De un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) se puede salir de tres maneras: deportado en avión al país de origen; libre, en caso de que no se pueda ser expulsado, o muerto, como ha ocurrido al menos en cuatro ocasiones desde 2011 (tres de ellas en el CIE de la Zona Franca de Barcelona).

Fue precisamente a raíz de la muerte --en circunstancias que siguen sin ser aclaradas-- del guineano de 21 años Idrissa Diallo, la noche de Reyes de 2012, cuando un grupo de activistas decidió montar la campaña Tanquem els CIE (‘Cerremos los CIE’). Era la segunda vez que fallecía una persona bajo la custodia de la policía nacional en este CIE, en una zona industrial de las afueras de Barcelona, a media distancia entre Plaza Cataluña y el aeropuerto del Prat.

Desde entonces, varias entidades, ONG, partidos políticos e incluso jueces han denunciado las condiciones de internamiento y luchan por la erradicación de estos centros que muchos comparan a una cárcel aunque, oficialmente, no lo sean.

“El CIE es peor que una cárcel”, sentencia Hassan, 32 años, recién salido del CIE de Zona Franca. Este marroquí forma parte del 56 % de extranjeros internados en este centro que no son expulsados* y quedan en libertad condicionada. En total, los internos pueden estar encerrados hasta un máximo de 60 días. Hassan pasó 57 días allí, a pesar de no haber cometido ningún delito, estar empadronado, tener pareja española, un hijo de 5 meses y trabajo. 57 días privado de libertad por una falta administrativa. Porque de esto se trata: no llevar los papeles en regla es una mera falta administrativa.

“Estaba andando con mi pareja y mi hijo, me pararon los Mossos y me pidieron los documentos… No había hecho nada, me pararon por la cara”, cuenta con su niño Aarón en brazos, en una terraza de Vilanova i la Geltrú, a unos 45 km de Barcelona, donde está empadronado desde hace más de 10 años. “No consideraron el hecho de que tuviera un hijo con una española”, lamenta Hassan, “los servicios sociales hicieron un informe indicando que soy el responsable del menor pero tampoco funcionó”.

Este caso no es aislado, como denuncia Margarita García, de la Fundación MigraStudium, que acompaña a los internos: “Aquí se está aplicando el internamiento como normal habitual aunque muchos tienen familia, residencia o trabajo”. Una denuncia que encontramos también en el último informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU, presentado el 23 de julio: “El Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar el uso recurrente de la detención de los solicitantes de asilo, y garantizar que la detención de los extranjeros sea siempre razonable, necesaria y proporcionada en vista de sus circunstancias individuales”.

Una conclusión que destaca también el informe de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presentado en junio: de los 7.340 extranjeros internados en 2014 en los CIE españoles, menos de la mitad, un 47,45%, fueron expulsados.

“La punta del iceberg de una política migratoria desigual”

Según este mismo informe, el Ministerio del Interior fletó 134 vuelos de deportación en 2014. Los vuelos que expulsan a extranjeros del territorio español pueden ser fletados por el propio Ministerio del Interior o en colaboración con Frontex, la agencia europea de control de la frontera exterior. Además, algunas repatriaciones también pueden ejecutarse en vuelos comerciales o en barco. Entre 2015 y 2016, en un plazo de 12 meses, el Gobierno pagará a la empresa formada por Air Europa y Swiftwair 10.9 millones para contratar aviones de deportación de extranjeros.

Pero de los 11.817 extranjeros deportados en 2014, un 29% pasó previamente por un CIE, lo que representa 3.483 personas. Una cifra en la que se apoyan varias ONG para denunciar la ineficacia de los CIE. “El CIE no es un instrumento para regular la inmigración porque los números de deportados que vienen de un CIE son mínimos”, critica Mercè Duch, miembro de Tanquem desde la primera asamblea, a principios de 2012.

Las asociaciones en contra de los CIE justifican que la ley española ampara otros mecanismos distintos al internamiento y piden sustituirlo por medidas cautelares como la presentación periódica en comisaría, la retirada del pasaporte o la libertad vigilada. Para Margarita García, de MigraStudium, encerrar a unos extranjeros que no son expulsables genera “malestar y sufrimiento innecesario” además de enviar el mensaje de que todos los inmigrantes son delincuentes potenciales, “es el discurso oficial del Ministerio del Interior pero es falso”, apunta. En cuanto a los extranjeros que hayan pasado por prisión, Margarita no quiere negar su existencia pero aclara que son personas que han cumplido sus penas íntegras antes de entrar en el CIE y denuncia una “doble pena” infligida a personas “que tienen derecho a la reinserción social”.

Para Mercè Duch, los CIE son “la punta del iceberg de una política migratoria desigual y basada en el maltrato cotidiano a la personas inmigrantes”. Con esta expresión, la activista se refiere también a las redadas “raciales” efectuadas por la policía con el fin de “llenar los aviones de deportación según sus destinos”. Unas redadas por “perfiles raciales y étnicos” que el Comité de Derechos Humanos de la ONU reprocha también al Gobierno español en su último informe.

La libertad condicionada

Para Hassan, su puesta en libertad fue “pura suerte”. Durante su estancia despegaron varios aviones hacia el Magreb pero él no formó parte de los pasajeros. “Cuando pides asilo no te pueden deportar mientras tratan tu dossier, lo leí en la hoja que nos dan al internarnos”, explica. Así que el padre de familia hizo la petición dos veces y consiguió evitar la deportación: “Obviamente, me denegaron el asilo pero lo hice para ganar tiempo, lo probé y me salió bien”, concluye.

El marroquí conoce bien el sistema de estos centros. En 2009, estuvo 22 días en el CIE de Zona Franca antes de que le expulsaran, cosa que él mismo deseaba debido al “maltrato” que recibía dentro. Volvió a las dos semanas a España pero esta vez no tuvo tiempo de llegar a Cataluña ya que le detuvieron en Cádiz, le internaron 14 días en el CIE de Algeciras y le deportaron por segunda vez. Pero hace dos meses, cuando encerraron a Hassan, era distinto. Tenía familia que le estaba esperando y que dependía de él ya que su sueldo mantiene a los tres.  

Hoy, Hassan sigue sin tener papeles en regla, y volvió a su trabajo de carga y descarga de camiones en Mercabarna, situado a dos kilómetros del CIE del que acaba de salir. Con Yesika, su pareja desde hace 4 años y madre de su hijo, va a casarse y ambos intentarán elaborar un nuevo dossier para regularizar la situación de Hassan. Al haber sido puesto en libertad, sabe que, por ley, no le pueden volver a detener durante unos años, pero aun así no está del todo tranquilo “porque ya se sabe, en España, cada mes cambian la ley”.

El camino legal hacia el cierre

Mercè Duch cuenta cómo, en un primer momento, “era importante visibilizar el CIE, que era un objeto desconocido” para la mayoría de la población. Actos, charlas, manifestaciones… “todo fue poco después del 15M y creo que ayudó a movilizar a gente de distintos horizontes sobre un tema tan importante como el de la vulneración de los derechos humanos”.

En octubre de 2014, Tanquem se juntó con SOS Racismo y la Fundación MigraStudium para formar Tancarem el CIE. Las tres entidades consiguieron entrar progresivamente en el centro de la Zona Franca y lograron que se aplicara una nueva normativa que mejoró las condiciones de internamiento en los CIE, aunque lamentan que estas mejoras sean “simbólicas”. Critican la aplicación desigual de esta normativa en todos los CIE por razones presupuestarias.

Así, aunque se hayan quitado las mamparas de las salas de visita, autorizado la visita de las ONG (pero no de los periodistas) y permitido a los internos el uso de móviles (sencillos, sin cámara ni conexión a Internet), faltan aún, por ejemplo, instalaciones sanitarias en las habitaciones de los internos. “Teníamos horario específico para ducharnos o ir al lavabo”, confirma Hassan.

Pero el pasado 23 de julio, después de seis meses de comparecencias en grupos de trabajo dentro de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia, las entidades que luchan por el cierre de esos centros ganaron su primera gran batalla. El Parlament de Catalunya aprobó por mayoría (PP y Ciutadans votaron en contra) instar al Ministerio del Interior --que tiene competencia en materia de extranjería-- el cierre progresivo de los CIE. Además, la Cámara catalana pidió al Gobierno central replantear la política migratoria recogida en la Ley de Extranjería. Una victoria que, a pesar de ser simbólica ya que la competencia del CIE es estatal, sirvió para que el problema de los CIE entrara en la agenda política a pocos meses de las elecciones generales.

“Somos optimistas porque ha sido una carambola, partimos de la nada”, manifiesta Mercè Duch después de explicar que varias entidades tienen previsto presionar a partidos políticos de otras comunidades autónomas para conseguir la misma decisión parlamentaria. Margarita García se muestra satisfecha, aunque lamenta que la gente se haya empezado a movilizar a raíz de una muerte: “Es la manera más dura de acercarse a la realidad, permitimos la vulneración de los derechos y no nos conmueve el sufrimiento si no hay muerte”.

* Fuente: Informe de la Defensora del Pueblo, junio 2015, página 24.