley.
“Ya que vamos a discutir una ley de hace 25 años, por lo menos vamos a atender a todos, ¿no?”, se preguntaba el diputado Julio Lleonart, de UPyD, horas antes de que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, presentara su creación y enviara con la mayoría absoluta del Partido Popular el resto de sugerencias al cubo de la basura.
Aprovechando la coyuntura, el PP ha metido mano a la Ley del Deporte y a la de la Comunicación Audiovisual. Y en el meneo dado a la primera ha alterado el equilibrio de fuerzas del fútbol español
Y es que, aprovechando la coyuntura, el PP ha acabado metiendo mano a la Ley del Deporte de 1990 y a la General de la Comunicación Audiovisual. Es especialmente significativo el meneo dado a la primera, pues altera sustancialmente el equilibrio de fuerzas del fútbol español en favor del gran colaborador del Consejo Superior de Deportes (CSD) a la hora de pactar la ley, la Liga de Fútbol Profesional (LFP).
Por su parte, los futbolistas critican que se les haya marginado por completo a la hora de elaborar la ley y apuntan a la absoluta desproporción en el reparto del dinero entre la Primera y la Segunda División (un 90-10 que en otras ligas europeas es mucho más equilibrado). Además, recelan de los nuevos poderes de la Liga y de que las normas de las que se dote la LFP prevalezcan sobre sus derechos como trabajadores. La Liga puede decidir y fijar sus normas sin contar con los futbolistas o la propia Federación Española de Fútbol (REF).
Este último organismo aparece como el gran perjudicado en el nuevo escenario. La cadena de desencuentros entre su presidente, Ángel María Villar, y su homólogo en el CSD, Miguel Cardenal, que pide auditar unas partidas no suficientemente justificadas a su parecer, ha acabado con el aislamiento de la Federación. Las acusaciones de Cardenal de que Villar no ha querido formar parte de las negociaciones no han tenido más respuesta que la ausencia del responsable de la RFEF en cada cita para acercar posturas.
Aprovechando la connivencia con los clubes a la hora de elaborar esta ley, el CSD ha conseguido arrancar del fútbol dinero para la protección social de sus deportistas y dinero para el fútbol femenino (una ínfima parte, eso sí, hasta un máximo del 1,5% para ambos destinos) a la vez que aísla a la Federación (un 1% de la venta de los derechos de la Liga). Al mismo tiempo, despoja a Villar de poder sobre él mismo: ese dinero irá destinado a las federaciones territoriales y será el Gobierno quien decida cómo se hará el reparto.
Villar denuncia que la Federación "ha sido ignorada, despreciada y ninguneada por el Gobierno", e invita a la FIFA a investigar una posible injerencia del Gobierno
Villar, por su parte, considera que el órgano que preside “ha sido ignorado, despreciado y ninguneado por el Gobierno”. Y abre a su vez un nuevo frente, invitando a la FIFA, órgano rector del fútbol en el mundo, a investigar una posible injerencia del Gobierno español a la hora de legislar sobre el fútbol, ya que se excluye a la Federación de los derechos del fútbol. La ley reconoce estos derechos como propios de los clubes mientras que en los estatutos de la FIFA se establece que pertenecen a las federaciones nacionales.
El fútbol no profesional, o al menos parte de él, ya realizó un paro en su momento para protestar por las medidas del Gobierno contempladas en la Ley de Emprendedores, donde se establecía la obligatoriedad de cotizar en la Seguridad Social a entrenadores y monitores de fútbol base. Entender el papel de Hacienda en el fútbol se hace imprescindible para comprender el origen de la nueva ley y su contenido.
El ministerio de Cristóbal Montoro tiene un frente abierto con los futbolistas, pero en el punto de mira de sus inspectores al cuestionarse la legalidad de su particular forma de tributación (los futbolistas declaran un 15% de sus ingresos al 28% y no al 47% al hacerlo a través de las sociedades que gestionan sus derechos de imagen), las sospechas se extienden también a los clubes.
Estos mantienen una deuda con la Agencia Tributaria, escandalosamente tolerada hasta hace muy poco, y que los apuros en las arcas públicas han urgido acorralar en los últimos años. “Han impuesto que se salve la deuda. Cardenal se ha vanagloriado de que ha conseguido reducir, o que no se aumentara, la deuda de los clubes con Hacienda. Pero todo el mundo sabe que esa deuda es insalvable si no aumentan los ingresos”, argumenta Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Unida.
Nadie (o casi nadie) discute que la venta colectiva de los derechos de televisión supondrá contratos más beneficiosos para los clubes españoles. El último contrato firmado por la Premier League inglesa, a la cabeza en facturación y hábil para explotar su producto y repartir sus beneficios, fue de unos 6.900 millones por tres temporadas. Las previsiones en España hablan de, al menos, superar los mil millones anuales, aunque estas estimaciones también son objeto de dudas. “¿Estarán bien hechos los cálculos o estamos ante una nueva burbuja que ha conducido a la situación actual del fútbol?”, se pregunta IU.
Hay quien se pregunta por qué se firma este decreto ahora y tan rápido. "Aquí no se define únicamente el modelo del fútbol: es el modelo del fútbol y el modelo de televisión”, apunta IU
Mientras unos miran al extranjero, a Asia y a América, esperando que el mejor producto español pegue el ‘pelotazo’ en el exterior, algunos se preguntan por qué este decreto ahora y tan rápido. “Hay un elemento sospechoso que no está en el mundo del deporte, sino en las telecomunicaciones”, apunta Sixto, que señala que la compra de Canal Plus por parte de Telefónica, posicionando a la compañía como gran aspirante nacional a hacerse con los derechos, no es ninguna casualidad. “Aquí no se define únicamente el modelo del fútbol: es el modelo del fútbol y el modelo de televisión”, afirma.
El bipartidismo no muere, se institucionaliza
Todo este cóctel de intereses, rencillas y desencuentros, con la amenaza de huelga como colofón, han restado atención a la principal cuestión que la ley venía a resolver: el nuevo reparto de los ingresos televisivos. Cada año, Real Madrid y FC Barcelona se beneficiaban del sistema de venta individualizada para concentrar un 40% de los ingresos que recibía el fútbol por estos derechos. Barça y Madrid reciben más de 160 millones cada uno, frente a 48 de su más inmediato perseguidor, el Valencia CF. El equipo que menos cobra es el Éibar, 15 millones. Una brecha insalvable y que sorprendentemente se prolongaba en el tiempo, con la sospecha extendida de que Madrid y Barça bloqueaban cualquier acuerdo colectivo por miedo a perder el apabullante liderazgo que ostentan.
La llegada por fin de un reparto colectivo no ha hecho más que confirmar dicha impresión: del dinero que corresponda a los equipos de Primera División (un 90% del total, recuerden), tan sólo un 50% se repartirá a partes iguales entre los 20 equipos participantes. La otra mitad tendrá criterios variables: un 25% en función de los resultados deportivos (en los últimos cinco años, para qué arriesgarse) y el otro 25% en función de la llamada implantación social.
Ahí se tendrá en cuenta la recaudación de abonos y de taquilla y un particular criterio: “La participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas”, según reza el decreto. Sin darle más vueltas: una partida, otra más, en la que Real Madrid y Barcelona se volverán a llevar el bocado más grande. Al menos ponen un coto del 20% para cualquier equipo. En las últimas estimaciones de reparto de derechos, ambos equipos se llevaban un 20% del total. Cada uno. Más que un límite, parece una fórmula con la que dar continuidad a los privilegios del pasado.
Todo puede quedar en papel mojado en caso de que el esperado aumento de ingresos no traiga café para todos. La ley reserva un período de seis años en el que se garantiza los ingresos alcanzados hasta ahora por los más grandes
Aunque el reparto colectivo dibuje un escenario más amable para los clubes que han recibido menos ingresos con el anterior modelo, todo puede quedar en papel mojado en caso de que el esperado aumento de ingresos no traiga café para todos. La ley reserva a los grandes clubes el privilegio de que, en caso de no alcanzar con el nuevo reparto el dinero obtenido años atrás, éste se alcance a costa de aquellos que hayan salido ganando. Esto será así durante los primeros seis años desde la implantación del modelo, o lo que es lo mismo, durante al menos los dos primeros contratos (tienen una duración máxima de tres años).
La puntilla a este blindaje de los intereses de Madrid y Barça viene dada en el artículo 7 de la norma, donde se establece la creación de un órgano encargado de definir toda interpretación que pueda hacerse de la ley. Sin dejar cabo suelto, al menos en lo referido al control, la ley determina uno con seis actores: el presidente de la Liga, dos clubes elegidos entre los de Primera, otro de Segunda… y sí, los dos equipos que más ingresos hayan recibido de la televisión en los últimos cinco años. Real Madrid y Barcelona controlarán, junto con el voto de calidad del presidente, ya no sólo el reparto, sino el funcionamiento de la competición y toda cuestión que pase por el órgano que controlará los derechos.
A ninguna fuerza política del Parlamento, en sus últimos estertores de la ‘era bipartidista’, ni fuera de él, se le escapa el gran poder que seguirán ostentando los dos gigantes del fútbol español. “No hace falta ser un gran entendido en la materia para ver que este órgano está en manos de los dos grandes clubes y del presidente de la LFP”, argumenta Rosana Pérez, parlamentaria de BNG. Podemos, a través de su responsable de Políticas Deportivas, Rubén López, lamenta que no se haya profundizado hacia un modelo inglés, con variables más pequeñas, y que “los criterios estuvieran más claros y transparentes, y no tan abiertos a manipulaciones e interpretaciones”. “Algo han aflojado, pero siguen siendo los reyes del reparto de una manera creo que excesiva”, afirma Antonio Espinosa, secretario general de Acción Política de Ciudadanos.
La ley ha acabado dando forma legal al histórico proceder de los dos principales clubes a la hora de repartir el dinero de la televisión
En el fútbol, por el contrario, nadie alza la voz sobre la pervivencia de privilegios. La tarta, se supone, será más jugosa, pero a nadie parece importarle que los dos glotones de siempre acaben comiéndose bastante más que el resto y, no contentos con ello, se garanticen su derecho a seguir haciéndolo y seguir controlando futuros repartos. La ley ha acabado dando forma legal al histórico proceder de los dos principales clubes a la hora de repartir el dinero de la televisión. Antes, con un pacto para vetar resoluciones desfavorables, ahora con el control del órgano que se encargará de gestionar, determinar y cuantificar ese reparto entre los clubes.
Paradójicamente, son estos mismos actores, los propios clubes de fútbol, la parte que más dispuesta y unida se ha mostrado a firmar una ley que, aun contemplando un aumento en sus ingresos, les condenará sin remedio a luchar por repartirse las migajas de una tarta. Una tarta más grande que la actual, cierto, pero con la que se institucionaliza el sometimiento de todos ellos a los antojos de Real Madrid y FC Barcelona. Toda una perversión para una Liga que cada fin de verano nace con la herida mortal de saber que ningún equipo podrá batir a los dos gigantes para hacerse con el triunfo. El ‘cholazo’ del Atlético de Madrid el pasado año, conseguido en circunstancias tan excepcionales, supuso el primer desafío al férreo bipartidismo en diez años. A saber si será el único en cuántos años más, pues por mucho que la parte baja de la tabla vea caer millones del cielo, las diferencias seguirán siendo notables.
La triste realidad es que ni siquiera la venta centralizada ha podido acabar con la odiada ‘Liga de Mierda’, como fue rebautizada en su día. Bruno López, de Podemos, confía: “Ojalá no nos hayan metido un gol por la escuadra”. Pero todo apunta a que ya ha sido así.
Habrá fútbol. No se preocupen, el circo no se detendrá. El balón seguirá rodando y España no colapsará sin su final de Liga. Finalmente no fue necesario comprobar si las balas con las que amenazaban los futbolistas eran de fogueo o de plomo. La suspensión cautelar de la huelga por parte de la Audiencia Nacional...
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