Si la nueva política tiene mucho de gestos, hasta el punto de que es más importante llegar en bicicleta al despacho de alcalde que explicar claramente qué vas a hacer durante los próximos años con el IBI, pocas medidas tomarán mejor la temperatura al nuevo Ayuntamiento de Madrid que lo que hagan Manuela Carmena y su equipo con el Club de Campo.

Su programa hablaba claro: romper el statu quo, convertir el campo de golf en un huerto ecológico, tomar el Palacio de Invierno de la derecha madrileña sin hacer prisioneros. Una decisión política con un calado mínimo en la vida de la ciudad, pero un alto valor simbólico. ¿Y un ahorro para el ayuntamiento? El análisis de los últimos datos económicos oficiales del Club de Campo, correspondientes al cierre de 2014, apuntan que la incidencia de los números en la decisión que se tome será muy pequeña. El símbolo tiene detrás unas cifras, pero estas no explican por qué el Club de Campo será un examen importante para Ahora Madrid.     

Esta es la historia de una entidad mayoritariamente pública (el 51% está en manos del consistorio, mientras que Patrimonio del Estado posee otro 24,5%) que gestiona 200 privilegiadas hectáreas al noroeste de la ciudad, en su límite con Pozuelo de Alarcón, con un régimen muy peculiar. El suelo es público, la entidad es semipública, pero tiene abonados privados y, aunque cualquiera que no lo sea puede entrar (a precios disuasorios, eso sí), la gracia está en que no entren.

Es una situación heredada de una institución germinada en el franquismo para refugio clasista de aristócratas, militares y jerifaltes del régimen que sólo vio alterado mínimamente su peculiar statu quo en 1984, cuando el alcalde Tierno Galván ventiló y facilitó el acceso a sus instalaciones e ideó un sistema a medio plazo para que, sí pero no, aquella situación peculiar terminase: básicamente lo que hizo aquel gobierno socialista fue, aprovechando que el 30 de junio de 1984 se extinguieron los derechos sobre los terrenos públicos de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, crear una sociedad anónima mixta, con esas características tan peculiares como algo absurdas, y fecha de caducidad: en 1993 la situación se normalizaría, y el suelo público gestionado por una institución pública sería --viva el menos común de los sentidos-- de uso público.

El suelo es público, la entidad es semipública, pero tiene abonados privados y, aunque cualquiera que no lo sea puede entrar (a precios disuasorios, eso sí), la gracia está en que no entren

Lo que no podía imaginar entonces el PSOE es que 1993 sería el segundo año triunfal de la derecha en el Ayuntamiento de Madrid, segundo de veinticuatro que se irían sumando hasta 2015. Resultado: el PP se encargó, en varias tandas, de que esa solución transitoria hasta 1993 quedara legalmente prorrogada, a día de hoy, hasta 2034. Desde su llegada a la alcaldía con mayoría absoluta, el PP tuvo claro que en el Club de Campo no era cuestión de enfadar a sus votantes creando un problema donde no lo hay o, mejor dicho, donde casi nadie se daba cuenta que lo había.

Los tiempos ya estaban cambiando

Y así cayeron los años, e incluso un cambio de siglo, en el Club de Campo, hasta que en el anterior mandato municipal (2011-2015) los escándalos comenzaron a aflorar: carnés gratuitos a empresarios y periodistas amigos, clases de golf por la pétrea cara al matrimonio Aznar-Botella, colocación como altos cargos de descolocados del círculo de Alberto Ruiz-Gallardón, prejubilaciones millonarias, ‘olvido’ del pago de impuestos municipales como el IBI y la tasa de basuras, subvenciones municipales encubiertas para mejorar (aún más) las infraestructuras…

El ruido creció, la crisis no era ninguna broma y la dirección reaccionó dando un buen empujón a la lista de espera de abonados, esa que llevaba décadas parada porque antes había que colocar a amigos y cercanos al poder. La consecuencia más visible de ese cambio de política ha sido el espectacular aumento, en 2014, de las cuotas por nuevos abonados, que crecieron un 113%, de 1,9 millones en 2013 a 4,2 millones el ejercicio pasado. Así que se ha producido cierta democratización del paisaje urbano del Club de Campo, donde se sigue viendo a Victoria Federica Marichalar y Borbón montando a caballo, con lo que eso viste, pero también tatuajes y bolsas de Mercadona con comida preparada desde casa en la piscina de verano.

Pero la cuestión no es si los abonados del Club de Campo deben de ser de clase media, media-alta o estratosférica, sino cuál debe ser su modelo de gestión. ¿Tiene que ser un parque abierto a todos los madrileños? ¿O un club privado que pague un generoso canon al ayuntamiento por la utilización de los terrenos? Y si es público, y está abierto al público, ¿por qué hay un sistema de abonados? Las respuestas son políticas, pero los números pueden ayudar a responderlas.

La cuestión no es si los abonados del Club de Campo deben de ser de clase media, media-alta o estratosférica, sino cuál debe ser su modelo de gestión

Empezamos negando una falsa impresión: el Club de Campo Villa de Madrid no cuesta dinero a los madrileños, al menos en estos últimos años. Es una entidad que se autofinancia, con matices, eso sí, gracias a las cuotas de sus afiliados y el pago por el uso de sus instalaciones que hacen los ciudadanos de a pie, más algunos pequeños ingresos adicionales como el alquiler de sus terrenos para la instalación de antenas de telefonía móvil. En 2014, la entidad alcanzó 22,7 millones de euros de cifra de negocios, y obtuvo un beneficio de 2,05 millones. “Vaya, qué bien gestiona lo público el PP”, puede decir a estas alturas algún lector bienintencionado. No corra tanto.

Para empezar, llama la atención el alto gasto en personal: 8,9 millones de euros para 234 personas, el 80% de ellos englobados en la categoría, según la propia definición del club, “servicios y vigilancia”. Es decir, la entidad dedica a sueldos prácticamente el 40% de lo que ingresa, con un salario medio de 38.000 euros anuales. Eso incluye, por supuesto, a los profesionales menos cualificados y también a los veinte miembros del equipo masculino de hockey sobre hierba, que cuenta con fichajes provenientes de Argentina y de Bélgica. 

El gasto en personal es de 8,9 millones de euros para 234 personas, el 80% de ellos englobados en la categoría “servicios y vigilancia”. El salario medio es de 38.000 euros anuales. Eso incluye, por supuesto, a los profesionales menos cualificados y a los veinte miembros del equipo de hockey sobre hierba, que cuenta con fichajes provenientes de Argentina y de Bélgica. 

Si su temperatura ha aumentado, más allá incluso de la ola de calor, pensando por qué una sociedad mayoritariamente pública paga el sueldo de un jugador de hockey argentino, tenemos más malas noticias para usted. Ya hemos explicado que el club se autofinancia, pero eso tiene algún truco. El fundamental es que entre 2004 y 2009 el Ayuntamiento de Madrid decidió darle un buen lavado de cara al recinto subvencionando la renovación de varias de sus infraestructuras: la sala de esgrima, el pabellón multiusos, las instalaciones de hockey, la cobertura de pistas de tenis, la piscina cubierta y la red de riego, básica en un club de golf. Fueron 6,29 millones de euros, dinero que, en este caso sí, salió del bolsillo de todos los madrileños para mejorar unas instalaciones deportivas que no tienen nada que ver con cualquier polideportivo público de barrio.

La crisis no redujo las ayudas municipales: en 2010, el club recibió subvenciones de capital por 3,6 millones, y en 2011 otros 3,4 millones. Son gastos ‘gallardonianos’: en la era Botella, caracterizada en gran parte por los recortes en las empresas públicas municipales, las ayudas son mucho más modestas, como los 34.800 euros de dinero público en patrocinio de equipos del club durante 2014. Son también los años en los que Manuel Cobo, “esclavo moral” de Alberto Ruiz-Gallardón según su propia y desconcertante definición, presidía el Club, donde contaba con un despacho especialmente habilitado, en el que, según cuentan, gustaba de pasar las últimas horas de su jornada laboral.

La crisis no redujo las ayudas municipales: en 2010, el club recibió subvenciones de capital por 3,6 millones, y en 2011 otros 3,4 millones.     

Todo ese micromundo despilfarrador, elitista y opaco terminó con el inicio de la crisis, y, como dice el famoso verso de T. S. Eliot, no lo hizo con un estallido, sino con un gemido. Al nuevo equipo de gobierno municipal, con la colaboración (o no) imprescindible del PSOE, le toca ahora decidir si pasa a una nueva etapa, ya sí radicalmente distinta. Decida lo que decida, nada cambiará en la vida de la gran mayoría de los madrileños, pero aun así muchos estarán observando. Y sus votantes esperan, ahora sí, un estallido.